Mientras actores radicalizados del Gobierno provisorio y de organizaciones sociales afines al MAS apuestan por atizar la polarización en el país, diferentes voces plantean la necesidad de diálogo. El desafío es construir un acuerdo amplio que permita enfrentar la crisis múltiple y encaminar las elecciones 2020. Solo así se evitarán salidas violentas, inaceptables en democracia.

Bolivia vive una situación de crisis integral que parece conducirnos al abismo. A la agravada crisis político-institucional arrastrada desde los hechos de octubre y noviembre de 2019, se añade una mal gestionada crisis sanitaria, una crisis socioeconómica con efectos venideros de largo alcance y una renovada crisis ambiental por nuevos incendios forestales. Si a ello sumamos el bloqueo institucional, la parálisis decisoria y la escasa legitimidad de varias autoridades, el panorama es sombrío.

En relación al proceso electoral originalmente convocado para el 3 de mayo, continúa la incertidumbre acerca de la nueva fecha decidida unilateralmente por el TSE. Si bien parece haberse asumido la imposibilidad de concurrir a las urnas el 6 de septiembre, la jornada electoral ahora postergada hasta el 18 de octubre aún tiene problemas de legalidad y de legitimidad. Por un lado, requiere una ley dado su carácter excepcional; por otro, implica acuerdos y garantías con los sectores movilizados.

Semejante escenario de crisis múltiple y de incertidumbre respecto a los comicios solo podrá superarse si los actores relevantes concurren al diálogo y se abren a la posibilidad de lograr convergencias mínimas, aunque sean únicamente procedimentales y de corto plazo. De lo contrario, la polarización que apela al uso de la fuerza para bloquear o desbloquear abona la clausura de salidas electorales y, por tanto, pacíficas; y nos conduce casi como fatalidad al deplorable riesgo de violencia y enfrentamiento.

¿Cómo blindar las elecciones, esto es, la imperiosa necesidad de autoridades y representantes con legitimidad para enfrentar la crisis? Pareciera viable construir un arreglo en el ámbito de la Asamblea Legislativa. El requisito es garantizar por ley, sin ninguna condicionalidad o duda, que la fecha del 18 de octubre es inamovible. Ello implica un compromiso formal del TSE. Y también que el Gobierno provisorio garantice las condiciones para el ejercicio del voto tanto en el país como en el exterior.

La bochornosa negación mutua en los actos oficiales del 6 de agosto muestra la dificultad de un acercamiento institucional y político. Cierto que la presidenta-candidata Áñez ofreció un acuerdo sobre bonos, pero lo hizo con ataques y en clave de campaña electoral. Cierto que la presidenta de la Asamblea habló de unidad, pero el MAS alienta acciones que dividen. Estamos como país en cuenta regresiva para un acuerdo urgente. Si no se logra, lamentaremos daños de largo plazo para nuestra convivencia social.

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Reafirmando su decisión unilateral de postergar las elecciones para el 18 de octubre, el TSE aprobó el calendario con las nuevas fechas de las actividades que restan hasta culminar el proceso. Es una importante señal para brindar certidumbre a los comicios 2020, aunque se requieren todavía acuerdos sociales, políticos e institucionales que garanticen su legitimidad y legalidad.

Con la publicación del calendario los vocales asumen dos decisiones importantes sobre las elecciones. La primera es que no hay marcha atrás en el aplazamiento de la votación prevista para el 6 de septiembre, que a estas alturas es inviable por razones logísticas y administrativas. La segunda decisión es que la nueva fecha es inamovible y, por tanto, definitiva, con lo cual se descarta la posibilidad de una nueva postergación. Ni septiembre ni 2021, pues, las elecciones serán el 18 de octubre.

En relación al calendario electoral, luego de un prolongado paréntesis (desde marzo) a su ejecución, si bien ya está en vigencia desde este lunes, se retomará formalmente 45 días antes de la jornada electoral con la sustitución de candidaturas por renuncia. Es un hito relevante para las fuerzas políticas contrarias al MAS, que hasta ese momento podrán decidir si continúan con sus candidaturas o declinan para negociar cuotas en otras listas legislativas. Claro que ya no existe la posibilidad de formar alianzas.

Otra actividad fundamental del calendario es el sorteo público para la selección de jurados electorales, a realizarse el 18 de septiembre. La designación de estas autoridades, que tienen la misión de garantizar el funcionamiento de las mesas de sufragio, marca un punto de no retorno en el proceso. En esa misma fecha se inicia la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación, que será central para la promoción de candidaturas dado el contexto de distanciamiento social por la pandemia.

En ese marco, debe alertarse sobre el plazo para la “difusión de propaganda electoral en actos públicos de campaña”, fijado para el 6 de septiembre. En rigor, es una formalidad que no se cumple. Es claro que todas las fuerzas políticas y candidaturas, unas más que otras, continuaron haciendo campaña electoral por diferentes medios (en especial en redes sociales) durante los últimos meses, en medio de la cuarentena. Parece difícil que el TSE pueda regular, prohibir y en su caso sancionar este extremo.

Lo que resulta inaceptable, y está prohibido por ley, es el uso de bienes y recursos públicos para fines electorales. Ocurre en varios niveles, pero es excesivo por parte del Gobierno provisorio y la candidata-presidenta Áñez. Pese a que un decreto de la propia Áñez lo prohíbe, gran parte de acciones y mensajes de “gestión pública” son en realidad campaña electoral, incluida propaganda en medios (al mejor estilo del expresidente Morales). El TSE debe actuar conforme a norma y no desentenderse del tema.

La decisión, anunciada el domingo por el Ministro de la Presidencia, de clausurar el año escolar en Bolivia, incluyendo a las unidades educativas públicas, privadas y de convenio, ha causado generalizada indignación no tanto por el hecho de que niñas, niños y adolescentes se quedan sin su actividad principal, sino por las enormes consecuencias que ello tendrá en el futuro.

Más tarde, el mismo día, el Ministro de Educación ofreció una conferencia de prensa en la que exclamó que suspender el año escolar no significa que las y los educandos dejen de estudiar. Para la autoridad, las previsibles críticas a la decisión son fruto del “prejuicio ideológico, de la conveniencia partidista o el escándalo mediático”. Mal miradas, las reacciones públicas a la noticia, particularmente las de dirigentes y candidatos políticos, parecían darle la razón al ministro.

Sin embargo, en los hechos la decisión significa que el Estado deja de cumplir su obligación constitucional de asegurar el derecho a la educación de toda la población, particularmente, en este caso, de niños y niñas en edad escolar, que no solo no podrán adquirir los conocimientos y competencias previstas para su respectivo nivel, sino que quedan en la incertidumbre sobre el modo en que retomarán sus estudios en 2021.

Asimismo, se trata de la consecuencia lógica de una decisión anunciada semanas atrás: que ningún estudiante del sistema educativo boliviano perdería el año escolar, es decir que las y los estudiantes ya habían aprobado, literalmente, por decreto, antes de que se anuncie la decisión de suspender clases. Por otra parte, es evidente que la determinación tiene que ver con la evidente incapacidad de las autoridades del ramo para lograr acuerdos con el magisterio y las asociaciones de padres de familia.

Con todo, muchos padres y madres tomaron la noticia con algo de alivio, cuando no resignación, pues en los hechos sus hijos e hijas no estaban recibiendo educación eficaz; si en los centros urbanos ya era complicado para muchas y muchos acceder a la tecnología de educación virtual, es fácil imaginar la frustración de miles de familias del área rural, donde, con muchas y muy honrosas excepciones, las y los maestros no supieron cómo responder a la circunstancia.

En algunos casos, padres y madres se organizaron para pagar a las y los profesores a fin de que sigan enseñando a sus hijos las competencias y habilidades programadas para el año. Pero esto tiene una doble consecuencia: por un lado muchos colegios privados pierden su razón de ser y su fuente de ingreso. Por el otro, mucho más grave, toda la educación se privatiza de facto: solo estudiarán quienes tengan recursos para pagar a sus maestros.

Ha fallado el Gobierno, y el costo se pagará dentro de algunos años. Mientras tanto, Bolivia seguirá descendiendo no solo en la escala que mide la calidad de su educación, sino en todas las listas que evalúan el estado de los derechos en general.

Dependiendo del lugar y la circunstancia, una lista de medicamentos “esenciales” puede variar, pero no es descabellado sostener que en tiempos de pandemia por el COVID-19, son esenciales aquellos que combinados combaten los síntomas y pueden ayudar a un paciente leve o moderado a restablecerse sin necesidad de cuidados médicos en un hospital. El precio de estas medicinas ahora está regulado.

En efecto, en las últimas semanas, luego de que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz publicara la lista oficial de medicamentos para el tratamiento de pacientes leves, el precio de éstos se disparó gracias sobre todo a una combinación de escasez, agio y especulación, que ciertamente deben haber reportado una ganancia extraordinaria a unas cuantas personas inescrupulosas, a costa de quienes realmente necesitaban las medicinas y estaban dispuestos a pagar precios inverosímiles.

Fue tal el comercio descontrolado, que se identificó en El Alto y La Paz comerciantes que vendían los medicamentos de la lista, pero sin el registro sanitario correspondiente, que garantiza la calidad y efectividad de cualquier medicamento; eso trajo a la memoria el escándalo desatado cuando se descubrieron fábricas de medicinas falsificadas, que en el mejor de los casos eran caramelos o comprimidos de harina y en el peor, compuestos potencialmente tóxicos.

Ante el desorden, pero sobre todo el nivel de especulación, el Gobierno resolvió, luego de semanas de haber estado amenazando con hacerlo, regular el precio de los medicamentos de la lista de insumos esenciales para el tratamiento del COVID-19 en casos leves, estableciéndose una banda de precios en función de la industria y la procedencia de las medicinas. La lista incluye 300 productos y fue avalada por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, en consenso con propietarios de farmacias, el Colegio de Bioquímica y Farmacia, y las empresas industriales e importadoras.

Ahora, con esa lista de precios, que de manera obligatoria debe ser puesta en lugar visible de las farmacias, adquirir un paquete de esas medicinas para hacer el tratamiento completo, que dura poco más de una semana, costaría un mínimo de Bs 146, suponiendo que se tenga la improbable fortuna de encontrar todas las medicinas de la lista en su versión más barata. Aun así, se ha logrado poner límite al afán de lucro de los inescrupulosos.

Son tiempos en que unos pocos sectores de la economía están prosperando, tal vez, como nunca antes, pero el resto no y la mayor parte de los negocios ven un oscuro porvenir. Toca que esos sectores transformen su inesperada prosperidad en solidaridad y así no tengan que disponer recursos, se aseguren de que todas y todos los que necesitan medicinas y acceso a la salud puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles, sobre todo, habida cuenta que el Estado no ha dejado de fallar en ese aspecto.