Voces

domingo 9 ago 2020 | Actualizado a 05:05

K’ara K’ara o la cara del estigma

Esta zona, por lo tanto, no es solamente endeble a la basura, sino a los estigmas raciales. O sea, se convirtió en un chivo expiatorio para el gobierno de Jeanine Áñez.

, / 6 de julio de 2020 / 08:28

Al amanecer frío del pasado sábado, helicópteros y aviones militares sobrevolaron en actitud amenazante sobre K’ara K’ara, al sur de Cochabamba, donde está ubicado el botadero municipal. Parecían aves de rapiña en búsqueda de su carroña, actitud similar a lo ocurrido el 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, momentos antes de la masacre de campesinos. Esta vez, en K’ara K’ara no fue una masacre, pero sí una represión atroz: gasificaron las casas de los pobladores. En medio de la pandemia, para las autoridades del Gobierno transitorio, K’ara K’ara se erigió en uno de los principales blancos de su campaña de criminalización de la protesta popular.

Desde siempre, K’ara K’ara fue un escenario conflictivo recurrente por la presencia del botadero y gracias al crecimiento demográfico quedó inservible por la basura generada en la ciudad. Pero, esta zona de emigrantes andinos también es un lugar pobre donde viven los más vulnerables de la ciudad (43% de los niños padecen de anemia y las niñas de entre 5 y 12 años padecen de desnutrición crónica), que cohabitan con una basura inmunda.
Esta zona, por lo tanto, no es solamente endeble a la basura, sino a los estigmas raciales. O sea, se convirtió en un chivo expiatorio para el gobierno de Jeanine Áñez. De allí, ese juego discursivo perverso: lo sanitario y lo racial combinados funciona para la estigmatización.

Desde el anterior conflicto en mayo, cuando se impidió el ingreso de carros basureros al botadero, surgieron voces y plumas agraviando racialmente a los pobladores y criminalizando la protesta social en K’ara K’ara. Hoy que se reavivó el conflicto –amén al apresamiento de algunos dirigentes de la zona con el so pretexto que habían provocado terrorismo y atentado a la salud pública en el anterior conflicto–, nuevamente aparecieron en las redes sociales y en algunos medios periodísticos esas sentencias segregacionistas, inclusive de algunos académicos, hacia los movilizados.

Esa visión estigmatizadora sobre los pobladores de K’ara K’ara, considerados como “calamidades sanitarias” o “cuerpos peligrosos” para la salud de los cochabambinos, posibilitó al gobierno de Áñez, a través del ministro Arturo Murillo, activar sus dispositivos policiales/militares y parapoliciales, en nombre de la “higiene y la salud pública”, tildando a los vecinos de K’ara K’ara como “criminales”, “sediciosos” y causantes de los focos de infección sanitaria en la ciudad por la acumulación de la basura. Así se ejerce una violencia simbólica y, a la vez, una violencia física, traducida en una persecución atroz contra los dirigentes, una represión recurrente e inclusive amenazándolos por parte de sus grupos parapoliciales de impedir el paso de los carros aguateros a K’ara K’ara.  
Mientras hay miles de bolivianos, contagiados del COVID-19, muriéndose por falta de una adecuada administración sanitaria y varios de ellos velándose en las calles, el Gobierno usa la pandemia para la persecución política obsesiva, poniendo en riesgo no solo la salud pública, sino la salud psíquica de los bolivianos. Y, lo peor, con el aplauso de algunos sectores urbanos acomodados.

No debemos olvidar, los imaginarios raciales fueron cruciales para la movilización de los sectores urbanos en octubre y noviembre pasados, para derivar, luego, en el golpe de Estado. Entonces, el gobierno de Áñez quiere activar, una vez más, esos imaginarios con el propósito político de sembrar terror no solo en Cochabamba, sino en toda Bolivia para convulsionar el país y así tener, junto a la pandemia, otro pretexto para evitar las elecciones del 6 de septiembre.

*Es sociólogo

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Gerentes o directores, Anamar dio la voz de alerta

/ 9 de agosto de 2020 / 00:30

Algunos lectores entendieron erróneamente que esta columna se despedía de La Razón en la quincena anterior. Varios de ellos/ellas, con la motivación del apasionamiento político, querían efectivamente que esto ocurriera y hasta se nos ofreció espacio para cambiar de barco en medio de la tormenta. No hay tal. Lo que se dijo entonces fue nada más ni nada menos que existe una relación especial entre este diario y quien esto escribe, relación construida a lo largo de muchos años y totalmente independiente de los cambios de personas y de recomposiciones de los paquetes accionarios, o sea de las ventas y re-ventas de la empresa que lo produce y, por consiguiente, los cambios en su orientación editorial. Hasta ahora dichas relaciones han tenido lugar sobre un basamento único: el periodismo. Y mientras esto siga siendo así y tengamos la energía necesaria, no nos iremos, menos se nos ocurrirá cruzar la calle para ir en brazos de la competencia. Lo que dejamos planteado es que hay factores que pueden alterar esa situación. Por ejemplo, reaccionaría de inmediato si alguien intentara censurar o coartar las opiniones que aquí se plantean. Y también si por encima de los fundamentos del periodismo, este diario defendiera los negocios extra-periodísticos de sus propietarios, tema, este último, muy álgido y motivo de fuertes debates y razonables susceptibilidades.

Fue precisamente Ana María Romero de Campero quien lanzó la voz de alerta sobre esta cuestión cuando recibía el Premio Nacional de Periodismo en 1998.  En su disertación, Anamar señaló que era cada vez más evidente la peligrosa tendencia de otorgar mayor poder a los “gerentes”  por encima de los “directores”, especialmente en la toma de decisiones sobre los asuntos estrictamente periodísticos. De esta preocupación emerge la propuesta de separar a las empresas de difusión social del conjunto de los negocios. Vale decir que los medios deberían ser autónomos para no ser utilizados en la protección, consciente y/o inconsciente, de intereses de otros rubros empresariales. Objetivo utópico, por cierto, pero no por ello menos necesario.

El actual propietario de La Razón, que ahora además es importante accionista de las dos empresas ferrocarrileras y tiene otros negocios en Bolivia, ha sostenido reiteradamente que nunca se metió en la orientación del trabajo periodístico, que su participación se limita ahora a salvar del cierre a la empresa que en los últimos años trabajaba a pérdida. Reconoce que ha tomado en sus manos la reestructuración de la empresa. ¿Cómo influirá esto en la línea editorial? ¿Será evidente que en ese proceso de respetaron estrictamente las normas laborales? ¿Se tomaron en cuenta las propuestas y sugerencias de periodistas y trabajadores para encarar la crisis? Todavía hay muchas cosas que están por verse.

Entretanto quisiéramos remarcar algunas constataciones. Ante la irrupción de los canales digitales, los medios impresos atraviesan por una seria crisis en todas partes del mundo, por lo tanto los ajustes y reestructuraciones son por lo general necesarios e inevitables. Los durísimos efectos de la pandemia del coronavirus hicieron la situación más difícil y complicada todavía. Y si a ello añadimos el ingrediente del apasionamiento político que genera especulaciones y sospechas que envenenan el ambiente, el cuadro está completo.

Cuando se escriben estas líneas, viernes 7 de agosto, el panorama del país es de una terrible y dramática complejidad. Volveremos sobre estos temas venciendo la tentación maniquea de considerar que todos los buenos están de un lado y todos los malos del otro.

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Mi palabra

/ 9 de agosto de 2020 / 00:22

Una de las enseñanzas de mis mayores estaba dirigida a responsabilizarme de lo que hago y lo que digo, “la palabra es lo único que tenemos los pobres”, me decía mi abuela. En un afán de inculcarme esa parte de la herencia de la educación en la oralidad.

La palabra sale de mi boca

esa la boca que aprendió a masticar los sonidos

sonidos con los que lastimaron

los oídos de mis mayores

y los oídos de nosotras y nosotros su continuación

Siglos de estridencias, años de violencias que estremecieron

la piel que guarda

la música de nuestra memoria.

Quisieron se diluya nuestro ser y existencias

en el silencio de las tumbas

Pero desde ahí volvimos

armadas de palabras

Tengo la palabra

m abuelo me entrenó la lengua

desde niña hice los ejercicios de las 5 vocales

para afilar las consonantes

y plantar nuestros pensamientos de palabras estalladas y glotalizadas.

Hoy tengo los sonidos en la boca

hoy tengo los signos en la mano

escribo en la lucha de pueblos ancestrales

los sonidos del corazón que late de esperanzas

Por eso mi palabra, que es lo único que tengo

promete a mis hijas e hijos

Que no descansaré, hasta acabar con todo tipo de opresiones

y plantar las semillas de la Comunidad de comunidades.

Julieta Paredes es feminista comunitaria

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Excepción pandémica: contra natura

/ 8 de agosto de 2020 / 11:24

Nuestra reflexión anterior partió de la idea de que los bolivianos vivimos, desde noviembre de 2019, en un Estado de Excepción establecido para eliminar políticamente, quizá incluso físicamente, a un sujeto específico: el masista. Dicha categoría puede incluir, sin embargo, a todo disidente que incomode al Gobierno. La Excepción fue impuesta mediante el decreto 4078, que prácticamente legalizó las masacres de Senkata y Sacaba a manos del Ejército y la Policía. A pesar de su derogación, desde entonces, Bolivia vive una situación de no derecho, empeorada desde el inicio de la cuarentena, cuando se agudiza la represión y la supresión de libertades bajo la excusa de enfrentar la pandemia. Asistimos, desde entonces, a la reactualización pandémica del Estado de Excepción boliviano. Un Estado de Excepción al cuadrado.

Sin exagerar. La gestión de la pandemia representa una oportunidad inesperada para el gobierno para endurecer la persecución del masismo y ampliar la categoría de “enemigo público” a más sectores de la población, en vez de ser utilizada como un momento para preparar al sistema sanitario boliviano para el embiste del coronavirus. Así, desde el momento en que se promulga el decreto 4199, que establece la cuarentena total sobre el territorio nacional, los bolivianos sufrimos una abrupta suspensión de derechos y libertades que han hecho de nuestro país uno de los menos democráticos de la región.

Así es como, mientras en otros países la pandemia ha tenido como consecuencia la erección de lo que Svampa llama un “Leviatán Sanitario” materializado en el despliegue de miles de profesionales de salud y la habilitación de cientos de hospitales, en Bolivia se moviliza principalmente a policías y militares, mientras nuestros médicos y personal de salud deben improvisar sus trajes de bioseguridad con bolsas nailon usadas para compras de mercado. Sócrates tenía razón cuando señalaba que tragedia y comedia son dos extremos que se tocan.

Aunque se impone la tragedia, pues la supresión de libertades y derechos ha tenido un efecto muy particular sobre millones bolivianos, que poco a poco han llegado a naturalizar la muerte, acostumbrarse a su presencia y suprimir, en contra de los dictados de la naturaleza, su instinto de autopreservación: contra natura. Salen a trabajar sabiendo que aquello puede matarlos, porque no tienen opción alguna. Cruel paradoja: para salvar sus vidas, deben arriesgarlas. Unos 500 bolivianos, pagaderos una sola vez, es lo que el Gobierno ha ofrecido como ayuda. Muchos de ellos ni siquiera recibieron ese dinero. Levantan las “banderas del hambre”, como apunta Yuri Torrez; el Gobierno despliega más militares y policías.

¿Qué libertades y derechos han sido cercenados? Cuatro, y demos algunos ejemplos:

Primero, derecho a la locomoción. En los primeros cuatro días de cuarentena, 1.200 personas son arrestadas, muchas solo por tratar de asegurarse alguna subsistencia, mientras que miles de familias bolivianas se apilan en las fronteras tratando de ingresar a su propio país, recibiendo en respuesta indiferencia y descalificaciones por parte del Gobierno (¡Sí, incluso ellas llegaron a ser catalogadas de masistas!) Al mismo tiempo, “pititas” extrañamente inmunes a la ley todavía tenían derecho a hacer vigilia en las puertas de la residencia de la embajada mexicana.

Segundo, derecho al trabajo y a la subsistencia, como consecuencia directa de la anulación del anterior derecho. Recordemos por favor, que en Bolivia aproximadamente siete de cada 10 bolivianos pertenecen al sector informal del mercado laboral. Es decir, no tienen aguinaldos, seguro médico ni salarios estables. No pueden hacer “tele-trabajo” ni mucho menos encerrarse en casa relajados a esperar que la pandemia pase. Durante aquellos días, quién sabe por qué, se incrementa el salario de los policías. Uno de ellos toca impúdicamente a una protestante en El Alto. ¿Qué medios de subsistencia ha asegurado el Gobierno para estos bolivianos?

Tercero, derecho a la libertad de expresión. Es desde aquí que podemos hablar de una abolición paulatina de la democracia, pues bajo la excusa de resguardar la salud pública, mediante los decretos 4199, 4200 y 4231, se penaliza toda publicación que pueda ser considerada como desinformación, ampliando la censura incluso al mundo del arte. La comunidad internacional reacciona, el Gobierno retrocede, pero la intención es lo que cuenta y lo que queda. Se realizan ciberpatrullajes y se arrestan a más de 67 personas, por decir una que otra cosa. Junior Arias es amenazado al estilo Arce Gómez, quien junto a Luis García Meza liquidaron otro intento de restauración democrática en Bolivia. Murillo, empero, puede decir lo que quiera.

Cuarto, derecho a la participación política. Comprensiblemente, se postergan las elecciones del 3 de mayo por un plazo de tres meses. No obstante, poco después, la Presidenta se niega a promulgar la ley 1304 para realizar elecciones el 6 de mayo, justo cuando su popularidad se presume mermada por una gestión de la pandemia cuando menos inefectiva, mientras el MAS recupera espacios. La pandemia empeora, pero no miremos el árbol sino el bosque: en los hechos se pretende despojar a los bolivianos de su derecho a decidir. Cuando la libertad de expresión y el derecho a la participación política se anulan, la democracia queda en entredicho. Recuerdo a uno de mis docentes de la UMSA, muy preocupado por el advenimiento de autoritarismos encubiertos durante los años de Morales y ahora me pregunto, ¿dónde está ahora? ¿qué dice sobre lo que pasa hoy? Un liberal consecuente denunciaría el actual Estado de no derecho, aunque no le gusten los “masistas”.

Y quinto, de yapa, las personas no tienen derecho ni siquiera a guardar cuarentena. ¿Cómo lo harían? Pasan dos meses en los que las personas no pueden salir ni a trabajar, y seguramente su bono de Bs 500 ya ha sido agotado. Los hospitales no atienden a las personas por falta de equipos, personal y medicamentos. Objetivamente, no pueden hacer cuarentena, aunque quisieran, y seguramente quieren. Sus condiciones objetivas de vida anulan su derecho a la cuarentena.

Conclusión: la gestión de la pandemia del coronavirus en Bolivia ha sido utilizada por el Gobierno de transición para reactualizar el Estado de Excepción establecido desde noviembre de 2019, fortaleciéndolo a tal punto que la ruptura del agonizante régimen democrático de Bolivia se hace evidente mediante la anulación de libertades y derechos fundamentales. Los bolivianos naturalizan esta situación de opresión y se acostumbran a la presencia de la muerte, suprimiendo el instinto de autoconservación que se supone innato en casi todos los seres vivos. Contra natura.

Scott Mainwaring, en Clasificando Regímenes Políticos en Latino América, define que una democracia se caracteriza por: a) elecciones libres y competitivas por cargos ejecutivos y legislativos, b) permite una ciudadanía adulta inclusiva, c) protege libertades civiles y derechos políticos, y d) los civiles gobiernan sobre los militares. Y volviendo a Bolivia, juzgue usted ¿cuáles de estos criterios se aplican a nuestra realidad, y cuáles no?

Carlos Moldiz Castillo es politólogo

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Santa Sofía: retorno controvertido al Islam

/ 8 de agosto de 2020 / 11:20

La primera vez llegué casi a pie a Estambul junto a un puñado de condiscípulos del London School of Economics, allá por 1960 cuando esa bella ciudad mitad asiática, mitad europea no contaba ni con medio millón de habitantes. Desde entonces soy visitante reincidente de la metrópoli turca donde inefablemente rindo reverencia a Aya Sofia, la soberbia basílica construida por Justiniano en 537 a.C. para el culto ortodoxo en la antigua Constantinopla. Luego, sería convertida en catedral católica de 1204 a 1261 durante el periodo bizantino que, ante la caída de esa capital imperial ocupada en 1453, por Mehmet, el conquistador, es transformada —a su vez — en mezquita hasta que en 1934 Mustafá Kemal (Attaturk) instaura la República impulsando un proceso de modernización que también toca a Aya Sofia al adaptarla en museo acorde con su concepción del Estado laico. Así fue como por 86 años esa joya arquitectónica era visitada por millones de turistas y en ese marco fue declarada por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad, considerado como símbolo de la tolerancia mutua entre el mundo cristiano y el Islam.

Por ello, la decisión del presidente turco Recep Tayyip Erdogan adoptada el 10 de julio pasado de revertir ese sacro lugar como mezquita para la comunidad musulmana, ha provocado un tsunami de protestas en todo el planeta, comenzando —obviamente— por su tradicional enemigo griego, portaestandarte de la Iglesia Ortodoxa, pasando por Rusia cuyo clero es ávido partidario de Putin y por Francia que emitió enérgico reclamo. Amén de otros países cristianos e incluso, musulmanes.

En cambio para Erdogan, la medida es histórica, cuando proclama  que “Turquía se ha desembarazado de una vergüenza, la resurrección de Aya Sofia es un presagio para la liberación de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén “. Preludio de conflicto con Israel.

Por su parte la Unión Europea y particularmente la UNESCO han advertido su desacuerdo con la medida. En efecto, siendo Aya Sofia un sitio declarado como patrimonio de la Humanidad y habiendo Turquía suscrito la convención respectiva, la soberanía que invoca Ankara no tiene lugar y dará origen a agrias disputas dentro de esa Organización.

Inútil anotar que Erdogan con ese paso ha fortificado su influencia en los círculos más conservadores de su país, desplazando al kemalismo más proclive a forjar una imagen pro europea y occidental. Hoy, está claro que para Erdogan el Imperio Otomano será el modelo de la Turquía moderna, al conmemorarse el centenario del Tratado de Sevres (10 de agosto de 1920) considerado por los turcos, como una profunda humillación. Paralelamente, Erdogan acaba de suscribir un memorable pacto de alianza con Faiez Serraj, jefe del gobierno del acuerdo nacional (GAN) en Libia, connubio que cambiará el balance estratégico en el Norte de África y en el Mediterráneo oriental. Con ese convenio se institucionaliza la intervención militar turca, presente ya en Tripolitania para mitigar los avances del Mariscal Khalifa Haftar, fuerte en Cirenaica, en la guerra civil que se libra allí. Sin embargo, la ambigüedad de su política externa muestra que su pertenencia a la OTAN no le impide dotarse de armamento militar en Rusia. Aquellos vaivenes no ayudaran a la sempiterna aspiración de Turquía de devenir algún día miembro de la Unión Europea.

No obstante, Erdogan tiene una baza en el ajedrez geopolítico: su trato con los europeos de contener la avalancha migratoria africana que les preocupa, no como un gesto romántico del versátil sultán, sino por los miles de millones de euros que recibe por ese servicio.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia

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Minería boliviana, entre la leyenda y el desarrollo

/ 8 de agosto de 2020 / 11:16

En el mes de la Patria y a 195 años de su nacimiento cabe una reflexión que ayude a comprender cómo una tierra bendecida con riquezas naturales sin par, pueda seguir a lo largo de siglos estancada en su pobreza, con esmirriados resultados económicos y siempre viviendo de sueños de grandeza que se disipan en una realidad lacerante donde los únicos beneficiados son los grupos de poder y los intereses corporativos. He escrito mucho a lo largo de décadas sobre el sector minero que fue (y todavía es) a lo largo de la historia, el pilar fundamental para el nacimiento de la República y para su desarrollo actual. Siempre acudo —en el intento — a una leyenda quechua sobre el Cerro Rico de Potosí, la acumulación de plata más grande del planeta y que los nativos llamaban Sumaj Orcko (El cerro supremo, en traducción libre): se dice que los súbditos del Inca Huayna Cápac ya explotaban en esos lejanos tiempos plata en la montaña hasta que un día una voz tronó y exclamó “No saques más plata de esta montaña, está destinada a otros dueños”;ese pareciera ser el sino que persigue a los bolivianos que siempre vivimos la coyuntura y estamos esperando al dueño de las riquezas.

En mis recientes columnas escribí sobre el proyecto de litio y otras sales del Salar de Uyuni, proyecto avanzado que pareciera ajustarse a lo escrito líneas arriba, se ha hecho ya una inversión muy significativa (cerca de $us 1000 millones), pero el proyecto no acaba de entrar en la corriente global de encadenamientos productivos, cuyo destino final es la producción de baterías de litio para autos eléctricos y otros usos finales, y en el caso del potasio, la producción de fertilizantes potásicos. Lo que más se ha producido en el proyecto hasta ahora son anuncios grandilocuentes, conferencias y artículos de prensa; un halo de misterio no permite acceder a los datos económicos y financieros y nadie habla de costos, factibilidad, encadenamiento con usuarios finales, etc., y pareciera que seguimos esperando al dueño de estas riquezas. ¿Quién será?

Quiero referirme hoy al Mutún, uno de varios elefantes blancos que adornan nuestro territorio, que tiene una historia centenaria desde que en 1845 Francis Casteneau descubrió la Serranía Mutún-Urucum. Se intentó explotar hierro e instalar una acería desde 1952 en el lado boliviano de la serranía pero nunca se lo logró, las razones son muchas (detalles en mi libro De oro, plata y estaño, Plural Editores 2014 y 2017) y hacen al manejo político del emprendimiento. El último capítulo de esta historia es el mini-proyecto actual de producción de acero laminado para el mercado local;194.000 ton/año en la primera etapa, según información oficial asequible, con el aval de un crédito del EXIMBANK de China de $us 396,13 millones más un aporte estatal de $us 70 millones, que implican un acuerdo con la operadora china Sinosteelpara el diseño, construcción, ejecución y puesta en marcha de la acería en un plazo de 30 meses. El avance financiero a febrero del presente es de 23% (ya se ejecutaron $us 108,9 millones), pero el avance físico es mínimo (solo 3,6% según algunas publicaciones de prensa). Así las cosas, pareciera que estamos en vías de presenciar otro fracaso, si añadimos que el Estado se comprometió a dotar al proyecto de un acueducto de 105 km y de un gasoducto de 15 km, que por lo que se conoce tendrán muchos problemas de cumplimiento si se considera la emergencia sanitaria que vivimos y la crisis económica que se avecina.  

Este tipo de situaciones no debieran ser tratadas en fechas tan festivas para el país pero, la realidad es determinante, solo queda desear que esta vez la leyenda no se cumpla, FELICIDADES BOLIVIA.

Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

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