Voces

martes 25 ene 2022 | Actualizado a 07:58

COVID-19, una mala gestión

El Gobierno tendrá que ganarse la empatía con los ciudadanos, porque los bonos no bastaron.

/ 8 de julio de 2020 / 09:56

¿Pudimos estar mejor? Quizás sí. Sin embargo, a punto de cumplirse cuatro de meses de emergencia sanitaria debido a la aparición de los primeros casos del nuevo coronavirus en el país, uno en Santa Cruz y otro en Oruro el 10 de marzo, la situación se ha complicado.

Las noticias del exterior que hablaban de la aparición de fallecidos en las calles, la muerte de familiares, amigos o conocidos, o el colapso de los hospitales ya no están alejadas de nuestra realidad. El problema está resultando muy grande, y quienes tienen que responder por eso son las autoridades. Y salta a la vista una evaluación.

Quien mejor encaró la catástrofe fue el gobernador Rubén Costas, quien —junto a su secretario Óscar Urenda ahora peleando con su vida contra el COVID-19— no perdió su tiempo en disputas políticas y mucho menos electorales. Apenas reclamó al gobierno de Jeanine Áñez la dotación de insumos, material de bioseguridad e ítems cuando le tocó hablar fuerte y la devolución del 12% del IDH, ahora consumada.

Trabajó muy bien en la provisión de alimentos e insumos para familias de escasos recursos y su muestra de hacer mucho con poco fue la instalación de un domo para pacientes del nuevo coronavirus, que al final tuvo también el apoyo del Gobierno.

En contrapartida, el gobierno de Áñez padeció todos los males. Al menos dos estudios, uno de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung y otro de Celag, consideran que su gestión ante la pandemia fue mala.

Más allá de los matices políticos y electorales, el candidato Carlos Mesa resumió hace varias semanas la inacción de la administración transitoria: aunque frustrado, el pueblo cumplió con la cuarentena y el Gobierno no.

Es cierto, la emergencia sanitaria sorprendió a Áñez en pleno inicio de campaña y consolidación de su gobierno transitorio.

Con quejas constantes respecto de una mala “herencia”, las autoridades encararon la dura tarea de evitarla propagación de la enfermedad con una serie de problemas. Los más importantes fueron: la persecución penal, las limitaciones a la libertad de expresión luego retiradas, la corrupción en el caso de los 170 respiradores, la intervención de los Sedes, la penalización de las protestas, la ausencia de test y la falta de transparencia respecto de éstos.

Sin embargo, es grave la falta de empatía con la ciudadanía que sufre las restricciones de la cuarentena. Más allá de la indisciplina y la idiosincrasia de los bolivianos, la amenaza fue el verbo más repetido a la hora de aplicar las medidas.

Así, los resultados no fueron los mejores. Bolivia es uno de los países que experimentó más cuarentenas rígidas y la curva de contagios y fallecidos no cedió en cuatro meses. Si bien las cifras son menores respecto de otros países más golpeados en la región, son también mayores en relación a los que encararon mejor la catástrofe, como Paraguay y Uruguay, por ejemplo. El Gobierno tendrá que revisar esas estrategias antes de valerse de las que presuntamente dejó su embajador Mohammed Mostajo.

Sin embargo, parece ser tarde. Los casos se disparan y todavía las pruebas son bajas. Al darse una pausa por COVID-19, la ministra Eidy Roca dijo que con la adquisición de equipos y pruebas es posible hacer 2.500 pruebas diarias. ¡Uruguay hace 20.000!

El Gobierno tendrá que ganarse la empatía con los ciudadanos, porque los bonos no bastaron; al contrario, los arremolinó en los bancos, adonde acudieron con desesperación en plena cuarentena rígida. Otra cuarentena rígida, a pesar de los costos sociales, es todavía un salvavidas.

A estas alturas, todavía resulta inexplicable cómo el Gobierno transfirió a las regiones la posibilidad de flexibilizarlas medidas en plena subida de casos. Habrá tenido razones, pero las elecciones, que resistió al principio, ya están enca

Rubén Atahuichi es periodista.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Gestión de crisis: Arce no es igual a Morales, éste era líder social, jefe del MAS y presidente

Armando Ortuño, Manuel Mercado y Carlos Moldiz analizan las pugnas internas del MAS por el gabinete ministerial y el papel del presidente Luis Arce y del expresidente Evo Morales.

/ 19 de enero de 2022 / 20:09

En la pugna de fuerzas por el gabinete del presidente Luis Arce, el analista político Armando Ortuño encuentra una hipótesis sobre lo que describe como desorden, desequilibrio y sensación de debilidad: Arce no es igual a Evo Morales en la gestión de la crisis interna.

“En 14 años había un proceso decisional más claro dentro del MAS, que se llamaba Evo Morales, que tenía una característica particular, él concentraba en sí mismo tres funciones: presidente del país (jefe del aparato gubernamental), líder indiscutible de las organizaciones sociales y jefe del partido”, explicó el también economista en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

El análisis precedió a la reunión que el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca sostuvieron este miércoles con el Pacto de Unidad, que conglomera a cinco organizaciones sociales grandes del país, que había presionado en los últimos días con la exigencia de cambio de al menos siete ministros.

La cita, llevada a cabo en la sede la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), en La Paz, terminó sin mayores decisiones, sin la aceptación de la demanda, salvo una reunión pendiente para la evaluación del gabinete, el 11 de febrero.

Ortuño consideró que con esta crisis interna al Movimiento Al Socialismo (MAS) sufrió un desorden. “Se les ha desmadrado la situación y han generado percepciones malas en la opinión pública, una sensación de desequilibrio y, lo que parece peor, una sensación de desorden y debilidad del Gobierno”, dijo.

“Esto antes se gestionaba mejor”, cuestionó.

Entretanto, Manuel Mercado consideró que el primer año de gobierno de Arce “fue el más complicado de los últimos 50 años” debido a la crisis económica, la pandemia del COVID-19, la reposición del país al “golpe de Estado” y el “primer año después de 14 años en el que Evo Morales no es presidente”.

En su criterio, “eso genera, obviamente, dinámicas muy complejas”.

Se trata de una situación en la que el presidente Arce “puede mostrar como resultado una pandemia en gran medida controlada”, la recuperación “paulatina” de la economía” y las tensiones internas del MAS como las políticas con la oposición, como regional, social y mediática, “que están más o menos controladas”.

“Es un balance exitoso”, resumió Mercado.

Ortuño coincidió con aquel. “Pero me llama la atención el fenómeno de que un gobierno con resultados y una gestión razonables en sus políticas tenga tanto despelote (zafarrancho)”, dijo.

El mismo panel, Carlos Moldiz consideró que la “la política se hace con seres humanos”. Con ese criterio “se toman buenas decisiones; al fin y al cabo, las decisiones que terminan de imponerse resultan ser siendo funcionales al conjunto del aparato político que a cualquiera de sus partes”.

Entonces, dijo que la conformación de un gabinete ministerial no dice mucho de la correlación de fuerzas de un partido de gobierno, sino de la dirección del Gobierno sobre su orientación política”.

Cree que Arce debe tener vértigo ante la crisis interna, pero tendrá estatura para la ser vulnerable ante ella.

Más allá de todo, Moldiz afirmó que ”hasta hace poco nadie quería admitir que el MAS había superado en toda dimensión, histórica y política, al MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario)”. Ahí radica su fortaleza, aseguró.

Comparte y opina:

Vladimir Peña: La Gobernación no presupuestó la reapertura del hospital de Montero

La Gobernación "no tiene ni siquiera abierta la partida para el hospital de Montero. O se olvidaron, o pensaron que el iban a quitar", dijo el exsecretario general de Rubén Costas.

Vladimir Peña, en la transmisión La Razón Radio.

/ 19 de enero de 2022 / 13:35

La Gobernación de Santa Cruz no ha presupuestado “un solo boliviano” para la reapertura del hospital Óscar Urenda de Montero, recordó el exsecretario general de la administración departamental Vladimir Peña.

“La Gobernación de Santa Cruz, en su presupuesto 2022, no ha presupuestado ni un solo boliviano; no tiene ni siquiera abierta la partida para el hospital de Montero. O se olvidaron, o pensaron que el iban a quitar”, develó este miércoles el exfuncionario en la transmisión digital La Razón Radio.

Peña y el exdiputado Tomás Monasterio presentaron ayer en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz una denuncia por incumplimiento de la SCP 0008/2021-S4, que ordena abrir el hospital de Montero.

El nosocomio de tercer nivel, equipado con tecnología de última generación, 200 camas y 12 unidades de terapia intensiva, fue abierto el 30 de mayo de 2020 a pesar de las obras inconclusas pero ante la necesidad de reducir las carencias ante la pandemia. Sin embargo, fue cerrado el 25 de diciembre de ese año debido a la finalización de contratos con el personal.

Peña informó que en este momento el hospital está en una 99% concluido. Sin embargo, cuestionó la inacción de la Gobernación de Santa Cruz en su reapertura, aunque dividió también culpas con el Ministerio de Salud y Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, dependiente de esa cartera de Estado.

Cuestionó que las tres entidades estén ocupadas en “pasarse la pelota” mientras los cruceños, especialmente del Norte Integrado, requieren de un nosocomio como el de Montero para paliar la demanda de atención médica ante los contagios de COVID-19.  

“Por eso el ministro (de Salud) dice que es culpa de (Luis Fernando) Camacho porque no ha presupuestado fondos y Camacho dice ‘culpa del Gobierno porque no me da los ítems’. El pueblo mira esto atónito y dice ‘oigan, ya está bueno esto, no se comporten como niños”, dijo Peña.

El exfuncionario lamentó que “el hospital más moderno y el más equipado del país” esté en esas condiciones: sin uso.

Ante la situación, el 4 de enero, el ministro de Salud, Jeyson Auza, anunció la reapertura del nosocomio. El funcionario dijo también que la administración de Camacho no dispuso ningún presupuesto para ese fin.

“Si la Gobernación no quiere cumplir su responsabilidad no por eso vamos a perjudicar al pueblo cruceño, el Gobierno nacional va a ver la forma de en esa o la próxima semana reactivar el hospital de Monter0”, dijo.

Comparte y opina:

El calvario y la soledad de Áñez

/ 19 de enero de 2022 / 02:56

Senadora de minorías y convencida a proclamarse presidenta en 2019 sin tener condiciones legales, Jeanine Áñez padece hoy lo que nadie quisiera: calvario y soledad. Atrás quedaron sus momentos de poder, cuando era adulada como heroína de la “recuperación de la democracia” y se paseaba entre militares y policías, y entre sus correligionarios que le rendían pleitesía.

Detenida desde el 13 de marzo de 2021, cuando pretendía huir a Brasil, como su otrora colaborador Yerko Núñez, la mujer es acusada por una serie de delitos, vinculados especialmente a la forma cómo sucedió al derrocado Evo Morales y a las masacres de Sacaba y Senkata, el peor signo de su régimen.

Hace unos días, el diario Página Siete publicó una entrevista con ella, que describe con crudeza la condición con la que llegó al poder, más allá de la ruptura del orden constitucional que ahora la coloca en una situación complicada. “Muchos de mi partido se aprovecharon de mi inexperiencia”, dijo la exmandataria.

¿Quiénes? ¿Rubén Costas? ¿Sus correligionarios de Beni? “Lo dice como justificación de su soberbia o por algunos casos concretos de excompañeros en los cuales confió y después terminó enfrentada”, me dice un correligionario suyo en Santa Cruz, quien cree que Áñez tuvo más diferencias con compañeros de Beni.

Inexperiencia. Además, improvisación e irrespeto a las leyes, a la vida y al sentido común. Fueron la impronta de su gobierno.

No era posible su llegada al gobierno, más allá del argumento de “vacío de poder” que atribuye a las renuncias de Morales, de Álvaro García Linera, de Adriana Salvatierra, de Rubén Medinacelli o Víctor Borda. Era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, no le toca la sucesión. Si se dice tan demócrata, debía hacer todo lo posible para abrir un espacio de concertación en Senadores y la Asamblea Legislativa para propiciar, primero, la lectura de las renuncias y, segundo, la recomposición de las directivas camarales. Le importó nada la ausencia de quórum y la de la bancada del MAS. No era su intención, lo sabemos; fue funcional a otros intereses ajenos, no solamente de quienes desde su partido se aprovecharon de ella, sino de quienes no querían la continuidad en el poder de Morales y del MAS.

Hizo lo que temía, por ejemplo, Carlos Mesa: dar argumentos al MAS y a muchos bolivianos para llamar al proceso golpe de Estado, al saltarse todos los procedimientos legislativos y constitucionales, que ahora son la base del juicio ordinario por el caso llamado Golpe de Estado. No hubo sesiones ni de Senadores ni de la Asamblea Legislativa.

No hubo “sucesión impecable”, como llama Mesa, quien, por más de denunciar insistentemente la “persecución política”, no puede hacer nada por la “presidenta constitucional”.

Ni Luis Fernando Camacho, que había liderado las protestas que derrocaron a Morales y puso la Biblia en el hall y sentó en el Palacio de Gobierno a la exsenadora. Menos Costas, Jorge Quiroga, Luis Revilla y Samuel Doria Medina, su compañero de fórmula, que fueron aliados comprometidos con su régimen.

Ni hablar de Arturo Murillo y Luis Fernando de López, que también se aprovecharon de ella para sus fechorías personales. Nadie.

Salvo Amparo Carvajal, que la defiende a capa y espada, a pesar de sus incongruencias, nadie es capaz de movilizarse por ella.

Ni la comunidad internacional. Aunque la ultraderecha especialmente española, en juego con algunos medios nacionales, hace el intento de denunciar su complicada situación.

Áñez está enfrentando sola su calvario entre rejas. Las constantes denuncias ampliadas por su hija no tienen eco. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que su gobierno defenestró cuando emitió en 2019 un primer informe sobre las masacres, no dio curso a sus denuncias.

Todos se aprovecharon de ella, nadie es capaz ahora de organizar algo por reivindicar su inocencia. Nadie quisiera estar en su lugar.

Rubén Atahuichi es periodista.

Comparte y opina:

Hace falta memoria para no olvidar ni dejar en la impunidad las masacres en el país

Hace 41 años, durante la dictadura de Luis García Meza, los dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron acribillados en una vivienda de la calle Harrington.

Nadia Cruz, en Piedra, Papel y Tinta. Foto: Álvaro Valero

/ 17 de enero de 2022 / 21:41

“¿Por qué hace 41 años ocurre lo que pasó hace dos años? Porque todavía no se han implantado procesos de memoria y justicia”. Pregunta y respuesta corresponden a la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, que reflexionó sobre la incidencia en las masacres en Bolivia.

En el nuevo ciclo de la transmisión digital Piedra, Pale y Tinta, de La Razón, la funcionaria consideró que no hay institución en el país que promueva la memoria de los hechos luctuosos en el país salvo la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd).

“¿Por qué hace 41 años ocurre lo que pasó hace dos años? Porque todavía no se han implantado procesos de memoria y justicia, porque hace 41 años la Asociación de Familiares y algunos grupos muy allegados a los caídos de la calle Harrington son los únicos que promueven la memoria en la población”, dijo Cruz en una conversación con la directora de La Razón, Claudia Benavente.

Ruth Llanos, Claudia Benavente y Tania Quiroz. Foto: Rubén Atahuichi

La conmemoración de la masacre de la calle Harrington, ocurrida en La Paz el 15 de enero de 1981, fue el motivo de la entrevista, precedida antes por un conversatorio con la presidenta de Asofamd, Ruth Llanos, y la activista de la organización Tania Ortiz.

Hace 41 años, durante la dictadura de Luis García Meza, los dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron acribillados en una vivienda de la calle Harrington, en La Paz, donde se reunían. Fueron asesinados Jorge Baldivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo, Arcil Menacho, José Luis Suárez, Ricardo Navarro, José Reyes y Ramiro Velasco.

Llanos sugirió siempre recordar a los caídos ante fuerzas paramilitares de entonces y se expresó esperanzada por la recuperación de la memoria. «Hay una renovación, de una generación que empieza a tomar las banderas» de la demanda de justicia y la memoria contra las dictaduras, dijo en la transmisión digital de La Razón.

Su compañera Tania Quiroz, también activista de Asofamd, consideró que «hay mucho que investigar» sobre la masacre de la calle Harrington de 1981. «La memoria está latente y nuestra tarea es reproducirla», dijo.

«Si no leemos la historia, la estamos poniendo en riesgo», reflexionó.

A su turno, Cruz cuestionó que a pesar de esa experiencia trágica poco o nada se hizo en el país por frenar las masacres. “El claro ejemplo de que no tuvo efecto suficiente la condena de la masacre de la calle Harrington fue la ocurrida en 2019. Si evaluamos, fueron fuerzas internas del Estado, militares y paramilitares, hace 41 años, y hace un poco más de dos años fueron fuerzas policiales y parapoliciales, luego fueron fuerza conjuntas con militares nuevamente”, dijo.

La defensora hizo referencia a las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre de 2019 respectivamente y que resultaron en una veintena de fallecidos a bala, en operativos conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los efectivos en acción.

“A título de seguridad interna y seguridad nacional se ha permitido ir en contra de la población civil que no estaba armada, tenía una línea de pensamiento contestataria hace 41 años y hace dos años también; era un pueblo que tenía que movilizarse, pero que estaba indefenso frente a las fuerzas del orden”, afirmó Cruz.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, consideró que algunas muertes ocurridas en la masacre de Senkata fueron ejecuciones sumarias. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que los movilizados se mataron entre sí y su colega de Defensa, Luis Fernando López, dijo que las Fuerzas Armadas no dispararon un solo cartucho.

Comparte y opina:

‘El Papirri’ afectado por el COVID-19: Por ‘este virus cabrón, debo suspender todo’

“Mil disculpas a los organizadores de los eventos. Los músicos estamos muy afectados por todo esto. Ojalá pronto bien le cascaremos”, escribió el músico en Facebook.

En octubre de 2021, 'El Papirri' tuvo una presentación en La Razón.

/ 16 de enero de 2022 / 18:58

Había organizado una serie de presentaciones en el país, comenzando por Oruro. Sin embargo, Manuel Monroy, “El Papirri”, decidió suspenderlo todo por “este virus cabrón”. Con algo de humor contó las razones de su decisión.

“Hoy (por el sábado) viajábamos a La Paz para realizar conciertos en torno a la Fiesta de Alasita, dedicada a nuestro Ekeko, deidad aymara de la abundancia y la fertilidad. Por el tema de este virus cabrón, debo suspender todo: viaje y conciertos”, escribió para su “familia musical” el cantautor en sus redes sociales.

Según describió, El Papirri suspendió sus recitales en Oruro, programado para el 20 de enero en el Café Concert Latitud; en La Paz, del 22 de enero en el Centro Cultural Jallalla y del 24 en el Teleférico Rojo, y en Cochabamba, del 29 en Centro Cultural Ollantay.

Autor de Metafísica popular, Qué tal metal, Ch’enko total o Alasita, El Papirri tomó con humor su decisión: “Con mi compañera estamos un poco débiles, debe ser la tercera edad. Pena que no haya cuarta edad”.

De todos modos, prometió un pronto retorno. “Una pena. Mil disculpas a los organizadores de los eventos. Los músicos estamos muy afectados por todo esto. Ojalá pronto bien le cascaremos”, escribió.

Comparte y opina: