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Monday 5 Dec 2022 | Actualizado a 21:51 PM

COVID-19, una mala gestión

El Gobierno tendrá que ganarse la empatía con los ciudadanos, porque los bonos no bastaron.

/ 8 de julio de 2020 / 09:56

¿Pudimos estar mejor? Quizás sí. Sin embargo, a punto de cumplirse cuatro de meses de emergencia sanitaria debido a la aparición de los primeros casos del nuevo coronavirus en el país, uno en Santa Cruz y otro en Oruro el 10 de marzo, la situación se ha complicado.

Las noticias del exterior que hablaban de la aparición de fallecidos en las calles, la muerte de familiares, amigos o conocidos, o el colapso de los hospitales ya no están alejadas de nuestra realidad. El problema está resultando muy grande, y quienes tienen que responder por eso son las autoridades. Y salta a la vista una evaluación.

Quien mejor encaró la catástrofe fue el gobernador Rubén Costas, quien —junto a su secretario Óscar Urenda ahora peleando con su vida contra el COVID-19— no perdió su tiempo en disputas políticas y mucho menos electorales. Apenas reclamó al gobierno de Jeanine Áñez la dotación de insumos, material de bioseguridad e ítems cuando le tocó hablar fuerte y la devolución del 12% del IDH, ahora consumada.

Trabajó muy bien en la provisión de alimentos e insumos para familias de escasos recursos y su muestra de hacer mucho con poco fue la instalación de un domo para pacientes del nuevo coronavirus, que al final tuvo también el apoyo del Gobierno.

En contrapartida, el gobierno de Áñez padeció todos los males. Al menos dos estudios, uno de la fundación alemana Friedrich Ebert Stiftung y otro de Celag, consideran que su gestión ante la pandemia fue mala.

Más allá de los matices políticos y electorales, el candidato Carlos Mesa resumió hace varias semanas la inacción de la administración transitoria: aunque frustrado, el pueblo cumplió con la cuarentena y el Gobierno no.

Es cierto, la emergencia sanitaria sorprendió a Áñez en pleno inicio de campaña y consolidación de su gobierno transitorio.

Con quejas constantes respecto de una mala “herencia”, las autoridades encararon la dura tarea de evitarla propagación de la enfermedad con una serie de problemas. Los más importantes fueron: la persecución penal, las limitaciones a la libertad de expresión luego retiradas, la corrupción en el caso de los 170 respiradores, la intervención de los Sedes, la penalización de las protestas, la ausencia de test y la falta de transparencia respecto de éstos.

Sin embargo, es grave la falta de empatía con la ciudadanía que sufre las restricciones de la cuarentena. Más allá de la indisciplina y la idiosincrasia de los bolivianos, la amenaza fue el verbo más repetido a la hora de aplicar las medidas.

Así, los resultados no fueron los mejores. Bolivia es uno de los países que experimentó más cuarentenas rígidas y la curva de contagios y fallecidos no cedió en cuatro meses. Si bien las cifras son menores respecto de otros países más golpeados en la región, son también mayores en relación a los que encararon mejor la catástrofe, como Paraguay y Uruguay, por ejemplo. El Gobierno tendrá que revisar esas estrategias antes de valerse de las que presuntamente dejó su embajador Mohammed Mostajo.

Sin embargo, parece ser tarde. Los casos se disparan y todavía las pruebas son bajas. Al darse una pausa por COVID-19, la ministra Eidy Roca dijo que con la adquisición de equipos y pruebas es posible hacer 2.500 pruebas diarias. ¡Uruguay hace 20.000!

El Gobierno tendrá que ganarse la empatía con los ciudadanos, porque los bonos no bastaron; al contrario, los arremolinó en los bancos, adonde acudieron con desesperación en plena cuarentena rígida. Otra cuarentena rígida, a pesar de los costos sociales, es todavía un salvavidas.

A estas alturas, todavía resulta inexplicable cómo el Gobierno transfirió a las regiones la posibilidad de flexibilizarlas medidas en plena subida de casos. Habrá tenido razones, pero las elecciones, que resistió al principio, ya están enca

Rubén Atahuichi es periodista.

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Cae la credibilidad de los medios de comunicación en la región y es por su partidización

En criterio de Sergio Pascual, del equipo consultivo de Celag, “los medios de comunicación se desprestigiaron al tomar partido en un conflicto político”.

Analistas ponen en tela de juicio la credibilidad de los medios. Foto: La Razón-Archivo

/ 5 de diciembre de 2022 / 17:20

Un fenómeno preocupante afecta los medios de comunicación en la región, especialmente en Argentina y en Bolivia: la caída de su credibilidad y su imagen.

Un estudio del 2022 del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) sobre la materia estableció que, por ejemplo, en Bolivia el 69,1% de encuestados desconfía de los medios y solo 23,9% los considera creíbles.

En 2021, en Argentina, el 81% de los encuestados consideraban que los medios locales no eran creíbles, a diferencia del 14,8%, que los describía creíbles.

Otros países

El panorama en otros países, como Chile, Perú, Ecuador, Colombia o México, es similar: desconfianza mayoritaria sobre los medios de comunicación.

En criterio de Sergio Pascual, del equipo consultivo de Celag, “los medios de comunicación se desprestigiaron al tomar partido en un conflicto político”.

Esos datos se entienden porque los medios “han tenido posicionamiento político muy claro y muy nítido contra los gobiernos progresistas”, dijo en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Eso es “algo que choca con la mayoría de la gente”, remató.

Posicionamientos partidarios

Para el economista y analista política Armando Ortuño, ocurre ese fenómeno por los “posicionamientos partidarios de los medios de comunicación”.

Afirmó que “en la cotidianidad uno lo experimente, que a ratos, para entender la realidad boliviana, tiene que ver dos o tres medios, meterlos en la licuadora” y asumir la información.

En criterio de Ortuño, los medios son parte del establishment y están contagiados por el “descontento general contra las dirigencias políticas”.

Redes sociales

Teresa Morales, en el mismo foro de este lunes, consideró que “la gente ha dejado de confiar en la información que se transmite por los medios de comunicación” y ha tomado como fuente a las redes sociales.

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“Los medios, cada vez más han debilitado su rol profesional y han prostituido el rol de los antiguos profesionales éticos” de antes, sentenció.

Coincidió con Pascual, quien afirmó que “la gente se va desapegando de los medios de comunicación, que entiende que tienen un sesgo determinado y saben de qué lado del espectro político están”.

Sin embargo, señalaron que no siempre las redes sociales informan responsablemente. Ante eso, el público tiene más trabajo al discernir la información.

Eso, no obstante, es el resultado del alejamiento de los públicos respecto de los medios de información.

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Morales cree que el ‘pacto por impunidad’ amenaza con enjuiciarlo por el caso Silala

“Antes, (Gonzalo) Sánchez de Lozada y (Carlos) Sánchez Berzaín me difamaron y persiguieron para asesinarme. Luego, el gobierno de facto (Jeanine Áñez) me acusó en 29 juicios”, recordó Evo Morales.

Evo Morales, ayer en el Congreso de la Federación de Interculturales. Foto: Evo Morales

/ 5 de diciembre de 2022 / 13:19

El expresidente Evo Morales cree que la “amenaza” de un juicio en su contra, como consecuencia del fallo en el caso Silala, se deriva del que llama “pacto de impunidad”.

“La amenaza de un nuevo juicio es parte de la conspiración del pacto por impunidad”, escribió el exmandatario este lunes en sus redes sociales. Cree que ese pacto aprobó la ley del Censo, como corolario del paro indefinido en Santa Cruz.

En su criterio, ese proceso en su contra pretende “dejar libres a los autores de crímenes de Sacaba y Senkata” y enjuiciar a quienes denunciaron esos delitos y pidieron justicia para las víctimas.

Silala

“Vamos a defendernos como siempre con la verdad”, adelantó Morales, ahora acosado por advertencias de juicio a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el litigio entre Bolivia y Chile sobre el Silala.

El 1 de diciembre, dicho tribunal consideró que el manantial Silala es de “curso internacional” y, por lo tanto, Bolivia y Chile tienen derecho al uso de sus aguas de forma “equitativa y razonable”.

Además de reivindicar la soberanía de Bolivia sobre el manantial, la CIJ determinó que también tiene derecho a desmantelar los canales artificiales que una empresa privada chilena construyó para mejor el volumen de agua hacia ese país.

Comcipo

La primera organización en anunciar un eventual juicio contra Morales fue el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que conformará un equipo de expertos con ese fin.

“Ahora Comcipo se suma a los ataques de los derechistas golpistas”, dijo Morales, quien recordó una serie de procesos en su contra a lo largo de su carrera política y gubernamental.

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Rememoró que en 2002 el entonces Congreso Nacional lo expulsó de su curul “con falsas denuncias por orden de la embajada de Estados Unidos”.

Sánchez de Lozada

“Antes, (Gonzalo) Sánchez de Lozada y (Carlos) Sánchez Berzaín me difamaron y persiguieron para asesinarme. Luego, el gobierno de facto (Jeanine Áñez) me acusó en 29 juicios”, reclamó.

Y, en su criterio, lo último que hicieron en su contra fue su inhabilitación, por parte del Tribunal Supremo electoral (TSE), como candidato a senador por Cochabamba en 2020.

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Dijo que con esa acción sus detractores pretendieron “proscribir” al Movimiento Al Socialismo (MAS). “La justicia nuevamente nos dio la razón y declaró ese acto como inconstitucional”, dijo.

Presidente

Morales fue elegido presidente de Bolivia en 2005 y a partir de entonces, bajo sucesivas elecciones, fue reelecto en el cargo, hasta que en 2019 fue derrocado por movilizaciones políticas y cívicas.

Entonces, el Comité pro Santa Cruz, presidido por el ahora gobernador Luis Fernando Camacho, propició protestas hasta su caída, el 10 de noviembre de ese año.

La sugerencia de dimisión de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana le quitaron margen de maniobra política. En su lugar, el 12 de noviembre, la senadora Jeanine Áñez se proclamó sucesora.

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Hasta 1996, Bolivia sostenía que el Silala era un río y Chile lo revindicó siempre así

“El Silala es un río que tiene su origen en una vertiente que brota al pie del cerro del mismo nombre –en territorio de Bolivia— e ingresa posteriormente a territorio de Chile”, señalaba en 1996 la Cancillería de Bolivia.

El Silala es un manantial ubicado en Quetena, Sud Líoez, Potosí.

/ 2 de diciembre de 2022 / 22:56

En 2016, cuando el gobierno de Evo Morales esbozaba un litigio por las aguas del Silala, el entonces canciller de Chile, Heraldo Muñoz, invocaba el Tratado de 1904 para señalar que aquel era un río, no un manantial.

Años después, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la causa “Disputa sobre el estatus y el uso de las aguas del Silala”, la polémica se instaló sobre el eventual reconocimiento del manantial como río.

Si bien, en la lectura de la sentencia la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, se refirió en varios pasajes del dictamen al Silala como río, la resolución no precisa esa nominación.

Fallo

Ambos países deben hacer “uso equitativo y razonable se aplica a toda el agua del Silala, independientemente de su característica artificial o natural”, dijo.

“La Corte constata que Bolivia reconoce que las aguas del Silala se clasifican como curso de agua internacional”, complementó Donoghue

En su contrademanda en el juicio iniciado ese año por Chile, Bolivia reivindicó con persistencia la soberanía de las aguas del manantial Silala, aunque luego admitió —sin referirse a río— que dicho curso es internacional.

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En cambio, Chile defendió que “el sistema del río Silala, junto con las porciones subterráneas de su sistema, es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario”.

Tratado de 1904

El 25 de marzo de 2016, en medio de una polémica bilateral sobre la naturaleza del Silala, el canciller Muñoz mostró un mapa que, según dijo, acompañaba al Tratado de 1904 que Chile y Bolivia firmaron para dar fin a la Guerra del Pacífico.

“Este mapa es decidor y es un antecedente muy importante para nosotros, porque Chile siempre ha defendido la integridad del Tratado de 1904 que fijó las fronteras de manera definitiva entre ambos países”, explicó el funcionario.

Revisando el Tratado firmado el 20 de octubre de ese año, se hace referencia al “cerrito Silala”, en la conexión del Volcán Apagado, entre el punto 15 y 16, en la definición de límites Sur y Norte.

Concesión de 1908

Desde que en 1908 la Prefectura de Potosí concedió el uso de las aguas del Silala a la empresa chilena The Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited, no hubo mayor conflicto.

Sin embargo, en 1996 Bolivia denunció que Chile había construido, sin consultar con La Paz, canales artificiales para “desviar” las aguas hacia su territorio.

Entonces, la Cancillería de Bolivia, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, emitió un comunicado con la precisión de que el Silala es un río.

‘Río Silala’

“El Silala es un río que tiene su origen en una vertiente que brota al pie del cerro del mismo nombre –en territorio de Bolivia— e ingresa posteriormente a territorio de Chile”, señalaba el documento.

“Dicho de otro modo, Bolivia es dueño del curso superior de ese río y Chile, del inferior”, explicaba.

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En la lectura de la sentencia en el litigio entre Bolivia y Chile, la jueza Donoghue dijo que “las partes están de acuerdo en que el río Silala es un curso de agua internacional”.

Hay otra referencia más respecto de la nominación de río. En 1999, durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, el Instituto Geográfico Militar (IGM) modificó el término “río Silala” por el de “vertientes del Silala” en todos los mapas.

Estudio científico

Para su defensa científica en la CIJ, Bolivia contrató a la firma danesa Danish Hydraulic Institute (DHI), que hizo la perforación de 29 pozos de profundidades de entre cinco y 150 metros en el Silala para determinar el volumen y el curso.

Estableció que “la principal fuente del agua superficial de los manantiales del Silala es la descarga de aguas subterráneas”.

Bolivia dijo que parte de esa descarga va hacia Chile, de manera “considerable” a través de los canales artificiales, aunque Santiago afirmó que es “insignificante”.

Canales artificiales

El DHI sostuvo que de quitarse los canales y restaurarse los bofedales, habrá una disminución del caudal de entre 11 y 33 litros por segundo.

La Corte estableció que Bolivia tiene derecho a desmantelar esos canales artificiales, además de restaurar los bofedales afectados por esa infraestructura.

Chile inició la demanda a Bolivia el 6 de junio de 2016 y Bolivia respondió con una contrademanda en agosto de 2018. La CIJ declaró no ha lugar la demanda chilena y no consideró las contrademandas bolivianas en razón de los acuerdos bilaterales previos a la sentencia.

El Silala es un conjunto de vertientes y pozos de agua que se encuentra en Quetena, en la provincia Sud Lípez, en Potosí.

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Proponen que hijos lleven primero apellido materno

Con la ley, los hijos o hijas podrán cambiar su nombre a los 18 años.

Tahuichi, entrevistado en LA RAZÓN.

Por Rubén Atahuichi

/ 2 de diciembre de 2022 / 07:12

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) promueve una ley con la que será posible que los hijos sean inscritos en el Registro Cívico con el apellido de las madres “adelante”.

La iniciativa es socializada por el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe.

Argumentó que el proyecto de ley es concordante con la política de despatriarcalización del Estado y se inscribe como “justicia de género”.

Con esta ley “las mamás podrán inscribir a sus hijos con el apellido de la madre por delante”, explicó ayer en LA RAZÓN Radio.

La propuesta será presentada en los próximos días a la Asamblea Legislativa.

Citó como ejemplo Brasil, país donde las normas permiten ese criterio. Dijo que el presidente Jair Bolsonaro y los expresidentes Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff llevan el apellido de su madre adelante.

La iniciativa pretende reivindicar el derecho al consentimiento, que consiste en la necesidad de establecer que los hijos e hijas tengan la posibilidad de cambiar sus nombres; “a los 18 años va a tener la oportunidad histórica de cambiar su nombre”, dijo Tahuichi.

El funcionario explicó que la propuesta busca crear el Código Único de Identidad (CUI), cuyo registro civil digital permitirá agrupar en un solo número datos del certificado de nacimiento.

El proyecto es socializado. Tahuichi dijo que tiene el respaldo de los nueve Servicios de Registro Cívico (Serecí), además de representantes de distintos órganos del Estado e instituciones civiles.

La Ley 603, de Código de Familias, dispone en el parágrafo III del artículo 13: El Estado garantiza la filiación materna, paterna o de ambos.

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El TSE promueve una ley para el registro de hijos con el apellido de la madre ‘adelante’

La iniciativa pretende reivindicar el derecho al consentimiento, que consiste en la necesidad de establecer que los hijos e hijas tengan la posibilidad de cambiar sus nombres al cumplir 18 años.

Un trámite en el Servicio de Registro Cívico (Serecí). Foto: La Razón-Archivo

/ 1 de diciembre de 2022 / 18:13

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) promueve una ley con la que será posible que los hijos sean inscritos en el Registro Cívico con el apellido de las madres “adelante”.

La iniciativa es socializada por el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, quien argumentó que el proyecto de ley es concordante con la política de despatriarcalización del Estado y se inscribe como “justicia de género”.

Con esta ley, que será propuesta en los próximos días a la Asamblea Legislativa, “las mamás podrán inscribir a sus hijos con el apellido de la madre por delante”, explicó en La Razón Radio.

Brasil

Citó como ejemplo Brasil, país en que las normas permiten ese criterio. Dijo que el presidente Jair Bolsonaro y los expresidentes Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff llevan el apellido de su madre adelante.

Una primera premisa del anteproyecto que impulsa busca la “desburocratización de los trámites” de identidad, para evitar gastos y papeleos engorrosos.

Además, la iniciativa pretende reivindicar el derecho al consentimiento, que consiste en la necesidad de establecer que los hijos e hijas tengan la posibilidad de cambiar sus nombres al cumplir 18 años.

Nombres incómodos

Según dijo Tahuichi, hay casos de personas en el país que incluso tienen siete nombres, que les causan incomodidad y hasta burlas. “Desde que nacemos hasta que cumplimos 18 años somos vulnerables”, cuestionó.

Con la ley, una persona “a los 18 años va a tener la oportunidad histórica de cambiar su nombre”.

Para recordar: Orden indistinto de apellidos

“En carne propia, al cambiar mi identidad, he sufrido todo este proceso” burocrático, contó el vocal.

Al llegar al TSE, el vocal se llamaba Daniel Atahuachi Quispe. Luego de trámites judiciales logró cambiar su nombre y apellidos por Tahuichi Tahuichi Quispe.

Código único

Finalmente, la propuesta busca crear el Código Único de Identidad (CUI), cuyo registro civil digital permitirá agrupar en un solo número datos del certificado de nacimiento.

Tahuichi explicó que el CUI sistematizará en un solo dato los registros de la oficialía de registro civil, el libro y la partida de los documentos.

Además, se consignará en es documento la huella digital y la biometría facial.

El proyecto se encuentra en fase de socialización. Tahuichi dijo que tiene el respaldo de los nueve servicios de Registro Cívico (Serecí), además de representantes de distintos órganos del Estado e instituciones civiles.

La Ley 603, de Código de Familias, dispone en el parágrafo III del artículo 13: El Estado garantiza la filiación materna, paterna o de ambos.

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