En general, el acompañamiento electoral constituye una buena práctica y un factor de confianza en torno a la transparencia, la legalidad y la administración de los procesos electorales. Por ello, es necesario contar con la presencia de misiones de observación electoral. El supuesto es que son técnicas e imparciales. No es el caso hoy en Bolivia de la misión de la OEA, que está bajo sospecha.
Desde los años 60 del siglo pasado, la región ha cultivado una amplia experiencia en materia de observación electoral. En ese recorrido se fueron afinando y ampliando los criterios y recomendaciones sobre diferentes componentes del “ciclo electoral”. Diversos organismos como la OEA, UNIORE, el Consejo Electoral de Unasur (mientras tuvo vigencia), el Centro Carter, entre otros, desarrollaron buenas prácticas y estándares internacionales de acompañamiento a elecciones y consultas. Hay que celebrarlo.
En Bolivia, en el marco del proceso de democratización (iniciado en 1982), se adoptaron una serie de reformas político-institucionales, así como innovaciones logísticas y tecnológicas, para mejorar y fortalecer los procesos electorales. La presencia de misiones de observación, nacionales e internacionales, fue parte de esa ruta de avances y aprendizajes, como ocurrió en otros países. Además de participativas, la realización de elecciones plurales, transparentes y competitivas fue asumida como horizonte.
En relación a la observación electoral, hemos tenido en el país varias misiones, unas más grandes que otras, algunas más especializadas que las demás. Fue valioso, en especial, el acompañamiento de autoridades de organismos electorales de otros países, que desde su propia experiencia brindan importantes recomendaciones. Las misiones de la OEA también tuvieron relevancia, incluidos equipos técnicos, hasta que empezaron a contaminarse políticamente en la gestión de Luis Almagro como secretario general.
En el actual contexto de creciente crisis, polarización e incertidumbre en el país, resulta inevitable que las misiones de observación sean parte de la disputa política en torno al complejo proceso electoral convocado, tras dos aplazamientos, para el 6 de septiembre. Ello es evidente en el caso de la OEA, cuya anunciada misión para los comicios generales es rechazada por el MAS-IPSP y por una parte de la población. Esta misión dejó de ser un factor de confianza para convertirse en objeto de repudio.
Sin duda, una elección tan difícil como la prevista este año en Bolivia, en medio de la pandemia, requiere un amplio acompañamiento. Por ello es necesaria la presencia de muchas misiones de observación electoral, incluida la de la OEA. Claro que los informes que emita este organismo serán recibidos con sospecha, debido al activo papel que tuvo en los hechos de octubre-noviembre del año pasado. Hoy la OEA es parte de la polarización y sus narrativas en el país. Que venga, pero será con estigma.