Voces

domingo 19 sep 2021 | Actualizado a 00:40

La polarización daña al país

/ 1 de agosto de 2020 / 04:10

La atmósfera de incertidumbre y temor que está presente en el país tiende a agravarse con cada día que pasa, debido a la polarización política creciente y sus repercusiones en los cuatro frentes de crisis: la propagación del contagio del COVID-19; la caída de las principales variables que miden el desempeño económico; el aumento del desempleo y las nuevas manifestaciones lacerantes de la pobreza, y la confrontación entre los principales órganos del Estado. Se trata ciertamente de cuatro aspectos interconectados, que constituyen en su despliegue una única crisis nacional, que se inició en realidad bastante antes de la aparición de la pandemia a comienzos de marzo pasado.

En cuanto a la crisis sanitaria, debe señalarse que las cifras oficiales de contagios y fallecimientos han crecido en julio mucho más rápido que en los meses anteriores, y es altamente probable que lo sigan haciendo en agosto. Esta evolución trae consigo percepciones de desamparo, agravadas por la evidencia de que las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos cinco meses de muy poco han servido para fortalecer el sistema de salud y evitar el colapso de hospitales y clínicas, así como para asegurar el abastecimiento al público de los medicamentos recomendados para el tratamiento del COVID-19. Siendo las personas de menores ingresos las más afectadas por la crisis sanitaria resulta una irresponsabilidad enorme poner en riesgo la salud de la gente en grandes concentraciones que demanden la realización de elecciones el 6 de septiembre.

Por el contrario, la postergación del evento electoral resulta razonable, no obstante todos los inconvenientes políticos que trae consigo; a condición por cierto de que el Órgano Electoral garantice para entonces todas las medidas de seguridad sanitaria para el conjunto de participantes en las elecciones:  los propios electores, los jurados, los delegados de mesa y los observadores, entre otros.

La contracción económica, por su parte, se manifiesta en una caída de la producción, las exportaciones, los ingresos fiscales, las remesas de los trabajadores emigrados y otros indicadores relevantes. Puesto que la dictación de la cuarentena y sus disposiciones complementarias han sido impuestas por el Gobierno, es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos para limitar el desempleo ocasionado por el confinamiento, por una parte, y apoyar la reactivación de la economía, por otra. A tales efectos, es necesario —como ha ocurrido en todos los países— que el Gobierno realice esfuerzos fiscales extraordinarios, lo que implica sin duda la contratación de financiamiento externo en cuantía suficiente. Por eso resulta incomprensible que la Asamblea Legislativa pretenda bloquear el uso de los créditos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el BID y la CAF, sin proponer a cambio fuentes alternativas a las que pudiera acceder el país en forma expedita en las actuales circunstancias.

En consecuencia, la confrontación entre ambos órganos del Estado, ocupados cada uno por una fuerza partidaria ubicada en los extremos del espectro político e ideológico, es una clara manifestación de la polarización que se ha instalado en el país, y constituye por eso mismo el obstáculo mayor para aproximarse a una negociación racional que facilite soluciones eficaces para la realización de elecciones verosímiles y confiables en condiciones de seguridad sanitaria. Ese es el requisito esencial para encarar posteriormente las soluciones factibles a los diferentes frentes de la crisis nacional.

Conviene mencionar, por último, que la dañina polarización también se ha instalado en sectores sociales contrapuestos, en los medios de comunicación y en las redes sociales. El apaciguamiento no es por tanto asunto exclusivo de los políticos y sus seguidores.

Horst Grebe es economista.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La recuperación incierta de América Latina

/ 17 de julio de 2021 / 23:27

En un reciente documento con el inquietante título La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad, la CEPAL describe la situación de las economías latinoamericanas a mediados de 2021 y sus perspectivas de desempeño en los años siguientes. Después de una contracción sin precedentes del 7% del PIB en 2020, se pronostica un crecimiento del 5% en 2021, del 3% en 2022, seguidos luego de varios años de un crecimiento mediocre. Dichos promedios se componen por cierto de comportamientos muy dispares de los diferentes países.

Para la economía mundial se espera un crecimiento del 6% en 2021, que supera con creces la caída del 3% en 2020. Este resultado se atribuye al enorme dinamismo de Estados Unidos, China, India y la Unión Europea, lo cual explica a su vez el aumento del 8% del volumen del comercio mundial.

En consecuencia, el sorprendente crecimiento de la región latinoamericana en 2021 responde en gran medida a la recuperación en las economías desarrolladas, con el impulso consiguiente al aumento de los precios de las materias primas y los productos básicos. Esto trae aparejado que el notable aumento de las exportaciones de la región latinoamericana se componga principalmente de un aumento de los precios de exportación y mucho menos de mayores volúmenes exportados. Por otra parte, vale la pena tomar en cuenta que el mencionado crecimiento de este año no compensa en la mayoría de los casos la caída ocurrida en 2020. Dicho de otra manera, no se espera que la recuperación del nivel del PIB registrado en 2019 ocurra en muchos países antes de 2023 o incluso más tarde.

El magro desempeño de las economías latinoamericanas en el horizonte de mediano plazo no será suficiente, según la CEPAL, para recuperar los estragos ocasionados por el COVID-19 en los ámbitos del empleo, las caídas de los ingresos, los aumentos de la pobreza y la desigualdad, que se sumaron a los problemas estructurales que limitaban el crecimiento de la región antes de la pandemia.

En conclusión, en términos de ingresos por habitante, retrocesos en niveles de pobreza y desigualdades sociales que afectan principalmente a las mujeres, la región latinoamericana está en una trayectoria que conduce a una nueva década perdida, quizás de más graves consecuencias que la de los años 80.

Para enfrentar el lúgubre panorama descrito, las economías latinoamericanas requieren generar fuerzas motrices internas que impulsen un crecimiento sostenido, al mismo tiempo que se ponen en funcionamiento nuevas iniciativas de integración regional a geometría variable con miras al establecimiento de capacidades tecnológicas en sectores críticos como los de salud y medio ambiente. En este orden de cosas debe contemplarse también la negociación regional conjunta con los organismos multilaterales de financiamiento para que no se excluya a los países de ingreso medio (casi todos los latinoamericanos) de los programas de tratamiento financiero preferencial. Otra necesidad imperiosa se refiere a las reformas fiscales que aumenten sustancialmente la recaudación con impuestos a los estratos más acomodados pari passu con una efectiva racionalización del gasto público.

Un aspecto de la mayor importancia en el horizonte estratégico consiste en el aumento significativo de la calidad de la acumulación de capital reproductivo público, privado y de inversión extranjera directa.

Por último, el enorme esfuerzo que demandan la recuperación económica y la transformación productiva debe contemplar como un componente imprescindible el establecimiento de un sistema de acuerdos y consensos entre los gobiernos, los gremios empresariales y las representaciones de los trabajadores.

Horst Grebe es economista.

Comparte y opina:

Prioridades discrepantes en el escenario nacional

/ 20 de junio de 2021 / 00:45

Las prioridades de la sociedad a corto plazo son el tratamiento de la pandemia del COVID-19 y la reactivación económica. La crisis sanitaria ya ha ocasionado cerca de 16.000 fallecimientos, que pueden aumentar dramáticamente en los próximos meses, si no se procede a organizar una eficaz vacunación masiva. En la esfera de las actividades económicas se registra, por su parte, una importante contracción de la producción, cierre de establecimientos, aumento del contrabando e incremento del desempleo, apenas disimulado por el aumento de la informalidad. Para enfrentar tales problemas, se requieren recursos financieros e institucionales, gestión pertinente y algunos acuerdos entre los diferentes agentes públicos y privados.

A mediano plazo, sin embargo, la agenda de prioridades del país incluye otros temas, a saber, un crecimiento dinámico, mejoras sustanciales en la calidad de vida y empleo, reducción de las desigualdades y supresión de las discriminaciones más odiosas, al mismo tiempo que se incrementa sustancialmente la capacidad de responder ante eventuales desastres naturales y efectos del calentamiento global. Para alcanzar tales objetivos se requiere una hoja de ruta de largo plazo, que podría tomar como referencia los Objetivos del Desarrollo Sostenible, e introducir las adecuaciones necesarias a la realidad económica, social y política del país.

Entre las adecuaciones imprescindibles se pueden mencionar el tratamiento de la informalidad y la superación del modelo extractivista de desarrollo. La informalidad porque ha llegado a tales niveles en Bolivia, que pone obstáculos significativos a las posibilidades de un crecimiento sostenido por aumentos sistemáticos de la productividad, al mismo tiempo que se generan eslabonamientos entre sectores económicos con repercusiones favorables en la cohesión social, y capaz de mejorar la calidad de los excedentes destinados a una acumulación creciente de capital humano.

En cuanto al modelo extractivista, está claro que los altos precios de los productos básicos están generando expectativas empresariales de corto plazo, discrepantes con el desarrollo sostenible del país a mediano plazo, puesto que se involucran actividades relacionadas con la deforestación en las tierras bajas del país, la cual trae aparejadas consecuencias negativas para los recursos naturales no renovables, además de aumentar la vulnerabilidad respecto del cambio climático.

Por otra parte, resulta imposible imaginar que se pueda llevar a cabo la reforma imprescindible en materia fiscal, consistente de una nueva pauta de recaudaciones tributarias, una racionalización del gasto público y un pacto fiscal para la redistribución de recursos entre los tres niveles del Estado. Una tarea de tal envergadura no tiene posibilidades en una economía que se encuentra en recesión. Casi se podría afirmar que ni siquiera existen holguras para abordar sin graves traumas los correctivos más importantes del déficit fiscal que se arrastra desde hace ocho años.

Por último, está claro que el país necesita desde hace tiempo una importante reforma de la vetusta normativa laboral, que data de 1942, para lo cual sin embargo no existen por de pronto las condiciones políticas apropiadas. A corto plazo bastaría que se cumpla con los convenios internacionales de la OIT que el país ha ratificado.

Todo lo anterior pone de manifiesto la discrepancia entre las prioridades urgentes de corto y las que son necesarias a mediano plazo, algo que es relativamente fácil de compatibilizar.

Lo que parece imposible de resolver es la discrepancia entre las aspiraciones y necesidades de la sociedad, por un lado, y los intereses y objetivos políticos del oficialismo, por otro, que no está dispuesto ni siquiera a pactar una tregua política para atender las crisis sanitaria y económica.

Horst Grebe López es economista.

Comparte y opina:

Las incertidumbres demandan concertación

/ 5 de junio de 2021 / 22:41

Con cada semana que pasa se hace más evidente que el Gobierno carece de una estrategia integral para enfrentar de una manera coherente los desafíos sanitarios y económicos. En estos días, preocupa más que nada la aceleración de los contagios del COVID-19, particularmente en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, situación que se agrava dramáticamente por la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad suficiente de vacunas, y la falta de oxígeno y otros insumos para el tratamiento de las personas hospitalizadas. En este orden de cosas, la ciudadanía reclama la ausencia de información sistemática, completa y oportuna sobre la situación sanitaria en todo el país, por una parte, y la falta de coordinación eficaz entre los niveles nacional, departamental y municipal, por otra.

En lo que hace a las condiciones económicas, es preciso llamar la atención también acerca de las insuficiencias de coordinación de las políticas destinadas a la reactivación de la actividad productiva. En efecto, el programa Sí Bolivia, que proporciona créditos muy favorables a pequeñas empresas que contribuyan a la sustitución de importaciones, está tropezando con las debilidades patrimoniales y gerenciales de este segmento empresarial. Se trata de una buena idea que podría ser perfeccionada con el requisito de que empresas de un estrato más alto sean beneficiarias de dichos créditos, siempre que se comprometan a adquirir insumos de origen nacional. Tal condicionalidad podría ser administrada mediante un sistema concertado de acuerdos entre varias empresas de la cadena de insumos, el cual podría ser organizado por los gremios empresariales del sector industrial. Además, se podría establecer en forma complementaria un sistema de capacitación de las microempresas, en temas gerenciales, contables y de control de calidad, entre otras materias.

Entre los requisitos más importantes para que funcione el programa de incentivos a los encadenamientos empresariales cabe mencionar, sin embargo, que es imprescindible retirar la presión que están ejerciendo los inspectores de impuestos internos sobre estos segmentos empresariales, que son ostensiblemente fácil presa para la aplicación de diferentes tipos de multas, precisamente porque se trata de empresas con altos niveles de informalidad. La situación descrita es un ejemplo más de la falta de coordinación en la gestión de las políticas públicas.

En cuanto a otros aspectos de la economía, vale la pena destacar que las cifras del primer cuatrimestre del año parecen indicar una notable recuperación, que podría dar lugar a entusiasmos prematuros. Las estimaciones para el crecimiento del PIB se ubican por encima del 4, 5%, alentadas por el aumento de 34% del valor de las exportaciones, atribuible en un 61% al aumento de los minerales, 65% a la soya y sus derivados y, aunque su gravitación es mucho menor, al aumento en 158% del valor de las exportaciones de carne bovina, todo lo cual disimula bien la caída en 10% del valor de las exportaciones de hidrocarburos.

Habría que aplicar cierta cautela en la interpretación de dichos indicadores, que son el resultado del incremento de los precios internacionales de los productos primarios, como consecuencia de factores y causas que no necesariamente se mantendrán en los años futuros.

Lo que llama a mayor preocupación, sin embargo, en el caso de la soya y de la carne bovina, es que los elevados precios internacionales de estos productos pueden impulsar expectativas desmedidas que se traducen en una mayor deforestación en el oriente, con serios perjuicios para el medio ambiente y la sostenibilidad del país en el futuro.

Todos estos problemas se podrían abordar de mejor manera si el Gobierno toma la iniciativa de realizar amplias consultas sistemáticas y vinculantes con sectores empresariales, financieros, laborales y académicos.

Horst Grebe López es economista

Comparte y opina:

Las incertidumbres políticas en América Latina

/ 23 de mayo de 2021 / 00:44

Las elecciones del fin de semana en Chile forman parte del superciclo electoral (2021-2024), el cual incluye también a las recientes elecciones en Ecuador y Perú, y comprenderá procesos electorales en cerca de 18 países latinoamericanos, con un muy probable recambio de los partidos y liderazgos que accedieron al poder durante el anterior superciclo (2017-2019).

En Chile ha ocurrido un resultado que era previsible, aunque ciertamente no en la magnitud resultante. Con los debidos recaudos, dicha experiencia permite formular algunas hipótesis sobre el futuro político de América Latina, aunque sería prematuro suponer que el péndulo político se moverá en todos los casos en la misma dirección.

La insatisfacción de las sociedades latinoamericanas incluye por lo visto también a los partidos políticos, que en algunos países han ejercido el poder en diversas combinaciones desde hace varias décadas. De acá se deriva la pregunta respecto a la posibilidad de preservar las reglas democráticas en ausencia de un sistema de organizaciones de representación política capaces de cumplir con eficacia verificable las funciones básicas de los partidos, que consisten en la agregación y la sistematización de demandas sociales; la formulación de un programa verosímil de gobierno orientado al bien común; la educación política de sus militantes; la preparación de cuadros para la gestión de las políticas públicas, en caso de resultar electos; la disciplina parlamentaria de sus representantes en el Poder Legislativo; el ejercicio de un auténtico contrapoder, cuando se encuentren en la oposición, y la rendición pública de cuentas sobre los recursos financieros y administrativos que hayan estado bajo su responsabilidad.

A este tipo de organizaciones se hace referencia cuando se afirma que la democracia representativa requiere de “partidos políticos” para sostenerse como tal, lo que no puede confundirse con las maquinarias electorales de corta vigencia; ni con los movimientos sociales que representan intereses particulares; ni tampoco con los movimientos “anti” que se movilizan en contra de ciertas situaciones particulares, sin contar con programas propositivos, y por supuesto tampoco con los resabios que quedan de los sistemas políticos del antiguo periodo oligárquico.

Parece evidente que los “partidos” así definidos no existen todavía, y es poco probable que surjan por combustión espontánea en la compleja coyuntura latinoamericana. Para fundamentar esa afirmación menciono los siguientes argumentos. 

En primer lugar, asistimos a una época en que la velocidad de la información es muchísimo mayor a la capacidad de respuesta que tienen los sistemas políticos para procesar las demandas que se derivan de dicha información. En segundo lugar, los medios de comunicación y las redes sociales han ingresado al campo político y compiten con las organizaciones de representación política, colocando en muchos casos la agenda pública diaria, sin asumir responsabilidad alguna por su instrumentación. En tercer lugar, proliferan en muchos países plataformas ciudadanas que toman a su cargo inquietudes particulares de algunos grupos sociales, pero que no pasan del nivel de demandas bien argumentadas. Se añaden, en cuarto lugar, los importantes cambios sociales debidos, entre otras cosas, a la urbanización creciente y a la emergencia de nuevas clases medias con mayores niveles educativos que antes, pero sin perspectivas de empleo. Por último, la crisis del COVID-19 y la recesión económica en curso demandan respuestas oportunas y coordinadas de los gobiernos latinoamericanos, asunto que requiere voluntad política en el nivel superior y burocracias experimentadas en los niveles medios. Ambos requisitos no surgen de improviso. Ese es el mayor problema.

Horst Grebe López es economista.

Comparte y opina:

2020, el año de la peste

/ 20 de diciembre de 2020 / 00:30

El año que concluye, caracterizado en sus extremos por la irrupción de la pandemia del COVID-19 al comienzo y por el inicio en algunos países de la vacunación al final, será recordado seguramente como uno de los momentos críticos del cambio en los hábitos básicos del relacionamiento social cotidiano, de las formas de trabajo, de los métodos de aprendizaje y enseñanza, así como de la manera en que se llevan a cabo los espectáculos culturales y deportivos en el mundo.

El día que escribo esta columna las cifras de infectados y decesos ocasionados por el COVID-19 han alcanzado un total de 73.613.809 de personas infectadas en el mundo, y 1.638.565 decesos. En primer lugar se ubica Estados Unidos con 16.984.580 infectados y 307.543 decesos; en segundo lugar está India con 9.956.557 infectados y 144.451 decesos, y tercero Brasil con 7.040.608 infectados y 183.735 decesos. Para las comparaciones internacionales de la letalidad diferenciada de la pandemia, se debe examinar el número de decesos por cada 100.000 habitantes. En esta medición, en los tres primeros lugares del mundo se ubican Bélgica con 159 casos, Perú con 115 e Italia con 109. Entre los países latinoamericanos, Argentina registra 93 decesos por 100.000 habitantes, México 91 y Bolivia 79, ocupando el país el octavo lugar de la región latinoamericana.

Dichas cifras muestran los impactos sobre las condiciones sanitarias y de letalidad del COVID-19, pero también hay que considerar entre los damnificados a personas que han perdido sus empleos debido al cierre de empresas, a los niños que no han recibido educación, y a las familias que han retrocedido a condiciones de pobreza debido al confinamiento.

De acuerdo con el informe anual preliminar de CEPAL, en 2020 se espera la mayor contracción del PIB mundial desde 1946, como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica en todos los países. En tal contexto, América Latina es la región más golpeada del mundo, debido a las brechas estructurales históricas de la región y a la escasa cobertura de la protección social, que explican, entre otras cosas, las enormes dificultades de algunos países para enfrentar la actual crisis sanitaria.

El COVID-19 ha sacado a la luz la desigual calidad de los liderazgos políticos y de las instituciones del sistema de salud en todos los países, pero también ha mostrado varios aspectos de la cultura y los valores de la sociedad civil, que se traducen, entre otras cosas, en diversas maneras de incumplimiento de las prohibiciones sanitarias, en muchos casos atribuibles a la necesidad de generar ingresos para la subsistencia misma de las familias más pobres.

En Bolivia, la cuarentena impuesta para evitar la propagación del contagio ha determinado la suspensión de actividades productivas, comerciales, educativas, deportivas y culturales, algunas de las cuales han recurrido a diversas plataformas digitales que permiten reuniones a distancia. La evidencia empírica demuestra sin embargo que las innovaciones tecnológicas en la esfera de la educación a distancia y del teletrabajo requieren de sistemas de conexión digital y acondicionamientos de las viviendas, que no están disponibles para todas las personas, lo cual amplifica por supuesto las desigualdades sociales.

Con su triunfo en las elecciones del 18 de octubre, Luis Arce y David Choquehuanca tienen la responsabilidad de hacer frente a una agenda pública con las siguientes prioridades: preparar la distribución de la vacuna de una manera segura y equitativa; impulsar la recuperación económica y la creación de empleo, y emprender la reforma de la Justicia.

A diferencia de las prácticas pasadas, para encarar la crisis nacional en el nuevo contexto político se requieren algunos acuerdos y pactos, cuya adopción podría mejorar la calidad de la democracia, severamente dañada en el año de la peste.

Horst Grebe es economista.

Temas Relacionados

Comparte y opina: