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lunes 19 oct 2020 | Actualizado a 23:02

La polarización daña al país

/ 1 de agosto de 2020 / 04:10

La atmósfera de incertidumbre y temor que está presente en el país tiende a agravarse con cada día que pasa, debido a la polarización política creciente y sus repercusiones en los cuatro frentes de crisis: la propagación del contagio del COVID-19; la caída de las principales variables que miden el desempeño económico; el aumento del desempleo y las nuevas manifestaciones lacerantes de la pobreza, y la confrontación entre los principales órganos del Estado. Se trata ciertamente de cuatro aspectos interconectados, que constituyen en su despliegue una única crisis nacional, que se inició en realidad bastante antes de la aparición de la pandemia a comienzos de marzo pasado.

En cuanto a la crisis sanitaria, debe señalarse que las cifras oficiales de contagios y fallecimientos han crecido en julio mucho más rápido que en los meses anteriores, y es altamente probable que lo sigan haciendo en agosto. Esta evolución trae consigo percepciones de desamparo, agravadas por la evidencia de que las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos cinco meses de muy poco han servido para fortalecer el sistema de salud y evitar el colapso de hospitales y clínicas, así como para asegurar el abastecimiento al público de los medicamentos recomendados para el tratamiento del COVID-19. Siendo las personas de menores ingresos las más afectadas por la crisis sanitaria resulta una irresponsabilidad enorme poner en riesgo la salud de la gente en grandes concentraciones que demanden la realización de elecciones el 6 de septiembre.

Por el contrario, la postergación del evento electoral resulta razonable, no obstante todos los inconvenientes políticos que trae consigo; a condición por cierto de que el Órgano Electoral garantice para entonces todas las medidas de seguridad sanitaria para el conjunto de participantes en las elecciones:  los propios electores, los jurados, los delegados de mesa y los observadores, entre otros.

La contracción económica, por su parte, se manifiesta en una caída de la producción, las exportaciones, los ingresos fiscales, las remesas de los trabajadores emigrados y otros indicadores relevantes. Puesto que la dictación de la cuarentena y sus disposiciones complementarias han sido impuestas por el Gobierno, es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos para limitar el desempleo ocasionado por el confinamiento, por una parte, y apoyar la reactivación de la economía, por otra. A tales efectos, es necesario —como ha ocurrido en todos los países— que el Gobierno realice esfuerzos fiscales extraordinarios, lo que implica sin duda la contratación de financiamiento externo en cuantía suficiente. Por eso resulta incomprensible que la Asamblea Legislativa pretenda bloquear el uso de los créditos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el BID y la CAF, sin proponer a cambio fuentes alternativas a las que pudiera acceder el país en forma expedita en las actuales circunstancias.

En consecuencia, la confrontación entre ambos órganos del Estado, ocupados cada uno por una fuerza partidaria ubicada en los extremos del espectro político e ideológico, es una clara manifestación de la polarización que se ha instalado en el país, y constituye por eso mismo el obstáculo mayor para aproximarse a una negociación racional que facilite soluciones eficaces para la realización de elecciones verosímiles y confiables en condiciones de seguridad sanitaria. Ese es el requisito esencial para encarar posteriormente las soluciones factibles a los diferentes frentes de la crisis nacional.

Conviene mencionar, por último, que la dañina polarización también se ha instalado en sectores sociales contrapuestos, en los medios de comunicación y en las redes sociales. El apaciguamiento no es por tanto asunto exclusivo de los políticos y sus seguidores.

Horst Grebe es economista.

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La relevancia de la sociedad civil independiente

/ 11 de octubre de 2020 / 07:20

En días pasados se ha establecido la Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) que hará por primera vez el monitoreo del proceso electoral en calidad de instancia nacional al mismo nivel que las misiones extranjeras de observación electoral. Dicha iniciativa está compuesta por un conjunto de organizaciones independientes de la sociedad civil, comprometidas con el fortalecimiento de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en el país. El asunto tiene particular importancia puesto que se trata de un eslabón destinado a fortalecer el sistema electoral y el propio sistema político nacional.

Si algo se ha puesto en evidencia en el periodo reciente, es la absoluta debilidad del sistema de representación política, puesto que casi no existen organizaciones de representación política que cumplan a cabalidad con los atributos imprescindibles para que un colectivo de ciudadanos participe en elecciones competitivas. De ahí que se recurra al alquiler de siglas partidarias que todavía cuentan con registro electoral.

Además de las formalidades contempladas en las normativas electorales, las organizaciones de representación política deben cumplir con las siguientes funciones: (i) agregación de demandas de políticas públicas; (ii) educación política de su militantes; (iii) presentación de candidatos para las elecciones; (iv) responsabilidad por la conducta de sus militantes en el ejercicio de cargos públicos, y (v) rendición de cuentas sobre los recursos públicos administrados por la organización y sus militantes en ejercicio de competencias públicas.

Si éstos son los requisitos mínimos para participar en el ámbito político democrático en sus distintos escenarios y momentos, habría que instalar en el futuro un amplio debate respecto de la conveniencia de habilitar como sujetos colectivos de representación política a instancias corporativas, sindicales o de otra naturaleza. También es preciso tomar en cuenta que las funciones de representación política deben acomodarse a las circunstancias actuales de una globalización asimétrica, una enorme concentración de poder económico en monopolios transnacionales, la presencia de plataformas digitales que organizan y controlan la circulación de gran cantidad de mensajes, datos e información en tiempo real, que permiten la formación de grupos de ciudadanos con intereses y causas compartidas con capacidad de incidencia en los debates sobre cuestiones públicas.

En consecuencia, la deliberación sobre la adecuación necesaria de los partidos políticos a los nuevos contextos nacionales e internacionales de la circulación comunicativa constituye uno de los mayores problemas contemporáneos, que se refleja en manifestaciones de fatiga democrática o cuestionamiento al propio orden democrático en varios países del mundo.

Bajo las circunstancias mencionadas resulta hoy en día muy difícil trazar la línea divisoria entre la sociedad civil y la sociedad política, puesto que en todos los países existentes grupos y agentes con capacidad de influir en la concepción y gestión de las políticas públicas sin necesariamente cumplir con todos los requisitos de transparencia y rendición de cuentas. No es de extrañar entonces que se incumpla con la imprescindible separación entre el poder económico, el poder político y el poder mediático.

Por su propio estatuto de entidades independientes de los partidos políticos y los intereses empresariales, las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a la generación de diversas iniciativas conducentes a superar la actual crisis institucional, así como las incertidumbres de la ciudadanía respecto del futuro, puesto que están en condiciones de hacer transparentes las diferentes etapas de la transición nacional, elecciones mediante, hacia un nuevo proyecto de país más inclusivo y democrático.

Horst Grebe es economista.

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Ampliar el debate a la sociedad civil

/ 27 de septiembre de 2020 / 06:51

Las elecciones del próximo 18 de octubre constituyen una bisagra entre el final de un ciclo político hegemonizado por el MAS, que durante 14 años dispuso de condiciones excepcionales para gobernar a lo largo de tres periodos presidenciales, y el inicio de un nuevo ciclo político caracterizado por complejas circunstancias internas y externas, que demandan una nueva gobernanza, nuevos acomodos institucionales y un nuevo estilo de liderazgos dispuestos a negociar y establecer acuerdos transparentes con miras a responder a los diversos desafíos que ya se pueden identificar con cierta certeza.

La crisis nacional, alimentada desde varios ámbitos de la realidad nacional, adquiere nuevas perspectivas cuando el análisis toma en cuenta la recesión internacional de larga duración en la economía mundial, la fragmentación de las relaciones económicas en varias zonas económicas, la reorganización de las corrientes comerciales y los impactos del cambio climático, así como las fuerzas políticas centrífugas que se han instalado en América Latina, lo que ha ocasionado que la región latinoamericana sea en términos comparativos la más afectada por el COVID-19, la caída del crecimiento, el aumento del desempleo y el retroceso en los indicadores sociales básicos.

Traigo a colación esta suerte de catálogo de desafíos emergentes a fin de contrastarlos con la situación imperante en nuestro escenario electoral, puesto que las próximas elecciones se llevarán a cabo en una atmósfera de dualidad de poderes, ostensibles debilidades institucionales, así como de una aguda polarización política, que en conjunto impiden la realización de debates sobre temas sustantivos, idóneos para dotar a los electores de algún grado de certidumbre sobre la predisposición y las capacidades de los diferentes candidatos para establecer acuerdos y consensos significativos respecto de asuntos primordiales del país.

La polarización política y la ausencia de debates verdaderos a que hago referencia, determinan que la ciudadanía carezca de criterios y argumentos sólidos a la hora de emitir su voto por el candidato que muestre mejores atributos para enfrentar con pertinencia, equidad y eficacia las diversas crisis en que se debate el país.

Como tareas imprescindibles de la próxima gestión de gobierno hay que mencionar el establecimiento de una gobernabilidad democrática, el fortalecimiento del sistema de salud y la reactivación económica, en primer lugar, sin descuidar las cuestiones más complejas de la reforma de la Justicia, la readecuación del modelo productivo, la reforma tributaria y el pacto fiscal.

Cada uno de estos temas se puede abordar desde diversas posiciones ideológicas y expresiones concretas de intereses sectoriales y regionales, que se traducen luego en opciones diferentes de gobierno.

Entre los temas que demandarán negociaciones y compromisos difíciles cabe mencionar sin duda la definición de las políticas públicas que requieren la conducción por parte del Estado, por un lado, y aquellas otras que pueden llevar a cabo diferentes agentes privados a partir de las señales que proporcionan los mercados, por otra. No se trata de un cotejo académico abstracto, sino de la necesidad concreta de resolver situaciones urgentes relacionadas, por ejemplo, con el fortalecimiento efectivo del sistema de salud, así como de la instalación de la infraestructura tecnológica imprescindible para la educación escolar mediante reuniones no presenciales, bajo condiciones de severa estrechez fiscal y dificultades de acceso a fuentes internacionales de financiamiento.

Ante la ausencia de debates sobre estos temas entre los candidatos, sería de gran utilidad que ilustrados académicos y organizaciones de la sociedad civil proporcionen opciones y propuestas macizas sobre estas materias y otras equivalentes.

Horst Grebe es economista.

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Temas desatendidos del debate político

/ 13 de septiembre de 2020 / 05:35

A  cinco semanas de las elecciones previstas para el 18 de octubre muy poco se sabe en realidad sobre las propuestas programáticas de los candidatos. Los documentos que entregaron al Órgano Electoral a comienzos de año ya no sirven de mucho, en vista de los profundos cambios ocurridos desde entonces. En efecto, las repercusiones del confinamiento para combatir el COVID-19, por una parte, y la nueva constelación política que surgirá seguramente de las elecciones, por otra, configuran un contexto distinto del que había hace nueve meses. A eso se suman también, por supuesto, las nuevas condiciones imperantes en la economía internacional.

De acuerdo con las previsiones de los organismos especializados, el crecimiento de la economía mundial en el próximo año estará lejos de las cifras que ostentó hasta 2014, y se ubicará incluso por debajo del modesto crecimiento de los últimos cuatro años, lo que implica que el tamaño de la economía mundial en 2021 será 10% menor que este año.

Dichas previsiones consideran además que la economía mundial se fraccionará en varias regiones relativamente desconectadas entre sí, y que las cadenas de valor serán rediseñadas según las nuevas realidades geográficas del comercio internacional. Dicha fragmentación regional del comercio estará acompañada de medidas proteccionistas de diverso alcance, lo que constituye ciertamente una pésima perspectiva para América Latina, habida cuenta de la considerable reducción del comercio intrarregional en los últimos años y del estado de postración en que se encuentran todos los mecanismos de integración.

Por otra parte, se anticipa que existirá una intensa competencia de los países en busca de financiamiento externo para cubrir el déficit fiscal en que han incurrido este año y, por supuesto, para financiar la reconstrucción de sus aparatos productivos en las nuevas condiciones de desglobalización parcial, contención del cambio climático y aceleración de la revolución tecnológica.

Si bien es cierto que las tasas de interés de referencia en los principales mercados están próximas a cero, las colocaciones de bonos por parte de los países latinoamericanos necesitan ofrecer rendimientos considerablemente más altos. El acceso individual a los mercados internacionales de capital resulta claramente muy desventajoso para las economías latinoamericanas, lo que podría cambiar si se adoptaran los acuerdos necesarios para la coordinación de las instituciones financieras latinoamericanas (CAF, FLAR, FONPLATA y Banco Centroamericano), y la consiguiente negociación conjunta con los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial).

La idea de un sistema financiero propio de América Latina no es nueva. Es probable que ahora existan mejores condiciones objetivas para establecerlo, a condición, cierto es, de que la región supere las divisiones políticas y las tendencias centrífugas que prevalecen por el momento.

Y en lo que atañe a Bolivia, es obvio que participar en la integración latinoamericana es un componente imprescindible de la estrategia de desarrollo del país, a corto, mediano y largo plazos. Lo que ya no es tan obvio, sin embargo, es el modo y el contenido que debería adoptar el relacionamiento con los países de América del Sur, que es nuestro horizonte próximo de articulación estratégica, en particular si se trata de abandonar la pauta extractivista que ha caracterizado nuestro patrón de desarrollo hasta ahora.

Se trata de decisiones complejas, que necesitan debatirse en profundidad, y que no deberían empantanarse por causa de sectarismos políticos o intereses regionales de corto alcance o una combinación perversa de ambos. Pero quizás el tema deba esperar a la reconstrucción del sistema político, y eso dejaría temporalmente al país sin rumbo estratégico.

Horst Grebe es economista.

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Acuerdos destinados a limitar la conflictividad creciente

En consecuencia, el país deberá instrumentar un cambio de rumbo con visión de largo plazo, que incluya reformas estructurales en la matriz productiva y exportadora, así como una nueva articulación de fuerzas motrices que impulsen el crecimiento general de la economía.

/ 5 de julio de 2020 / 17:48

Uno de los dilemas que será preciso resolver más temprano que tarde se refiere al carácter de las medidas que está facultado para adoptar el gobierno transitorio en el contexto del COVID-19, por un lado, en cotejo con las supuestas atribuciones de la Asamblea Legislativa para actuar por su cuenta en el mismo escenario, por otro. La disputa política entre ambos órganos del Estado trae aparejadas graves consecuencias respecto de la gestión del sistema de salud y del funcionamiento de la economía del país. Baste mencionar la obstrucción de los créditos de organismos financieros internacionales o los intentos de aprobar medidas diametralmente opuestas a las del gobierno transitorio en materia de protección del empleo.

Conviene recordar algunos antecedentes al respecto. El despliegue de la pandemia del COVID-19 desde comienzos de marzo introdujo un viraje profundo en las trayectorias políticas, económicas e institucionales establecidas a fines del año pasado, y eso trajo consigo la necesidad de prolongar el funcionamiento de los órganos del Estado, sin que se hubieran acordado principios y mecanismos de coordinación entre ellos, precisamente para hacer frente de manera coordinada a la situación de emergencia sanitaria nacional, y sus complejas repercusiones.

Hay que recordar, por otra parte, que antes de marzo ya eran muy evidentes la desaceleración económica, los abultados déficit en las cuentas fiscales y en la balanza de pagos, así como el agotamiento del modelo de desarrollo instrumentado por el gobierno del MAS entre 2006 y 2019.

En consecuencia, el país deberá instrumentar un cambio de rumbo con visión de largo plazo, que incluya reformas estructurales en la matriz productiva y exportadora, así como una nueva articulación de fuerzas motrices que impulsen el crecimiento general de la economía.

Ocurre sin embargo que, para ejecutar semejantes propósitos, resulta imprescindible contar con un gobierno surgido de elecciones impecables, que le proporcionen legalidad, legitimidad y eventualmente capacidades de gobernabilidad y gobernanza. Así se podrían instrumentar las estrategias y políticas de largo plazo, así como el correspondiente financiamiento externo en sus diversas modalidades.

Dicho esto, hay que convenir asimismo en que el gobierno está obligado por el COVID-19 a adoptar disposiciones que exceden sus mandatos originales de pacificar el país y preparar elecciones con un órgano electoral independiente y confiable.

Por consiguiente, lo razonable sería contar con algunos acuerdos políticos y sociales, que contengan algunos principios básicos destinados a limitar el abuso de poder. Menciono algunos a continuación. Primero: las medidas que adopte el Órgano Ejecutivo no deben favorecer unilateralmente a ningún sector o región con fines electorales. Segundo: la gestión de la emergencia sanitaria y los paliativos económicos correspondientes no deben generar compromisos de políticas fiscal, monetaria y financiera que estrechen significativamente la holgura que requerirá el próximo gobierno para poner en vigencia su programa de gobierno respaldado por la mayoría parlamentaria de que disponga. emprender la instrumentación de sus propias estrategias. Tercero: la política exterior debe ser administrada con particular prudencia. Cuarto: la Asamblea Legislativa, por su parte, no debe atribuirse la facultad de aprobar leyes que alteran con fines políticos las relaciones económicas y laborales vigentes.

Una concertación semejante entre los órganos del Estado facilitaría a su vez la adopción de compromisos equitativos entre los actores estratégicos en las esferas financiera, productiva y socio-laboral. Si ocurriera, en cambio, que persistan las pugnas institucionales y la falta de gestión en el ámbito social y laboral, aumentará la conflictividad hasta niveles muy peligrosos.

*Es economista

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Escenarios después de la pandemia

Preocupa la incapacidad de América Latina de defender colectivamente sus intereses fundamentales en las contiendas globales.

/ 17 de mayo de 2020 / 06:54

La pandemia desatada por la enfermedad COVID-19 ha revelado las fortalezas y debilidades de los distintos países en el mundo, la solidez o fragilidad de sus instituciones, y el carácter de las relaciones de las sociedades con sus élites políticas. También se han acentuado los egoísmos nacionales y se han manifestado las flaquezas del sistema multilateral.

Desde las más diversas perspectivas, se ha planteado la pregunta sobre las características fundamentales que tendrán las sociedades cuando concluya la pandemia. Las respuestas incluyen un espectro amplio de opciones, que van desde las opiniones que no esperan ningún cambio sustantivo en el futuro, hasta las que imaginan el establecimiento de una nueva normalidad, determinada por una nueva pauta de actitudes de la gente, sus relaciones recíprocas y la arquitectura institucional emergente.

Está claro que se trata de visiones a largo plazo, cuya materialización dependerá necesariamente de la situación prevaleciente en el momento en que se suspendan el confinamiento colectivo, y las restricciones a la circulación y la movilidad de la gente. Algo que probablemente ocurrirá en la segunda mitad de este año. Los momentos iniciales de la apertura estarán caracterizados por un elevado endeudamiento del Estado, de las empresas y de los hogares. En diferentes escalas según los países, se anticipan asimismo elevados niveles del déficit fiscal, así como altas tasas de desempleo.

En vista del gran protagonismo del Estado en la atención de la crisis sanitaria y el intento en algunos casos de evitar desastres económicos mayores mediante un abanico diverso de medidas fiscales y monetarias, es muy poco probable que a nadie se le ocurra en serio reponer los dos enfoques sistémicos de las décadas pasadas: la gestión neoliberal de la economía a nivel nacional y la globalización sin gobernanza ni regulación a nivel mundial.

La lección aprendida del despliegue de la crisis sanitaria indica claramente que el desmantelamiento pasado del Estado de bienestar, y en particular del sistema de salud, debilitó severamente las capacidades nacionales de lidiar con la pandemia, pero así también que los países desarrollados consideran que la seguridad sanitaria de su población no puede depender de las cadenas globales de valor en las industrias de la salud, que incluyen laboratorios bioquímicos, fábricas de equipamientos médicos, instalaciones hospitalarias y suministros de una diversidad enorme de insumos y artefactos, entre otras cosas.

La relocalización internacional de todas estas industrias tomará diversas modalidades, dependientes en todo caso de las combinaciones entre competencia y cooperación que se establezcan entre los países desarrollados. Otra lección se refiere a la necesidad de avanzar con la mayor celeridad hacia una digitalización en gran escala, intentando tomar el control de las grandes plataformas tecnológicas de la información, las comunicaciones y el procesamiento de grandes cantidades de datos.

Todas las medidas y estrategias que adopten los países desarrollados en el plano nacional tendrán repercusiones sobre el orden internacional del futuro. En dicho contexto, preocupa que América Latina no demuestre capacidad alguna de defender colectivamente sus intereses fundamentales en las contiendas globales que ya se anuncian en el horizonte. Por arduo que se considere ahora, la integración regional es un imperativo puesto por las circunstancias mencionadas.

Más aun, no existe una estrategia viable de desarrollo para Bolivia por fuera de un sistema de mecanismos y acuerdos de cooperación productiva, comercial, tecnológica y financiera en América del Sur, orientados a sustituir en verdad la actual matriz extractivista, vulnerable y excluyente por una economía dinámica e incluyente con múltiples encadenamientos suramericanos.

Horst Grebe López, economista.

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