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jueves 13 ago 2020 | Actualizado a 22:13

La polarización daña al país

/ 1 de agosto de 2020 / 04:10

La atmósfera de incertidumbre y temor que está presente en el país tiende a agravarse con cada día que pasa, debido a la polarización política creciente y sus repercusiones en los cuatro frentes de crisis: la propagación del contagio del COVID-19; la caída de las principales variables que miden el desempeño económico; el aumento del desempleo y las nuevas manifestaciones lacerantes de la pobreza, y la confrontación entre los principales órganos del Estado. Se trata ciertamente de cuatro aspectos interconectados, que constituyen en su despliegue una única crisis nacional, que se inició en realidad bastante antes de la aparición de la pandemia a comienzos de marzo pasado.

En cuanto a la crisis sanitaria, debe señalarse que las cifras oficiales de contagios y fallecimientos han crecido en julio mucho más rápido que en los meses anteriores, y es altamente probable que lo sigan haciendo en agosto. Esta evolución trae consigo percepciones de desamparo, agravadas por la evidencia de que las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos cinco meses de muy poco han servido para fortalecer el sistema de salud y evitar el colapso de hospitales y clínicas, así como para asegurar el abastecimiento al público de los medicamentos recomendados para el tratamiento del COVID-19. Siendo las personas de menores ingresos las más afectadas por la crisis sanitaria resulta una irresponsabilidad enorme poner en riesgo la salud de la gente en grandes concentraciones que demanden la realización de elecciones el 6 de septiembre.

Por el contrario, la postergación del evento electoral resulta razonable, no obstante todos los inconvenientes políticos que trae consigo; a condición por cierto de que el Órgano Electoral garantice para entonces todas las medidas de seguridad sanitaria para el conjunto de participantes en las elecciones:  los propios electores, los jurados, los delegados de mesa y los observadores, entre otros.

La contracción económica, por su parte, se manifiesta en una caída de la producción, las exportaciones, los ingresos fiscales, las remesas de los trabajadores emigrados y otros indicadores relevantes. Puesto que la dictación de la cuarentena y sus disposiciones complementarias han sido impuestas por el Gobierno, es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos para limitar el desempleo ocasionado por el confinamiento, por una parte, y apoyar la reactivación de la economía, por otra. A tales efectos, es necesario —como ha ocurrido en todos los países— que el Gobierno realice esfuerzos fiscales extraordinarios, lo que implica sin duda la contratación de financiamiento externo en cuantía suficiente. Por eso resulta incomprensible que la Asamblea Legislativa pretenda bloquear el uso de los créditos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el BID y la CAF, sin proponer a cambio fuentes alternativas a las que pudiera acceder el país en forma expedita en las actuales circunstancias.

En consecuencia, la confrontación entre ambos órganos del Estado, ocupados cada uno por una fuerza partidaria ubicada en los extremos del espectro político e ideológico, es una clara manifestación de la polarización que se ha instalado en el país, y constituye por eso mismo el obstáculo mayor para aproximarse a una negociación racional que facilite soluciones eficaces para la realización de elecciones verosímiles y confiables en condiciones de seguridad sanitaria. Ese es el requisito esencial para encarar posteriormente las soluciones factibles a los diferentes frentes de la crisis nacional.

Conviene mencionar, por último, que la dañina polarización también se ha instalado en sectores sociales contrapuestos, en los medios de comunicación y en las redes sociales. El apaciguamiento no es por tanto asunto exclusivo de los políticos y sus seguidores.

Horst Grebe es economista.

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Acuerdos destinados a limitar la conflictividad creciente

En consecuencia, el país deberá instrumentar un cambio de rumbo con visión de largo plazo, que incluya reformas estructurales en la matriz productiva y exportadora, así como una nueva articulación de fuerzas motrices que impulsen el crecimiento general de la economía.

/ 5 de julio de 2020 / 17:48

Uno de los dilemas que será preciso resolver más temprano que tarde se refiere al carácter de las medidas que está facultado para adoptar el gobierno transitorio en el contexto del COVID-19, por un lado, en cotejo con las supuestas atribuciones de la Asamblea Legislativa para actuar por su cuenta en el mismo escenario, por otro. La disputa política entre ambos órganos del Estado trae aparejadas graves consecuencias respecto de la gestión del sistema de salud y del funcionamiento de la economía del país. Baste mencionar la obstrucción de los créditos de organismos financieros internacionales o los intentos de aprobar medidas diametralmente opuestas a las del gobierno transitorio en materia de protección del empleo.

Conviene recordar algunos antecedentes al respecto. El despliegue de la pandemia del COVID-19 desde comienzos de marzo introdujo un viraje profundo en las trayectorias políticas, económicas e institucionales establecidas a fines del año pasado, y eso trajo consigo la necesidad de prolongar el funcionamiento de los órganos del Estado, sin que se hubieran acordado principios y mecanismos de coordinación entre ellos, precisamente para hacer frente de manera coordinada a la situación de emergencia sanitaria nacional, y sus complejas repercusiones.

Hay que recordar, por otra parte, que antes de marzo ya eran muy evidentes la desaceleración económica, los abultados déficit en las cuentas fiscales y en la balanza de pagos, así como el agotamiento del modelo de desarrollo instrumentado por el gobierno del MAS entre 2006 y 2019.

En consecuencia, el país deberá instrumentar un cambio de rumbo con visión de largo plazo, que incluya reformas estructurales en la matriz productiva y exportadora, así como una nueva articulación de fuerzas motrices que impulsen el crecimiento general de la economía.

Ocurre sin embargo que, para ejecutar semejantes propósitos, resulta imprescindible contar con un gobierno surgido de elecciones impecables, que le proporcionen legalidad, legitimidad y eventualmente capacidades de gobernabilidad y gobernanza. Así se podrían instrumentar las estrategias y políticas de largo plazo, así como el correspondiente financiamiento externo en sus diversas modalidades.

Dicho esto, hay que convenir asimismo en que el gobierno está obligado por el COVID-19 a adoptar disposiciones que exceden sus mandatos originales de pacificar el país y preparar elecciones con un órgano electoral independiente y confiable.

Por consiguiente, lo razonable sería contar con algunos acuerdos políticos y sociales, que contengan algunos principios básicos destinados a limitar el abuso de poder. Menciono algunos a continuación. Primero: las medidas que adopte el Órgano Ejecutivo no deben favorecer unilateralmente a ningún sector o región con fines electorales. Segundo: la gestión de la emergencia sanitaria y los paliativos económicos correspondientes no deben generar compromisos de políticas fiscal, monetaria y financiera que estrechen significativamente la holgura que requerirá el próximo gobierno para poner en vigencia su programa de gobierno respaldado por la mayoría parlamentaria de que disponga. emprender la instrumentación de sus propias estrategias. Tercero: la política exterior debe ser administrada con particular prudencia. Cuarto: la Asamblea Legislativa, por su parte, no debe atribuirse la facultad de aprobar leyes que alteran con fines políticos las relaciones económicas y laborales vigentes.

Una concertación semejante entre los órganos del Estado facilitaría a su vez la adopción de compromisos equitativos entre los actores estratégicos en las esferas financiera, productiva y socio-laboral. Si ocurriera, en cambio, que persistan las pugnas institucionales y la falta de gestión en el ámbito social y laboral, aumentará la conflictividad hasta niveles muy peligrosos.

*Es economista

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Escenarios después de la pandemia

Preocupa la incapacidad de América Latina de defender colectivamente sus intereses fundamentales en las contiendas globales.

/ 17 de mayo de 2020 / 06:54

La pandemia desatada por la enfermedad COVID-19 ha revelado las fortalezas y debilidades de los distintos países en el mundo, la solidez o fragilidad de sus instituciones, y el carácter de las relaciones de las sociedades con sus élites políticas. También se han acentuado los egoísmos nacionales y se han manifestado las flaquezas del sistema multilateral.

Desde las más diversas perspectivas, se ha planteado la pregunta sobre las características fundamentales que tendrán las sociedades cuando concluya la pandemia. Las respuestas incluyen un espectro amplio de opciones, que van desde las opiniones que no esperan ningún cambio sustantivo en el futuro, hasta las que imaginan el establecimiento de una nueva normalidad, determinada por una nueva pauta de actitudes de la gente, sus relaciones recíprocas y la arquitectura institucional emergente.

Está claro que se trata de visiones a largo plazo, cuya materialización dependerá necesariamente de la situación prevaleciente en el momento en que se suspendan el confinamiento colectivo, y las restricciones a la circulación y la movilidad de la gente. Algo que probablemente ocurrirá en la segunda mitad de este año. Los momentos iniciales de la apertura estarán caracterizados por un elevado endeudamiento del Estado, de las empresas y de los hogares. En diferentes escalas según los países, se anticipan asimismo elevados niveles del déficit fiscal, así como altas tasas de desempleo.

En vista del gran protagonismo del Estado en la atención de la crisis sanitaria y el intento en algunos casos de evitar desastres económicos mayores mediante un abanico diverso de medidas fiscales y monetarias, es muy poco probable que a nadie se le ocurra en serio reponer los dos enfoques sistémicos de las décadas pasadas: la gestión neoliberal de la economía a nivel nacional y la globalización sin gobernanza ni regulación a nivel mundial.

La lección aprendida del despliegue de la crisis sanitaria indica claramente que el desmantelamiento pasado del Estado de bienestar, y en particular del sistema de salud, debilitó severamente las capacidades nacionales de lidiar con la pandemia, pero así también que los países desarrollados consideran que la seguridad sanitaria de su población no puede depender de las cadenas globales de valor en las industrias de la salud, que incluyen laboratorios bioquímicos, fábricas de equipamientos médicos, instalaciones hospitalarias y suministros de una diversidad enorme de insumos y artefactos, entre otras cosas.

La relocalización internacional de todas estas industrias tomará diversas modalidades, dependientes en todo caso de las combinaciones entre competencia y cooperación que se establezcan entre los países desarrollados. Otra lección se refiere a la necesidad de avanzar con la mayor celeridad hacia una digitalización en gran escala, intentando tomar el control de las grandes plataformas tecnológicas de la información, las comunicaciones y el procesamiento de grandes cantidades de datos.

Todas las medidas y estrategias que adopten los países desarrollados en el plano nacional tendrán repercusiones sobre el orden internacional del futuro. En dicho contexto, preocupa que América Latina no demuestre capacidad alguna de defender colectivamente sus intereses fundamentales en las contiendas globales que ya se anuncian en el horizonte. Por arduo que se considere ahora, la integración regional es un imperativo puesto por las circunstancias mencionadas.

Más aun, no existe una estrategia viable de desarrollo para Bolivia por fuera de un sistema de mecanismos y acuerdos de cooperación productiva, comercial, tecnológica y financiera en América del Sur, orientados a sustituir en verdad la actual matriz extractivista, vulnerable y excluyente por una economía dinámica e incluyente con múltiples encadenamientos suramericanos.

Horst Grebe López, economista.

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La hora de la coordinación y la concertación

Se requiere una eficaz distribución de responsabilidades entre las directrices y lineamientos establecidos en el nivel nacional y la ejecución correspondiente en los niveles subnacionales

/ 19 de abril de 2020 / 08:21

La crisis sanitaria mundial y sus repercusiones económicas, políticas y geopolíticas no tienen parangón histórico, puesto que se trata del primer desastre que pone a prueba el orden internacional de la globalización, sistema que a la postre no logró establecerse en verdad. Los damnificados de la actual crisis podrían ser mayores que los de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, y existen además fundadas dudas sobre el carácter y la configuración que adoptará el orden internacional después de esta crisis.

En Bolivia, la situación parece todavía menos letal que en el vecindario suramericano. Lo que preocupa, sin embargo, es la falta de información sobre las medidas destinadas a fortalecer las capacidades del sistema de salud en todos sus niveles y componentes. En una circunstancia como la presente, se requiere una eficaz distribución de responsabilidades entre las directrices y lineamientos establecidos en el nivel nacional y la ejecución correspondiente en los niveles departamentales y municipales.

Como es sabido, en el pasado, la descentralización de competencias no fue acompañada de la respectiva descentralización de recursos presupuestarios; motivo por el cual las capacidades institucionales en materia de salud están muy desigualmente repartidas en el país. El momento no es, sin embargo, para presentar quejas y reclamos al pasado. Se requiere, en cambio, una estrategia integral de lucha contra la propagación de la pandemia, formulada a nivel nacional y ejecutada en los niveles subnacionales, tomando en cuenta de manera eficaz y transparente los principios de equidad y solidaridad, de acuerdo con la evolución de los respectivos indicadores de infecciones, atención hospitalaria intensiva y defunciones, en cotejo con la verdadera capacidad instalada en cada caso. Se trata de un primer ámbito de coordinación y concertación dentro del sistema estatal, que resulta imprescindible en esta etapa de propagación de la epidemia, que no ha alcanzado todavía su punto más alto.

Un segundo ámbito que requiere concertación consiste en la atención equitativa y oportuna que se preste a las repercusiones que traen aparejadas las restricciones sanitarias en el ámbito económico. En este caso, el abanico de problemas es complejo debido a la estructura segmentada y asimétrica del aparato productivo, la informalidad del empleo y la desigualdad de los ingresos en los diferentes compartimientos de la economía, incluyendo los sectores que operan en la ilegalidad. Un enfoque pragmático y transparente podría ayudar en este ámbito.

El tercer ámbito de concertación es el político. En este caso es preciso superar la falsa idea de que la campaña electoral apenas está entre paréntesis, y que será retomada inmediatamente después de que las cosas regresen a la “normalidad” del pasado. Debería estar claro que la crisis sanitaria y los descalabros económicos que está provocando no significan un simple paréntesis en la disputa política del país. Cuando ocurran las próximas elecciones, muy probablemente a mitad del segundo semestre de este año, las circunstancias serán radicalmente diferentes de las que había a comienzos del año en términos del sistema político y sus instituciones.

Si esto es así, convendría que la necesaria suma de esfuerzos del estamento político comience con la decisión simultánea de todos los partidos de suspender sus actividades proselitistas o de desacato militante de la cuarentena, para concertar una gestión nacional y compartida de las diferentes crisis que se han instalado en el país. La preparación y convocatoria de algo semejante no ocurre, por supuesto, sin un proceso previo de consultas y acuerdos preliminares, el cual no se realiza obviamente en los medios de comunicación ni en las redes sociales.

Horst Grebe López, economista.

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