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Monday 18 Mar 2024 | Actualizado a 15:57 PM

La polarización daña al país

/ 1 de agosto de 2020 / 04:10

La atmósfera de incertidumbre y temor que está presente en el país tiende a agravarse con cada día que pasa, debido a la polarización política creciente y sus repercusiones en los cuatro frentes de crisis: la propagación del contagio del COVID-19; la caída de las principales variables que miden el desempeño económico; el aumento del desempleo y las nuevas manifestaciones lacerantes de la pobreza, y la confrontación entre los principales órganos del Estado. Se trata ciertamente de cuatro aspectos interconectados, que constituyen en su despliegue una única crisis nacional, que se inició en realidad bastante antes de la aparición de la pandemia a comienzos de marzo pasado.

En cuanto a la crisis sanitaria, debe señalarse que las cifras oficiales de contagios y fallecimientos han crecido en julio mucho más rápido que en los meses anteriores, y es altamente probable que lo sigan haciendo en agosto. Esta evolución trae consigo percepciones de desamparo, agravadas por la evidencia de que las medidas adoptadas por el Gobierno en los últimos cinco meses de muy poco han servido para fortalecer el sistema de salud y evitar el colapso de hospitales y clínicas, así como para asegurar el abastecimiento al público de los medicamentos recomendados para el tratamiento del COVID-19. Siendo las personas de menores ingresos las más afectadas por la crisis sanitaria resulta una irresponsabilidad enorme poner en riesgo la salud de la gente en grandes concentraciones que demanden la realización de elecciones el 6 de septiembre.

Por el contrario, la postergación del evento electoral resulta razonable, no obstante todos los inconvenientes políticos que trae consigo; a condición por cierto de que el Órgano Electoral garantice para entonces todas las medidas de seguridad sanitaria para el conjunto de participantes en las elecciones:  los propios electores, los jurados, los delegados de mesa y los observadores, entre otros.

La contracción económica, por su parte, se manifiesta en una caída de la producción, las exportaciones, los ingresos fiscales, las remesas de los trabajadores emigrados y otros indicadores relevantes. Puesto que la dictación de la cuarentena y sus disposiciones complementarias han sido impuestas por el Gobierno, es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos para limitar el desempleo ocasionado por el confinamiento, por una parte, y apoyar la reactivación de la economía, por otra. A tales efectos, es necesario —como ha ocurrido en todos los países— que el Gobierno realice esfuerzos fiscales extraordinarios, lo que implica sin duda la contratación de financiamiento externo en cuantía suficiente. Por eso resulta incomprensible que la Asamblea Legislativa pretenda bloquear el uso de los créditos obtenidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el BID y la CAF, sin proponer a cambio fuentes alternativas a las que pudiera acceder el país en forma expedita en las actuales circunstancias.

En consecuencia, la confrontación entre ambos órganos del Estado, ocupados cada uno por una fuerza partidaria ubicada en los extremos del espectro político e ideológico, es una clara manifestación de la polarización que se ha instalado en el país, y constituye por eso mismo el obstáculo mayor para aproximarse a una negociación racional que facilite soluciones eficaces para la realización de elecciones verosímiles y confiables en condiciones de seguridad sanitaria. Ese es el requisito esencial para encarar posteriormente las soluciones factibles a los diferentes frentes de la crisis nacional.

Conviene mencionar, por último, que la dañina polarización también se ha instalado en sectores sociales contrapuestos, en los medios de comunicación y en las redes sociales. El apaciguamiento no es por tanto asunto exclusivo de los políticos y sus seguidores.

Horst Grebe es economista.

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La polarización bloquea tareas institucionales

/ 10 de marzo de 2024 / 00:38

A comienzos de año se podía afirmar que el país tenía tres grandes desafíos por delante: las elecciones judiciales, el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias para definir los candidatos que participarán en las elecciones previstas para 2025. También estaba claro que la economía requería atención especial para enfrentar con eficacia la escasez de dólares y los problemas del abastecimiento de diésel y gasolina.

Las elecciones judiciales deberían haberse llevado a cabo en 2023, antes de que concluya el mandato constitucional de seis años de los altos magistrados del Órgano Judicial. La opinión pública sabía perfectamente que las elecciones de jueces mediante el voto popular no solucionarían la profunda crisis del sistema judicial, pero no había otra opción en vista del fracaso de las propuestas alternativas de reforma integral de la justicia. Había que conformarse por tanto con la realización de elecciones antes de fin de año. Es sabido que la preparación de la correspondiente ley de convocatoria fue demorada una y otra vez mediante innecesarias consultas que impidieron la convocatoria en el momento oportuno para cumplir con el reemplazo de los altos magistrados del Órgano Judicial. Antes de que concluya el año ocurrió sin embargo el hecho insólito de que los propios magistrados decidieron autoprorrogarse en franca violación de la Constitución Política del Estado y del principio universal de que un juez no puede fallar en favor de sí mismo.

En el curso de las semanas siguientes quedó demostrado que la disputa interna del MAS por la candidatura a las elecciones de 2025 no sería resuelta por procedimientos internos de esa organización política, sino que se trasladaría al ámbito de la justicia, y es por eso que la Asamblea Legislativa se enredó en una compleja negociación parlamentaria en que están involucradas: (i) la destitución de los magistrados autoprorrogados, (ii) la aprobación de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales y (iii) la aprobación de créditos del Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fonplata, Japón y Corea del Sur, por un monto de $us 795 millones.

La disputa respectiva se ha centrado a la postre alrededor de la secuencia en que se aprobaría cada uno de los tres aspectos, y esto en vista de que, para el Gobierno la prioridad son los créditos y la anulación de la destitución de los autoprorrogados, mientras que las bancadas de la oposición y de la fracción evista han hecho lo imposible por evitar la aprobación de los créditos antes de que se resuelva la destitución de los autoprorrogados y se convoque debidamente a las elecciones judiciales.

A la hora de escribir esta columna no está en absoluto resuelta la disputa en la Asamblea Legislativa, que tiene una composición política diferente en ambas cámaras, ni tampoco se han suspendido definitivamente los bloqueos de carreteras relacionados con demandas que favorecen a la fracción de Evo Morales en el MAS y a su correspondiente postulación como candidato en las elecciones de 2025.

La polarización política dentro del partido de gobierno ha alcanzado también a las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos, y eso no sería tan grave si es que no hubieran ocurrido los hechos bochornosos de todos conocidos. Por eso, no es exagerado afirmar que la Asamblea Legislativa ha quedado severamente dañada en su imagen pública y en su función primordial de primer poder del Estado y foro central de la deliberación política del país.

Es un resultado que despierta malos presagios respecto de las expectativas frustradas que se manifestarán cuando se entreguen los resultados del Censo el próximo 31 de agosto. No es probable que para entonces el Gobierno cuente con las capacidades institucionales suficientes para gestionar las discordias derivadas del Censo y de la insatisfacción económica creciente.

 Horst Grebe es economista

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Mejores expectativas en el horizonte largo

/ 11 de febrero de 2024 / 00:28

Varios acontecimientos recientes contribuyen a la percepción ciudadana de que la crisis económica se está acelerando con el consiguiente aumento de la incertidumbre y la inseguridad. El Gobierno insiste por su parte en negar la existencia misma de la crisis con el argumento de que en realidad la situación económica está mejorando a pesar de las dificultades del contexto externo. Frente a la maledicencia de opositores políticos y comentaristas adversos se argumenta que no se aprecia debidamente la estabilidad monetaria, la baja inflación y las bondades de la estrategia de industrialización mediante la sustitución de importaciones.

En defensa de los resultados de la política económica y de su propia gestión, el Gobierno despliega una costosa estrategia comunicacional y una permanente visibilización del apoyo que le brindan las dirigencias sindicales y de las organizaciones sociales. Un importante componente de su estrategia defensiva consiste además en la descalificación de Evo Morales como potencial candidato del MAS en las elecciones de 2025, para lo cual se ha instrumentado la inhabilitación de dicha candidatura por parte del Tribunal Constitucional.

La inadmisible y anticonstitucional autoprórroga de los magistrados de las cúpulas del orden judicial es el premio correspondiente al servicio político prestado, lo que ha dado lugar no solamente a la indignación de los más diversos liderazgos políticos y de la opinión pública, sino también al bloqueo de carreteras durante 16 días, con un altísimo costo económico, pero así también con el consiguiente debilitamiento institucional del sistema judicial y el daño reputacional de la gobernabilidad del país.

En el ámbito económico indudablemente no le beneficia al Gobierno el hecho de que las calificadoras de riesgo crediticio bajen la calificación del país. Acceder a nuevos créditos de organismos internacionales o colocar bonos soberanos en los mercados de capital resulta ahora sumamente difícil con dichas calificaciones, y no sirve de mucho argumentar que las agencias calificadoras no toman en cuenta todo un catálogo de variables e indicadores favorables que puede presentar el Gobierno, puesto que se trata en muchos casos de los mismos aspectos que destacan sin cansarse los expertos y analistas nacionales.

Algunos problemas económicos y fiscales son inocultables, tales como la escasez de dólares y de carburantes, la instalación de un mercado paralelo de divisas y el alza consiguiente del nivel general de precios, no obstante los esfuerzos administrativos para evitarlo. Tampoco se puede ocultar el balance comercial negativo en materia de hidrocarburos ni el déficit fiscal debido a la magnitud de los subsidios y subvenciones desde hace varios años atrás.

Dicho lo cual, es justo admitir que el entorno internacional es absolutamente adverso en esta coyuntura de nuevos acomodos de las relaciones internacionales en sus diferentes ámbitos geopolíticos, financieros, comerciales y tecnológicos. Y esto es tanto más grave para el país en la medida en que el entorno suramericano registra profundas divisiones ideológicas, quebrantos democráticos y sufre como ninguna otra región las calamidades del cambio climático.

Puede que en una perspectiva de más largo plazo América del Sur logre posicionarse mejor en los nuevos tableros del orden internacional, a partir de liderazgos renovados y un sólido marco institucional democrático que promuevan el aprovechamiento legítimo de sus recursos naturales y de la riqueza de sus culturas; pero eso no ocurrirá sin un esfuerzo concertado capaz de construir mercados de alcance regional, acuerdos para el desarrollo de la innovación, así como del establecimiento de cadenas regionales de suministros con participación de varios países a geometría variable.

Horst Grebe es economista. 

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La agenda del 2024 y los consensos necesarios

/ 14 de enero de 2024 / 01:22

La agenda oficial de 2024 contempla al menos tres procesos que requieren consensos políticos formalizados, un acceso sin restricciones a la información pública y un seguimiento activo de la sociedad civil organizada. Se trata de las elecciones judiciales, el Censo de Población y Vivienda y las elecciones primarias de los partidos que concurrirán a las elecciones generales en agosto de 2025.

Como es sabido, el retraso de las elecciones judiciales ha derivado en un serio conflicto institucional con graves violaciones constitucionales, como consecuencia de las pugnas internas del MAS. Existen dudas fundadas de que la situación se pudiera remediar antes de que ocurran los otros dos procesos.

En cuanto al Censo de Población y Vivienda, conviene recordar que la decisión de realizar el empadronamiento el 23 de marzo y la presentación de los resultados correspondientes el 30 de agosto de este año, fue adoptada oficialmente luego de movilizaciones, huelgas de hambre y bloqueos de carreteras en varias regiones del país, desplegados por parte de comités cívicos, plataformas ciudadanas y organizaciones universitarias, en protesta por la falta de voluntad política de llevar a cabo la encuesta censal prevista para noviembre de 2022.

Los resultados de los censos de población y vivienda constituyen una herramienta fundamental para la planificación de las políticas públicas, así como para la identificación de las necesidades en materia de educación y salud. Desde la perspectiva de los intereses políticos y regionales, los resultados censales establecen el fundamento para que el Órgano Electoral determine la distribución de escaños parlamentarios, por una parte, y un pacto fiscal adopte la correspondencia entre la pauta de distribución de la coparticipación tributaria y el catálogo competencial de los departamentos y municipios del país, por otra.

Todas estas cuestiones involucran repartos políticos y fiscales a partir de consensos políticos previos de cumplimiento vinculante, habida cuenta de los desplazamientos demográficos ocurridos desde el anterior Censo de 2012, así como en razón de la contracción de recursos fiscales derivados de la caída de las exportaciones de hidrocarburos.

Las elecciones primarías que están previstas para noviembre de este año pueden interpretarse como un elemento en la reconfiguración del sistema político a partir de organizaciones de representación política formalmente constituidas, con capacidad de suscribir compromisos vinculantes en representación de corrientes de opinión verificables. Conviene señalar que los partidos constituyen una bisagra legítima entre los ciudadanos y el poder, en vista de que agregan demandas de la sociedad, educan políticamente a sus militantes y forman cuadros capaces de administrar políticas públicas y, algo muy importante, rinden cuentas públicas por el uso de los recursos que tuvieron a su cargo. La configuración de un sistema renovado de partidos constituye uno de los requisitos de la gobernabilidad democrática en el país.

Nada de eso forma parte de las prácticas políticas en la actualidad, pero es un requisito que debería cumplirse paulatinamente en los próximos meses, a fin de que en las elecciones primarias se establezcan efectivamente las candidaturas para las elecciones generales de 2025.

Los comentarios anteriores expresan la idea de que los tres procesos mencionados tendrían que interpretarse como componentes de una propuesta más amplia de reformas institucionales conducentes a fortalecer la gobernabilidad democrática. De ser así, los acuerdos alcanzados permitirían abordar la deliberación de otros pactos vinculantes destinados a consensuar formalmente una estrategia de nueva legitimidad para la estabilidad, la productividad, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Horst Grebe es economista. 

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El proyecto presupuestario y otros problemas

/ 3 de diciembre de 2023 / 00:22

A lo largo del año han aumentado considerablemente las discrepancias entre la estabilidad y el crecimiento de la economía pregonada por la propaganda gubernamental, por una parte, y las percepciones de la gente a partir de evidencias puntuales, pero de alta sensibilidad, como es el caso de la escasez de divisas y de carburantes, por otra.

Todo hacía pensar en consecuencia que las autoridades económicas aprovecharían la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado 2024 para adoptar algunos de los correctivos más urgentes.

Lejos de eso, las principales cifras que contempla el anteproyecto de PGE 2024 ponen en evidencia que no se busca cambiar las orientaciones básicas de la gestión económica. En efecto, el crecimiento general de la economía en 2024 se coloca en 3,7%; la inflación prevista es de 3,6%; la inversión pública se establece en $us 4.274 millones, y las subvenciones aumentarían en $us 3.000 millones respecto de 2023. La política cambiaria se mantiene inalterable.

El problema crítico consiste en un déficit fiscal de 7,8%, que no muestra variación respecto de la situación imperante a partir de 2014, con la diferencia de que ahora ya no será fácil financiar dicho déficit con recursos del Banco Central ni tampoco con financiamiento externo, en vista de que la deuda con los organismos multilaterales de financiamiento ya alcanza niveles sumamente elevados, y la colocación de bonos soberanos implicaría una tasa de interés altísima.

El análisis del nivel de la deuda externa y de la disponibilidad de las reservas internacionales netas se complica considerablemente en vista de la falta de información y transparencia respecto de las condiciones en las cuales se han contratado los créditos externos en los últimos años. Una aproximación muy útil proporciona un reciente informe de la Fundación Jubileo donde se muestra que el endeudamiento externo ha aumentado de $us 11.901 millones en 2020 a $us 13.300 millones en 2022, y que el 63% de ese monto se adeuda al BID, la CAF y el Banco Mundial. Entre los acreedores bilaterales, la China figura con un 11%.

Por otra parte, el balance comercial se ha tornado deficitario en vista de las importaciones de diésel y gasolina, que superan a las exportaciones de gas y petróleo. No parece que a corto plazo se vaya a revertir la posición de importador neto de hidrocarburos que ostenta el país, con todos los inconvenientes que esta situación trae consigo.

Por todo lo anterior, es probable que las deliberaciones de la Asamblea Legislativa sean con alta probabilidad más complicadas que lo ocurrido recientemente respecto del PGE 2023 reformulado.

En la perspectiva de 2024 es preciso mencionar una cuestión que también tendrá que ser encarada por el Gobierno. Se trata de la incorporación de Bolivia como miembro pleno al Mercosur, después de ocho años de negociación interrumpida, y que ahora se concreta en circunstancias diferentes del entorno sudamericano y del propio Mercosur, a la espera de la decisión de Argentina bajo la presidencia de Milei.

En cualquier caso, Bolivia tiene necesariamente que adecuar sus políticas y normas internas a las reglas del Mercosur en todos sus aspectos, muchas de las cuales serán de difícil cumplimiento, debido a incompatibilidades derivadas de su participación simultánea en la Comunidad Andina, el Mercosur y la ALBA.

Nótese, además, que nuestra balanza comercial es por de pronto superavitaria con la Comunidad Andina y deficitaria con el Mercosur, sin contar el contrabando de carburantes que se ha instalado en gran escala hacia el Perú ni el contrabando igualmente relevante desde Argentina de todo tipo de productos de consumo.

La gestión de los problemas esbozados requiere ciertamente una visión estratégica integrada y una serie de acuerdos con empresarios y regiones.

Horst Grebe es economista.

 

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Calamidades ambientales y consecuencias políticas

/ 19 de noviembre de 2023 / 00:45

Diversos acontecimientos han cambiado el contexto acostumbrado de la adopción de políticas públicas y de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, cuando eso era necesario.

Se trata, en efecto, de la ocurrencia simultánea de una severa sequía y falta de lluvias oportunas en todo el país, agravada por los incendios forestales provocados deliberadamente por personas irresponsables que ponen en riesgo la vida de la gente y la pérdida de cobertura vegetal, lo que amplifica la sequía en el futuro.

Se suma a dichos episodios preocupantes, la presencia abusiva de las cooperativas auríferas en la ciudad de La Paz, que con prepotencia inaudita violentaron oficinas públicas y amedrentaron a la población, con miras a que el Gobierno atienda de inmediato un pliego con 10 demandas destinadas a legitimar los privilegios y las arbitrariedades que caracterizan a las operaciones de dichas cooperativas, localizadas principalmente en las cuencas de los ríos del norte del departamento de La Paz.

Semejantes abusos dieron lugar a la divulgación pública de las características de este sector de la minería en el país, cuyo crecimiento ha sido impulsado por sendas disposiciones legales y económicas en su favor, incluyendo el amplio beneficio de los subsidios a los carburantes. Por otra parte, se ha denunciado que no todas las cooperativas auríferas cumplen con las normas vigentes, en vista de que en muchos casos se trata de empresas privadas nacionales y extranjeras, que contratan trabajadores asalariados sin protección social alguna, además de que evaden el pago de impuestos a las utilidades que les corresponde.

Se ha dado a conocer también que, en comparación con los $us 3.000 millones de exportaciones auríferas registradas en 2022, las regalías totales pagadas efectivamente en dicho año apenas superan los $us 60 millones.

Entre las demandas de los cooperativistas auríferos se incluye el acceso a las áreas protegidas, pretensión que provocó la justa indignación de amplios sectores de la ciudadanía, en particular mujeres y jóvenes, anoticiados de que dichas cooperativas no respetan derechos de los pueblos indígenas, ni tampoco cumplen con la obligación de la consulta previa. Lejos de eso, se sabe ahora que la contaminación de los ríos con mercurio ha alcanzado niveles alarmantes, con los impactos consiguientes respecto de la salud de la población lugareña.

Existen fundadas dudas de que el Gobierno esté en condiciones de poner coto a dichos abusos y violaciones de la ley.

Todo esto hace pensar, en cambio, que la movilización de la sociedad civil frente a los excesos de las cooperativistas auríferas, se enlazará con las demandas internacionales de protección de la Amazonía, por una parte, y con el aumento de las voces que critican el modelo del extractivismo depredador, por otra.

La realización de la COP28 en las próximas semanas en Dubái y la reunión prevista de los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica, serán sin duda escenarios de un intenso debate internacional sobre las urgencias de proporcionar el financiamiento internacional imprescindible para enfrentar el cambio climático en un contexto de tensiones geopolíticas inéditas y dos guerras simultáneas de duración indeterminada.

El debate informado sobre este tipo de cuestiones apenas empieza en el país, a pesar de que es impensable un viraje estratégico del modelo económico vigente, sin tomar en cuenta el redireccionamiento en curso de las cadenas de suministro y la competencia entre las grandes potencias por el dominio tecnológico y sus componentes materiales.

Mientras el Gobierno no encuentre una salida al bloqueo legislativo en que se encuentra, la sociedad civil, las entidades académicas y los expertos profesionales tendrían que iniciar un amplio debate público sobre las opciones realistas del país en un horizonte de largo plazo.

Horst Grebe es economista. 

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