En su informe sobre su visita in loco a Bolivia en 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó división, reclamos de ausencia de representatividad, acusaciones de sesgo y estigmatización en el gremio de periodistas.
El miércoles, el organismo presentó su informe de 222 páginas sobre la visita in loco de sus comisionados a Bolivia entre 27 y 31 de marzo de 2023: Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia.
Representada por los comisionados Roberta Clarke, Carlos Bernal Pulido, José Luis Caballero Ochoa, Édgar Stuardo Ralón Orellana, Arif Bulkan, Andrea Pochak y Gloria Monique de Mees, la Comisión abordó buena parte del documento al trabajo de los periodistas en Bolivia.
“Existe una división entre las personas periodistas reflejadas en acusaciones mutuas de sesgos; desacreditación y estigmatización de la labor de periodistas dentro del propio gremio; reclamos sobre ausencia de representatividad y pluralidad en órganos de prensa y periodistas, entre otros”, concluye el informe sobre la materia.
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Representatividad
Con el fin de abordar los avances y desafíos de los derechos humanos durante los últimos 17 años, la CIDH se reunió también con distintos gremios de periodistas locales y nacionales.
Entonces, representantes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se reunieron en la ciudad de La Paz con los comisionados, a quienes reportaron “200 casos de violaciones” a los derechos humanos y la libertad de expresión e información.
Semanas antes de la cita, la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, había sentenciado en relación a la situación política respecto del periodismo: “Estamos peor que en las dictaduras”.
En tanto, otro colectivo de periodistas también consiguió una cita con la CIDH, cuyo argumento fue que no se sentía representado por los gremios. Esas organizaciones “nos dividen a quienes trabajamos en medios de comunicación entre ‘independientes’, que son los buenos, los que merecen trabajar y dicen la verdad; y el resto, que nos dicen ‘paraestatales’”, denunció entonces Freddy Morales, corresponsal de TeleSur.
Al final de su estadía en un informe preliminar, la Comisión adelantó que, “durante la visita, se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa; al mismo tiempo, se recibió información sobre la falta de condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia”.
División
En criterio del organismo, esa situación de división, desacreditación o estigmatización en el gremio “dificulta el diálogo sobre la sostenibilidad del periodismo, la autoevaluación crítica dentro del gremio y la adopción de medidas de autorregulación”.
Sin embargo, saludó “el rol” del Consejo Nacional de Ética Periodística (CNÉP) y su Tribunal de Ética, y el Tribunal de la ANP.
Respecto de la posición de los medios de información, la CIDH considera que “las líneas editoriales de los medios de comunicación, en su pluralidad, contribuyen a la dimensión colectiva de la libertad de expresión”.
Sin embargo, afirma que “los medios de comunicación pueden defender sus líneas editoriales sin que ello implique el desconocimiento de hechos verificables, contrastados y contextualizados”.
“Durante la visita, la CIDH recibió información sobre los retos que existen para que la ciudadanía cuente con una oferta informativa balanceada, plural e integral de los eventos, especialmente en contextos de escalada de la conflictividad social”, describe.
Cita “dos marcos temporales” que plantearon riesgos para el ejercicio periodístico en el país: “El período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 (el llamado ‘paro cívico’ en Santa Cruz) y el período del 22 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023 (movilizaciones tras la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz)”.
Sobre el primer marco, el informe señala que “la Comisión conoció de la muerte, en circunstancias aún no aclaradas, del periodista Sebastián Moro, cuyo cuerpo fue encontrado con politraumatismos tras hechos de violencia en noviembre de 2019”.
Corresponsal
Moro, periodista argentino, trabajaba entonces en Prensa Rural, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y era corresponsal del periódico Página/12.
“Un golpe en marcha”, había escrito el periodista en su reporte del 9 de noviembre al diario argentino, un día antes de la renuncia de Evo Morales.
Su familia denunció entonces que Sebastián murió el 16 de noviembre de ese año en una clínica en Sopocachi, en La Paz, “siete días después de haber aparecido en su cama ‘semiinconsciente, con marcas de golpes y una silla tirada en el piso’”.
Según se presume, se trata de un caso de represalia política.
A los días del llegar el 10 de noviembre al poder Jeanine Áñez, tras la renuncia del presidente Morales, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga advirtió: “Aquellos periodistas o seudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas, que son en algunos casos bolivianos o extranjeros, están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”.
Dato
Según la CIDH, “las denuncias reflejan un elevado número de ataques por parte de agentes y grupos de particulares organizados que, por medio de amenazas, hostigamientos, agresiones físicas y verbales —incluyendo insultos racistas— que obstaculizan la labor periodística y generan efectos de miedo y autocensura”.
Esas acciones siguen el “mismo modelo de acción utilizado por las fuerzas de seguridad durante la crisis político electoral de 2019”.
Así, la CIDH registra el caso del periodista Mario Alberto Rocabado Román, de Unitel, “quien habría sufrido graves agresiones físicas y apedreado al intentar cubrir un enfrentamiento entre favorables y opositores al paro cívico de 2022”.
También recuerda que “el 30 de diciembre de 2022, el vehículo del periodista Harol Salvatierra fue incendiado mientras intentaba realizar su labor en las movilizaciones en contra de la detención del gobernador departamental de Santa Cruz”.
“Las amenazas contra los medios han motivado la suspensión de sus labores, como el caso de la Bolivia TV, que suspendió sus emisiones en Santa Cruz por 15 días en enero de 2023 por las constantes amenazas recibidas contra sus periodistas”, dice.
En criterio de la CIDH, “conforme información recibida, persistiría la impunidad y la falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia”.
Considera que el Estado “tiene la obligación” de prevenir, proteger e investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de crímenes contra periodistas.
Acceso a la información y pauta estatal
De visita a Bolivia en marzo de 2023, comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establecieron la ausencia de normas para el acceso a la información y garantías para la asignación de publicidad oficial de forma equitativa.
“La Corte IDH ordenó al Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para fortalecer el marco normativo de acceso a la información en casos de presuntas violaciones a los derechos”, recuerda el informe.
Considera que Bolivia “no cuenta con información sobre la existencia de marcos legislativos que reglamenten el derecho de acceso a la información”.
Sobre la distribución de pauta estatal, “persisten las denuncias sobre el otorgamiento de publicidad sin criterios preestablecidos y objetivos mediante procesos que no garantizan mecanismos de contratación abiertos y no discriminatorio” y “ello se agrava por la ausencia de mecanismos que permitan el control externo de asignación publicitaria”.
Medios
Según las denuncias, “el monto de publicidad asignado por el Estado sería mayoritariamente destinado a medios de comunicación que el gobierno consideraría afines a sus pautas ideológicas”.
Sin embargo, “a criterio del Estado, las cifras y datos referentes a la publicidad oficial son transparentes de forma activa, por medio de su publicación en plataformas en línea del Gobierno”.
El informe de la CIDH también registra denuncias de demandas judiciales contra medios. “Específicamente, los periódicos Los Tiempos y El Diario han denunciado públicamente lo que denominan ‘asfixia económica’, como resultado de demandas judiciales empresariales —en el caso de Los Tiempos— y expedientes tributarios— en el caso de El Diario— que obstaculizan sus actividades”.
Sin embargo, dice que el Gobierno aclaró que en el primer caso “la controversia es relativa a la división y regulación societaria” y sobre El Diario, “las eventuales diligencias en materia tributaria atienden a un fin legítimo de investigar, apurar y recabar eventuales impuestos no pagos”.
(18/03/2024)