El domingo, cuando el ministro Yerko Núñez anunció la clausura del año escolar, su colega de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, desde su convalecencia, se pasó el día aclarando a quienes lo “sacudían” en redes sociales que “el año escolar se cierra pero la educación continúa”, que “cerrar el año escolar no significa no estudiar”.
Había llegado el límite de su capacidad de gestionar la educación en el país con un gobierno cuestionado de origen. Semanas después de la irrupción del COVID-19 en el país se había aislado junto a otros colegas por sospecha de contagio. Estuvo buen tiempo lejos de las labores educativas mientras los profesores hacían lo (im)posible por sobrellevar la inasistencia a clases de los escolares, casi a ciegas.
Apareció luego con algún gerente de la telefónica estatal o ejecutivos y autoridades de la red estatal de medios para firmar acuerdos que —se esperaba— permitan educación por radio y televisión ante la imposibilidad de clases presenciales especialmente en el área rural.
Hasta que llegó el Día del Maestro, el 6 de junio. Ese día, en un acto muy formal, Cárdenas presentó el Decreto Supremo 4260, de educación virtual, como “regalo” para los educadores. Mientras, los niños y adolescentes del país ya estaban tres meses sin asistir a clases y sin saber qué hacer ante la carencia de políticas claras respecto de su formación educativa en un momento crítico. ¡Tres meses para conocer algo que guíe a los profesores sobre cómo encarar la educación! Tres meses sin que se haya hecho nada por ellos.
A ese tiempo perdido se sumó otro mes, cuando el 7 de julio se conoció algunas luces sobre cómo los maestros deberían ejecutar las cuatro modalidades de educación durante la cuarentena prolongada en el país.
Cuando a duras cuestas los profesores se aprestaban a ensayar una modalidad de enseñanza bajo la guía de ese reglamento, aparece Núñez, en vez de Cárdenas, apra decir que la presidenta Jeanine Áñez decidió clausurar el año escolar. La razón principal, como dijo la mandataria después, fue la salud de los escolares.
Hecho está. Esta decisión pudo ser más creíble al inicio de la emergencia sanitaria, cuando los maestros, los padres de familia y los estudiantes se preguntaban si al final se podía o no salvar el año esperando que los picos de contagio bajen y haya posibilidad de vover a las aulas. No, la clausura llegó luego de casi cinco meses perdidos sin hacer nada. ¡Y aquí no hay matices quepuedan justificar la decisión!
Fue nomás fracaso del ministro que el año pasado quiso ser presidente.
Hasta la forma del anuncio de la clausura fue improvisada: un ministro ajeno al área en el papel (si Cárdenas se pasó el día justificando en redes sociales, podía hacerlo él), sin una explicación sobre la situación de los colegios particulares y sin un decreto que diera más luces (ayer apareció el documento y no explica nada sobre cómo, por ejemplo, será la “formación complementaria” en unidades educativas privadas).
Ahora, luego de la decisión, las críticas abundaron y, como dijo Luis Fernando Camacho, fue “la graduación de los inútiles”. Si el Gobierno ya había dicho que este año “no habrá aplazados”, seguro que hay uno.
Hasta la ONU intervino en la crisis de la educación, que exhortó al Gobierno a revisar su medida en resguardo del derecho de los niños a la educación. Unicef ya había expresado también su preocupación.
Quizás sin proponérselo, la ONU hasta llamó la atención al gobierno de Áñez en sentido de que, “si bien los desafíos para ofrecer clases virtuales son significativos, es fundamental recordar que la educación vía internet no es la única alternativa de educación a distancia”. Incluso puso ejemplos de países como Chile, Perú o Ecuador que están “haciendo esfuerzos para que la educación continúe por métodos alternativos a los presenciales”. Y seguro que los hay.
¿Volver a clases no importa no presenciales? Ahora, Cárdenas y el Gobierno deberán encontrarse en el dilema.
Rubén Atahuichi es periodista