Voces

viernes 25 sep 2020 | Actualizado a 06:55

El ‘Mallku’, el factor inesperado

/ 12 de agosto de 2020 / 02:36

Bolivia vivía en 1899 una guerra civil que a momentos se hacía cruenta y lacerante. José Manuel Pando, hombre de ideas liberales, buscó el derrocamiento del gobierno conservador de Severo Fernández Alonso. Liberales y Conservadores fueron entonces los protagonistas de aquel episodio desgarrador que fue la Guerra Federal. Buscando mayor fortaleza bélica, Pando se alió con el Movimiento Indígena de Pablo Zárate Willka, el temible Willka, como era conocido. Una coalición para enfrentar a la “Oligarquía del Sur” que representaba el Partido Conservador. Tenían intereses diferentes, para Zárate Willka se trataba de asegurar el rol del indígena en el futuro de la República liberal que estaba conformándose.

El 28 de marzo de aquel año, posiblemente preocupado por las matanzas en Coro y Mohoza, Pablo Zárate Willca escribe la Proclama de Caracollo, en ella expresa una idea de respeto recíproco necesario para la convivencia en la nueva República por venir: “Tan lo mismo deben respetar los blancos y vecinos a los indios porque son de la misma sangre e hijos de Bolivia y que deben quererse como hermanos y como indianos”. Ramiro Condarco Morales, autor de la conocida obra Zárate, el temible Willca, señala con acierto y puntualiza: “El debido respeto no solo como persona sino también como sujeto de derecho a la dignidad, a la vida, al progreso material y a la tierra”.

La novela Aluvión de Fuego de Óscar Cerruto, publicada en los años 30 del siglo pasado y como un presagio de lo que estaba por llegar, incorpora una pieza de precisa descripción del momento político de entonces: el Manifiesto de las Nacionalidades Indígenas del Kollasuyo. En sus extensos pasajes sintetiza la crudeza de la relación del indio con el blanco, “¿qué queremos los indios? Algo muy lógico y natural, que se nos devuelva nuestra condición humana”. Sin respeto recíproco la igualdad queda degradada a un simple anuncio retórico y, en consecuencia, la libertad es anulada. Sin libertad ni igualdad, la Patria no puede ser regenerada. La regeneración del país equivalía en esos tiempos a una idea actual de refundación del Estado.

Después de 121 años, los odios raciales señalan que el respeto recíproco fue apenas un delirio momentáneo. Las fuerzas sociales vuelven a colisionar y hoy, el país nuevamente exterioriza la vena iracunda de un racismo que se pretende ocultar. Miles de bolivianos que ejercen su ciudadanía y acción de peticionar, marchan, bloquean y resisten la fecha modificada inconsulta e impensadamente por el Tribunal Electoral. En medio de la pandemia y la polaridad de odios, la protesta es señalada de irracional y los insultos abarrotan las redes sociales. La palabra indio, asociada a los peores y más humillantes adjetivos, se escribe con nombres personales y muchos otros disfrazados en un insulto vergonzante que no permite mostrar el rostro de su autor refinado.

Surgido de la nada, un hombre que ya en 2003 entendió la dimensión de este odio racial, vuelve a manifestarse: “Habrá movilizaciones desde las bases, es la única alternativa, nos haremos respetar porque el Gobierno está pisoteando a todos los hombres y mujeres que vivimos en la ciudad y el campo. Todos los días nos insultan, nos dicen salvajes, ignorantes, estúpidos, burros, indios de mierda. Señores y señoras de raza suprema, respetos guardan respetos. Nos respetaremos como seres humanos”. Hoy las movilizaciones de Felipe Quispe ya amenazan acorralar al Gobierno.

Es importante comprender que el conflicto social está mutando en estas horas. Deja de ser una demanda por el evento electoral y pasa a ser un hecho social, étnico/racial. Han ofendido en extremo a un sector que busca, históricamente, respeto recíproco. El conflicto va absorbiendo fases aceleradamente en su escalada ascendente. El pedido ahora es la salida de quien ejerce la transición. En el círculo rojo del poder, donde no se conoce el país y tampoco las lógicas de incidencia de los movimientos sociales ni la historia de una lucha de reivindicaciones por la igualdad étnica, racial y cultural de Bolivia, endosan toda la responsabilidad al MAS y su círculo dirigencial.

Los movimientos sociales en el altiplano boliviano reciben a Felipe y lo escuchan atentamente. Como en 2003, mientras el error político vigilaba a un dirigente con preocupación enfermiza, Felipe les llenaba de piedras las carreteras incansablemente, un día detrás de otro. Ayer en la tarde el Mallku era nombrado comandante de los bloqueos de las 20 provincias de La Paz. Dijo que mientras viva, no puede dejar a sus hermanos desprotegidos. Tampoco que los insulten.  Pide como en 1899, respeto recíproco.

Jorge Richter es politólogo.

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El fraude que no fue

El informe de la OEA es inconsistente en el relato que buscó instalar

/ 31 de agosto de 2020 / 07:02

Elecciones en Bolivia: Mesa denuncia un “fraude escandaloso” en el recuento de votos y la OEA muestra su “profunda preocupación”, con este titular abría sus informativos la BBC de Londres el 22 de octubre. Un día antes, la Organización de Estados Americanos emitía un comunicado de prensa afirmando que: “A las 20.10 de ayer, el TSE dejó de divulgar los resultados preliminares, por decisión del pleno, con más de 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección”.

Lo ocurrido en noviembre de 2019 configuró una ruptura institucional con la participación de diversos actores en tiempos distintos y roles específicos. Reducido en su capacidad de acción a consecuencia de errores sucesivos, el gobierno de entonces perdió la iniciativa cuando fue acusado de fraude electoral. A partir de ese momento, solo fue observar el final de un ciclo político que ya estaba guionizado con meticulosidad extrema en los detalles. Cada actor con un rol asignado. Tocó a la OEA señalar el proceso con tres acciones específicas: un Comunicado de Prensa, un Informe Preliminar referente al proceso electoral (informe no previsto en el acuerdo firmado con el Estado boliviano) y un Informe Final.

El documento último que presentó la OEA fue recogido por los actores comprometidos en los hechos de noviembre como una referencia bíblica incuestionable bajo sanción de ser acusado de profanar la santa palabra. A más de ello, la inevitable y necesaria lectura de todo lo anotado en él, obliga a señalarle sus profundas deficiencias, esas que terminan asociándolo a un interés que no tiene una dimensión de Observador Internacional ecuánime, sino un decidido aportante a la destrucción institucional del país. Algo comparable ya hizo en Haití en 2010, probando que este mal proceder no es nuevo y, en todo caso, sí es posible.

La OEA buscó instalar en el país y en la sociedad boliviana el convencimiento de un fraude electoral que valide las acciones/decisiones siguientes que vayan a interrumpir el orden institucional del Estado. Para ello construyó una narrativa de manipulación del voto que instaló afirmando que los resultados oficiales que presentó el TSE no son posibles.

Todo se concentra en la declaración: “Acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección. Son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial”.

Buscaron y tuvieron son términos que no aseguran el hecho, evidencian solo un propósito. Sin embargo, en el relato final, estaba implícita la insinuación de que los resultados no eran los que se presentaron.

Tres elementos son el eje argumentativo de la OEA: a) La suspensión del TREP y vinculación de este sistema informático con el del cómputo final; b) El “sorprendente cambio de tendencia” en el porcentaje de votos en favor del MAS; c) Actas manipuladas o irregulares. Tres son también los hechos que la OEA soslaya, siendo fundamentales en el análisis electoral: a) El sistema de elecciones en Bolivia tiene una esencia manual en su ejecución y funcionamiento. El componente informático es menor y se reduce a bases de datos para realizar la sumatoria final de los votos anotados por cada uno de los TDE; b) El equipo auditor no concluyó la tarea que se tenía acordada con ellos, esto es, la revisión y recuento de cada una de las actas de escrutinio que posibilitan tener el número final obtenido por cada partido en la votación; c) La no incorporación de información sensible que, siendo de su conocimiento, contradice lo sostenido como acusación en su informe preliminar y final.

Explicando. La suspensión del TREP como decisión de no continuar informando a la población, no tiene justificación sustentable; ello no implica, sin embargo, que esta acción inentendible haya sido utilizada para la modificación de los resultados finales. En 2016, cuando también proporcionó información rápida, el TREP se detuvo en el 83,1%. En 2019, ocurrió cuando reportaba el 83,9% de las actas. En ambos casos las variaciones con los resultados finales son idénticas. Los sistemas informáticos del TREP y los que trabajan el cómputo final, son independientes y no están conectados entre sí. De hecho, el primero, estuvo bajo administración privada (la empresa Neotec) a diferencia del segundo, que es de responsabilidad del TSE. El informe de la OEA busca vincular ambos sistemas para concluir en una incidencia directa sobre el cómputo final, hecho que no ha podido demostrar, porque son dos procedimientos informáticos absolutamente independientes en su cargado de datos y sumatorias. El argumento de que no se pueden avalar los resultados se basa en un vínculo tecnológico entre el TREP y el cómputo, hecho que es, reitero, inexistente.

Extraña que la OEA haya contratado el pasado mes al politólogo y estadístico hindú Irfan Nooruddin, a fin de validar, muchos meses después, las observaciones que desde diferentes centros académicos y profesionales, como medios de comunicación de alto prestigio vienen realizando sobre la débil consistencia del Informe Final. La preocupación de la OEA está sobre lo afirmado en las páginas 86 a 93, donde deja su esfuerzo para demostrar el cambio de tendencia.

Sobre este punto, el equipo de auditores no informó que minutos antes de la conferencia de prensa para la presentación de los resultados preliminares del TREP, la empresa que administraba el sistema (Neotec) implementó un plan de contingencia —hecho absolutamente fundamental que tiene relación directa con la nueva revelación señalada por el Centro CEPR: “Gran error de codificación revela otra falla garrafal en el análisis de la OEA sobre las elecciones bolivianas de 2019”— que decide cargar las actas de escrutinio de Santa Cruz para cumplir con el porcentaje comprometido de 80%. Así, con la votación de Santa cruz, el sistema pasa de un 60% al 83% de votos escrutados.

Santa Cruz fue una plaza electoralmente favorable a Comunidad Ciudadana. Esto también significó que el MAS bajara su diferencia respecto del segundo, pasando de 11/12 puntos porcentuales a 7/7,5 puntos. El plan de contingencia de Neotec produjo un cambio de tendencia circunstancial de los resultados, al mismo tiempo que Ethical Hacking (empresa encargada de los protocolos de seguridad y de auditar a Neotec) emitió una alerta de actividad inapropiada. Este número de actas cargadas en cantidad anormal no fue incorporado en el Informe Final de la OEA.

Los auditores detectaron y conocían, por lo tanto, que el orden en el que fueron procesadas las actas no fue aleatorio, y que se había incorporado un área favorable a Comunidad Ciudadana. Este hecho de un aumento de tráfico que generó una alerta máxima está ahora reflejado en el nuevo informe y análisis presentado por CEPR, donde la palabra clave en referencia a este evento es “marca de tiempo”, que refiere al día y a la hora en la que cada acta fue procesada. El “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares” dependía de la cronología de cuándo se informaron los votos. Las marcas de tiempo del politólogo Nooruddin estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente.

Los servidores ocultos de los que se habló estaban auditados por Ethical Hacking: no tenían software malicioso, y el usuario misterioso era el señor Guzmán de Rojas, gerente propietario de Neotec. El Informe Final recomienda mayor investigación sobre este servidor; sin embargo, existen cerca de 40 personas detenidas a causa de lo dicho por los auditores. El padrón electoral había sido certificado por la OEA, su confiabilidad superaba el 96%. No visitaron ni requirieron actas de escrutinio de los cerca de 8.000 notarios, no los contactaron nunca. Comunidad Ciudadana tuvo presencia en un 55% de las mesas electorales con sus delegados. El MAS llegó al 66%.

El informe de la OEA es inconsistente en el relato que buscó instalar, por ello las referencias son generales y los interesados evaden su lectura en conciencia por temor a encontrar una verdad que no los valida.

(*) Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Segundo momento del Neogolpismo: reducir la Asamblea Legislativa

/ 29 de julio de 2020 / 09:42

El 15 de julio que pasó, desde el Ministerio de Defensa se le dijo al país que “frenar el ascenso de los generales significaba dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad externa e interna y castigar” a militares que “están haciendo todo el esfuerzo para combatir esta pandemia”. Argumento vacío y desprovisto de sustancia para acometer la ilegalidad. El hecho puntual es que, tanto la CPE, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Reglamento del Senado Nacional, no estipulan plazos específicos, entiéndase cantidad de días, para la aprobación obligada de los ascensos militares. Por el contrario, sí señala la mecánica que reglamenta las situaciones en las que se encontrasen irregularidades que impiden el proceso de ascensos y las formas en las que éstas deben subsanarse. La decisión del Poder Ejecutivo (comportamiento uno) fue avanzar por fuera de la CPE y la ley a través de un decreto, buscando encontrar un mecanismo teñido de legalidad y que le permitiese prescindir de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El 12 de abril, el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central de Bolivia le envían una carta a la señora Kristalina Georgieva, directora general del FMI; en ella, además de señalar la voluntad para cumplir con varios objetivos que son exigencias habituales en las políticas del FMI (reducción del déficit fiscal y colaboración con los personeros del FMI para que accedan a los estados financieros del Estado e informes de auditoría de las cuentas nacionales) expresan el ánimo de (texto traducido): “Dado que la financiación del FMI se prestará al Gobierno, se establecerá un acuerdo marco entre el Gobierno y el Banco Central sobre la responsabilidad respectiva de cumplir con las obligaciones de financiación del FMI”. Importante observar que la CPE también norma los empréstitos que contrae el Estado boliviano. El artículo 158, que refiere a las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el numeral 10 nos dice: “Aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado”.

Todo el proceso de compromisos crediticios que gestiona el Gobierno nacional requiere también, en virtud de lo que señala el artículo 12 de la CPE (“La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”), una comunicación y combinación entre los órganos de poder. Alejado del mandato constitucional de la debida coordinación, la Presidencia del Estado conmina a aprobar unos créditos que bajo la noble presión de “Bono Salud” tiene como trasfondo regularizar el hecho administrativo unilateral. Hoy tenemos un crédito ya desembolsado y comprometido desde el Poder Ejecutivo (comportamiento dos) que, como en el evento de las FFAA, prescinde de las incómodas funciones que la CPE le otorga a la Asamblea Legislativa Plurinacional de ser la instancia de control y fiscalización de los órganos del Estado y las instituciones públicas (Art. 158, numeral 17).

Jueves 23 de julio. El TSE anuncia que la fecha para elegir a nuestras autoridades ha sido modificada una vez más. El detalle que preocupa no está en el argumento que lleva a esta decisión, sino en un abandono de la breve jurisprudencia de un actuar claro y repetido desde noviembre de 2019. Bolivia vive un proceso —interrumpido por la pandemia— electoral de excepción. Este tipo de elecciones está normado en la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que señala expresamente, sin espacio a interpretaciones, que estos procesos requieren de una normatividad “excepcional” (Art. 24, numeral 7) mediante ley expresa. La Ley 1266, que da inicio al proceso electoral boliviano de “excepción” —y que mantiene plena vigencia— señala en su artículo 3 (que no interfiere con la Ley 1304): que el TSE y los TED quedan encargados de la organización, administración y ejecución del proceso electoral. Claramente, la convocatoria se realiza a partir de un rango de tiempo que se define en la ley de “excepción”. Por encima de la normativa excepcional señalada en las leyes 1266, 1269, 1270, 1297 y 1304, impensadamente el TSE (comportamiento 3) asume una decisión (con votación de vocales en disidencia) por fuera de la arquitectura jurídica que regula el proceso electoral de “excepción” para situarse con un poder que prescinde, como en los anteriores casos anotados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dejándola inerme en las facultades que la CPE y las Leyes Orgánicas (018 y 026) le confieren.

Indisimulado trabajo de los sectores duros del conservadurismo en Bolivia para cercar y extinguir el poder constitucional de la ALP. El “Nuevo Golpismo” en América Latina, de fuerte presencia civil y disimulada complicidad militar, busca envolver bajo una semblanza institucional mínima al Órgano Legislativo, manteniendo su funcionamiento, pero reduciéndolo a un valor nominal. Acciones menos sangrientas, pero no por ello, menos antidemocráticas.

Jorge Richter es politólogo.

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La tragedia como opción política

En elecciones es una sociedad la que dialoga. Las prórrogas indefinidas tiende al autortarismo

/ 18 de julio de 2020 / 11:36

Se esperó pacientemente que las elecciones realizadas el domingo 5 en República Dominicana sirvieran de respaldo al último argumento con el que resisten. Ansiaban presentarlas como un fracaso, un indicativo de que el miedo y el temor a contagios masivos constituye la antesala del ausentismo, ese que prioriza el quedarse en casa antes que concurrir a elegir nuevas autoridades. Determinadas también por la pandemia debían constituirse en la referencia irrebatible de cuan inoportuno puede ser el proceso electoral en Bolivia. Las elecciones expresaron un profundo compromiso y valoración institucional. La asistencia señaló números masivos y el evento transcurrió situando a la emergencia sanitaria como algo sensible pero que no detiene la construcción del Estado.

El suspirado y ansiado fracaso no llegó. La nueva normalidad electoral mostró su éxito en largas diez horas de jornada democrática. Con un padrón de votantes que tiene cifras idénticas a las de Bolivia, se alistaron 7.529.932 electores, cerca de medio millón de estos votantes se encuentra en el extranjero; sufragaron 4.163.275, en un sistema caracterizado por el voto voluntario desde el año 2010 y donde no existe sanción alguna por la no asistencia a elegir. Los observadores internacionales fueron 151 y pertenecían a diversos organismos. Estuvo presente la Misión de Observación de la OEA, la gente de la International Foundation for Electoral Systems (IFES), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, entre otros organismos. También estuvieron presentes en las ciudades de Miami, Nueva York y Madrid, lugares donde los dominicanos pudieron cumplir con el deber cívico.

El chileno Eduardo Frei, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA desplegada en República Dominicana, aplaudió el comportamiento y compromiso de ciudadanos y autoridades electorales que, pese a la presencia de la pandemia, organizaron un momento electoral al que calificó de exitoso. En una coyuntura donde la manifestación crítica del COVID-19 es monotemáticamente la cuestión de referencia, el país centroamericano — que presenta cifras de población contagiada con coronavirus en números similares a Bolivia y que un día antes del acto eleccionario alcanzó la curva más alta de infecciones— priorizó el debate programático antes que la cuestión sanitaria.

La tragedia como opción política. Las elecciones han quedado señaladas para el 6 de septiembre. García Hamilton expone en su libro ¿Por qué crecen los países? que el factor de la debida institucionalidad es uno de los elementos más sensibles que contribuyen al desarrollo y estabilidad de los Estados, dentro de ellos, de manera fundamental, la conformación y estructuración del gobierno. La tradición boliviana, de respeto a la constitucionalidad y a las formas democráticas de gobernarnos, no certifica indicadores que lleven a comprender que se han consolidado valores políticos/ institucionales suficientes que los consagren como prioridades inquebrantables. En esa línea de tradición negativa, desde la promulgación a desgano de la Ley 1304 que establece fecha límite para la realización del proceso electoral en el país, de forma sistemática, el poder gubernamental y los sectores duros del noviembrismo se empeñan en detener, con diversos razonamientos y acciones, la cita electoral. ¿Cómo hacerlo posible?

Discursivamente, para los negacionistas del valor de la institucionalidad electoral, el énfasis comunicacional es una aceptación —no podría ser de otra manera— con rostro serio a la convocatoria del proceso eleccionario. En los hechos, solo la tragedia de miles
y miles de contagios inducidos y de un pánico colectivo a la pandemia es lo que puede llevarlos a obtener su objetivo. Bajo ese lúgubre diseño estratégico, el país vive una cuarentena nominal y no efectiva, llevando a la calle a miles de bolivianos bajo formas de control aparente (los gobiernos municipales y departamentales, con sus gestiones ya concluidas encuentran en el perverso modelo la encantadora posibilidad de extender su mandato con administraciones facilitadas por la emergencia) y planes de rastrillaje sin realización de pruebas de contagio para guiarse, únicamente, por la sintomatología general de quien en apariencia puede ser un infectado. Todo un trazo meditado para colapsar los centros hospitalarios, y en ese cuadro dantesco, encontrar el respaldo argumentativo irrebatible de postergar las elecciones hasta el siguiente comunicado.

Impedir la votación nacional le significa al Gobierno acumular adeptos entre quienes ya dejan en duda su convicción democrática y observan arriesgadas conductas no constitucionales. Bajo esa presión que impone la realidad nacional e internacional, la señora y sus adjuntos pretenden un proceso electoral calificado donde no todos alcancen tomar parte para ser electos, ni todos tampoco logren elegir libremente según sus afinidades. Desde el 22 de junio, un día después de promulgada la ley de elecciones, trajinan metódicamente en la anulación de dirigentes y políticos vinculados a los movimientos sociales y al partido con el que éstos se instrumentalizan electoralmente. A contrarreloj y con la desesperación apoderada de sus rostros quieren al candidato opositor inhabilitado. Su idea de elecciones no es la convencional, acá también pretenden deformarla según su necesidad. Piensan en una jornada electiva entre iguales, sin oportunidad de perder y donde la participación se reduzca a cuatro agrupaciones representativas del gremio conservador, dejando excluida la versión popular y de izquierda que en el país representa una importante facción social. Una expresión acabada de cómo vive el noviembrismo su idea de democracia.

Con escasos 32 años, Albert Camus afirmó con experiencia octogenaria: “La inclinación más natural del hombre es hundirse y hundir con él a todo el mundo”. Negarle a un país la libertad para designar a sus autoridades en espacios de igualdad equivale a patrocinar a quienes ya se han adscripto a la destrucción institucional de Bolivia. Es un impulso más para instalar el odio y el racismo, es agrietar sin fin las diferencias con el otro en un insano sentimiento de superioridad. La grandeza solo está en el diálogo. La pacificación entre distintos es una construcción social para coexistir. Los monólogos, en cambio, solo necesitan la obediencia silenciosa de quien está obligado a escuchar. En elecciones, es una sociedad la que dialoga. En las prórrogas indefinidas, el diálogo se convierte en monólogo y éste torna en autoritarismo.

(*) Volvemos a publicar el presente artículo porque el presentado en el anterior número de Animal Político contenía un error de armado. Pedimos disculpas al autor y a nuestros lectores.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Un país DESQUICIADO

/ 15 de julio de 2020 / 09:33

Han desconfigurado el país. Desconfigurado significa que los factores cardinales que determinan el orden, la estabilidad y la convivencia social en el Estado se han desordenado profundamente hasta permanecer en una situación de descontrol. Elementos raciales, identitarios, culturales, dialógicos, institucionales, sociales y, esencialmente constitucionales, se han desconectado de la normalidad Estado-sociedad-gobierno. La desconfiguración estatal es una secuela lógica de algo. En el caso de Bolivia, es el corolario de quien expropia la presidencia para desplazar y atender sus ansiedades políticas, es una captura del poder que sojuzga y no construye.

En política se llega al control del gobierno por dos travesías líneas: la institucional eleccionaria que señala siempre el ordenamiento mayor e interno de los países y la vía forzada, colindante a estados de fuerza que trastocan el precepto constitucional. Cuando se asalta el poder, tanto la legalidad como la legitimidad de los nuevos gobernantes queda en entredicho de forma indeleble. Los esfuerzos retóricos y las modernas estrategias de construcción de imagen no retiran de escena aquello que en el imaginario social se instala asociativamente a un hecho de ruptura de la estabilidad democrática. Es previsible en ese escenario, cuando el ciclo impiadoso de la venganza no logra consumarse y agotada ya la fuerza de la represión, ver como la falsedad gobernante se desquicia en forma acelerada. Si a esta situación se incluye impericia y ausencia de capacidades por desconocimiento de las lógicas de incidencia sociales, el resultado es un desgobierno con retirada anunciada.

Shakespeare por medio de su persistente Hamlet nos expresó unas palabras: “el tiempo está fuera de quicio”. En un tiempo desquiciado, “un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo…” decían Marx y Engels. Sobre esta fórmula, Jacques Derrida documentó su obra «Espectros de Marx». Los espectros —y acá su valía— no son solamente aquellos que retornan de un ya recorrido pasado, sino de algo que está por llegar. Los espectros son reapariciones de lo acaecido, pero también algo que prorrumpe a ser y concretarse. Los espectros del autoritarismo antidemocrático y segregador insinúan hoy reinstalarse en nuestro espacio nacional. En tiempos de odio incontrolado, no es uno solo, sino varios: injusticias, derechos perdidos, violentar al otro, dañar, detener. El espectro es la incivilidad política que pensamos ya suprimida.

¿Tiene la política todavía algún sentido? se preguntaba Hannah Arendt en los años 70. Una interpelación que abandonaba la simplicidad y rechazaba la respuesta sencilla para centrarse en el daño que había producido la política, los hechos desgarradores y angustiantes de los que era responsable y los que amenazaba aún desencadenar. Ante el emplazamiento entonces, la mirada y la voz que habla y que refiere al sentido mayor de la política: la libertad.

En este Estado desquiciado, desconfigurado en cada ángulo, la sensación de que la política nos está matando se convierte en una aporía real. La insolvencia para desprendernos del odio racial, debería llevarnos a algo más que leer los periódicos del día buscando ver reflejadas nuestras satisfacciones de desprecio al otro, siempre disfrazadas de cobertura noticiosa, y preguntarnos, si este sin sentido construido por la obsesión de juzgar y castigar, de arrogarse el derecho de encontrar culpables, de marginar y de definir quiénes son dignos de ser aceptados en esta sociedad, es algo que nos hace mejores. Madison aseguraba que en las sociedades se trata de convivencia de hombres y no de ángeles, y para ello, evitar la destrucción de unos con otros solo es posible mediante un Estado centrado en la libertad e igualdad de sus ciudadanos y organizado de forma institucional.

Bolivia, julio de 2020, gobierna un grupo desquiciado que piensa que imponer es mejor que elegir democráticamente.

*Jorge Richter es politólogo.

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“Yo tengo otra información”

Hoy que el poder judicial retoma sus actividades el gobierno reimpulsará acciones penales contra el candidato que les arrebata el sosiego

/ 2 de julio de 2020 / 11:20

LA PAZ BOLIVIA.- JORGE RICHTER, ANALISTA POLITICO ES ENTREVISTADO EN EXCLUSIVA POR LA RAZON. FOTOS - MIGUEL CARRASCO MIÉRCOLES 11-13-19 NOVIEMBRE 2019 OHAH

El año 2017 incorporó una palabra que quedó como la más explotada y aplicada en la política. Medios de comunicación, analistas, politólogos y filósofos la pronunciaban para referirse a conductas y realidades consideradas ahora en una perspectiva personal. “Posverdad” fue el vocablo de moda entonces, casi una expresión de rebelión ante los hechos, mi opinión por encima de la evidencia. La era de las celebridades anónimas, la visibilidad plena. La primera fila de la opinión. La veracidad contra el ánimo de expresarse, contra la calidad de la noticia y contra las pruebas también. La cultura inapelable de lo online y la frenética ola mediática que no distingue lo existencial de la ficción. La verdad no está más, pues la invención de historias no se detiene y supera la capacidad analítica de nuestras sociedades.

Andrés López Obrador, hoy presidente de México, desde sus tiempos electorales, que no fueron escasos y donde enfrentó a los medios más conservadores, esos que él creativamente llamo “la prensa fifí”, ha desarrollado una singular manera de contención y paralización a la posverdad. Él suele repeler y desaprobar los relatos adversos con un pausado y siempre presente “Yo tengo otra información y otros datos”. El presidente ha encontrado en esta frase una forma de combatir y resistir la narración subjetiva e intencionada.

Bolivia, julio de dos mil veinte. El gobierno vuelve sus pasos sobre el Estado policial y cancelador de las garantías y los derechos. En tan solo un lapso de dos días ha sumado inculpaciones, procesos y obsesiones sin pausa, encuentra una conjura y estrategia de corrupción infiltrada para desprestigiar la probidad de los actuales hombres y mujeres de Estado. No eran ellos, eran los otros. Sobre preciar los inconectados respiradores fue un plan para afectar la pureza gubernamental. Yo tengo otra información y otros datos.

La cancillería y la canciller también quieren estar —“estar” significa a veces protegerse del despido inesperado, “hay que estar”—, le enuncian a la comunidad internacional que el país está siendo desestabilizado por cuatro costados y un hombre sobrepoderoso, casi extranatural. Encuentran que la no aprobación de los ascensos militares, que las observaciones al préstamo —léase cooperación internacional— de la casa de la caridad que es el FMI, que sectores sociales que buscan causar caos facilitando las tareas del narcotráfico y la delincuencia organizada, que algunos con Nicolás Maduro armaron un extraordinario aparato comunicacional de alcance internacional para negar el fraude electoral. Todo un plan bestial que impide y distrae la eficiente gestión en la que están empeñados los hombres y las mujeres del gobierno. Yo tengo otra información y otros datos.
La historia sigue. Hoy que el poder judicial retoma sus actividades el gobierno reimpulsará acciones penales contra el candidato que les arrebata el sosiego. El hombre del Ministerio de Justicia informa que ese señor utilizó más de 3.000 millones de bolivianos (la cifra está bien escrita) para comprar la conciencia de los inconscientes. El ángel justiciero entonces apuesta más fuerte, comunica que personalmente reactivará más de 60 procesos contra exautoridades que también le dañan la placidez del sueño. Lo hace —eso dice— porque no puede ser que ellos hablen de corrupción sin dar respuesta a esto. Yo tengo otra información y otros datos.

La otra información es la siguiente: para el grupo transitorio los días en Palacio Quemado son el lado caliente del infierno. Que son dos los que juegan a ser los estrategas, que no comprenden el proceso inclusivo e identitario de ese constructo social por acumulación histórica y demandas inatendidas. Que intentarán detener el cauce institucional hacia las elecciones, que las quieren señalar para el 2021 y así postergarlas hasta donde se pueda. Que en los días que vienen conoceremos de procesos judiciales, persecución, detenciones y aparición de testigos que salen impensadamente de las gavetas que tiene ocultas el ángel justiciero. Que están en la creencia de que el Estado policial, militar y persecutorio logrará disimular la cadena de desaciertos. Que las encuestas que leen anuncian que ya los desplazaron del segundo lugar y que la elección la pueden ganar en primera votación los que ellos odian de forma militante. Que quieren arrancar la fecha del 6 de septiembre del calendario, que no llegue nunca, porque entonces ahí ya se imaginan que la vida sería invivible, que el refrán que habla de que el dinero no hace a la felicidad podría ser cierto.

La información que yo tengo es que nunca la palabra “estamos jodidos” se pronunció tantas veces, que la convirtieron en la muestra del país que han construido y que a pesar de ello, de esa desolada realidad en la que existen, confinados a su angustia, los dos asesores de la estrategia perversa exigen mostrarse satisfechos, al menos públicamente, del régimen de pesadumbre que han instalado.

Jorge Richter Ramírez es politólogo

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