Voces

jueves 27 ene 2022 | Actualizado a 08:48

El ‘Mallku’, el factor inesperado

/ 12 de agosto de 2020 / 02:36

Bolivia vivía en 1899 una guerra civil que a momentos se hacía cruenta y lacerante. José Manuel Pando, hombre de ideas liberales, buscó el derrocamiento del gobierno conservador de Severo Fernández Alonso. Liberales y Conservadores fueron entonces los protagonistas de aquel episodio desgarrador que fue la Guerra Federal. Buscando mayor fortaleza bélica, Pando se alió con el Movimiento Indígena de Pablo Zárate Willka, el temible Willka, como era conocido. Una coalición para enfrentar a la “Oligarquía del Sur” que representaba el Partido Conservador. Tenían intereses diferentes, para Zárate Willka se trataba de asegurar el rol del indígena en el futuro de la República liberal que estaba conformándose.

El 28 de marzo de aquel año, posiblemente preocupado por las matanzas en Coro y Mohoza, Pablo Zárate Willca escribe la Proclama de Caracollo, en ella expresa una idea de respeto recíproco necesario para la convivencia en la nueva República por venir: “Tan lo mismo deben respetar los blancos y vecinos a los indios porque son de la misma sangre e hijos de Bolivia y que deben quererse como hermanos y como indianos”. Ramiro Condarco Morales, autor de la conocida obra Zárate, el temible Willca, señala con acierto y puntualiza: “El debido respeto no solo como persona sino también como sujeto de derecho a la dignidad, a la vida, al progreso material y a la tierra”.

La novela Aluvión de Fuego de Óscar Cerruto, publicada en los años 30 del siglo pasado y como un presagio de lo que estaba por llegar, incorpora una pieza de precisa descripción del momento político de entonces: el Manifiesto de las Nacionalidades Indígenas del Kollasuyo. En sus extensos pasajes sintetiza la crudeza de la relación del indio con el blanco, “¿qué queremos los indios? Algo muy lógico y natural, que se nos devuelva nuestra condición humana”. Sin respeto recíproco la igualdad queda degradada a un simple anuncio retórico y, en consecuencia, la libertad es anulada. Sin libertad ni igualdad, la Patria no puede ser regenerada. La regeneración del país equivalía en esos tiempos a una idea actual de refundación del Estado.

Después de 121 años, los odios raciales señalan que el respeto recíproco fue apenas un delirio momentáneo. Las fuerzas sociales vuelven a colisionar y hoy, el país nuevamente exterioriza la vena iracunda de un racismo que se pretende ocultar. Miles de bolivianos que ejercen su ciudadanía y acción de peticionar, marchan, bloquean y resisten la fecha modificada inconsulta e impensadamente por el Tribunal Electoral. En medio de la pandemia y la polaridad de odios, la protesta es señalada de irracional y los insultos abarrotan las redes sociales. La palabra indio, asociada a los peores y más humillantes adjetivos, se escribe con nombres personales y muchos otros disfrazados en un insulto vergonzante que no permite mostrar el rostro de su autor refinado.

Surgido de la nada, un hombre que ya en 2003 entendió la dimensión de este odio racial, vuelve a manifestarse: “Habrá movilizaciones desde las bases, es la única alternativa, nos haremos respetar porque el Gobierno está pisoteando a todos los hombres y mujeres que vivimos en la ciudad y el campo. Todos los días nos insultan, nos dicen salvajes, ignorantes, estúpidos, burros, indios de mierda. Señores y señoras de raza suprema, respetos guardan respetos. Nos respetaremos como seres humanos”. Hoy las movilizaciones de Felipe Quispe ya amenazan acorralar al Gobierno.

Es importante comprender que el conflicto social está mutando en estas horas. Deja de ser una demanda por el evento electoral y pasa a ser un hecho social, étnico/racial. Han ofendido en extremo a un sector que busca, históricamente, respeto recíproco. El conflicto va absorbiendo fases aceleradamente en su escalada ascendente. El pedido ahora es la salida de quien ejerce la transición. En el círculo rojo del poder, donde no se conoce el país y tampoco las lógicas de incidencia de los movimientos sociales ni la historia de una lucha de reivindicaciones por la igualdad étnica, racial y cultural de Bolivia, endosan toda la responsabilidad al MAS y su círculo dirigencial.

Los movimientos sociales en el altiplano boliviano reciben a Felipe y lo escuchan atentamente. Como en 2003, mientras el error político vigilaba a un dirigente con preocupación enfermiza, Felipe les llenaba de piedras las carreteras incansablemente, un día detrás de otro. Ayer en la tarde el Mallku era nombrado comandante de los bloqueos de las 20 provincias de La Paz. Dijo que mientras viva, no puede dejar a sus hermanos desprotegidos. Tampoco que los insulten.  Pide como en 1899, respeto recíproco.

Jorge Richter es politólogo.

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El Círculo de Hierro, un modelo agotado

El modelo cruceño no tiene un futuro de paz si allí conviven dos sociedades y una de ellas excluye a la otra.

/ 16 de enero de 2022 / 18:18

DIBUJO LIBRE

Hace unos cincuenta años, en 1968, tras los grandes amotinamientos raciales habidos en todo el país, el presidente Johnson nombró una comisión para determinar las causas del fenómeno, entidad cuyas conclusiones, por desgracia, siguen teniendo validez hasta hoy: ‘Nuestro país está evolucionando hacia dos sociedades distintas, una negra y la otra blanca, ambas independientes y desiguales’. Surgía allí la imagen de una nación en la que los afroamericanos se enfrentaban a discriminaciones sistemáticas, a una educación y unas viviendas deficientes y una falta absoluta de oportunidades económicas: para ellos no existía el sueño americano”. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz es el autor de estas palabras que, cuando revisamos nuestra construcción societal, encontramos trazos de similitud que hoy, entre varios factores, procuran entender y explicar las tensiones y confrontaciones sociales de nuestro país, que además se van ramificando hacia lo económico y social.

El agotamiento de lo que algunos llaman el “modelo cruceño” y la necesidad de establecer un debate sobre lo que unas voces interesadas de la acción política e institucional quieren circunscribir, únicamente, a las capacidades productivas de la región no se reduce monotemáticamente a la cuestión económica/productiva. Política, economía y sociedad están profundamente entrelazadas. Cuando las sociedades construyen desigualdades económicas, éstas replican en breve tiempo en desigualdades sociales e inevitablemente también en profundas asimetrías políticas de representación.

El conocido profesor francés Thomas Piketty escribe en uno de sus últimos libros: “Los dos países que habían optado por el ultraliberalismo, con Reagan y Thatcher en la década de 1980 y que desde entonces habían experimentado un mayor aumento de la desigualdad, han decidido tres décadas más tarde optar por el nacionalismo y una forma de retorno a las fronteras y la identidad nacional… este cambio expresa el fracaso del reaganismo y el thatcherismo. Las clases medias americanas y británicas no se han beneficiado de la prosperidad prometida por el liberalismo integral”. Las exportaciones indiscriminadas sin reparo en el mercado interno, la financiarización, el capital, la producción itinerante y la globalización son elementos que no van protegidos de respaldo social y, los modelos políticos con esencia popular —fundamentalmente en Latinoamérica— interpelan estos manuales de economía generadores de marcadas anomalías sociales, políticas y económicas. Los modelos, donde los superricos buscan obstruir y desempoderar a quienes movilizados popularmente reclaman las disparidades, han creado sociedades con economías disfuncionales y órdenes políticos desproporcionados. Entiéndase que toda desproporcionalidad del orden político social carente de equilibrios en la representación es un conductor de tensiones y conflictologías.

Analicemos aquello que los sectores liberales/conservadores de Santa Cruz llaman el “modelo cruceño”. Acá la cuestión central es compartir la prosperidad y ello no se reduce únicamente a las capacidades del mercado y a la mano invisible de Adam Smith como mecanismo natural hacia el bienestar; de hecho, Smith reconocía las insuficiencias del mercado y la necesidad de acciones gubernamentales para corregir complementariamente. Mercado y políticas gubernamentales posiblemente nunca serán perfectas, pero requieren complementarse para, como, por ejemplo, corregir el desempleo. Tampoco el “modelo cruceño” (el gentilicio asociado intenta conferir un cierto orgullo nacionalista/regional que lo dote de legitimidad en una supuesta base social de apoyo) puede pensarse desde la perspectiva única de la productividad. Compartir la prosperidad exige trabajar en igualdad de oportunidades integrales, y esto es la búsqueda de acciones que permitan salir de la base de la pirámide social/ económica/política para ascender hacia la cima, esa movilidad social, dada por un fuerte factor aspiracional en Santa Cruz es lo que ha quedado en evidencia negativa, la base social es demasiado ancha para que el “modelo” pueda acreditarse exitoso. Acá la explicación tiene connotaciones sociológicas. El modelo se agota porque su principio rector lo ha convertido en excluyente. Sus capacidades productivas exitosas no logran hoy disimular la cooptación de una sociedad que está alejada del formato privatizado del poder político, que monopoliza la institucionalidad en su beneficio (como es el caso también de los ítems fantasmas) en espacios que son controlados por clanes familiares, organizados en poderes cerrados y privados, expresión estructurada de las logias que parcelan sus áreas de control y poder, y que extendidamente toman para sí la representación política, siendo a su vez los principales acumuladores del excedente económico que produce la región.

El Círculo de Hierro se ha construido en diferentes formas y tiempos, pero siempre bajo un mismo patrón: clanes familiares y castas políticas, oligarquías económicas y poder privado de logias. Todo ello integrado en una sola dirección: dominio integral de la región. Los estudios que investigaron el poder de las logias señalan el tránsito que éstas recorrieron en la historia cruceña. Se organizan confrontacionalmente como una reacción ante la llegada de miles de migrantes, como barrera a las ideas socialistas y comunistas en expansión a fines de los años setenta y en defensa de las instituciones cruceñas. Las dos logias predominantes en Santa Cruz no han dejado, desde entonces, institución alguna que no esté bajo su control. Sus administraciones son controladas y pactados los nombres de sus directivas. Cooperativas de servicios, cooperativas financieras, colegios de profesionales, clubes sociales, federaciones de profesionales, de industriales y de fraternidades entre otras entidades se encuentran bajo su rectoría. Este poder político, económico y social no deja espacio para el cruceño y cruceña no privilegiado y que conforma la mayoría de la población.

Este modelo agotado y envejecido es un modelo de beneficios por goteo y reticente a incorporar factores redistributivos de la riqueza. Se acumulan los excedentes económicos en el Círculo de Hierro; la representación política surge del Círculo de Hierro y las decisiones están en el Círculo de Hierro bajo la apariencia de Comité Cívico; las instituciones obedecen al Círculo de Hierro. Las lógicas propias del neoliberalismo exacerbadamente individualista y excluyente en lo social y político se han instalado como la constante e histórica dicotomía: ¿riqueza de unos cuantos? Siendo ésta una realidad palpable, la necesidad de democratizar las instituciones, la representación política y la redistribución del excedente económico es una obligación correctiva urgente que debe alcanzar a un poder de pocos que tiene retenido el poder democrático y plural de todos.

La ofrecida ilusión de un éxito económico que no llega al bolsillo de las mayorías se convierte en un hecho evanescente porque también margina y expulsa socialmente, es entonces cuando se direcciona hacia la tensión social y se abonan los índices de criminalidad. En una situación con semejanzas, Joseph Stiglitz decía: “Debemos enterrar nuestra arrogancia respecto a nuestro propio sistema económico, pues debería quedarnos claro que tiene serias limitaciones, en especial cuando se trata de garantizar que la prosperidad sea compartida”. Un modelo de desarrollo no tiene perspectiva pacífica si en su mismo territorio deben convivir forzadamente dos sociedades y una de ellas excluye y aparta a la otra.

(*)Jorge Richter R. es politólogo.

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La Marcha

La marcha es el mayor ejercicio político de manifestación y de acción de los grupos sociales/políticos.

/ 5 de diciembre de 2021 / 20:42

DIBUJO LIBRE

Agosto de 1986. Interminables columnas de gente marchaban por el altiplano boliviano, cinco mil mineros acompañados por sus familias se dirigían hacia la ciudad de La Paz. La caída de los precios internacionales de los minerales un año antes encerró a la vieja Comibol en un callejón sin más opciones posibles que el final de actividades en tantísimas unidades no rentables. Una situación de colapso económico, el peso de la deuda externa lograda por el gobierno militar de Banzer y sucesores, la descontrolada hiperinflación y el valor inexistente del peso boliviano, sumado a las dificultades políticas del gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo, condujeron a un escenario donde Víctor Paz Estenssoro, recién convertido en presidente, pronunció aquella sentencia: “Compatriotas, Bolivia se nos muere”. Sobre aquella angustiosa situación de crisis, la debacle del sector minero llevó a que el gobierno decidiera empujar a miles de trabajadores de las minas hacia el desempleo. En un desesperado esfuerzo por mantener sus fuentes de trabajo, los mineros cesantes, contados por millares, se lanzaron a una marcha que les permitía abrazarse a un hálito de esperanza. Durante días, hombres y mujeres transitaron sobre aquella carretera que en aquel entonces era de una vía de ida y otra de vuelta. No había alegría, no era el hecho místico el que guiaba el esfuerzo en cada kilómetro. Un mal presentimiento cruzaba las sensaciones de aquellas mujeres y hombres. Cuando estaban a 57 kilómetros de La Paz, en Calamarca, una acción militar los detuvo, los dispersó y venció la decisión de su marcha. Resignados y con el espíritu quebrado volvieron a sus poblados y desde entonces su vida cambió fatalmente. Fue, bien podríamos decir, uno de los esfuerzos más dramáticos del sector obrero del país.

Las marchas son un hecho colectivo/ social. Son también protagonistas en la historia reciente de la construcción de nuestra democracia como un símbolo y una forma de visibilizar un hecho de máxima tensión. En el tiempo tuvieron diferentes significados y expresaron distintos sentires y preocupaciones, a momentos políticos, otras veces como un clamor de dignidad, pero siempre, siempre fueron Marchas por la Vida y la Patria. Marchan los humildes, los que la historia busca rendirlos, amansarlos, disciplinarlos, subyugarlos, obligarlos y derrotarlos. Marchan para ser, para estar, para decir, para gritar, para resistir. Marchan para defender aquello que históricamente nadie debió arrebatarles.

Una marcha es una manifestación y una manifestación en la calle es una expresión colectiva con fines de incidencia sobre coyunturas y hechos de contexto. En la primera mirada, una visión horizontal, sus participantes se caracterizan por una homogeneidad en el interés compartido; sin embargo, los perfiles, como también las finalidades, son diversos. Los distintos niveles de implicación exigen también que haya un abordaje necesario de ellos. Unos son participantes, místicos de un proyecto político, otros son militantes de la acción política que buscan diferentes acercamientos y recomposiciones del poder. Entre ambos coexiste una mutua necesidad que determina su vigencia y sus posibilidades. Quien participa y se inmiscuye en una forma de manifestación realiza un acto de involucramiento, lo que inicia el proceso de construcción de pertenencias, pues la manifestación es la acción más decidida de ser parte “de”, es el inicio de la acción política y el compromiso. A diferencia de las concentraciones multitudinarias, precisas en tiempo y lugar, las marchas implican el ejercicio de la travesía, en el que el colectivo social en movimiento socializa y construye la aventura de la utopía, del misticismo y de la causa. La marcha es el mayor ejercicio político de manifestación y de acción de los grupos sociales/ políticos. Es el camino que transfigura el movimiento social hasta convertirlo en movimiento político con potencialidad de ejercicio pleno de poder.

La marcha deja una agenda inextinguible a cumplir en el próximo tiempo: justicia ante lo sucedido en noviembre 2019, y deja también un mensaje: Bolivia será democrática y plurinacional o no será. Como se viene intentando desde la Corporación Mediática Empresarial, se quiere acostumbrarnos a pensar que son, quienes allí estuvieron, los miles de marchantes, nuestros abuelos caminando sobre el altiplano, las mujeres de pollera recorriendo el asfalto bajo la lluvia y el frío de la planicie, los jóvenes indestructibles a la fatiga del camino, todos ellos invisibles y en su lacónica mirada, un excedente demográfico que perturba su ideal de sociedad inmaculada y liberal. La agenda de La Marcha señala que Bolivia debe trabajar por la justicia. Una labor que en lo inmediato demanda reconstruir la memoria histórica de los hechos sucedidos aquel mes hace dos años, señalar las responsabilidades de quienes abrieron paso a la muerte, a la tragedia y al dolor de bolivianas y bolivianos. Pero la esencia mayor de esta agenda está en haber dejado una rúbrica a fuego de aquello que, estando irresuelto, impide la convivencia pacífica.

Justicia quiere decir terminar con el odio y con la mentira. El odio expresado por las viejas oligarquías a la diversidad de una sociedad abigarrada en miles de formas y colores de piel. Justicia no puede entenderse como abrir unas prisiones y cerrar otras. La justicia consiste en superar el estado de odio y de mentiras que lo sustentan. El odio es, en esencia, una mentira con rostro cambiado. Albert Camus hablaba de una filiación casi biológica entre odio y mentira, cual una máscara que se usa para actuar. La mentira transita hoy por las redes sociales y los medios que abandonaron la imparcialidad para ser maquinarias deformadoras de la noticia, una portavocía permanente del desprecio. A mayores expresiones de odio, mayores volúmenes de mentiras. Todos dicen ser justos y defensores de un humanismo acabado, ser también miembros del club de la democracia civilizada sin conocer qué expresa ello. Justicia no es una tregua necesaria y a momentos histórica, es la decisión urgente de terminar con las relaciones sociopolíticas racializadas, es un cambio estructural en las miradas societales, reconocer nuestras contradicciones de sociedad e intentar conciliarlas. Justicia es dejar de hablar y empezar a actuar, casi como un tiempo en el que las palabras se agotan y las acciones lloran por reemplazarlas.

La marcha fue reptando por toda la carretera desde Caracollo hasta La Paz, en todo su largo recorrer fue dejando un mensaje político evidente y una fuerte estela cargada de simbología, decía a cada paso que la patria es plurinacional, es diversa en su formación social, entonces también decía que las bolivianas y los bolivianos debemos ser compasivos con ella. La compasión tiene su mejor atributo en la imaginación, en el hecho de suponerse en el lugar del otro, sufriendo y padeciendo el desprecio cuando color de piel y origen condenan anticipadamente y excluyen. La comprensión ineludible y obligatoria de la plurinacionalidad, de parte de aquellos que la resisten política y socialmente, conduce a superar un pensamiento reducido a simples enunciados ante la realidad incómoda. Nadie puede pretender un modelo social y político en el que indios, campesinos, pueblos originarios, pero también asalariados, obreros e informales, deban mantenerse en una resignada condición de subalternidad.

(*)Jorge Richter R. es politólogo, actual vocero presidencial

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Radiografía del errático opositor

Hoy se interpela a la derecha por hacer del desprecio a la vida una manera de conducirse en la política.

/ 31 de octubre de 2021 / 20:35

DIBUJO LIBRE

Qué es la vida si no una aproximación diaria a la muerte? ¿Y qué es la política si solo es reducida a destruir? En las dos circunstancias el final queda marcado por un trémulo e inexorable caminar hacia su fin. La oposición política en Bolivia, vacía de pensamiento, llevó en el mes de la ruptura institucional sus ansias hasta el fin, y allá en el fin no había nada. Entonces lastimaron y mataron también.

Si pretendemos un análisis político del momento opositor después de un esforzado intento por renovar las acciones movilizadas que los conduzcan a “concluir lo que empezamos en noviembre de 2019” —léase paro cívico, político e institucional— requerimos, metodológicamente, examinar la estructura de la realidad discursiva/conductual opositora como marco de referencia indispensable. En los ambientes que se congregan los opositores —espacios virtuales, cafés o domiciliarios— retumban ciertas ideas con intención estratégica: la mayor de ellas, ganar las calles construyendo una presencia política visible en ese espacio público; hablan de la necesidad de crear un elemento disparador de la movilización popular; hablan también de erosionar al Gobierno con denuncias permanentes, de montar una presencia infinita en las redes sociales y a través de ellas desgastar y desgastar, exponiendo todo aquello que pueda visibilizar problemas que deriven en inestabilidad social. Ya en las estructuras institucionales y partidarias, los elementos estratégicos avanzan por la instalación de posverdades, construcción de realidades paralelas y fijación de sensaciones sociales masivas disparadas desde la corporación mediática empresarial, los poderes políticos y actores cívico institucionales. En los mismos espacios todos ellos insisten repetidamente, en un acto de falsa contrición, de ser incuestionablemente demócratas; pero no lo son.

El retorno a la calle. En 2019 tuvieron un factor de indignación construido desde espacios institucionales de supuesta objetividad irrebatible. La OEA y su inefable secretario general, articulado en sintonía quirúrgica con viejos actores políticos y una agresiva dirigencia cívica, construyeron la narrativa del fraude electoral, a la que días después se agregó el discurso de la alta dirigencia episcopal. Juntos organizaron la movilización de los sectores medios para validar los métodos no constitucionales y propiciar la ruptura. Se anotaron esa batalla y tomaron el control del Estado. Y en el fervor de saberse poderosos, olvidaron la importancia de conocer la organización más sensible de la sociedad boliviana; ahí pensaron entonces en décadas de poder político omnímodo como algo posible. Hoy, la historia los ha sentado ya en el banquillo acusatorio, interpelándolos frontalmente por hacer del desprecio a la vida una manera de conducirse en la política.

El factor de indignación hoy ausente —que es un proceso de construcción que exige de la presencia de diversos componentes— los llevó a intentar, con elementos discursivos menores articulados y potenciados desde sus espacios en la corporación mediática empresarial y redes sociales anónimas, una paralización plena del país con la expectativa de lograr adhesiones espontáneas al movimiento opositor. El resultado se expresó en la pobre efusividad exhibida por las autoridades convocantes.

El grupo cívico político institucional, sin cohesión interna ni liderazgos que entusiasmen y comprendan el arte de la conducción política, busca regresar en propiedad a las calles; para ello, de forma dispersa debaten acciones: el revocatorio, como proceso de motivación movilizadora antes que imaginar posible una victoria en las urnas. Entienden que el armado de esa logística y un supuesto rechazo desde el Tribunal Electoral con argumentos diversos les permitiría continuar durante tres años haciendo política y denunciando el hecho. Sobre esta iniciativa que no tiene consenso, se argumenta que no existen las condiciones históricas y sociales que lleven a la gente nuevamente a las calles, se sabe también que la idea es más de entusiasmo que de posibilidades reales. Otra acción considerada está en la formación de nuevas organizaciones sociales y alianzas con aquellas en disidencia con el MAS, esto como proceso de creación de un nuevo poder político. La derecha en Bolivia ha comprendido que el poder requerido para apropiarse de la calle viene de las organizaciones sociales antes que del natural apoyo de las clases medias, que no tienen tradición de movilización. Siendo este un proceso de compleja construcción social en el tiempo, intentan hoy alianzas con organizaciones sociales en oposición circunstancial a una suma de proyectos de ley de coyuntura para acumular tensiones y exponer problemas que conduzcan al deterioro permanente que se plantean.

Las clases medias radicalizadas, hoy convertidas en la expresión de la derecha y el conservadurismo intolerante, a diferencia del movimiento popular, tienen otras formas de organización social desde donde intervienen políticamente, sus corporaciones están en los colegios de profesionales, cámaras empresariales, asociaciones de fraternidades, círculos sociales, universidades y colegios privados. Un conjunto de corporatividades alternas a lo social y popular, pero con limitadas capacidades en la movilización constante que exige la calle.

La disputa es por la propiedad de la calle. El movimiento popular, expresión de la Corporatividad Social y Popular, entiende que, ante la ofensiva de las formas políticas de ruptura propias del modelo noviembrista, se debe contrapesar con otro modelo: el de la Acción Colectiva Territorial Movilizada. Esto es, presencia territorial popular movilizada de forma constante.

Los sectores antes dominantes ejercían su lógica de dominio en unidad casi natural, quienes resistían lo hacían dispersos, en esfuerzos aislados. Hoy, inversamente, la historia muestra que quienes resistieron están cohesionados en un bloque popular y el absolutismo de antes resiste separadamente con focos de violencia. No todas las respuestas a procesos y hechos políticos tienen inflexiblemente una naturaleza política. A momentos, las contestaciones a lo político suelen tener argumentos propios de la psicología, respuestas conductuales y discursivas que aclaran el errático andar del hombre opositor del momento, tal vez explicado por el pasado inmediato, por los muertos sembrados. Los muertos producen insomnio y el insomnio arrastra a la locura. Los fantasmas de la muerte los van enloqueciendo hasta dejarlos en un cenagal de despecho y angustias. ¿Qué podría haber pensado Dios cuando las balas salían impiadosamente de aquellos fusiles en Sacaba y Senkata?

(*)Jorge Richter R. es politólogo, actual Vocero presidencial.

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El Tiempo del desprecio

¿Puede un boliviano ordenar la muerte de otro y éste ejecutarla sin advertencia de su conciencia? Sí, nos mostraron que podían.

/ 29 de agosto de 2021 / 17:58

DIBUJO LIBRE

En 1944, cuando el calendario apuntaba la fecha del 30 de agosto, Albert Camus publicaba en la revista Combat un artículo al que tituló El Tiempo del Desprecio. Decía: “Treinta y cuatro franceses torturados, después asesinados en Vincennes: palabras que no dicen nada si la imaginación no añade lo suyo. ¿Y qué ve la imaginación? Dos hombres frente a frente, uno se apresta a arrancarle las uñas al otro, que lo mira. No es la primera vez que imaginamos estas escenas insoportables. En 1933 comenzó una época que uno de nuestros hombres más grandes llamó, con justicia, el tiempo del desprecio. Y durante diez años, con cada noticia de que seres desnudos y desarmados habían sido pacientemente mutilados por hombres cuyo rostro es como el nuestro, se nos trastornaba la cabeza y nos preguntábamos cómo era posible. Sin embargo, era posible. Durante diez años fue posible y hoy, como para advertirnos que la victoria de las armas no es todo, hay todavía camaradas despedazados, miembros destrozados y ojos aplastados a taconazos. Y los que tal hicieron eran capaces de ceder su asiento en el subterráneo, así como Himmler, que hizo de la tortura una ciencia y un oficio, entraba sin embargo en su casa, de noche, por la puerta trasera para no despertar a su canario favorito”.

Todo esto transcurrió y fue posible.

Reubicando en el tiempo la pregunta ¿puede un boliviano ordenar la muerte de otro boliviano y éste ejecutarla sin advertencia de su conciencia? Sí, nos mostraron que podían. En 2019 lo hicieron, en el extendido informe de investigación redactado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que informa de masacres, torturas y acciones guiadas por lógicas raciales, refiriéndose a Sacaba, señala que “hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. Las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad- fusil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”.

La violencia con la que fuerzas de represión del Estado intervinieron en Senkata no es menos diferente: “Como resultado, 10 personas perdieron la vida y alrededor de 78 resultaron heridas”. “Las autoridades del Estado justificaron la necesidad del uso excesivo de la fuerza —aunque no se admitiera el uso de municiones letales— para prevenir la ocurrencia de explosión de la planta, lo que provocaría un desastre de gravísimas consecuencias en la ciudad de El Alto”. “Las evidencias ofrecidas por el Estado y complementadas con las diligencias conducidas por el GIEI no confirman la existencia de ese riesgo concreto”. “Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas”. “El GIEI constató que, a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la avenida 6 de Marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores”.

En dos tiempos distintos, separados por cuatro breves días, la lógica del Gobierno NO Constitucional buscó abreviar la resistencia. Entonces la orden fue matar y el desprecio por la vida humana fue ejecutar sumariamente. “La dinámica de los hechos, la ausencia de pruebas que demuestren el uso de armas de fuego por los manifestantes y la compatibilidad entre las lesiones sufridas por las víctimas, los cartuchos hallados, las balas y el armamento utilizado por las fuerzas de seguridad, indican fuertemente que los disparos provinieron de sus armas”. Ante los ojos atemorizados de cientos y miles infinitos de bolivianos y bolivianas, los entonces ministros de Defensa y Gobierno burlaban los hechos, con semblante áspero insistían en que no se había disparado ni un solo cartucho de armamento letal. Los heridos y muertos imposibles de ocultar desmentían la barbarie del gobierno añista. Quienes la encumbraron al poder, el grupo noviembrista, permaneció en silenciosa complicidad con la operación de doblegar las almas y humillar los espíritus rebeldes.

Doblegar el espíritu rebelde es tarea harto compleja, matar a momentos no alcanza, se debe humillar y avergonzar la dignidad. Entonces el camino elegido por el noviembrismo y su aparato de represión oficial fue la tortura: “Golpes con el uso de bastones y culatas de armas de fuego; choques eléctricos; cubrimiento de los ojos con vendas o bolsos plásticos; inmovilización con manos y pies amarrados; desnudarse; violencia sexual y amenazas de muerte incluso con el uso de cuchillos”. El GIEI anotó que, en todas estas aprehensiones, sin cuidado del principio de presunción de inocencia, el comandante general de la Policía boliviana en esa fecha, Gral. Yuri Calderón, “participó personalmente del acto”.

Antonio Ronald Quispe Ticona, Clemente Mamani Santander, Calixto Huanaco Aguilario seguramente no están presentes en las coléricas evocaciones de quienes intentan trastocar las referencias conceptuales de justicia y memoria. Así como ellos, muchas otras víctimas son silenciadas vergonzantemente exponiendo un horror que nos los horroriza. Existen también víctimas que por su origen regional y racial son estigmatizadas y sentenciadas al silencio sin merecer la indignación colectiva por la amargura y la brutalidad vivida. Hay muertes que revelan la ausencia de indignación, que no son causa suficiente para pensar en justicia. Son los torturados, humillados, lacerados que deben resignarse a la indiferencia, a no estar en la atención de plataformas militantes, a no merecer una respuesta del Estado y tampoco de jueces y legisladores. Son los muertos y torturados de la tierra de nadie, sin espacio en titulares y sin mención más que en el breve segmento de un vertiginoso noticiero.

Usan la palabra reconciliación a la vez que procuran imponer olvido por las víctimas silenciadas. Prueban devaluar el valor de la vida y depreciar la memoria, pero la justicia asienta su fortaleza en ella y en la verdad. Es aún el tiempo de la indignación colectiva, expuesta por el maltrato a la vida y a la dignidad de aquellos bolivianos que fueron cruelmente obligados a sentir odio hacia el opresor y desesperado desprecio por sí mismos, que murieron atemorizados y que no tendrán paz si no encuentran justicia.

 (*)Jorge Richter R. es politólogo, actual Vocero presidencial

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Momento de bifurcación resolutivo

Urge un nuevo sentido común, que vea la inclusión como el elemento imprescindible de una sociedad justa. 

/ 18 de julio de 2021 / 18:04

Dibujo libre

El 12 de junio de 1964, las noticias daban a conocer que Nelson Mandela, el hombre que desafió el poder blanco en Sudáfrica, era conducido a prisión, pues había sido condenado a cadena perpetua bajo el cargo de traición. Una larga lista de leyes convertía a la población negra en hombres y mujeres con derechos restringidos o recortados. Ante la lúgubre discriminación de lo que era el inmisericorde apartheid, Mandela optó por apoyar la resistencia armada, fundó con otros luchadores de su tiempo “La Lanza de la Nación”, un grupo alzado en armas que hizo de los atentados contra militares y políticos que impulsaban el segregacionismo la forma de combatir el hecho excluyente. Aquel día, cuando era conducido a su encierro sin fin, “por encima del molesto zumbido del tráfico y el intermitente rugido de las motos de la escolta, Mandela pudo oír el griterío de fuera, las llamadas y respuestas de consignas y cánticos que se habían congregado a los incondicionales de la lucha a lo largo del tiempo. Una potente voz gritó ¡Amandla! (¡Poder! en xhosa, idioma bantú y una de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica) y la gente respondió ¡Awethu! (¡Al pueblo!). Jamás en la lucha de la historia sudafricana existió nada tan elocuente como esas dos sencillas palabras para expresar la agonía de millones de personas y su determinación de cambiar radicalmente los siglos de opresión”. Mandela fue incansable en su activismo en pro de los derechos humanos, se entregó a su misión de buscar la reconciliación si retaceos y en el ánimo de que “el éxito de la reconciliación y la unidad de la nación esté en que todos los sectores de la sociedad reconozcan, al igual que el mundo, que el apartheid fue un crimen contra la humanidad cuyos viles actos trascendieron nuestras fronteras y sembraron las semillas de la destrucción”. Desde que alcanzó el gobierno de su nación, Nelson Mandela se desveló por afirmar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, para ello buscó persistentemente reconciliar a su pueblo por encima de odios eternos y diferencias despectivas.

La paz, la reconciliación y la pacificación son procesos de construcción social y política, nunca eventos de voluntades cortas y coyunturas breves. El sostener las lógicas de enfrentamiento permanente, donde la idea de hegemonía no es una reformulación de sentidos comunes extendidos y superadores de las formas matrices de generación de conflicto, sino un entender de primacía política, de imposición social, de instalación de grupos y sectores de poder dominante; todo ello sedimenta y afianza la distancia, los clivajes y la confrontación política.

2019 fue el año de la ruptura de un extendido tiempo de construcción democrática ininterrumpida. Expresa también un momento resolutivo entre los demócratas sedicentes y el movimiento popular articulado al espacio estatal. La profundización de la histórica polaridad social instalada en el país como consecuencia de los hechos sucedidos en noviembre de 2019 acrecienta diariamente las asimetrías de una sociedad que naturaliza el enfrentamiento y los grados de conflictología en espera del momento resolutivo. Hoy, las inmateriales corrientes sociales arrastran al país hacia un momento de bifurcación resolutiva, donde una tríada de resistencias fuertemente instaladas en la lógica política de los sectores conservadores de Bolivia hace que estos impulsos dirijan su trayectoria, infaliblemente, hacia un tiempo de inflexión. La resistencia a democratizar la democracia, esto como hecho de no aceptación de la inclusión generada por la conformación del Estado Plurinacional, lo cual empuja a la vieja intención de sobreponer las tradicionales clases dominantes sobre una realidad social diversa y plural que reclama y afirma su voluntad de estar. La resistencia a la aceptación del ciclo constitucional, ello a través del propósito constante de conseguir su abreviación mediante conductas de indiscutible inconsistencia democrática. Y un tercer elemento de resistencia, conectado a las otras dos, que se expresa en un rechazo a las formas institucionales de democracia electoral, validando metodologías de fuerza para la apropiación del poder político, ignorando intencionadamente la supremacía de la reconstitución de legitimidades y de la norma constitucional.

El momento de bifurcación resolutivo es un impulso social y político, una fuerza que avanza en una dirección como consecuencia de un hecho, y este es la no búsqueda de espacios dialógicos generadores de consensos y complementariedades indispensables que eviten la ruptura del tenue equilibrio de la tranquilidad social. El momento de bifurcación resolutivo ofrece dos vías diferenciadas y opuestas con eje ineluctable en la plurinacionalidad: la pacificación social y política en iniciativa y voluntad de construcción social; y, el hecho insurreccional armado y rupturista desde la diversidad social confrontada en rechazo y no aceptación del Estado Plurinacional.

La bifurcación resolutiva amenaza resolverse en alguna de las dos vías señaladas, ahí donde las formas republicanas y neoliberales propias de los sectores conservadores, de centro y radicales de derecha, chocan con las realidades de la corporatividad social y popular, expresión de una diversidad plural inacabada. Son dos modelos de democracia y Estado, miradas divergentes de las formas de gobierno y Estados que no consiguen acoplarse complementaria y simultáneamente: la república liberal y el Estado Plurinacional.

La plurinacionalidad de esta América del Sur, diversa en su racialidad y cultura, asienta su mirada en lo que hoy hace Elisa Loncón en Chile. Como presidenta de la Convención Constitucional de su país, reflexiona y dice: “Transformaremos a Chile en un Chile plurinacional, intercultural, en favor de la mujer y que cuide la Madre Tierra… construiremos un Chile inclusivo, ampliando la democracia y la participación”. La democracia boliviana, aquella que empezó en 1982, ya es una democracia agotada en sus viejas, tradicionales y excluyentes formas. La Bolivia de hoy es ya un Estado Plurinacional sin espacio al regresionismo, al exclusivo tiempo liberal. El momento de bifurcación resolutivo debe encontrarnos inexorablemente en la vía útil y constructiva de la pacificación complementaria y de un nuevo sentido común, ese que comprenda la inclusión como el elemento imprescindible de una sociedad justa e igualitaria.

(*)Jorge Richter R. es politólogo

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