Voces

Thursday 29 Sep 2022 | Actualizado a 05:01 AM

El ‘Mallku’, el factor inesperado

/ 12 de agosto de 2020 / 02:36

Bolivia vivía en 1899 una guerra civil que a momentos se hacía cruenta y lacerante. José Manuel Pando, hombre de ideas liberales, buscó el derrocamiento del gobierno conservador de Severo Fernández Alonso. Liberales y Conservadores fueron entonces los protagonistas de aquel episodio desgarrador que fue la Guerra Federal. Buscando mayor fortaleza bélica, Pando se alió con el Movimiento Indígena de Pablo Zárate Willka, el temible Willka, como era conocido. Una coalición para enfrentar a la “Oligarquía del Sur” que representaba el Partido Conservador. Tenían intereses diferentes, para Zárate Willka se trataba de asegurar el rol del indígena en el futuro de la República liberal que estaba conformándose.

El 28 de marzo de aquel año, posiblemente preocupado por las matanzas en Coro y Mohoza, Pablo Zárate Willca escribe la Proclama de Caracollo, en ella expresa una idea de respeto recíproco necesario para la convivencia en la nueva República por venir: “Tan lo mismo deben respetar los blancos y vecinos a los indios porque son de la misma sangre e hijos de Bolivia y que deben quererse como hermanos y como indianos”. Ramiro Condarco Morales, autor de la conocida obra Zárate, el temible Willca, señala con acierto y puntualiza: “El debido respeto no solo como persona sino también como sujeto de derecho a la dignidad, a la vida, al progreso material y a la tierra”.

La novela Aluvión de Fuego de Óscar Cerruto, publicada en los años 30 del siglo pasado y como un presagio de lo que estaba por llegar, incorpora una pieza de precisa descripción del momento político de entonces: el Manifiesto de las Nacionalidades Indígenas del Kollasuyo. En sus extensos pasajes sintetiza la crudeza de la relación del indio con el blanco, “¿qué queremos los indios? Algo muy lógico y natural, que se nos devuelva nuestra condición humana”. Sin respeto recíproco la igualdad queda degradada a un simple anuncio retórico y, en consecuencia, la libertad es anulada. Sin libertad ni igualdad, la Patria no puede ser regenerada. La regeneración del país equivalía en esos tiempos a una idea actual de refundación del Estado.

Después de 121 años, los odios raciales señalan que el respeto recíproco fue apenas un delirio momentáneo. Las fuerzas sociales vuelven a colisionar y hoy, el país nuevamente exterioriza la vena iracunda de un racismo que se pretende ocultar. Miles de bolivianos que ejercen su ciudadanía y acción de peticionar, marchan, bloquean y resisten la fecha modificada inconsulta e impensadamente por el Tribunal Electoral. En medio de la pandemia y la polaridad de odios, la protesta es señalada de irracional y los insultos abarrotan las redes sociales. La palabra indio, asociada a los peores y más humillantes adjetivos, se escribe con nombres personales y muchos otros disfrazados en un insulto vergonzante que no permite mostrar el rostro de su autor refinado.

Surgido de la nada, un hombre que ya en 2003 entendió la dimensión de este odio racial, vuelve a manifestarse: “Habrá movilizaciones desde las bases, es la única alternativa, nos haremos respetar porque el Gobierno está pisoteando a todos los hombres y mujeres que vivimos en la ciudad y el campo. Todos los días nos insultan, nos dicen salvajes, ignorantes, estúpidos, burros, indios de mierda. Señores y señoras de raza suprema, respetos guardan respetos. Nos respetaremos como seres humanos”. Hoy las movilizaciones de Felipe Quispe ya amenazan acorralar al Gobierno.

Es importante comprender que el conflicto social está mutando en estas horas. Deja de ser una demanda por el evento electoral y pasa a ser un hecho social, étnico/racial. Han ofendido en extremo a un sector que busca, históricamente, respeto recíproco. El conflicto va absorbiendo fases aceleradamente en su escalada ascendente. El pedido ahora es la salida de quien ejerce la transición. En el círculo rojo del poder, donde no se conoce el país y tampoco las lógicas de incidencia de los movimientos sociales ni la historia de una lucha de reivindicaciones por la igualdad étnica, racial y cultural de Bolivia, endosan toda la responsabilidad al MAS y su círculo dirigencial.

Los movimientos sociales en el altiplano boliviano reciben a Felipe y lo escuchan atentamente. Como en 2003, mientras el error político vigilaba a un dirigente con preocupación enfermiza, Felipe les llenaba de piedras las carreteras incansablemente, un día detrás de otro. Ayer en la tarde el Mallku era nombrado comandante de los bloqueos de las 20 provincias de La Paz. Dijo que mientras viva, no puede dejar a sus hermanos desprotegidos. Tampoco que los insulten.  Pide como en 1899, respeto recíproco.

Jorge Richter es politólogo.

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La puerta abierta

Quienes son parte de un gobierno de facto no deben ser favorecidos por juicios políticos de privilegio.

/ 19 de junio de 2022 / 15:52

DIBUJO LIBRE

El hecho inconstitucional pervive porque está asociado a la impunidad. La impunidad es una construcción jurídica con favores políticos entrecruzados. En el caso de la desaparición de José Carlos Trujillo Oroza, detenido, torturado y desaparecido el 2 de febrero de 1972 durante la dictadura de Banzer, la Corte IDH estableció “que la falta de tipificación de la desaparición forzada de personas en el ámbito interno contribuye a la impunidad, al constituirse como un obstáculo para el desarrollo del proceso efectivo”. Cuatro fueron las circunstancias que protegieron impunemente a sus autores: a) el transcurso del tiempo; b) la falta de tipificación del delito de desaparición forzada; c) la aplicación de la prescripción de la acción en el proceso penal, y d) las irregularidades cometidas en la tramitación del proceso penal. El poder político se encargó de montar esas “circunstancias insalvables” y blindó a los responsables. Banzer no respondió por ello.

Golpismo y neogolpismo. La profesora de Teoría Comparada, Rosemary O’Kane, nos dice que todas aquellas cesaciones de mandato de titulares del poder ejecutivo, con perfiles de obligatoriedad ineludible, ante amenaza o sugerencia insalvable, resultante de un levantamiento o insurrección y con elementos presenciales de intromisión militar en la política se evalúan como golpe de Estado. El profesor Huntington, por su parte, desde las Ciencias Sociales y la politología resume que un golpe de Estado constituye una acción de un grupo político y de poder que traza como objetivo un esfuerzo por desalojar ilegítima e ilegalmente a quien detenta y ocupa el poder por medio de mecanismos violentos o amenazas de su utilización, y aunque la violencia sea menor o nula, sus actores individualizados y de grupo preservan estamentos de poder institucional dentro del sistema político vigente donde se produce el hecho.

Con procesos democráticos afianzados y extendidos en el tiempo, la cultura “rupturista” se expone aún vigente. Han mutado sus formas y éstas hoy se caracterizan por ostentar nominalmente una “continuidad democrática” que en el caso boliviano se denomina “sucesión constitucional”, ello no impide dilucidar y percibir el quiebre del pacto constitucional y la desatención a la institucionalidad democrática. El descrédito histórico de las irrupciones militares en el poder político, de las dictaduras instaladas y de algunos procesos judiciales que las condenaron unánimemente hizo que las nuevas formas de golpismo hayan incorporado dos elementos sustanciales para construir la fachada democrática: la presencia civil, que aporta una supuesta legitimidad al hecho de ruptura y el elemento jurídico/discursivo que esmalta de legalidad aparente al movimiento de facto.

El neogolpismo hoy actúa construyendo escenarios de confrontación política con elementos que puedan generar indignación social y apoyado en corporaciones mediáticas y empresariales. La acción política junto a una potente industria propagandística va erosionando la legitimidad de gobernantes y gobiernos populares hasta que la inestabilidad haga propicio el ingreso desequilibrante del factor militar/policial. En el neogolpismo, el ejército es un instrumento más —determinante por supuesto— que interviene en la parte final de esa puesta en escena del esquema de rupturas.

En Bolivia, el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) mostró este rol de forma categórica. “El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respeto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica”. García Meza fue la muestra del golpismo militar convencional. Áñez representa el neogolpismo cívico militar.

Un gobierno de facto con anhelos constitucionales. Un gobierno de facto refiere a aquel que se hace con el control del Estado contraviniendo los procedimientos constitucionales en clara oposición a los de jure. Ocupa todos sus poderes o alguno de ellos. Sustituye el poder de derecho y lo ejerce de hecho. El 12 de noviembre de 2019, la Sra. Áñez, después de particularísimas interpretaciones de la CPE, se presenta ante el país con la banda presidencial; había dejado de lado el litúrgico juramento congresal que sin excusa todo presidente constitucionalmente electo respeta. Su paso de senadora a presidenta de forma clara no fue constitucional. Pero eso dicho ya está y juzgado también. La cuestión es otra, ante el hecho consumado del gobierno de facto es su saldo de gestión, ése tiene tanta sangre y dolor que cuesta hasta escribirlo; lo que nos lleva a preguntar: ¿esto debe juzgarse y los inculpados asumir su insensatez? Quien no permitió derechos, ¿puede pedir privilegios?

Para el jurisconsulto argentino Bidart Campos, cuatro tesis buscan comprender en diferentes dimensiones aquello que versa sobre el reconocimiento de los gobiernos de facto. Pero son dos las que hoy están difundidas argumentativamente en la cotidianidad discursiva: La Tesis Legitimista que, contraria a la doctrina de facto, rechaza rotundamente el reconocimiento de los gobiernos que han llegado a sus cargos apelando a la violencia y, la Tesis de la Necesidad, donde se afirma que el gobierno de facto ha de ser reconocido por necesidad, es el principio ya enunciado de la continuidad del Estado y la necesidad de asegurar sin interrupción el ejercicio del poder. La Tesis de la Necesidad es la expresión del vacío de poder argumentado en el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Nada, de forma principista, puede conducir a reconocer un gobierno de facto. Los principios se enfrentan a momentos con la realidad. La fuerza de las armas pretende disuadirlos y ante ello es posible y perentoria la negociación política para restablecer el orden alterado y salvar la Constitución, pero sin impunidad ni dilaciones inacabadas. Y acá está lo central del urgente apuro de una nueva doctrina complementaria a la Tesis Legitimista: aquellos que de acuerdo a la definición dada constituyen un gobierno de facto no deben ser favorecidos por juicios políticos de privilegio, pues no tiene valor comparable quien ejerce la presidencia de un Estado de forma legítima y en delegación del poder popular y quien llega a ella quebrantando la CPE.

La realidad normativa actual, que en responsabilidades equipara a un gobierno legítimo con otro de facto para su juzgamiento, no hace más que dejar la puerta abierta para aquellos que transgrediendo el camino constitucional intentan hacerse del poder con palabras enmascaradas de democracia y, que, de forma habitual y posterior, construyen estructuras político partidarias para revestir de impunidad suficiente su conducta antidemocrática. Con habilidad camaleónica el golpismo ha mutado sus formas violentas por fachadas de aparente “sucesión constitucional”, pues entonces también la doctrina de resguardo de la democracia y responsabilidades de los mandatarios debe virar para enfrentar a ese enemigo de la institucionalidad que es la eterna impunidad.

(*)Jorge Richter R. es politólogo.

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Ucronía

Ucronía: cuando sectores sociales protestan, son salvajes; cuando lo hacen los urbanos, son liberadores´.

/ 5 de junio de 2022 / 19:18

DIBUJO LIBRE

Una reconstrucción histórica alternativa labrada sobre unos hechos que conocemos, que, si bien nunca sucedieron, pudieron haber ocurrido si los acontecimientos hubiesen tomado otro sentido. La palabra ucronía está compuesta por el prefijo griego ο????- (u) que significa ‘sin’ o ‘no’, y χρόνος. (chronos) que traduce ‘tiempo’, es decir, el ‘no tiempo’ o ‘el tiempo que no existe’. En sí, la expresión tuvo el sello del filósofo francés Charles Renouvier en 1876, con ella tituló su novela Ucronía: la utopí a en la historia. La ucronía ajusta su reconstrucción a criterios lógicos, factibles y verosímiles, de modo que los hechos narrados sean creíbles para el lector. Así, la ucronía parte de un evento real o de una sucesión de hechos determinantes en el curso histórico de un tiempo específico y que son relatados en un sentido diferente al que conocemos. Tomando la novela de Renouvier como referencia literaria, podríamos titular los hechos y la crisis del golpe de Estado de noviembre de 2019 como: “Ucronía: la historia de la sucesión constitucional”.

Hoy, el idealismo de la republica es en Bolivia el eje politico del posfascismo .categoria que emplea el pensador Enzo Traverso para referir a la emergencia de la nueva extrema derecha presente en el mundo. que se va instalando con el auspicio de los sectores politicos mas radicales y conservadores, los que distraen su atencion hasta el punto de no observar el decadente final que tuvo aquella republica excluyente. Van construyendo, con la impostada anoranza por la republica, un arma de lucha politica restaurativa del tiempo del dominio social. Esta derecha intolerante, si pudiera lograr la sancion de una ley que ilegalice hablar del golpe de Estado y las masacres, ya con ello estaria santificada.

Ante la ucronia de la sucesion constitucional, contrapesa una cultura de la memoria, esa que nos deja siempre en contacto con aquellos que sufrieron el golpe de Estado. Al respecto, la Psicologia ha estudiado y desde ella se ha escrito sobre esto de la memoria colectiva en cuestion de hechos violentos: “Hay una amnesia intencionada, reduciendo el hecho, cuando se especifican a los responsables de las conductas indebidas. Y lo que si se recuerda esta expresado con desden cuando los culpables son miembros de sus grupos de pertenencia. De manera innata tendemos a ignorar y minimizar aquellos actos problematicos que el grupo de pertenencia ha cometido”.

Desde su ficcion novelada construyen realidades enmascaradas, aparentan una lucha por la libertad y justicia, sublevan miedos, antipatias y anoranzas, pero su esencia desestabilizadora se desborda en hechos que, relacionados unos con otros, los expone y los evidencia. Entonces aca se reinstala como siempre una pregunta fulminante: nuestros campesinos y dirigentes sociales .no eran dignos receptores de los valores de igualdad y libertad? Hablamos esta vez de Sacaba y Senkata.

Hacen suyo sin sentirse abochornados un lenguaje epico y de grandes ideales. Es la modulacion de la palabra y de los hechos discursivos para programar a actores sociales secundarios que confirmen, validen y extiendan la narrativa de la realidad paralela. En 2019, detras de la recreada gesta homerica, los discursos sobrecargados de libertad y lucha contra el autoritarismo, habia un trasfondo oculto, entonces: .cual la intencion de tomar el poder?, .un objetivo o varios propositos en simultaneo?, .un nuevo orden social de jerarquias y clases dominantes o la busqueda de condiciones propicias para aquellas relaciones empresarial/ estatales que acrecienten sus negocios e intereses? El mexicano Jose Vasconcelos los retrataba como si de la derecha anista hablara cuando con colera indignada decia en los primeros anos del siglo pasado: “La politica en Mexico es hoy un negocio, el mejor de los negocios para enriquecerse de un dia para otro. Al adversario politico no se le da cuartel, y cuando es peligroso se le suprime”.

El neofascismo, naturalizado en formas que aparentan ser democraticas, usa herramientas discursivas enfaticas que las presenta como acusaciones de corrupcion. Ya instalados en el poder son palpablemente corruptos y autoritarios. Entonces, .para que el golpe de 2019? De manera previa, hablaron sin fatiga de una corrupcion asociada al regimen popular y social que combatian, y los 12 meses gobernando hacen palidecer a sus actores por todo lo hecho.

Selectivamente determinan los pilares tematicos sobre los que montan la estructura propagandistica y los patrones comunicacionales de la informacion y el discurso modulado: justicia, corrupcion, autoritarismo, persecucion (que es su forma de escapar a la justicia y de generar impunidad). Goebbels, famoso por montar una maquinaria propagandistica en la Alemania de preguerra, presumia de ello: “una de las mayores bromas de la democracia siempre sera que dio a sus mas acerrimos enemigos los medios necesarios para destruirla”. El relato y las narrativas de las realidades artificiales, sabedoras de esto, avanzan sin pausa en los espacios democraticos, forzando los limites de las libertades y las garantias a la expresion y el disenso, hoy plenamente garantizado, con el solo proposito de destruir el discurso del otro.

Los constructores de la ucronia en el pais tienen un primer factor que los caracteriza, expone y visualiza: tuvieron un tiempo prolongado de amplio dominio politico, economico y social que perdieron definitivamente en 2003. Aunque aun preservan un poder economico extraordinario y espacios territoriales donde han situado sus lógicas jerárquicas, familiares y de poderes privados, ellos sienten que son víctimas. Un victimismo que conectan con las posiciones sociales perdidas. Exasperan el victimismo con una ola propagandística incansable, articulada desde portavocías de la clase política, acrecentada por la Corporación Mediática Empresarial y financiada por el poder económico oligárquico. En esencia, son medios, declaraciones de actores políticos, conductores de espacios radiales y plataformas que buscan desatar y disparar la paranoia de que el socialismo, los movimientos sociales y los sectores populares buscan destruir el país, que son en esencia corruptos y que odian a determinadas regiones del país.

La ucronía de la derecha radical, con habilidad sigilosa, ha incorporado en su narrativa ficcional aquello que los psicólogos estudian y denominan sesgo lingüístico intergrupal, una predisposición a referir las conductas y lo hecho por quien consideramos como uno de “nuestro grupo de pertenencia” de una forma absolutamente distinta y contraria a como referimos lo hecho por uno de “ellos”. Lo de “nosotros” se presenta bajo formas descriptivas piadosas, el rasgo y la fisonomía delincuencial es propia de “ellos”. La narrativa de su ucronía define impiadosamente estos “rasgos de personalidad permanentes” con los que juzgan a grandes grupos de personas —sectores populares, indígenas campesinos— asociándolos a delincuencia, autoritarismo, delitos e incivilidad, a tiempo que ellos se presentan como demócratas o la expresión de la correcta moral. Cuando los sectores sociales protestan, son salvajes; cuando lo hacen los sectores urbanos, son entonces liberadores.

Hannah Arendt describió con la brillantez que el momento exigía: “la propaganda fascista siempre tuvo una marca de contraste: mentir y transformar sus mentiras en realidad”. Incorporamos un elemento en estos tiempos posfascistas: la esencia de sus relatos va más allá del ánimo de colocar una mentira, persiguen confundir la realidad, distorsionarla hasta hacerla irreconocible. La ucronía opositora va reptando por cada espacio que encuentra mientras reescribe su historia paralela, esa que habla de una manifestación popular que resistía un golpe de Estado, pero que inexplicablemente esos manifestantes se mataron unos a otros.

 (*)Jorge Richter R. es politólogo, actual vocero presidencial

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El Círculo de Hierro, un modelo agotado

El modelo cruceño no tiene un futuro de paz si allí conviven dos sociedades y una de ellas excluye a la otra.

/ 16 de enero de 2022 / 18:18

DIBUJO LIBRE

Hace unos cincuenta años, en 1968, tras los grandes amotinamientos raciales habidos en todo el país, el presidente Johnson nombró una comisión para determinar las causas del fenómeno, entidad cuyas conclusiones, por desgracia, siguen teniendo validez hasta hoy: ‘Nuestro país está evolucionando hacia dos sociedades distintas, una negra y la otra blanca, ambas independientes y desiguales’. Surgía allí la imagen de una nación en la que los afroamericanos se enfrentaban a discriminaciones sistemáticas, a una educación y unas viviendas deficientes y una falta absoluta de oportunidades económicas: para ellos no existía el sueño americano”. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz es el autor de estas palabras que, cuando revisamos nuestra construcción societal, encontramos trazos de similitud que hoy, entre varios factores, procuran entender y explicar las tensiones y confrontaciones sociales de nuestro país, que además se van ramificando hacia lo económico y social.

El agotamiento de lo que algunos llaman el “modelo cruceño” y la necesidad de establecer un debate sobre lo que unas voces interesadas de la acción política e institucional quieren circunscribir, únicamente, a las capacidades productivas de la región no se reduce monotemáticamente a la cuestión económica/productiva. Política, economía y sociedad están profundamente entrelazadas. Cuando las sociedades construyen desigualdades económicas, éstas replican en breve tiempo en desigualdades sociales e inevitablemente también en profundas asimetrías políticas de representación.

El conocido profesor francés Thomas Piketty escribe en uno de sus últimos libros: “Los dos países que habían optado por el ultraliberalismo, con Reagan y Thatcher en la década de 1980 y que desde entonces habían experimentado un mayor aumento de la desigualdad, han decidido tres décadas más tarde optar por el nacionalismo y una forma de retorno a las fronteras y la identidad nacional… este cambio expresa el fracaso del reaganismo y el thatcherismo. Las clases medias americanas y británicas no se han beneficiado de la prosperidad prometida por el liberalismo integral”. Las exportaciones indiscriminadas sin reparo en el mercado interno, la financiarización, el capital, la producción itinerante y la globalización son elementos que no van protegidos de respaldo social y, los modelos políticos con esencia popular —fundamentalmente en Latinoamérica— interpelan estos manuales de economía generadores de marcadas anomalías sociales, políticas y económicas. Los modelos, donde los superricos buscan obstruir y desempoderar a quienes movilizados popularmente reclaman las disparidades, han creado sociedades con economías disfuncionales y órdenes políticos desproporcionados. Entiéndase que toda desproporcionalidad del orden político social carente de equilibrios en la representación es un conductor de tensiones y conflictologías.

Analicemos aquello que los sectores liberales/conservadores de Santa Cruz llaman el “modelo cruceño”. Acá la cuestión central es compartir la prosperidad y ello no se reduce únicamente a las capacidades del mercado y a la mano invisible de Adam Smith como mecanismo natural hacia el bienestar; de hecho, Smith reconocía las insuficiencias del mercado y la necesidad de acciones gubernamentales para corregir complementariamente. Mercado y políticas gubernamentales posiblemente nunca serán perfectas, pero requieren complementarse para, como, por ejemplo, corregir el desempleo. Tampoco el “modelo cruceño” (el gentilicio asociado intenta conferir un cierto orgullo nacionalista/regional que lo dote de legitimidad en una supuesta base social de apoyo) puede pensarse desde la perspectiva única de la productividad. Compartir la prosperidad exige trabajar en igualdad de oportunidades integrales, y esto es la búsqueda de acciones que permitan salir de la base de la pirámide social/ económica/política para ascender hacia la cima, esa movilidad social, dada por un fuerte factor aspiracional en Santa Cruz es lo que ha quedado en evidencia negativa, la base social es demasiado ancha para que el “modelo” pueda acreditarse exitoso. Acá la explicación tiene connotaciones sociológicas. El modelo se agota porque su principio rector lo ha convertido en excluyente. Sus capacidades productivas exitosas no logran hoy disimular la cooptación de una sociedad que está alejada del formato privatizado del poder político, que monopoliza la institucionalidad en su beneficio (como es el caso también de los ítems fantasmas) en espacios que son controlados por clanes familiares, organizados en poderes cerrados y privados, expresión estructurada de las logias que parcelan sus áreas de control y poder, y que extendidamente toman para sí la representación política, siendo a su vez los principales acumuladores del excedente económico que produce la región.

El Círculo de Hierro se ha construido en diferentes formas y tiempos, pero siempre bajo un mismo patrón: clanes familiares y castas políticas, oligarquías económicas y poder privado de logias. Todo ello integrado en una sola dirección: dominio integral de la región. Los estudios que investigaron el poder de las logias señalan el tránsito que éstas recorrieron en la historia cruceña. Se organizan confrontacionalmente como una reacción ante la llegada de miles de migrantes, como barrera a las ideas socialistas y comunistas en expansión a fines de los años setenta y en defensa de las instituciones cruceñas. Las dos logias predominantes en Santa Cruz no han dejado, desde entonces, institución alguna que no esté bajo su control. Sus administraciones son controladas y pactados los nombres de sus directivas. Cooperativas de servicios, cooperativas financieras, colegios de profesionales, clubes sociales, federaciones de profesionales, de industriales y de fraternidades entre otras entidades se encuentran bajo su rectoría. Este poder político, económico y social no deja espacio para el cruceño y cruceña no privilegiado y que conforma la mayoría de la población.

Este modelo agotado y envejecido es un modelo de beneficios por goteo y reticente a incorporar factores redistributivos de la riqueza. Se acumulan los excedentes económicos en el Círculo de Hierro; la representación política surge del Círculo de Hierro y las decisiones están en el Círculo de Hierro bajo la apariencia de Comité Cívico; las instituciones obedecen al Círculo de Hierro. Las lógicas propias del neoliberalismo exacerbadamente individualista y excluyente en lo social y político se han instalado como la constante e histórica dicotomía: ¿riqueza de unos cuantos? Siendo ésta una realidad palpable, la necesidad de democratizar las instituciones, la representación política y la redistribución del excedente económico es una obligación correctiva urgente que debe alcanzar a un poder de pocos que tiene retenido el poder democrático y plural de todos.

La ofrecida ilusión de un éxito económico que no llega al bolsillo de las mayorías se convierte en un hecho evanescente porque también margina y expulsa socialmente, es entonces cuando se direcciona hacia la tensión social y se abonan los índices de criminalidad. En una situación con semejanzas, Joseph Stiglitz decía: “Debemos enterrar nuestra arrogancia respecto a nuestro propio sistema económico, pues debería quedarnos claro que tiene serias limitaciones, en especial cuando se trata de garantizar que la prosperidad sea compartida”. Un modelo de desarrollo no tiene perspectiva pacífica si en su mismo territorio deben convivir forzadamente dos sociedades y una de ellas excluye y aparta a la otra.

(*)Jorge Richter R. es politólogo.

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La Marcha

La marcha es el mayor ejercicio político de manifestación y de acción de los grupos sociales/políticos.

/ 5 de diciembre de 2021 / 20:42

DIBUJO LIBRE

Agosto de 1986. Interminables columnas de gente marchaban por el altiplano boliviano, cinco mil mineros acompañados por sus familias se dirigían hacia la ciudad de La Paz. La caída de los precios internacionales de los minerales un año antes encerró a la vieja Comibol en un callejón sin más opciones posibles que el final de actividades en tantísimas unidades no rentables. Una situación de colapso económico, el peso de la deuda externa lograda por el gobierno militar de Banzer y sucesores, la descontrolada hiperinflación y el valor inexistente del peso boliviano, sumado a las dificultades políticas del gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo, condujeron a un escenario donde Víctor Paz Estenssoro, recién convertido en presidente, pronunció aquella sentencia: “Compatriotas, Bolivia se nos muere”. Sobre aquella angustiosa situación de crisis, la debacle del sector minero llevó a que el gobierno decidiera empujar a miles de trabajadores de las minas hacia el desempleo. En un desesperado esfuerzo por mantener sus fuentes de trabajo, los mineros cesantes, contados por millares, se lanzaron a una marcha que les permitía abrazarse a un hálito de esperanza. Durante días, hombres y mujeres transitaron sobre aquella carretera que en aquel entonces era de una vía de ida y otra de vuelta. No había alegría, no era el hecho místico el que guiaba el esfuerzo en cada kilómetro. Un mal presentimiento cruzaba las sensaciones de aquellas mujeres y hombres. Cuando estaban a 57 kilómetros de La Paz, en Calamarca, una acción militar los detuvo, los dispersó y venció la decisión de su marcha. Resignados y con el espíritu quebrado volvieron a sus poblados y desde entonces su vida cambió fatalmente. Fue, bien podríamos decir, uno de los esfuerzos más dramáticos del sector obrero del país.

Las marchas son un hecho colectivo/ social. Son también protagonistas en la historia reciente de la construcción de nuestra democracia como un símbolo y una forma de visibilizar un hecho de máxima tensión. En el tiempo tuvieron diferentes significados y expresaron distintos sentires y preocupaciones, a momentos políticos, otras veces como un clamor de dignidad, pero siempre, siempre fueron Marchas por la Vida y la Patria. Marchan los humildes, los que la historia busca rendirlos, amansarlos, disciplinarlos, subyugarlos, obligarlos y derrotarlos. Marchan para ser, para estar, para decir, para gritar, para resistir. Marchan para defender aquello que históricamente nadie debió arrebatarles.

Una marcha es una manifestación y una manifestación en la calle es una expresión colectiva con fines de incidencia sobre coyunturas y hechos de contexto. En la primera mirada, una visión horizontal, sus participantes se caracterizan por una homogeneidad en el interés compartido; sin embargo, los perfiles, como también las finalidades, son diversos. Los distintos niveles de implicación exigen también que haya un abordaje necesario de ellos. Unos son participantes, místicos de un proyecto político, otros son militantes de la acción política que buscan diferentes acercamientos y recomposiciones del poder. Entre ambos coexiste una mutua necesidad que determina su vigencia y sus posibilidades. Quien participa y se inmiscuye en una forma de manifestación realiza un acto de involucramiento, lo que inicia el proceso de construcción de pertenencias, pues la manifestación es la acción más decidida de ser parte “de”, es el inicio de la acción política y el compromiso. A diferencia de las concentraciones multitudinarias, precisas en tiempo y lugar, las marchas implican el ejercicio de la travesía, en el que el colectivo social en movimiento socializa y construye la aventura de la utopía, del misticismo y de la causa. La marcha es el mayor ejercicio político de manifestación y de acción de los grupos sociales/ políticos. Es el camino que transfigura el movimiento social hasta convertirlo en movimiento político con potencialidad de ejercicio pleno de poder.

La marcha deja una agenda inextinguible a cumplir en el próximo tiempo: justicia ante lo sucedido en noviembre 2019, y deja también un mensaje: Bolivia será democrática y plurinacional o no será. Como se viene intentando desde la Corporación Mediática Empresarial, se quiere acostumbrarnos a pensar que son, quienes allí estuvieron, los miles de marchantes, nuestros abuelos caminando sobre el altiplano, las mujeres de pollera recorriendo el asfalto bajo la lluvia y el frío de la planicie, los jóvenes indestructibles a la fatiga del camino, todos ellos invisibles y en su lacónica mirada, un excedente demográfico que perturba su ideal de sociedad inmaculada y liberal. La agenda de La Marcha señala que Bolivia debe trabajar por la justicia. Una labor que en lo inmediato demanda reconstruir la memoria histórica de los hechos sucedidos aquel mes hace dos años, señalar las responsabilidades de quienes abrieron paso a la muerte, a la tragedia y al dolor de bolivianas y bolivianos. Pero la esencia mayor de esta agenda está en haber dejado una rúbrica a fuego de aquello que, estando irresuelto, impide la convivencia pacífica.

Justicia quiere decir terminar con el odio y con la mentira. El odio expresado por las viejas oligarquías a la diversidad de una sociedad abigarrada en miles de formas y colores de piel. Justicia no puede entenderse como abrir unas prisiones y cerrar otras. La justicia consiste en superar el estado de odio y de mentiras que lo sustentan. El odio es, en esencia, una mentira con rostro cambiado. Albert Camus hablaba de una filiación casi biológica entre odio y mentira, cual una máscara que se usa para actuar. La mentira transita hoy por las redes sociales y los medios que abandonaron la imparcialidad para ser maquinarias deformadoras de la noticia, una portavocía permanente del desprecio. A mayores expresiones de odio, mayores volúmenes de mentiras. Todos dicen ser justos y defensores de un humanismo acabado, ser también miembros del club de la democracia civilizada sin conocer qué expresa ello. Justicia no es una tregua necesaria y a momentos histórica, es la decisión urgente de terminar con las relaciones sociopolíticas racializadas, es un cambio estructural en las miradas societales, reconocer nuestras contradicciones de sociedad e intentar conciliarlas. Justicia es dejar de hablar y empezar a actuar, casi como un tiempo en el que las palabras se agotan y las acciones lloran por reemplazarlas.

La marcha fue reptando por toda la carretera desde Caracollo hasta La Paz, en todo su largo recorrer fue dejando un mensaje político evidente y una fuerte estela cargada de simbología, decía a cada paso que la patria es plurinacional, es diversa en su formación social, entonces también decía que las bolivianas y los bolivianos debemos ser compasivos con ella. La compasión tiene su mejor atributo en la imaginación, en el hecho de suponerse en el lugar del otro, sufriendo y padeciendo el desprecio cuando color de piel y origen condenan anticipadamente y excluyen. La comprensión ineludible y obligatoria de la plurinacionalidad, de parte de aquellos que la resisten política y socialmente, conduce a superar un pensamiento reducido a simples enunciados ante la realidad incómoda. Nadie puede pretender un modelo social y político en el que indios, campesinos, pueblos originarios, pero también asalariados, obreros e informales, deban mantenerse en una resignada condición de subalternidad.

(*)Jorge Richter R. es politólogo, actual vocero presidencial

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Radiografía del errático opositor

Hoy se interpela a la derecha por hacer del desprecio a la vida una manera de conducirse en la política.

/ 31 de octubre de 2021 / 20:35

DIBUJO LIBRE

Qué es la vida si no una aproximación diaria a la muerte? ¿Y qué es la política si solo es reducida a destruir? En las dos circunstancias el final queda marcado por un trémulo e inexorable caminar hacia su fin. La oposición política en Bolivia, vacía de pensamiento, llevó en el mes de la ruptura institucional sus ansias hasta el fin, y allá en el fin no había nada. Entonces lastimaron y mataron también.

Si pretendemos un análisis político del momento opositor después de un esforzado intento por renovar las acciones movilizadas que los conduzcan a “concluir lo que empezamos en noviembre de 2019” —léase paro cívico, político e institucional— requerimos, metodológicamente, examinar la estructura de la realidad discursiva/conductual opositora como marco de referencia indispensable. En los ambientes que se congregan los opositores —espacios virtuales, cafés o domiciliarios— retumban ciertas ideas con intención estratégica: la mayor de ellas, ganar las calles construyendo una presencia política visible en ese espacio público; hablan de la necesidad de crear un elemento disparador de la movilización popular; hablan también de erosionar al Gobierno con denuncias permanentes, de montar una presencia infinita en las redes sociales y a través de ellas desgastar y desgastar, exponiendo todo aquello que pueda visibilizar problemas que deriven en inestabilidad social. Ya en las estructuras institucionales y partidarias, los elementos estratégicos avanzan por la instalación de posverdades, construcción de realidades paralelas y fijación de sensaciones sociales masivas disparadas desde la corporación mediática empresarial, los poderes políticos y actores cívico institucionales. En los mismos espacios todos ellos insisten repetidamente, en un acto de falsa contrición, de ser incuestionablemente demócratas; pero no lo son.

El retorno a la calle. En 2019 tuvieron un factor de indignación construido desde espacios institucionales de supuesta objetividad irrebatible. La OEA y su inefable secretario general, articulado en sintonía quirúrgica con viejos actores políticos y una agresiva dirigencia cívica, construyeron la narrativa del fraude electoral, a la que días después se agregó el discurso de la alta dirigencia episcopal. Juntos organizaron la movilización de los sectores medios para validar los métodos no constitucionales y propiciar la ruptura. Se anotaron esa batalla y tomaron el control del Estado. Y en el fervor de saberse poderosos, olvidaron la importancia de conocer la organización más sensible de la sociedad boliviana; ahí pensaron entonces en décadas de poder político omnímodo como algo posible. Hoy, la historia los ha sentado ya en el banquillo acusatorio, interpelándolos frontalmente por hacer del desprecio a la vida una manera de conducirse en la política.

El factor de indignación hoy ausente —que es un proceso de construcción que exige de la presencia de diversos componentes— los llevó a intentar, con elementos discursivos menores articulados y potenciados desde sus espacios en la corporación mediática empresarial y redes sociales anónimas, una paralización plena del país con la expectativa de lograr adhesiones espontáneas al movimiento opositor. El resultado se expresó en la pobre efusividad exhibida por las autoridades convocantes.

El grupo cívico político institucional, sin cohesión interna ni liderazgos que entusiasmen y comprendan el arte de la conducción política, busca regresar en propiedad a las calles; para ello, de forma dispersa debaten acciones: el revocatorio, como proceso de motivación movilizadora antes que imaginar posible una victoria en las urnas. Entienden que el armado de esa logística y un supuesto rechazo desde el Tribunal Electoral con argumentos diversos les permitiría continuar durante tres años haciendo política y denunciando el hecho. Sobre esta iniciativa que no tiene consenso, se argumenta que no existen las condiciones históricas y sociales que lleven a la gente nuevamente a las calles, se sabe también que la idea es más de entusiasmo que de posibilidades reales. Otra acción considerada está en la formación de nuevas organizaciones sociales y alianzas con aquellas en disidencia con el MAS, esto como proceso de creación de un nuevo poder político. La derecha en Bolivia ha comprendido que el poder requerido para apropiarse de la calle viene de las organizaciones sociales antes que del natural apoyo de las clases medias, que no tienen tradición de movilización. Siendo este un proceso de compleja construcción social en el tiempo, intentan hoy alianzas con organizaciones sociales en oposición circunstancial a una suma de proyectos de ley de coyuntura para acumular tensiones y exponer problemas que conduzcan al deterioro permanente que se plantean.

Las clases medias radicalizadas, hoy convertidas en la expresión de la derecha y el conservadurismo intolerante, a diferencia del movimiento popular, tienen otras formas de organización social desde donde intervienen políticamente, sus corporaciones están en los colegios de profesionales, cámaras empresariales, asociaciones de fraternidades, círculos sociales, universidades y colegios privados. Un conjunto de corporatividades alternas a lo social y popular, pero con limitadas capacidades en la movilización constante que exige la calle.

La disputa es por la propiedad de la calle. El movimiento popular, expresión de la Corporatividad Social y Popular, entiende que, ante la ofensiva de las formas políticas de ruptura propias del modelo noviembrista, se debe contrapesar con otro modelo: el de la Acción Colectiva Territorial Movilizada. Esto es, presencia territorial popular movilizada de forma constante.

Los sectores antes dominantes ejercían su lógica de dominio en unidad casi natural, quienes resistían lo hacían dispersos, en esfuerzos aislados. Hoy, inversamente, la historia muestra que quienes resistieron están cohesionados en un bloque popular y el absolutismo de antes resiste separadamente con focos de violencia. No todas las respuestas a procesos y hechos políticos tienen inflexiblemente una naturaleza política. A momentos, las contestaciones a lo político suelen tener argumentos propios de la psicología, respuestas conductuales y discursivas que aclaran el errático andar del hombre opositor del momento, tal vez explicado por el pasado inmediato, por los muertos sembrados. Los muertos producen insomnio y el insomnio arrastra a la locura. Los fantasmas de la muerte los van enloqueciendo hasta dejarlos en un cenagal de despecho y angustias. ¿Qué podría haber pensado Dios cuando las balas salían impiadosamente de aquellos fusiles en Sacaba y Senkata?

(*)Jorge Richter R. es politólogo, actual Vocero presidencial.

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