Voces

lunes 21 sep 2020 | Actualizado a 15:12

Binarismo simplificador

/ 14 de agosto de 2020 / 01:58

En periodo electoral es común evaluar todo hecho político mediante el balance en torno a las “ganancias” y las “pérdidas” que cosechan las fuerzas políticas institucionalizadas que pugnan por el voto, con especial énfasis en aquellas que encabezan la preferencia electoral. De hecho, este análisis de tipo político es moneda corriente en la mayoría de los espacios periodísticos y mediáticos. Así, son periféricos los análisis de tipo sociológico o cultural en torno a nuestra agenda política cotidiana, se trata de una omisión muy normalizada en el ajetreo mediático y que, como resultado, deja por fuera la valiosa pregunta en torno a qué gana y qué pierde la sociedad (como tal) en estos hechos políticos.

Las causas y consecuencias de que una de nuestras ventanas al mundo esté configurada de esta manera, sea por la volatilidad de nuestra política diaria o sea porque vivimos en una sociedad altamente politizada nos lleva inevitablemente a una simplificación de la realidad que se torna muy riesgosa para nuestra convivencia democrática. De ahí que resulta bastante fácil y simplista dividir la política viva de este país en clave binaria: aquellos de absoluta bondad contra los de inconmensurable maldad. Y es que es así cómo desde buena parte de los partidos políticos se construyen estos relatos, fruto de posiciones dogmáticas propias de instituciones verticales y patriarcales. Para corroborarlo, basta mirar un poco el escenario de las vocerías y fuerzas políticas hasta encontrar a quienes se muestran más reactivos ante las corrientes autoritarias y que suelen ser quienes mejor han aprendido y replican esa forma de mal entender la democracia.

Volviendo a la sociedad, lo cierto es que pareciera ser que la imposibilidad de leer sociológica, cultural o políticamente (por fuera de la política formal) a la sociedad boliviana nos lleva a elaborar y manifestar nuestros (pre)juicios en torno al comportamiento de los otros con base a estos parámetros propios del campo político institucional; que, ya se dijo, actualmente están establecidos de forma plana y binaria. Es así que un desaforado discurso de un Comité Cívico tienda a asociarse directamente a la totalidad de una ciudadanía calificada como “pitita” o que un intransigente pliego petitorio de una organización sindical tienda a ser asociado directamente a la totalidad de una ciudadanía calificada como “masista”.

Esta forma sesgada de leer la política que se hace desde la sociedad permite que las manifestaciones propias de grupos sociales con intereses y agenda propia sean reducidas a adjetivos que nacen en los relatos de la política institucional confrontada. Esto hace que se tienda a eliminar definitivamente su complejidad y, al hacerlo, se cancele la necesidad de su comprensión.

El tiempo ha demostrado que casi a toda generación de bolivianas y bolivianos le ha tocado mirar(se) al espejo para resolver las grietas sociohistóricas que comúnmente salen de debajo de la alfombra cuando no se resuelve o gestiona adecuadamente lo que es la bolivianidad y la democracia. Y aunque la historia nos encuentre hoy bastante cansados de hacerlo una vez más, es necesario que encontremos las formas de renovar las preguntas antes de acudir a respuestas pre fabricadas, descubramos las formas creativas de dialogar antes de recurrir a instancias agotadas en su recurrencia, (re)inventemos el espíritu democrático que nos permita no solo tolerarnos sino entendernos y, sobre todo, usemos con templanza y buena fe el pasado común para visualizar un futuro.

Verónica Rocha es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Campañas electorales digitales I

/ 11 de septiembre de 2020 / 04:09

Apenas seis años han transcurrido desde que las campañas electorales digitales comenzaron a prefigurarse como tales en nuestro país. La investigación Comicios Mediáticos, realizada tras las elecciones generales de 2009 y 2014 pudo evidenciar que si bien en 2009 hubo algunos esfuerzos por utilizar espacios digitales para las campañas de entonces, fue un hecho marginal. Así, se puede considerar que el año 2014 fue en el que las plataformas digitales fueron consideradas como verdaderos espacios de realización de campaña electoral por parte de las organizaciones políticas, esto acompañado de la legitimación de los mismos por parte de medios de comunicación y ciudadanía. Salvo puntuales excepciones, de manera general la clase política había llegado tarde al ciberespacio, años antes las y los cibernautas ya transitaban los escenarios digitales intentando conocer y documentar sus características, usos y beneficios. Luego de un buen tiempo de escepticismo se les unieron las y los periodistas.

Con todo, aún en 2014 (e incluso en 2015) se mantenía —con algunas reservas— la mirada tecno-optimista sobre el ingreso de estas nuevas plataformas de comunicación a las arenas de la política institucionalizada. Desde entonces la forma de entenderlas cambió aceleradamente, sobre todo durante el desarrollo de campañas electorales entre 2016 y 2018, en las que tanto en Bolivia como en el mundo la mirada en torno al uso de redes sociodigitales en campañas electorales terminó constituyéndolas en una posible amenaza a los procesos democráticos.

Elecciones anuladas el pasado año y pandemia de por medio durante todo este año, se ha tendido mucho a calificar prematuramente a esta campaña 2020 como el año en que presenciaremos la campaña electoral digital por excelencia. Sea por el camino avanzado en breve tiempo, por el aumento lógico (aunque aún lento) de los niveles de conectividad en el país o porque la pandemia nos ha llevado a “digitalizar” abruptamente muchos aspectos de nuestras vidas y tendremos elecciones en medio de ella.

Es difícil pensar qué estaría ocurriendo en este momento si aún se mantuvieran las estrictas medidas de confinamiento establecidas hasta hace pocos días producto de una larga cuarentena, pues lo primero que se pensaba hasta el pasado mes cuando se trataba de ensayar las características de esta campaña electoral era en su digitalismo. La sorpresiva flexibilización de una mermada cuarentena aún dejaba sobre la mesa la duda en torno a cómo las campañas iban a ser encaradas; no obstante, la población ha atestiguado desde el pasado domingo que pese a los riesgos que todavía implica la aglomeración de personas, nuestra política pareciera aún no estar preparada para abandonar del todo las calles.

Si bien las campañas electorales digitales ya habían arrancado mucho antes del 6 de septiembre en las redes sociodigitales ante la mirada de todos, lo cierto es que será seguramente durante lo que resta de estos 45 días de campaña y 30 de propaganda, los que nos servirán para comprobar cuán cierta es la hipótesis de que estamos ad portas de vivir la campaña electoral más digitalizada de nuestra historia democrática. Mientras tanto, lo crudamente cierto es que la mirada con la que se la espera desde la ciudadanía puede estar siendo más bien tecno-pesimista. Habrá que ver pues si, al final del proceso electoral, esta campaña habrá posicionado más conceptos como posverdad, desinformación, noticias falsas y manipulación; u otros como interacción, participación, propuestas y voto informado.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Pedagogía electoral, tarea conjunta

/ 28 de agosto de 2020 / 02:15

A pesar de lo erosionada que se encuentra nuestra democracia, se puede afirmar (hasta que se demuestre lo contrario) que Bolivia aún goza de una saludable cultura del voto que ha permitido que entendamos a la jornada de votación como una fiesta democrática. Habiéndose retomado por segunda vez el calendario electoral pendiente para el desarrollo de las elecciones generales 2020 pareciera ser que, en esta ocasión y casi sin tránsitos, se ha dejado de lado el debate ciudadano en torno a las complejidades que demandará llevar adelante una votación en medio de una pandemia para adentrarnos de lleno en otros temas colaterales al proceso electoral como tal.

Así, lo que parece ocurrir en el siempre dinámico espacio de la opinión pública y publicada es que aún por fuera del periodo permitido por la norma, las campañas electorales han comenzado y parecieran avanzar sin pausa rumbo a que el posicionamiento de discursos, sucesos de campaña y, ojalá, propuestas programáticas vayan copando progresivamente las agendas informativas y de opinión.

A ello se suman las no pocas demandas de acción al Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde partidos políticos, comités cívicos y ciudadanía organizada por vías digitales que incluso llegan a exigir acciones que exceden los alcances de este proceso electoral pero que la institución deberá asumir explicando y transparentando en aras de afianzarse como el único poder estatal con la capacidad de generar espacios de encuentro, en medio de nuestra tensa coyuntura.

En suma, parece ser que la importante cantidad de cambios logísticos electorales que experimentaremos por vez primera el 18-O corren el riesgo de permanecer tras bambalinas de la avalancha de hechos que se irán desarrollando en las siete semanas que aún le preceden a la fecha de votación, donde se jugarán principalmente intereses político partidarios de poder.

Por el otro lado, en muestra de que las actividades preparatorias avanzan, el TSE aprobó esta semana el protocolo de bioseguridad que guiará el accionar de los múltiples actores institucionales y ciudadanos encargados de garantizar el éxito de la jornada electoral.

El mencionado documento consigna 51 medidas sanitarias, distribuidas en siete actividades concretas que tienen lugar en el proceso electoral y especialmente durante la jornada de votación. Las medidas de bioseguridad que se han establecido permitirán garantizar el incremento de recintos, la ampliación por una hora del horario de votación, la restricción de actividades comerciales cerca de los recintos, dos horarios para la votación diferenciados por terminación de los carnets de identidad, el sorteo de jurados exclusivamente entre ciudadanos de entre 18 y 50 años, la orientación a las y los electores, y el uso obligatorio de  barbijos y lentes de protección durante la jornada de votación. 

La adecuada implementación de estas medidas será el ingrediente determinante que permitirá que la ciudadanía acuda a ejercer su derecho político resguardando simultáneamente su salud y, como todas las medidas de bioseguridad relativas a la prevención de la COVID-19 que hemos ido implementando los últimos meses, tendrán su éxito garantizado solamente si toda la comunidad las conoce y practica adecuadamente.

Así, a la ciudadanía democrática interesada en que las elecciones se realicen de la manera más segura, organizada y transparente posible le corresponderá constituirse parte activa de un acelerado y complejo proceso de pedagogía electoral que permita que las innovaciones logísticas sean adecuadamente conocidas e implementadas y que su éxito le pueda ganar a la desinformación propiciada desde los ojalá pocos flancos interesados en no llevar adelante las elecciones.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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Orfandad y extravío

/ 31 de julio de 2020 / 02:39

Al momento en que la agenda pública del fin de esta terrible semana transita entre la difusión en internet de un video denigrando a una autoridad, la solicitud de la Procuraduría a la CIDH para que le quiten un “Me gusta” a un tuit y un comunicado de la Cancillería acerca de un supuesto robo de dos envases de shampoo, existe un innumerable número de compatriotas que acuden a sus redes más cercanas de familiares, amistades y conocidos en busca de un tanque de oxígeno. Cuando logran conseguirlo a precios exorbitantes y luego de múltiples llamadas, caen en cuenta que le falta un accesorio y empieza esa otra angustiante búsqueda. Otros compatriotas, mientras tanto, están buscando medicinas en las farmacias, un espacio en algún hospital, una médica, un enfermero, una aspirina. También están los que, simultáneamente, se pasan datos para conseguir gas, otro tanto hace filas para adquirirlo. El fin de semana de encierro se acerca y hay casas donde comer ha sido una maniobra esta semana, encontrar trabajo una utopía.

Cada vez que una conferencia de prensa es convocada por alguno de los poderes nacionales es para hablar de elecciones, procesos judiciales, marchas, bloqueos, acusaciones, chantajes. Nadie sale a decir dónde están las soluciones, no hay quién dé la cara en vivo, solo quedan las promesas de hace una, dos, tres semanas. Uno, dos, tres meses atrás. Entonces al menos señalaban que el equipamiento estaba en camino, UTI, respiradores, medio millón de pruebas que llegaban a mediados de julio, así como se debía inaugurar el Hospital del Sur en La Paz. Hoy ya ni eso. Nada abastece, nada llega.

En sus declaraciones no parecen saber que apenas tenemos las noticias con algo de volumen en las casas mientras en realidad estamos tratando de cuidar de nuestro entorno: en la cena, en la puerta, en el barrio, en el teléfono. Ahí, en los noticieros, se dice cada noche que los Sedes se encargan de las pruebas y que nos brindan datos para saber cómo estamos. Pero todo eso ya parece una leyenda urbana, el mercado de pruebas privadas corre por debajo, de mensaje en mensaje; a ver si hay suerte. Claro, para quien pueda darse el lujo. Los que no, a la cola de la mítica instancia. La gente que desde un inicio propositivamente había intentado trabajar con los datos empieza a bajar los brazos al saber que no nos hablan de la realidad. Ya no es un secreto que los reactivos escasean, no todos los laboratorios funcionan.

Esta se ha vuelto nuestra realidad cotidiana y todo compatriota bien lo sabe porque la tiene cerca. Hoy es más urgente escribir mirando a la calle que mirando los datos. Esta desastrosa realidad está cerca de nosotros y parece que lejos, bien lejos de nuestras autoridades nacionales que aparecen de tanto en tanto para alguna condolencia porque también a diario muere o se enferma alguien que sí importa.

¿Cómo llegamos hasta acá? No faltará quién señale primero los 500 años, luego los 14 y finalmente los ocho meses. Y, lo peor, si en este panorama se osa preguntar en palestra pública qué demonios estamos haciendo parados en este abismo, no faltará quién empiece a agredir, a insultar o a calificar tal alevosía. Lo cierto es que mientras seamos una sociedad herida al punto de que la enfermedad o muerte ajena nos produzca algo que no sea dolor y respeto seguiremos estando al borde del abismo, espalda contra espalda. Necesitamos con urgencia curarnos colectivamente y no solo del COVID-19. Y, huérfanos y extraviados, no pareciéramos estar listos para ello.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka

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¿Cuál es nuestro límite?

/ 17 de julio de 2020 / 08:53

Mal acostumbrados a vivir crisis políticas, recuerdo que se solía decir que Bolivia siempre llega con sus conflictos hasta las penúltimas consecuencias. Luego está el histórico dato de que, antes de caer al precipicio, solemos encontrar un nuevo inicio en las urnas, yendo a votar. Y volvemos a empezar. 

Si los graves hechos de octubre y noviembre de 2019 habían ya producido un profundo shock en nuestra sociedad y democracia, ningún boliviano hubiera podido avizorar que este escenario solo podía ponerse peor con una pandemia de por medio y sus derivadas consecuencias. No obstante, incluso entonces era difícil imaginar que después de una crisis sanitaria global, podría ocurrir algo que pudiera revolver aún más este manido, cansino y prolongado conflicto político que estamos atravesando.

Pero también recuerdo que se suele decir —en un lamento entre chauvinista y fantástico— que Bolivia es el país de lo posible. Siendo así perfectamente viable que podamos encontrar la forma de agravar hasta el límite el futuro a corto y largo plazo de nuestra democracia a través de nuestras acciones propias como sociedad y las de nuestra clase política. 

Como ciudadanía, durante los últimos años, producto de la erosión a la democracia que se generaba desde nuestras instituciones políticas, hemos deteriorado al límite nuestra convivencia democrática. Nuestros otrora diálogos, con algún que otro argumento de por medio, han devenido en simplones intercambios de adjetivos que hoy, sin poder sonrojarnos ante la mirada del otro, se profieren incansablemente detrás de una pantalla, mientras nos hundimos cada vez más a fondo en nuestra propia cámara de eco. 

Y, como no, nuestra clase política que hace ocho meses había acordado encaminarnos hacia las urnas para iniciar (una vez más) un camino común de re-construcción de lo público, hoy demuestra no tener ya ni la voluntad ni la capacidad para hacerlo (probablemente lo tuvo el año pasado). Visto de esa manera, resulta casi anecdótico que los intercambios entre la ciudadanía se hayan limitado a la adjetivación y anulación del otro, cuando hemos empezado a ver como la “nueva normalidad política” consiste en una total falta de comunicación y respeto entre dos de los principales poderes que nos gobiernan. Como si la democracia aguantara realmente todo, las afrentas simbólicas y de hecho entre Legislativo y Ejecutivo se están volviendo la moneda común con el paso de los días, haciendo pedazos los resabios de institucionalidad que nos quedaban para retomar el rumbo plenamente democrático. 

Es posible que los supuestos que damos por sentado nos hacen pensar que somos una sociedad que políticamente aguanta todo. Huelga entonces recordar que también solíamos dar por hecho que nuestra democracia había tenido las décadas suficientes para cimentarse sólidamente en los valores y prácticas de su ciudadanía, las que hoy también vemos esfumarse. Quizá estas palabras están amplificadas desde el ojo de la tormenta sanitaria, política, económica y social que vivimos estos días y la historia contenga episodios aún más trágicos en sus espaldas o nos guarde muchos episodios terribles hacia adelante. A reserva de ello, es urgente que hoy nos preguntemos nosotros y se pregunte la clase política, ¿cuál es nuestro límite? Porque aunque pareciera que todo puede repararse con el tiempo, muchas veces aquello que se rompe lo hace de forma irremediable. 

Verónica Rocha es comunicadora social

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Vapulear al árbitro

Dejar sin respiro al TSE debe entenderse como una afrenta a las aspiraciones de reconstrucción democrática

/ 19 de junio de 2020 / 06:48

Si convenimos en que estamos en medio de una crisis múltiple que se agrava con el paso del tiempo debido a que, con ello, se le suman varios otros elementos que no solo la complejizan sino que aumentan los factores de riesgo bajo los que se encuentra nuestra democracia, probablemente podemos ver con mayor claridad cuál es la importancia de instaurar algunas señales de certidumbre política a partir del establecimiento de una fecha para la realización de las elecciones pendientes.

La crisis en la que se ha sumergido nuestra institucionalidad democrática no nace de los conflictos que tuvieron lugar entre octubre y noviembre. Este tiempo, por el contrario, fue solamente el momento en el que esta estalló definitivamente. Los sucesos que tuvieron lugar desde el año 2016 —Referendo Constitucional de por medio— nos refieren a que ya durante varios años se fueron mermando, sigilosa pero permanentemente, las instituciones democráticas del voto, la alternancia, la independencia y el equilibrio de poderes, por mencionar algunos.

A ello, simplemente se le sumó un proceso electoral plagado de cuestionamientos y carente de legitimidad que nació pendiendo de un hilo y desembocó en su fracaso y anulación, producto de la movilización ciudadana y el posicionamiento político de las fuerzas del orden. En ese escenario el nacimiento de un nuevo Poder Ejecutivo y la sobrevivencia del Poder Legislativo, dejaron a ambos órganos del Estado debilitados en su institucionalidad, legitimidad y credibilidad. Los primeros esfuerzos de ambos permitieron erigir con un mínimo de contrapesos (algo demasiado valioso para cómo se dieron los hechos entonces) un Órgano Electoral Plurinacional renovado y que desde finales del 2019 estrenaba legitimidad y credibilidad; a tiempo de consolidarse como el centro institucional sobre el cuál se depositaban las pocas salvaguardas democráticas que quedaban para apostarlas todas y encaminarnos a unas elecciones que permitieran darle inicio a un proceso de reconstrucción democrática que, cuando menos, será de mediano plazo.

Entonces, nadie sospechaba que una emergencia sanitaria de corte mundial se constituyera en un obstáculo tan difícil de sortear que ha llegado a poner en la incertidumbre la realización como tal de este demandado evento. Si bien con estos antecedentes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya tenía por delante un proceso sumamente desafiante, incierto y complejo al que se le añadió un contexto tan inesperado como el de la pandemia, más inesperados aún son los varios elementos que desde la arena política, manifiesta o velada, directa o directamente se le han ido demandando a esta institución en las últimas semanas: redistribución de escaños, solicitud de constituirse en querellante ante el “caso fraude” (idealmente a la medida esperada por la Procuraduría), re apertura del padrón para inscripción de nuevos votantes, inscripción de nuevas candidaturas, proscripción del MAS, informes científicos de respaldo para la estipulación de la fecha; por nombrar los más mediáticos. A ello se suma una naciente campaña de desprestigio en su contra que, desde los polos políticos, se alienta.

Estos elementos que hoy emergen y se añaden al por demás complejo escenario, amenazan con llevar al límite lo que queda de nuestro orden democrático. Dejar sin respiro al TSE, vapulear al árbitro hoy en día debe entenderse como una afrenta a las aspiraciones de reconstrucción democrática que tanto anhela la ciudadanía y que tan poco se entienden desde los polos radicalizados de nuestra política.

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