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La Calle frente a la Corporación

/ 26 de agosto de 2020 / 01:47

En un país donde los que no tienen votos para gobernar intentan mandar como elegidos, han sustituido la carencia con factores de poder y realidades construidas. Esta artificialidad conduce a una interpretación que configura un microclima social, que en los hechos es, la vista mínima y parcial de aquello por donde transita la esencia de un país. Muy por encima de la subjetivación política montada, de forma inevitable, la situación evidencia su caracterización por acumulación repetitiva de sucesos. Producto de ello, tres elementos sobresalen cotidianamente impregnando la dinámica nacional más allá de los ocultamientos o acciones de soslayo.

La polaridad social irresuelta desde el amanecer mismo de la república se presenta cíclicamente bajo lógicas circulares de sustitución de élites, con periodos de dominio que consumen ciclos políticos enteros. En un lado, una ingente corporatividad social y popular, diversa y enormemente plural, extendida por el territorio nacional en sus cuatro ejes como formas de organización comunitaria a momentos, sindical en otros espacios y económica y comercial habitualmente.  Frente a ella, los estamentos urbanos y clases medias, articulados como muestras de validación social y referencias de éxito con el Estado y sus posibilidades de administración. Visiones distintas de la vida en sociedad, de la política, la economía y la igualdad social y étnica. Unos clamando ser visibilizados y los otros evitando no ser señalados ante la evidente resistencia al pedido.

Una conducta crónica de no obediencia a la ley, las normas y la estructura legal del país se ha instalado desde hace unos años como hábito corriente entre los actores sociales e institucionales, condicionando su aceptación a una compatibilidad estricta con sus agendas políticas y corporativas. La exacerbada rivalidad social en momentos de desenfreno político y de sobrevivencia de sus principales figurantes, hace que la institucionalidad de la norma sea degradada a un acatamiento condicionado por circunstancias de contextos favorables en función de quien concentre el poder. La consecuencia es una CPE que va quedando en suspenso, para ser simple referencia discursiva ante la acometida politizadora del poder que ha desnaturalizado la Justicia y la institución que da cumplimiento coactivo a la misma. En términos institucionales, un retraso corrompido desde hace más de cuarto de siglo.

La tercera variable de incidencia sobresaliente en la actual coyuntura nacional está señalada por el accionar de la corporación mediática empresarial, en ella convergen intereses económicos y de grupo antes que comunicacionales. Con puntualidad calculada avanza en sintonía coordinada con el poder, modulando la agenda política y social con campañas marcadas que inciden en el ánimo de la sociedad, fundamentalmente, en los estratos medios y urbanos. Ese accionar, desprovisto de ecuanimidad y acentuadamente político, ya va visibilizando los efectos colaterales que contribuyen a la distancia polarizada de los sectores sociales en la disputa estatal.

Con estos factores interviniendo, a momentos simultánea o indistintamente sobre nuestro contexto y coyuntura, la agenda del grupo de poder actual, que trasciende al Gobierno central pues representa en sí un proyecto de clase multipolar, vuelve a proponerse —utilizando el mismo término nuevamente— modular la opinión pública para buscar otra postergación del proceso electoral, en desobediencia crónica a la nueva Ley 1315 y dañando los acuerdos de tranquilidad momentánea conseguidos con el TSE, la Iglesia Católica y los organismos internacionales que se constituyeron en garantes del proceso.

Ante la corporación mediática empresarial y la conducta crónica de no obediencia a la ley, lo social popular contrapesa con ese espacio inacabado donde la realidad no puede ser desconocida porque es invisible a ellos. La calle ha devuelto el poder a su único dueño: el pueblo.

Jorge Richter es politólogo.

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El voto útil NO es útil

/ 27 de septiembre de 2020 / 07:21

Agotada la pandemia como hecho discursivo, el “noviembrismo” en alianza con grupos de apoyo político y económico busca instalar ahora un nuevo eje temático que module y establezca la agenda de prioridades electorales que deben ser debatidas e instaladas en las portadas de la atención mediática. El actual y urgente tema es la exigencia de un voto útil acompañado de una presión mediática y de redes sociales para que los candidatos, aquellos que las encuestas señalan como menores, abandonen sus candidaturas. La fijación del objetivo político electoral ya suma también una voz de mando: “Para que el MAS no vuelva nunca más”. A ello se agrega todo un trabajo, a momentos desesperado, con gestiones para agrupar a la derecha del país en una sola candidatura. La presión va esta vez sobre Luis Fernando Camacho, para que abandone su candidatura condicionado por la urgencia que impone el voto útil.

Y es que el voto útil es útil para generar un resultado electoral, pero la cuestión excede ese beneficio corto, pues lo central está en conocer si lo es también para el país o únicamente para un sector de la población. En una mirada de prospectiva institucional y estatal, corresponde comprender y saber cómo incide el voto útil sobre la estabilidad, la gobernabilidad y la pacificación del país. Este pedido a la no dispersión del voto de los sectores de clase media y urbano bajo la asustada lógica de voto útil obliga a deconstruirlo y observar sus caracterizaciones y consecuencias.

Primero que busca polarizar la elección entre Arce/Choquehuanca y Mesa/Pedraza. La intención está puesta en una rápida apariencia, impedir la victoria en primera vuelta del MAS, pero hay otras intencionalidades: crear, en una visión reduccionista, un bipartidismo que distribuye el poder bajo la lógica de los bloques MAS/Anti MAS, sin Creemos como actor político. Este empeño electoral encierra adicionalmente otro elemento de fin profundo: el bloqueo de los sectores medios y urbanos conservadores del occidente al poderío político de oriente. Un voto llamado útil para dejar vacío de poder a Santa Cruz y a Luis Fernando Camacho.

Pero también, el voto útil se convierte en una excusa que disuelve la responsabilidad de cumplimiento del programa de gobierno de cualquier candidato, ya que los objetivos se reducen simplificadamente a buscar un escenario final.  Los impulsos que mueven a los electores a votar se basan en diferentes factores: creencia en una estructura partidaria y su líder político; afinidades identitarias; hechos históricos; factores inclusivos o en una causa finalmente entre otros motivos, pero todo esto siempre en concordancia con el programa y propuesta electoral. El voto útil extingue todas las consideraciones y razones establecidas a priori que encaminaban el voto, exigiendo una dejación de afinidades programáticas, esto es, de todo aquello que convencía a “su” electorado. La maximización del resultado obliga al ciudadano a estar menos comprometido con un partido, un líder y un programa. La consecuencia es una circunstancial legitimidad. Estamos en ese caso, ante la prevalencia de la argumentación utilitarista de corto plazo que opaca mirar con prioridad la debida gobernabilidad. La lógica pragmática degradando lo programático.

Otra variable propia del voto útil está en la pretensión de instalar una tendencia de falsa responsabilidad. Quienes rechazan esta lógica de voto útil y persiguen construir un proyecto político diferente, ejercen la pluralidad del sistema democrático. Las acusaciones de responsabilidad que buscan efectos inmediatos y censuras colectivas envilecen la calidad democrática, pero también la obligatoriedad que tiene un candidato de comunicar y establecer una ineludible conexión con la población en el esfuerzo de sumar adherentes a su propuesta. Lo contrario equivale a firmar un cheque en blanco para quien no persevera en aglutinar y empatizar con la ciudadanía.

Hoy en Bolivia, el voto útil está instrumentalizado para inhabilitar a un grupo social, algo que trasciende el proceso electoral. Si nos detenemos en la comprensión de que aún está pendiente e inconclusa la cuestión social y la tolerancia inclusiva por el que es diferente en piel, en origen y apellido, sabremos también que el voto útil solo puede ahondar el problema.

Jorge Richter es politólogo.

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Encuestas y paranoia extrema

/ 13 de septiembre de 2020 / 05:39

El anuncio de la primera encuesta de intención de voto, precisamente en el día que se daba inicio a las campañas electorales, desató una fuerte ola de expectativas indisimuladas. O de pronto, el punto de máxima expresión de la tesis de Lacan: “La paranoia es la personalidad y su fórmula definitiva, todo el mundo delira”. Esto es, que todos tienen rasgos paranoicos de miedos exagerados, temor y persecución. La paranoia instalada en actores políticos, que escenifica el clivaje que caracteriza la política boliviana: MAS/antiMAS, refiere a un pensamiento y comportamiento, con trastornos delirantes que producen hostilidad constante, actitud defensiva, persecuciones y autorías expandidas a cada hecho. La paranoia extrema que gobierna al poder político nacional, también desnuda otra de sus mayores incompetencias: la fortaleza de autocorrección.

A la presentación del estudio de intención de voto antecedía en el país un eje discursivo en extremo violento. La creencia de que la degradación del adversario político termina por reducir sus perspectivas electorales enfrentaba su prueba de validación. El conjunto de medios nacionales habló inagotablemente sobre las encuestas. Sin embargo, los estados de ánimo fueron la voz que mejor retrató a cada uno de los interesados. 

En el absolutismo negacionista, no parece ser más ingenioso quien mejor contradice su realidad. El siempre exaltado Ministro de Gobierno, que mantiene una presencia sostenida en las redes sociales, no hizo una sola mención a las encuestas, eso después de decir meses antes que “si las elecciones son este domingo, Jeanine les gana a todos”. El líder de Creemos se mantuvo en silencio absoluto, sin valorar de pronto, que el resultado que le otorga la encuesta tiene un valor excepcional en el proyecto de sustitución de poder que él está generando en Santa Cruz. Libre 21 desestimó las encuestas que los sitúa marginalmente en el proceso electoral. Comunidad Ciudadana a través de su candidato tampoco hizo alusiones al estudio de intención de voto. Sin embargo, ante la crítica y a consecuencia de los resultados, buscó retomar la iniciativa: propuso un debate con Luis Arce y busca atribuirse el haber “frenado y sacado” a Evo Morales del poder. En el MAS las pulsaciones fueron intermitentes, la distribución del voto les viene bien, pero la segunda vuelta es una sombra que no los abandona.

Las encuestas han desacomodado el humor político en el país, lo que no imposibilita anotar algunos elementos conclusivos que refieren a la posibilidad de una segunda vuelta y la aparición nuevamente del voto útil. El sufragio es un acto personalísimo que contiene significados culturales, pero también hábitos, preferencias, identidades, filiaciones y fobias políticas. Un conjunto de elementos que, en el momento electoral, deben ser complementados con factores determinantes de base política territorial y estructuras partidarias e institucionales extendidas.

La segunda vuelta está anexada al voto útil. Requiere centralizar el sufragio en quien va segundo en la preferencia electoral. Esto le confiere una naturaleza de voto blando y volátil, lo cual impide certeza en las proyecciones. Se agrega a esto, la naturaleza y caracterizaciones propias del clivaje instalado, que multiplica la presencia de voto duro y fidelizado diluyendo el voto útil. Sería un error pensar que la actual elección es una segunda versión de lo ocurrido en octubre de 2020. Los actores son otros, la polaridad social es ya una grieta insondable y los factores de poder tienen hoy una titularidad contraria. La encuesta así, deja percibir que el escenario electoral está señalado por la confrontación del voto dual, donde contienden la unipolaridad del “voto corporativo” y la multipolaridad del “voto de ira”.

Jorge Richter es politólogo.

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