El proceso político se encamina a las elecciones del 18 de octubre aunque hay posturas contrarias, como las del Comité Cívico cruceño que plantea que la fecha debe ser “abierta”. Este criterio disfraza una estrategia dirigida a forzar una nueva convocatoria que incluye el objetivo de proscribir al MAS. A ese plan se suman el Gobierno, Luis F. Camacho y Jorge Quiroga. La crisis sanitaria es el argumento para postergar indefinidamente las elecciones pero el motivo es que Luis Arce, candidato del MAS, es primero en las encuestas.
La bancada del MAS aprobó la ley que garantiza el 18 de octubre, aunque esa decisión fue cuestionada por las organizaciones que realizaron bloqueos exigiendo que el TSE respete el 6 de septiembre. Las protestas de agosto provocaron un menoscabo en la imagen del MAS y sacaron a relucir desavenencias en sus filas; sin embargo, el accionar en las calles y en el ámbito institucional logró consolidar la fecha de elecciones e inhibir los riesgos de prorroguismo. Otro actor relevante, Carlos Mesa, apoyó la postergación a octubre con el mismo entusiasmo que había apoyado la fecha de septiembre. ¿Qué denotan estas posturas, más allá de los cálculos electorales?
A mi juicio, denotan una crisis de representación política que tendrá una prueba de fuego en los comicios. Esta crisis tiene múltiples manifestaciones. La principal es la desarticulación de la coalición “antimasista” que logró una rotunda victoria política en noviembre pero fue dilapidada en un semestre. Aquello que parecía un “proyecto de restauración oligárquico señorial” se redujo a un plan de desfalco del Estado con una lamentable gestión de la crisis sanitaria que se destaca por la ineficiencia y la corrupción, así como por la aplicación de acciones represivas.
Esa coalición fue episódica, motivada por la existencia de un “enemigo común” aderezada con una retórica por la libertad que disfrazó un complot afincado en la consigna de “fraude monumental”. Se suponía que esa victoria política iba a traducirse en un proyecto político/estatal, empero se redujo a la emisión de un relato superfluo asentado en una identidad —pitita — carente de sujeto y propuesta. Y el tiro de gracia fue el anuncio de la candidatura de Áñez, demostrando el interés de los grupos de poder de Santa Cruz para disputar un proceso electoral dominado por candidatos paceños que no gozan de su simpatía.
En torno a Áñez se armó un frente entre Demócratas (4% en los comicios de 2019), Sol.bo (circunscrita a La Paz), UNIR (limitada a Tarija) y Unidad Nacional, que no participó en las elecciones pasadas. Otros candidatos que fueron actores del golpe de Estado, como Camacho y Quiroga, provocan mayor dispersión en el electorado “antimasista”, es el caso del exdirigente cívico que tiene bastante apoyo en Santa Cruz. El otro es irrelevante. En ambas fuerzas no existe estructura organizativa, algo que acontece también en Comunidad Ciudadana, que se mantiene en una postura “anti partido” que le impide establecer alianzas y, a diferencia de sus rivales, carece de recursos de poder institucionales (alcaldías, gobernaciones) y sociales (sindicatos, organizaciones sociales).
Este es el panorama de aquella potente coalición que derrocó a Evo Morales pero no pudo vencer al MAS en las urnas. Sigue siendo un campo disperso y fragmentado, cuya razón de vivir es oponerse a Evo Morales. El MAS, por su parte, vive sus propias contradicciones internas que agudizan la crisis de representación en general y, por ahora, no encuentra un modelo decisional para enfrentar sus desafíos coyunturales y estratégicos. Pero es tema de otra columna.
Fernando Mayorga es sociólogo.