Voces

lunes 26 oct 2020 | Actualizado a 20:49

Informe Defensorial y renuncia

/ 21 de septiembre de 2020 / 07:50

La noticia de la semana ha sido la declinación de la candidatura de Jeanine Áñez, en apariencia inducida por la dispersión del voto reflejado en las encuestas electorales; que proyectan como ganador en primera vuelta al candidato del MAS. Se podría pensar que, en la decisión de la renuncia de la Presidenta interina, no solo pesa el espíritu anti-Evo, sino también el miedo a un juicio de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.

No es casual que su renuncia se dé tres días después de la presentación pública del Informe Defensorial Crisis de Estado. Violación de los Derechos Humanos en Bolivia octubre-diciembre 2019, donde se describe de manera pormenorizada los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre, concluyendo que el Gobierno transitorio “cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto postelectoral al haber incurrido en asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas por la actual administración gubernamental”.

El informe denuncia que la Policía fue permisible ante hechos violentos protagonizados por personas particulares y no cumplió con su obligación ante la conformación de grupos paraestatales, que se arrogaron las funciones de seguridad interna. A esto se suman los hallazgos de actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas, además de uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, es categórica al afirmar que, 10 meses después de lo ocurrido, no existe, ni existió, un proceso de pacificación real en el país. En el informe sostiene que “pese al cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, la paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas”. Por su contenido y claridad de argumentos, este informe se constituye en una pieza clave para un futuro proceso a las autoridades responsables, frenando la impunidad estatal en la violación de derechos humanos.

El informe testifica los hechos violentos en que se produjeron 37 muertes de bolivianos y bolivianas, 27 de las cuales ocurrieron durante la intervención de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona Sur de La Paz. Estos hechos, según el informe, se constituyen en masacres, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad (sic)”.

Los hallazgos coinciden con los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard y con el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI). Estos documentos seguramente constituirán pruebas importantes al momento de la investigación histórica que ameritan estos hechos.

El informe defensorial concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado boliviano, entre ellas la creación de una Comisión de la Verdad, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos, así como reparación integral de las víctimas de estas vulneraciones.

Seguramente la preocupación expresada por la presidenta Añez al sostener “si no nos unimos, vuelve Morales”, incluye la clara conciencia de que, si ahora no logra un pacto político, terminando su mandato tendrá que enfrentar un juicio de responsabilidades por sus actos.

Lourdes Montero es cientista social.

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El día después

/ 19 de octubre de 2020 / 06:55

Y llegó el día después de las elecciones nacionales, a pesar de que esa fecha —en medio de la pandemia— parecía lejana e incierta. Al fin llegó el momento en que nuestras diferencias debían dejar (al menos temporalmente) las calles y ser contenidas en una urna para comprometernos con la idea de que la democracia sigue siendo la mejor forma de gobernarnos.

Vaya ilusión mágica que el domingo nos acompañó, pero a medida que avanza el lunes, el desánimo vuelve a ganarnos. Esta columna por supuesto no ha sido escrita la noche de la elección, sino un par de días antes, cuando todavía compartíamos las largas filas en busca de gasolina y atiborrábamos nuestros refrigeradores temiendo el fin del mundo (tal cual ya lo habíamos vivido un par de veces este año). Y son en estos días inciertos donde pienso que por mucho que lo deseemos, el resultado de la elección, no será automáticamente portadora de mejores días.

Si el resultado es un triunfo en primera vuelta, no se podrá sostener en pie la tesis del fraude electoral del pasado octubre y seguramente los vencedores volverán con sed de venganza. Pero su retorno será con una Asamblea Legislativa indómita donde se tendrá que negociar cada paso, en un entorno económico por demás adverso. A esto se sumará el descontento (y tal vez negación) del resultado en una región del país que podría respirar aires separatistas. Magro triunfo que tendrá que ser permanentemente consolidado.

Si los resultados arrojan una segunda vuelta, seguirá una tensa calma; siempre y cuando ambos contendientes crean poder vencer al oponente. Si la lectura es que uno de ellos no tiene posibilidad de victoria, los incentivos de patear el tablero son altos.

Así, ninguno de estos resultados anuncia el final del túnel.

Y entonces, un año después, ¿qué ha cambiado en términos de equilibrio de poder?

La única novedad es el posicionamiento de L. F. Camacho como líder regional en Santa Cruz, desplazando a nivel nacional a Chi Hyun Chung, quien en la última elección salió tercero. Para moros y cristianos este nuevo personaje incomoda en el escenario político. Para los del MAS, según su vocero Sebastián Michel, Camacho es una persona “muy peligrosa”, “poco confiable”, con una ideología de “extrema derecha” y hasta con “tintes racistas”. Por el lado de Comunidad Ciudadana, a pesar de su alianza en la anterior elección, la presión de los últimos días para que baje su candidatura fue muy fuerte. En voz del cruceño Fernando Prado Salmón (El Deber 14/10/2020), el proyecto de Camacho es claro: construir un movimiento político que pueda hablar fuerte en el contexto nacional defendiendo los intereses del modelo cruceño. Sostiene que “está aprovechando hábilmente el carácter emocional, arrofaldado, audaz y metedor del cruceño, sin darle espacio para meditar, calcular y razonar sobre los pasos que se siguen y sobre el costo político de estos pasos para todo el país”.

Las cartas electorales están en la mesa; sin embargo, nuestra incapacidad para anticipar cómo será el día después parece abrumadora. Intuimos que lo que viene son profundos cambios sociales y económicos, a tono con una nueva Bolivia que no acabamos de comprender. Empezamos a asumir que el día después no será otro día. Comprendemos lentamente que el día después será diferente a los anteriores.

Los días de campaña, los candidatos buscaban impactarnos con imágenes identitarias más que aportar ideas o reflexiones. Terminada la algarabía, vamos a necesitar concentración, orden y método.

Mientras tanto, el silencio, y su capacidad reparadora, vuelve a habitar nuestro entorno.

Lourdes Montero es cientista social.

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Aborto seguro y gratuito

Escribo esta columna en memoria de Sandra Aliaga. Nuestro homenaje a su vida es mantener la lucha por evitar más mujeres muertas o niñas obligadas a ser madres.

/ 5 de octubre de 2020 / 00:46

Este 28 de septiembre, como lo hacemos cada año, el movimiento de mujeres y los feminismos del mundo demandamos a los Estados garantizar el pleno derecho de decidir sobre nuestros cuerpos para asegurar la vida y la salud de las niñas y las mujeres.

Nuestra voz se amplió inundando las redes sociales de una marea verde, símbolo del derecho a decidir. Algunos grupos lograron burlar la cuarentena y realizaron plantones callejeros y marchas: las paceñas, cochabambinas y tarijeñas se autoconvocaron para protestar; las feministas cruceñas, en las tierras donde reinan los Camachos, el Comité Cívico y la Conferencia Episcopal, lograron realizar un plantón frente a la catedral. Y, como cada año, enfrentaron el odio y la doble moral de esta sociedad que pretende tutelar nuestros cuerpos.

Este año nuestra protesta se fortalece frente a un hecho desgarrador: el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) ha publicado que, entre enero a julio de 2020, en Bolivia se registraron 90 embarazos en niñas y adolescentes cada día, y de ellas, al menos 4 son menores de 15 años, la mayoría producto de violación. Solo en lo que va de este año de crisis sanitaria, y con las dificultades de acceder al sistema de salud, 19.233 niñas y jovencitas tendrán que decidir abortar en la clandestinidad o continuar con un embarazo no planificado. Por ello, los abortos inseguros y clandestinos ubican a Bolivia entre los países con las tasas más altas de muertes maternas en América Latina.

Desde la década del 70 en nuestro país el aborto es legal en caso de violación, si la salud de la mujer corre algún riesgo y si existe malformación fetal incompatible con la vida. A esto se suma que desde 2014 una sentencia constitucional eliminó el requisito de presentar autorización judicial para proceder con la interrupción legal del embarazo (ILE). Sin embargo, persisten prejuicios y desconocimiento de la norma que obstaculizan el ejercicio de este derecho. Este año, un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo revela que nueve de cada 10 prestadores en salud en 44 centros de salud en el ámbito nacional desconocen en qué casos procede la ILE.

Pero seamos claras. En Bolivia la interrupción del embarazo de manera clandestina es una práctica frecuente. En una investigación realizada en 2010 se pudo constatar que una de cada dos mujeres ha enfrentado un embarazo no deseado en su vida y más de una de cada 10 revela haberse realizado un aborto inducido incluso con riesgo de ir a la cárcel. Una mayor o menor inseguridad de esta práctica tiene relación directa con el privilegio de clase.

Así, mujeres de estratos económicos altos tienen recursos y acceso a información para someterse a un aborto en una clínica privada o acceder a un médico que le recete (y tal vez le venda) la mifepristona y el misoprostol. En cambio, son las mujeres de escasos recursos quienes se juegan la vida al intentar provocarse un aborto. Por ello, de acuerdo con el Estudio Nacional de Mortalidad Materna (2011), el 13% de las muertes maternas son causadas por el aborto. En este, como en muchos casos, el Estado boliviano continúa fallando a las mujeres como garante de derechos.

Por ello, cada 28 de septiembre, nos tendrán en las calles gritando hasta que todas las mujeres sepan que, en caso de violación o riesgo para su vida y su salud, pueden acceder a una interrupción legal de embarazo en un centro público de salud, sin miedo a morir o ir a la cárcel. Y seguiremos luchando por la ampliación de causales para salvar la vida de muchas mujeres que no quieren ser madres por no tener condiciones económicas, personales o afectivas.

Escribo esta columna en memoria de Sandra Aliaga. Nuestro homenaje a su vida es mantener la lucha por evitar más mujeres muertas o niñas obligadas a ser madres. ¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!

*Es cientista social

(05/10/2020)

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Agenda de reactivación económica desde las mujeres

/ 7 de septiembre de 2020 / 10:25

Una de las preocupaciones centrales que tenemos luego de la pandemia es resultado de la capacidad que ésta ha tenido en la destrucción de empleos. El virus ha sido letal para muchas iniciativas unipersonales o pequeñas empresas con dos o tres empleados, que constituyen la mayoría de los emprendimientos bolivianos. Por ello nos ha sorprendido gratamente la iniciativa del Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia (CEEB), que ha irrumpido en la escena nacional con una agenda clara de demandas desde las mujeres para evitar el colapso económico de pequeños emprendimientos que son la base del dinamismo de nuestro mercado interno.

Esta iniciativa, que agrupa a mujeres emprendedoras vinculadas al microcrédito, tiene una excelente vocera en Mónica Chuquimia, quien habla desde la experiencia de años de trabajo fortaleciendo iniciativas de mujeres. Esta experiencia le permite describir muy bien un entorno de negocios en Bolivia que trata muy mal a todos, pero en especial a las mujeres, que de mil maneras se las ingenian para sostener sus hogares. Esa es la voz que Mónica Chuquimia nos comparte y de allí su potencia.

Desde esa evidencia empírica, el CEEB nos plantea una agenda de reactivación económica desde las mujeres que resume las dificultades sistémicas que éstas enfrentan para sacar adelante sus negocios. Los pilares de esta agenda están referidos a varios temas que pueden ser agrupados en 10 puntos. El primero es el acceso a capital y financiamiento, que implica discutir productos financieros más adecuados, ya que el crédito no es el único producto que las mujeres requerimos del sistema financiero. Otro tema clave es el acceso a mercados y redes empresariales, que incluyen un trabajo serio en promover a la innovación y la creación de valor agregado en productos y servicios ofertados por mujeres; así también es necesario promover un entorno favorable para generar negocios y, en el caso específico de las mujeres, la indispensable distribución más justa del trabajo del cuidado.

Por otro lado, el CEEB asume que una brecha significativa del acceso de las mujeres a las oportunidades del desarrollo tiene relación con el acceso a la educación y la capacitación. Esto incluye el acceso y control de las tecnologías de información y comunicación como factor clave en el nuevo contexto. También un factor de éxito está vinculado a la generación de información y transparencia sobre la dinámica emprendedora desde los intereses de las mujeres.

Por último, pero muy importante, es todo lo que implica un cambio en las mentalidades de los sujetos económicos para que consideren a las mujeres en todo su potencial productivo. Por ello el CEEB se plantea visibilizar para fortalecer el liderazgo de mujeres en ámbitos económicos y políticos, la participación paritaria de mujeres en ámbitos de decisión y sobre todo contribuir a eliminar la discriminación y segregación ocupacional y brechas salariales de género.

Esta ambiciosa agenda durante todo septiembre será propuesta y discutida con los candidatos. Estaremos muy atentas a cada una de las respuestas que los actores políticos tengan frente a esta problemática puesto que, más allá de la polarización a la que la competencia electoral nos obliga, este es un problema que nos concierne a todas y todos.

El Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia (CEEB) es un interesante ejemplo del avance de las organizaciones de mujeres y la enorme diversidad de sus agendas, y viene a traer un aire fresco a los gremios empresariales, muy vinculados a élites de poder patriarcales y rentistas. Por ello, seguiremos atentas para transmitirles sus ideas que buscan mejoras sistémicas para el desarrollo económico del país.

Lourdes Montero es cientista social.

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Capitalismo racial

/ 24 de agosto de 2020 / 01:19

Desde la explosión de protestas callejeras del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) han surgido voces en la prensa y academia progresista norteamericana que retoman la idea de discutir la supremacía blanca como uno de los rasgos del sistema de exclusión y explotación capitalista. Para activar esta discusión se ha desempolvado la obra de Cedric Robinson, a quien se atribuye el concepto de capitalismo racial. Angela Davis, una destacada activista y pensadora del movimiento negro radical, sostiene que “el sistema de explotación global no puede ser adecuadamente comprendido si la dimensión racial del capitalismo es ignorada”. Más aún, para algunos analistas, la crisis desatada por el coronavirus ha reafirmado que la riqueza y la prosperidad de la economía de Estados Unidos se basa en el trabajo y las vidas de las personas negras y morenas.

Desde hace mucho tiempo las feministas hemos insistido que es imposible analizar de manera independiente las esferas de dominación patriarcal, jerarquía racista y explotación capitalista a pesar que las tres hayan desarrollado marcos interpretativos y luchas paralelas. La realidad concreta en la vida de las mujeres pronto nos hizo comprender que las desigualdades, la pobreza y la exclusión pasan por el lazo indisoluble entre raza, clase y género.

Toda esta discusión sobre las sociedades racializadas que a algunos les suena premoderna, se vuelve pertinente frente al retorno en Bolivia de los discursos sobre la supremacía blanca. Y para muestra, el discurso del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien con total desparpajo califica a sus oponentes políticos como “bestias humanas, indignas de ser llamados ciudadanos”. Pero el Sr. Calvo va más allá al contraponer a los “colonos desagradecidos” con los únicos auténticos dueños de la tierra que, entendemos, serían los agroindustriales cruceños a los que él representa.

Y entonces nos preguntamos, ¿es con este discurso que la elite cruceña aspira a proyectarse como un liderazgo nacional en las próximas elecciones?, ¿es éste el horizonte de país que proyectan, donde no cabemos todos? Tengo fundadas sospechas de que el rechazo del occidente al modelo de desarrollo del oriente no se basa tanto en sus formas de producción y explotación como en su profunda base racista para justificar privilegios y naturalizar jerarquías.

Tal vez las configuraciones subjetivas en el occidente aún se aferran a la promesa incumplida de igualdad que la modernidad ofrece. Por ello se acepta con mayor agrado (al menos discursivamente) un capitalismo estatal que dialoga muy bien con un sentido nacionalista e incluso se prefiere un capitalismo salvaje (con total ausencia del Estado) si se trata del comercio o la pequeña producción. Pero lo que parece inaceptable es la hegemonía de un capitalismo racial donde la jerarquía se naturalice por rasgos fenotípicos de las personas.

Hablar de racismo hoy en Bolivia resulta muy incómodo. Y de eso puede dar fe Fernando Molina, que hace varios ensayos trata de incomodarnos. O como sostiene Carlos Macusaya, el racismo entre los bolivianos es como el alcoholismo entre los alcohólicos: no aceptan serlo. Así como un alcohólico niega su condición diciendo: “una copita la toma cualquiera”, un racista minimiza su racismo diciendo: “un insulto lo dice cualquiera”.

Ya es tiempo de hablar del elefante en la sala y si algo nos demostraron las protestas tras la quema de la wiphala es que una gran parte de la sociedad boliviana no está dispuesta a retornar a lo que el fisiólogo chileno Alejandro Lipschutz describió como «pigmentocracia».

Lo último que quiero afirmar para continuar esta discusión es que, en las próximas elecciones, será muy importante la narrativa e imagen que sobre la piel morena tengan los candidatos.

Lourdes Montero es cientista social.

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Partida de un luchador

/ 10 de agosto de 2020 / 15:03

Con la muerte de Manuel Morales Dávila no solo ha partido un luchador social y un abogado íntegro, sino sobre todo perdemos un testigo de época. Y es que él fue uno de los pocos que llevó la lucha social al campo jurídico (tan desprestigiado en estos tiempos), con la convicción de vivir en un Estado de Derecho. Fue un hombre de su tiempo: descrito por todos como éticamente intachable, ejercía la rama del derecho laboral y a través de ésta consagró su vida a organizar a los trabajadores para la toma del poder. Abogó por infinitas causas individuales de trabajadores y trabajadoras que lo buscaban en su despacho, confiados en conseguir justicia. A decir del exministro de Justicia Héctor Arce, Morales Dávila “nunca atendió a un empresario, nunca actuó en contra de un trabajador”.

Tal vez en sus agitados 94 años tuvo el privilegio de pocos: vivir lo suficiente para soñar con un cambio social, impulsarlo y vivirlo para poder reflexionar sobre sus aciertos y errores.

Es indudable que su vida fue intensa. Morales Dávila nació en Potosí en la década de 1920, cuando Hernando Siles Reyes era presidente y el país enfrentaba la gran depresión; eran tiempos de agitación social y corrientes anarcosindicalistas en un panorama complejo y explosivo. Hijo de un tiempo de profundos cambios sociales, cuando tenía seis años el país enfrentó la Guerra del Chaco y, llegando a La Paz en su juventud, fue testigo de la Revolución Nacional de 1952.

Fue contralor de la República durante el gobierno de Lydia Gueiler Tejada, en los turbulentos años de 1979 y 1980, diputado nacional en 2002 y postulante a la Gobernación de La Paz en 2005. Encarcelado en 13 ocasiones, vivió exilio y persecución política por la defensa de los Derechos Humanos y los recursos naturales.

Héctor Arce, uno de sus más cercanos colaboradores, relata en su libro Proceso de Cambio en Bolivia el rol de Manuel Morales Dávila como asesor y defensor de Evo Morales y el proceso de cambio. Allí se registra que en 1992 funda el TRN, sigla de la organización Trabajadores Revolucionarios y Naciones Originarias, dos sujetos políticos e identidades que en un futuro serían los cimientos del MAS IPSP. Por 1996 intentó seducir al joven dirigente de los trabajadores de la hoja de coca para que sea su vicepresidente, pero éste tenía la convicción de que no era su tiempo. Su proyecto no tuvo éxito en la larga noche de adormecimiento neoliberal.

Desde entonces, Morales Dávila no abandonó la defensa y asesoramiento de Evo Morales, quien fue electo diputado nacional por la circunscripción 27 del trópico de Cochabamba. Su energía se centró en sucesivas demandas de inconstitucionalidad que el diputado Morales y su pequeña bancada encaraban en contra de las “leyes malditas” que el Gobierno del entonces presidente Banzer aprobaba.

Un momento central en la vida de este luchador social se produjo entre 1995 y 1996, cuando acusó al presidente Gonzalo Sanchez de Lozada de traición a la Patria, por la enajenación de las empresas estatales. El mandatario no tuvo mejor idea que ordenar su detención. No sospecho que con ese acto logró que toda Bolivia conociera la lucha de Morales Dávila en defensa de las empresas estatales y los recursos naturales de Bolivia.

Seis años después, ya elegido diputado por la bancada del MAS, el luchador social se negaría a asistir a la posesión de Sánchez de Lozada. Como registra el libro de Arce, le pidió a Evo no asistir. “Mi hígado no va a dar, voy a renegar”, le confesó.

Y así fue toda su vida: firme, explícito en sus ideas, con el ímpetu político que da la coherencia de toda una existencia de lucha. Parte el testigo privilegiado de la historia moderna de Bolivia, y con él, una generación de soñadores que creyeron firmemente que el poder es solo un medio para alcanzar la justicia social.

Lourdes Montero es cientista social.

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