La noticia de la semana ha sido la declinación de la candidatura de Jeanine Áñez, en apariencia inducida por la dispersión del voto reflejado en las encuestas electorales; que proyectan como ganador en primera vuelta al candidato del MAS. Se podría pensar que, en la decisión de la renuncia de la Presidenta interina, no solo pesa el espíritu anti-Evo, sino también el miedo a un juicio de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.
No es casual que su renuncia se dé tres días después de la presentación pública del Informe Defensorial Crisis de Estado. Violación de los Derechos Humanos en Bolivia octubre-diciembre 2019, donde se describe de manera pormenorizada los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre, concluyendo que el Gobierno transitorio “cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto postelectoral al haber incurrido en asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas por la actual administración gubernamental”.
El informe denuncia que la Policía fue permisible ante hechos violentos protagonizados por personas particulares y no cumplió con su obligación ante la conformación de grupos paraestatales, que se arrogaron las funciones de seguridad interna. A esto se suman los hallazgos de actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas, además de uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, es categórica al afirmar que, 10 meses después de lo ocurrido, no existe, ni existió, un proceso de pacificación real en el país. En el informe sostiene que “pese al cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, la paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas”. Por su contenido y claridad de argumentos, este informe se constituye en una pieza clave para un futuro proceso a las autoridades responsables, frenando la impunidad estatal en la violación de derechos humanos.
El informe testifica los hechos violentos en que se produjeron 37 muertes de bolivianos y bolivianas, 27 de las cuales ocurrieron durante la intervención de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona Sur de La Paz. Estos hechos, según el informe, se constituyen en masacres, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad (sic)”.
Los hallazgos coinciden con los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard y con el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI). Estos documentos seguramente constituirán pruebas importantes al momento de la investigación histórica que ameritan estos hechos.
El informe defensorial concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado boliviano, entre ellas la creación de una Comisión de la Verdad, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos, así como reparación integral de las víctimas de estas vulneraciones.
Seguramente la preocupación expresada por la presidenta Añez al sostener “si no nos unimos, vuelve Morales”, incluye la clara conciencia de que, si ahora no logra un pacto político, terminando su mandato tendrá que enfrentar un juicio de responsabilidades por sus actos.
Lourdes Montero es cientista social.