En estos días preelectorales existen actitudes de grupos racistas de anularla personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), porque supuestamente habría infringido alguna cláusula de la ley electoral de comunicar encuestas en un tiempo no permitido. Sin entrar en la verborrea jurídica, este reencauzamiento de la política colonial procura prohibir anulando jurídicamente los derechos políticos más elementales de los pueblos indígenas y campesinos del país.
Para entender mejor estos fenómenos jurídicos racistas de larga data, recurrimos al pasado, como experiencias concretas y que hoy con sus nuevos matices se continúan practicando.
A fines del siglo XIX, el movimiento indígena de los Apoderados general estuvo acciones muy importantes en defensa del ayllu ancestral contra las haciendas. Feliciano Espinoza fue un aymara de los ayllus urbanos de San Pedro de la ciudad de La Paz y el principal antecesor de Pablo Zárate Willka. Espinoza fue temido por sus acciones de defensa de las tierras comunales en los estrados judiciales. Por esta forma de protección fue enjuiciado por los políticos y gamonales de la época, porque supuestamente sublevaba a los indios. Así se acabó con el liderazgo de Espinoza, pues no se sabe qué paso con él, lo más probable es que haya sido eliminado físicamente.
En el siglo XX, después de 1920,se comenzó a publicitar que “todos tenemos derechos” e incluso se propició políticas indígenas desde el Estado y la Iglesia Católica como la alfabetización. Santos Marka T’ula, aymara y Apoderado general de los ayllus y comunidades la región andina, en su lucha contra las haciendas exponía documentos, incluso coloniales, en las tribunas judiciales, sobre que eran los verdaderos propietarios de sus tierras. Por esta forma de defensa fue muchas veces encarcelado, acosado y amenazado por usar una habilidad legal. Estas acciones lo convirtieron en muy peligroso para los hacendados y políticos de la época, que no tuvieron contemplación al ordenar que lo arrojen al río Cajón de los Yungas de La Paz.
En la década de 1930, el miedo y el odio a los indios no solo estaba en la sociedad, sino también entre los militares. Eduardo Nina Quispe, aquel educador autodidacta que fundó escuelas en las comunidades aymaras y quechuas y, a la par, enseñaba a leer y escribir a los niños de los indios urbanos en su casa de la ciudad de La Paz, fue acusado de ser comunista, subversor de la indiada e incluso de atentar contra la seguridad del Estado, porque su centro educativo llevaba el nombre de Kollasuyo. Fue enjuiciado y encarcelado por la logia militar Legión Cívica, especializada en la masacre de indios en plena Guerra del Chaco (1932-1935).
En la década de 1980, Jenaro Flores Santos, fundador de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el movimiento katarista indianista, fue baleado, quedando paralítico por defender la democracia desde la Central Obrera Boliviana (COB), contra la dictadura militar narcotraficante de los García Meza y Arce Gómez. Un aymara estuvo a la cabeza de la COB, no solo para defender a sus hermanos, sino a los obreros y sectores populares del país. Esta acción jamás fue reconocida, ni como testigo cuando se enjuició a García Meza y sus secuaces.
En la “guerra del gas” de 2003, hubo mucho miedo a los indios urbanos de El Alto, que bajen hasta la ciudad, sobre todo que desciendan hasta la zona Sur, porque supuestamente podían saquear, robar bienes y hasta violar mujeres de la “clase alta”, porque aparentemente eran unos bárbaros y hasta delincuentes comunes.
En octubre y noviembre de 2019, es decir, en el golpe de Estado, la población indígena urbana de El Alto fue nuevamente temida porque imaginariamente eran las hordas feroces. En este suceso los colonialistas racistas se llamaron “pititas”, plataformas, comités cívicos, resistencias, Conade, etc., que se disfrazaron de demócratas y libertarios para justificar sus acciones racializadas.
En este brochazo histórico mostramos cómo se mantienen algunas líneas eje del sistema colonial que reproduce la violencia, el odio, el miedo, el desprecio y el racismo contra los indios/as. Queda claro que el sistema se recicla socialmente y también matiza sus estrategias en cada momento histórico; pero en el fondo continúa el odio al indio/a, aunque sea urbano. Si se consolidara la torpeza de anularla personería jurídica del MAS-IPSP se consumaría la forma más colonial de prohibir al indio que haga política, separando el ejercicio de los derechos políticos más elementales del ser humano. ¿Cuál sería la respuesta de los afectados? Sería un pachakuti total y con mucho dolor de por medio, y ojalá no lleguemos a esta situación extrema.
Wasitampiwa q’ara, misti jaqinakaxa taqjatañ munapxistu, jisk’achaskakistuwa. Amuyasiñani, mayachasiñani. Mä wawakixa nayraqatarux sarantaskakiñaniwa.
*Es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo.