Voces

viernes 4 dic 2020 | Actualizado a 18:42

La OEA en cuestión

Suman voces, en especial a nivel internacional, que demandan realizar una “auditoría a la auditoría” de la OEA en torno al resultado de las elecciones de 2019 en Bolivia. Se lo plantea como necesidad de transparencia debido a serias dudas sobre los informes del organismo. Hay recelo también ante la misión de observación enviada por Luis Almagro para los comicios del 18 de octubre.

Por La Razón

/ 4 de octubre de 2020 / 10:17

A reserva del debate irresuelto acerca de si hubo o no “fraude” en las fallidas elecciones de octubre del año pasado, o si se produjeron más o menos deplorables irregularidades (algunas de ellas recurrentes en procesos electorales), lo cierto es que el papel de la OEA en este gris episodio de la democracia boliviana está erosionando la credibilidad del organismo regional, ya venida a menos en los últimos años. Está en cuestión también el papel del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral.

La auditoría “integral y vinculante” encargada por el gobierno de Morales a la OEA luego de los comicios de 2019, más que despejar dudas acerca del resultado, se ha convertido en objeto de disputa en diferentes niveles, empezando por su consistencia (o inconsistencia) técnica. La propia temporalidad de los informes tanto preliminar como final de la auditoría está bajo sospecha. Y hay cuestionamientos razonables en torno al “análisis estadístico aparentemente defectuoso” realizado por el organismo.

Hace poco, 28 congresistas estadounidenses, bajo liderazgo del senador Bernard Sanders, plantearon formalmente al Departamento de Estado de su país la necesidad de realizar “una revisión completa e independiente de las declaraciones e informes de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia”. Más aún: dichos congresistas demandaron “medidas correctivas” a fin de garantizar que las misiones de observación electoral de la OEA sean independientes e imparciales, esto es, libres de mandato político.

No es casual, por ejemplo, que el cuestionado jefe de la misión electoral de la OEA el año pasado, el costarricense Manuel González, haya sido designado nuevamente por Almagro como cabeza de la misión en Bolivia. Recordemos que González, sin esperar los resultados oficiales de la votación del 20 de octubre, se apresuró a sentar la narrativa del “cambio drástico en la tendencia” y anunció precozmente “recomendaciones de cara a la segunda vuelta”.

El mismo discurso se ratificó luego en la auditoría.

Es evidente que la OEA tiene el respaldo del gobierno provisorio de Áñez, así como de varias fuerzas políticas, pero una parte de la población boliviana desconfía del organismo y de su observación electoral.

Así pues, asumiendo la necesidad e importancia del acompañamiento de la OEA en los actuales comicios, será necesario observar a los observadores.

Los comicios del 18 de octubre son demasiado importantes como para dejarlos librados a los intereses políticos de Almagro y sus misiones de observación.

(04/10/2020)

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Una tarea urgente

La tarea es titánica, y va mucho más allá de solo normar los cambios: hay que hacerlos realidad.

Por La Razón

/ 4 de diciembre de 2020 / 00:48

La necesidad de reforma de la justicia parece haber entrado en un buen cauce esta semana gracias a los anuncios hechos tanto por el Gobierno como por la oposición parlamentaria. Ya se habla de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, así como de leyes que además de posibilitar este cambio introducirán otras medidas sobre la administración de justicia.

El Ministro de Justicia, en entrevista en nuestro programa Piedra, papel y tinta, adelantó que los temas que se pretende cambiar en el texto constitucional son la elección de juezas y jueces por voto popular; el papel del Tribunal Agroambiental y la inclusión de alguna cláusula que garantice la independencia de las y los jueces designados. Entre las leyes, se pretende introducir una que norme la carrera judicial.

Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana y el excandidato a la presidencia por esa agrupación anunciaron que presentarán un proyecto de ley con el mismo espíritu que el anunciado por el ministro y señalaron que el anteproyecto está siendo consultado con la sociedad civil; entre las innovaciones que se proponen está establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, constituido por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. En cualquiera de los casos, ya se menciona un referéndum para aprobar las reformas que se hagan.

Sin embargo, tal reforma, incluso si imprescindible y urgente, no será sino el primero de muchos pasos para transformar no solo el Órgano Judicial, sino sobre todo la idea de justicia que tiene la sociedad boliviana, donde algunos sectores creen que es un servicio en venta para favorecer a quienes puedan pagarlo; otros, por el contrario, que le tienen un profundo temor por ser todo menos justa; así como otros más que la consideran una utopía a la que casi nadie accede. Todos ellos tienen su parte de verdad.

En un país donde los políticos de uno y otro lado inician procesos penales no con el objeto de buscar justa sanción, sino escarnio público y en algunos casos habilitación moral, no es de extrañar que tantas y tantos profesionales del derecho hayan olvidado no solo los límites éticos de su profesión, sino también las reglas del debido proceso, lo cual depaupera todavía más el sistema, pues procesos mal presentados y peor llevados únicamente sirven para desperdiciar recursos, ya escasos en el Órgano Judicial.

Urge, pues, transformar formalmente al Órgano Judicial, pero sobre todo hacer un cambio en la mentalidad que sigue creyendo que la justicia sirve para encontrar venganza, para dañar al otro, y no para restablecer la paz en la sociedad, o para sancionar crímenes y delitos sin preocuparse de las víctimas, que así no obtienen ni resarcimiento ni restitución de sus derechos. La tarea es titánica, y va mucho más allá de solo normar los cambios: hay que hacerlos realidad.

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SECTOR MINERO METALÚRGICO

Por La Razón

/ 3 de diciembre de 2020 / 10:28

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Retórica de unidad

Es evidente que la unidad del bloque antiMAS requiere una sólida plataforma programática y, claro, la renovación de liderazgos.

Por La Razón

/ 2 de diciembre de 2020 / 07:21

Casi como un rito, las oposiciones políticas están agitando nuevamente la bandera de la unidad. Esta vez es para postular candidaturas a las elecciones departamentales, regionales y municipales 2021. Hasta ahora, los intentos han sido declarativos, parciales o directamente fallidos. Según el calendario electoral, el plazo para el registro de alianzas vence este sábado.

De manera recurrente, al menos desde las elecciones generales de 2009, las fuerzas políticas opositoras al MAS-IPSP plantean la necesidad de unirse en busca de condiciones para mejorar sus resultados electorales. Esa divisa se expresó en propuestas para lograr una “candidatura de unidad” o, al menos, un “frente amplio”. En ningún caso se superó la sola intención. Hubo resultados más bien modestos con algunas alianzas entre partidos y agrupaciones ciudadanas, reiteradamente derrotadas en las urnas.

En principio, la bandera opositora a favor de la unidad ante el gobernante MAS-IPSP es no solo necesaria, sino razonable. Es innegable que el oficialismo se beneficia, tanto en la gestión de gobierno como en los procesos electorales, de la pauta divisoria y hasta fragmentaria de las oposiciones. Pero la unidad por la unidad, en sí misma, la unidad anti, no parece suficiente. Es evidente que la unidad del bloque antiMAS requiere una sólida plataforma programática y, claro, la renovación de liderazgos.

Dado el resultado de la votación del 18 de octubre, que otorgó al MAS-IPSP el “premio mayor” con la holgada elección de su binomio presidencial y representación mayoritaria en ambas cámaras legislativas, los comicios subnacionales del próximo 7 de marzo expresan la posibilidad de una mayor redistribución del poder en el ámbito de los gobiernos departamentales y municipales. Son políticamente relevantes las gobernaciones y las alcaldías de las ciudades capitales, El Alto y algunas ciudades intermedias.

¿Qué podrán hacer las oposiciones, en términos de unidad o al menos de acuerdos territoriales, para la disputa electoral 2021? De acuerdo con el calendario electoral emitido por el TSE, las fuerzas políticas solo tienen hasta este sábado para realizar el registro de alianzas. Es decir, los esfuerzos de acercamiento impulsados por actores cívicos y políticos, junto con sus operadores mediáticos, tendrían que formalizarse muy pronto. La evidencia, en cambio, muestra la multiplicación de candidaturas.

Como van las cosas, es probable que la renovada búsqueda de unidad opositora, una vez más, se quede en solo retórica. Ello ciertamente incrementa las posibilidades del MAS-IPSP de obtener algunas victorias electorales más allá de su muy amplia presencia territorial a nivel municipal. Pero también contribuye a un mayor pluralismo político, con liderazgos regionales y locales en disputa. Ojalá sea con renovación. Lo sabremos el 19 de diciembre, cuando vence el plazo para la inscripción de candidaturas.

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