Voces

sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 20:55

Aborto seguro y gratuito

Escribo esta columna en memoria de Sandra Aliaga. Nuestro homenaje a su vida es mantener la lucha por evitar más mujeres muertas o niñas obligadas a ser madres.

/ 5 de octubre de 2020 / 00:46

Este 28 de septiembre, como lo hacemos cada año, el movimiento de mujeres y los feminismos del mundo demandamos a los Estados garantizar el pleno derecho de decidir sobre nuestros cuerpos para asegurar la vida y la salud de las niñas y las mujeres.

Nuestra voz se amplió inundando las redes sociales de una marea verde, símbolo del derecho a decidir. Algunos grupos lograron burlar la cuarentena y realizaron plantones callejeros y marchas: las paceñas, cochabambinas y tarijeñas se autoconvocaron para protestar; las feministas cruceñas, en las tierras donde reinan los Camachos, el Comité Cívico y la Conferencia Episcopal, lograron realizar un plantón frente a la catedral. Y, como cada año, enfrentaron el odio y la doble moral de esta sociedad que pretende tutelar nuestros cuerpos.

Este año nuestra protesta se fortalece frente a un hecho desgarrador: el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) ha publicado que, entre enero a julio de 2020, en Bolivia se registraron 90 embarazos en niñas y adolescentes cada día, y de ellas, al menos 4 son menores de 15 años, la mayoría producto de violación. Solo en lo que va de este año de crisis sanitaria, y con las dificultades de acceder al sistema de salud, 19.233 niñas y jovencitas tendrán que decidir abortar en la clandestinidad o continuar con un embarazo no planificado. Por ello, los abortos inseguros y clandestinos ubican a Bolivia entre los países con las tasas más altas de muertes maternas en América Latina.

Desde la década del 70 en nuestro país el aborto es legal en caso de violación, si la salud de la mujer corre algún riesgo y si existe malformación fetal incompatible con la vida. A esto se suma que desde 2014 una sentencia constitucional eliminó el requisito de presentar autorización judicial para proceder con la interrupción legal del embarazo (ILE). Sin embargo, persisten prejuicios y desconocimiento de la norma que obstaculizan el ejercicio de este derecho. Este año, un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo revela que nueve de cada 10 prestadores en salud en 44 centros de salud en el ámbito nacional desconocen en qué casos procede la ILE.

Pero seamos claras. En Bolivia la interrupción del embarazo de manera clandestina es una práctica frecuente. En una investigación realizada en 2010 se pudo constatar que una de cada dos mujeres ha enfrentado un embarazo no deseado en su vida y más de una de cada 10 revela haberse realizado un aborto inducido incluso con riesgo de ir a la cárcel. Una mayor o menor inseguridad de esta práctica tiene relación directa con el privilegio de clase.

Así, mujeres de estratos económicos altos tienen recursos y acceso a información para someterse a un aborto en una clínica privada o acceder a un médico que le recete (y tal vez le venda) la mifepristona y el misoprostol. En cambio, son las mujeres de escasos recursos quienes se juegan la vida al intentar provocarse un aborto. Por ello, de acuerdo con el Estudio Nacional de Mortalidad Materna (2011), el 13% de las muertes maternas son causadas por el aborto. En este, como en muchos casos, el Estado boliviano continúa fallando a las mujeres como garante de derechos.

Por ello, cada 28 de septiembre, nos tendrán en las calles gritando hasta que todas las mujeres sepan que, en caso de violación o riesgo para su vida y su salud, pueden acceder a una interrupción legal de embarazo en un centro público de salud, sin miedo a morir o ir a la cárcel. Y seguiremos luchando por la ampliación de causales para salvar la vida de muchas mujeres que no quieren ser madres por no tener condiciones económicas, personales o afectivas.

Escribo esta columna en memoria de Sandra Aliaga. Nuestro homenaje a su vida es mantener la lucha por evitar más mujeres muertas o niñas obligadas a ser madres. ¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!

*Es cientista social

(05/10/2020)

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El retorno de Evo

/ 15 de noviembre de 2020 / 23:44

Evo Morales culminó en Chimoré una caravana multitudinaria que desde el pasado lunes le acompañó tras su entrada a Bolivia. Los últimos tres días hizo lo que mejor sabe hacer, protagonizar actos de masas para ratificar su capacidad de comunicación con los sectores populares y la cohesión que logra en torno a él.  “Un año atrás salimos del aeropuerto de Chimoré y dijimos que volveríamos millones. Aquí estamos, somos millones”, sostuvo emocionado en uno de los encuentros más impresionantes de los últimos años.

Regresó para agitar el fantasma de ser él quien gobierna detrás de Luis Arce, a pesar de que el binomio Arce-Choquehuanca ha dado un par de señales de autonomía frente a su líder histórico, como no ir a su encuentro en las fiestas de bienvenida, ni transmitir por el canal estatal la caravana del retorno. El nuevo gabinete también ha sido una muestra de la renovación que Arce comprometió.

Y Evo regresa con considerable ruido para despejar dudas sobre la unidad del MAS en torno a su liderazgo. Sin duda el masismo demostró poder ganar las elecciones sin Evo, pero él nos recuerda constantemente su intervención en la definición del binomio ganador, compartiendo su carisma con el liderazgo técnico de Arce, quien parece sentirse más cómodo impartiendo clases universitarias que compartiendo el baño de masas que cautiva a Morales.

Paradójicamente, tras un año de estigmatización del masismo, la persecución política y judicial dotó al MAS de un discurso de justicia social y de una épica que había perdido. Luis Arce ganó los comicios con 55%, con una diferencia de 26 puntos respecto al segundo candidato mejor votado y con 8 puntos de ventaja sobre el propio Morales en la votación de 2019. Estos datos parecen confirmar que no era el proyecto del MAS el que estaba agotado, sino la repetición de la figura de Morales como presidente.

Este resultado demuestra que el MAS fue capaz de renovarse, reconectar con los sectores populares después de tantos años de poder estatal, sacudirse de su barniz burocrático y hasta de ejercer cierta autonomía frente al líder exiliado.

Esto no quita que, en el actual escenario, Evo sea un factor de poder decisivo para el equilibrio de fuerzas políticas. Imaginamos al menos tres tareas urgentes que el líder debe asumir. La primera (y tal vez más importante) mantener la unidad del partido, tejiendo la filigrana de equilibrios en esa confederación de diversos que es el MAS. La segunda, y no menos desafiante, organizar el partido y distribuir su carisma para ganar las elecciones subnacionales. Por último, contener a las bases de lo popular ante medidas críticas que seguramente la gestión estatal deberá asumir para enfrentar la crisis.

Se podría incluso afirmar que frente a las próximas elecciones subnacionales, la maquinaria electoral del MAS puede funcionar mejor con una división de funciones: Arce atendiendo la delicada gestión de gobierno en época de pandemia y crisis económica, y Evo gestionando las disputas internas y externas por el poder. Sabemos que en las elecciones subnacionales, factores como el voto étnico como elemento de cohesión no operan de la misma manera que en lo nacional y, por tanto, identificar a nuevos liderazgos que aseguren su ventaja en la contienda no será tarea fácil para Morales.

Y, por lo visto en esta última semana, Evo es un pez en el agua ocupado de la gestión política sin la responsabilidad de la gestión pública.

Ante la absolutamente necesaria articulación entre el liderazgo carismático de Evo y la gestión estatal del binomio gobernante; dejemos para más tarde pensar en el postevismo. Por ahora, solo aticemos la discusión con una pregunta: ¿podrá Morales evadir la tentación de ser candidato en 2025? A pesar del profundo odio que despierta Evo Morales en sus detractores, parece difícil que desaparezca del escenario político al menos los próximos 10 años.

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La Constitución chilena como esperanza

Lo importante será observar si los actores políticos dan cuenta de esa repolitización y actuán en consecuencia.

/ 2 de noviembre de 2020 / 00:54

Yo pisaré las calles nuevamente/ de lo que fue Santiago ensangrentada/ y en una hermosa plaza liberada/ me detendré a llorar por los ausentes. Estas palabras vuelven a tener sentido cuatro décadas después de que Pinochet, antes de su retirada del poder, establezca la Constitución chilena como candado para limitar la naciente democracia.

En Bolivia, ocupados en nuestros afanes electorales y pasiones políticas tuvimos poco tiempo para celebrar el nuevo ciclo que Chile ha decidido emprender. El pasado 25 de octubre, siete millones de chilenos y chilenas votaron para reemplazar la Constitución instituida durante la dictadura de Augusto Pinochet. Con 78% de aprobación, la decisión fue que se redacte una nueva Carta Magna y esta sea de responsabilidad de una Convención Constitucional elegida por la ciudadanía. El desafío ahora es que Chile escriba un texto constitucional que no solo avance en derechos sino, sobre todo, genere cambios sustantivos en la organización del poder.

Cuarenta años le tomó a la sociedad chilena modificar el legado de la dictadura. Mientras en Bolivia, con ayunos y rezos, un grupo de desubicados convocan nuevamente los oscuros tiempos de la dictadura militar, la ciudadanía chilena celebra los apabullantes resultados del plebiscito para sacudirse finalmente del pinochetismo. Este momento es comprendido como parte de un largo proceso que se inició hace décadas y tuvo como detonador definitivo las protestas de octubre de 2019 que pusieron en cuestión la profunda desigualdad social que vive Chile.

Según el analista Javier Sajuria, los resultados nos hablan de tres fenómenos en el Chile actual: una polarización de las élites, su aislamiento de las masas y la (re)politización de la ciudadanía. La polarización de las élites parece más evidente en los espacios institucionales como el Senado o el Tribunal Constitucional donde se identifica una distinción entre quienes se inclinan hacia la derecha y quienes lo hacen hacia la izquierda. Esta división y confrontación entre representantes está acompañada de un claro alejamiento entre estas élites políticas y los votantes, lo que conlleva el potencial aislamiento y escasa legitimidad de estos sectores. Desde ya un tiempo considerable, las dirigencias de los partidos políticos tienen una desconexión persistente con la ciudadanía, mostrando brechas con el resto de la población en términos de ingresos, sistemas educativos, acceso a la salud e incluso aislamiento geográfico del resto de la sociedad chilena.

Frente a la falta de intermediación política, la sociedad chilena, sobre todo los jóvenes, han respondido con una (re)politización que todavía no es comprendida desde los partidos políticos y los medios de comunicación masiva. Así, los resultados contundentes del plebiscito parecen mostrar que existe una amplia coalición en torno a la nueva Constitución que logró atraer votantes más allá de los sectores progresistas o de (centro)izquierda. Según datos de las encuestas, detrás de la aprobación se encontraron sectores independientes y hasta un tercio de quienes se identifican con la derecha, ganando en todos los grupos etarios, al igual que en los diferentes niveles de ingreso. Incluso la opción por una nueva Constitución tuvo mayoría entre los evangélicos, un grupo que se asocia a posturas más conservadoras.

El proceso que se viene en Chile es complejo. Lo importante será observar si los actores políticos dan cuenta de esa repolitización y actúan en consecuencia. Será necesario que durante el proceso constituyente la ciudadanía se sienta incluida, sacudiendo los mecanismos de participación e intermediación tradicionales que no gozan de legitimidad. Es el único camino para que la nueva Constitución ayude a superar la actual crisis política chilena.

*Lourdes Montero es cientista social

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El día después

/ 19 de octubre de 2020 / 06:55

Y llegó el día después de las elecciones nacionales, a pesar de que esa fecha —en medio de la pandemia— parecía lejana e incierta. Al fin llegó el momento en que nuestras diferencias debían dejar (al menos temporalmente) las calles y ser contenidas en una urna para comprometernos con la idea de que la democracia sigue siendo la mejor forma de gobernarnos.

Vaya ilusión mágica que el domingo nos acompañó, pero a medida que avanza el lunes, el desánimo vuelve a ganarnos. Esta columna por supuesto no ha sido escrita la noche de la elección, sino un par de días antes, cuando todavía compartíamos las largas filas en busca de gasolina y atiborrábamos nuestros refrigeradores temiendo el fin del mundo (tal cual ya lo habíamos vivido un par de veces este año). Y son en estos días inciertos donde pienso que por mucho que lo deseemos, el resultado de la elección, no será automáticamente portadora de mejores días.

Si el resultado es un triunfo en primera vuelta, no se podrá sostener en pie la tesis del fraude electoral del pasado octubre y seguramente los vencedores volverán con sed de venganza. Pero su retorno será con una Asamblea Legislativa indómita donde se tendrá que negociar cada paso, en un entorno económico por demás adverso. A esto se sumará el descontento (y tal vez negación) del resultado en una región del país que podría respirar aires separatistas. Magro triunfo que tendrá que ser permanentemente consolidado.

Si los resultados arrojan una segunda vuelta, seguirá una tensa calma; siempre y cuando ambos contendientes crean poder vencer al oponente. Si la lectura es que uno de ellos no tiene posibilidad de victoria, los incentivos de patear el tablero son altos.

Así, ninguno de estos resultados anuncia el final del túnel.

Y entonces, un año después, ¿qué ha cambiado en términos de equilibrio de poder?

La única novedad es el posicionamiento de L. F. Camacho como líder regional en Santa Cruz, desplazando a nivel nacional a Chi Hyun Chung, quien en la última elección salió tercero. Para moros y cristianos este nuevo personaje incomoda en el escenario político. Para los del MAS, según su vocero Sebastián Michel, Camacho es una persona “muy peligrosa”, “poco confiable”, con una ideología de “extrema derecha” y hasta con “tintes racistas”. Por el lado de Comunidad Ciudadana, a pesar de su alianza en la anterior elección, la presión de los últimos días para que baje su candidatura fue muy fuerte. En voz del cruceño Fernando Prado Salmón (El Deber 14/10/2020), el proyecto de Camacho es claro: construir un movimiento político que pueda hablar fuerte en el contexto nacional defendiendo los intereses del modelo cruceño. Sostiene que “está aprovechando hábilmente el carácter emocional, arrofaldado, audaz y metedor del cruceño, sin darle espacio para meditar, calcular y razonar sobre los pasos que se siguen y sobre el costo político de estos pasos para todo el país”.

Las cartas electorales están en la mesa; sin embargo, nuestra incapacidad para anticipar cómo será el día después parece abrumadora. Intuimos que lo que viene son profundos cambios sociales y económicos, a tono con una nueva Bolivia que no acabamos de comprender. Empezamos a asumir que el día después no será otro día. Comprendemos lentamente que el día después será diferente a los anteriores.

Los días de campaña, los candidatos buscaban impactarnos con imágenes identitarias más que aportar ideas o reflexiones. Terminada la algarabía, vamos a necesitar concentración, orden y método.

Mientras tanto, el silencio, y su capacidad reparadora, vuelve a habitar nuestro entorno.

Lourdes Montero es cientista social.

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Informe Defensorial y renuncia

/ 21 de septiembre de 2020 / 07:50

La noticia de la semana ha sido la declinación de la candidatura de Jeanine Áñez, en apariencia inducida por la dispersión del voto reflejado en las encuestas electorales; que proyectan como ganador en primera vuelta al candidato del MAS. Se podría pensar que, en la decisión de la renuncia de la Presidenta interina, no solo pesa el espíritu anti-Evo, sino también el miedo a un juicio de responsabilidades por crímenes de lesa humanidad.

No es casual que su renuncia se dé tres días después de la presentación pública del Informe Defensorial Crisis de Estado. Violación de los Derechos Humanos en Bolivia octubre-diciembre 2019, donde se describe de manera pormenorizada los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre, concluyendo que el Gobierno transitorio “cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto postelectoral al haber incurrido en asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas por la actual administración gubernamental”.

El informe denuncia que la Policía fue permisible ante hechos violentos protagonizados por personas particulares y no cumplió con su obligación ante la conformación de grupos paraestatales, que se arrogaron las funciones de seguridad interna. A esto se suman los hallazgos de actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas, además de uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, es categórica al afirmar que, 10 meses después de lo ocurrido, no existe, ni existió, un proceso de pacificación real en el país. En el informe sostiene que “pese al cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, la paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas”. Por su contenido y claridad de argumentos, este informe se constituye en una pieza clave para un futuro proceso a las autoridades responsables, frenando la impunidad estatal en la violación de derechos humanos.

El informe testifica los hechos violentos en que se produjeron 37 muertes de bolivianos y bolivianas, 27 de las cuales ocurrieron durante la intervención de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona Sur de La Paz. Estos hechos, según el informe, se constituyen en masacres, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad (sic)”.

Los hallazgos coinciden con los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard y con el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI). Estos documentos seguramente constituirán pruebas importantes al momento de la investigación histórica que ameritan estos hechos.

El informe defensorial concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado boliviano, entre ellas la creación de una Comisión de la Verdad, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos, así como reparación integral de las víctimas de estas vulneraciones.

Seguramente la preocupación expresada por la presidenta Añez al sostener “si no nos unimos, vuelve Morales”, incluye la clara conciencia de que, si ahora no logra un pacto político, terminando su mandato tendrá que enfrentar un juicio de responsabilidades por sus actos.

Lourdes Montero es cientista social.

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Agenda de reactivación económica desde las mujeres

/ 7 de septiembre de 2020 / 10:25

Una de las preocupaciones centrales que tenemos luego de la pandemia es resultado de la capacidad que ésta ha tenido en la destrucción de empleos. El virus ha sido letal para muchas iniciativas unipersonales o pequeñas empresas con dos o tres empleados, que constituyen la mayoría de los emprendimientos bolivianos. Por ello nos ha sorprendido gratamente la iniciativa del Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia (CEEB), que ha irrumpido en la escena nacional con una agenda clara de demandas desde las mujeres para evitar el colapso económico de pequeños emprendimientos que son la base del dinamismo de nuestro mercado interno.

Esta iniciativa, que agrupa a mujeres emprendedoras vinculadas al microcrédito, tiene una excelente vocera en Mónica Chuquimia, quien habla desde la experiencia de años de trabajo fortaleciendo iniciativas de mujeres. Esta experiencia le permite describir muy bien un entorno de negocios en Bolivia que trata muy mal a todos, pero en especial a las mujeres, que de mil maneras se las ingenian para sostener sus hogares. Esa es la voz que Mónica Chuquimia nos comparte y de allí su potencia.

Desde esa evidencia empírica, el CEEB nos plantea una agenda de reactivación económica desde las mujeres que resume las dificultades sistémicas que éstas enfrentan para sacar adelante sus negocios. Los pilares de esta agenda están referidos a varios temas que pueden ser agrupados en 10 puntos. El primero es el acceso a capital y financiamiento, que implica discutir productos financieros más adecuados, ya que el crédito no es el único producto que las mujeres requerimos del sistema financiero. Otro tema clave es el acceso a mercados y redes empresariales, que incluyen un trabajo serio en promover a la innovación y la creación de valor agregado en productos y servicios ofertados por mujeres; así también es necesario promover un entorno favorable para generar negocios y, en el caso específico de las mujeres, la indispensable distribución más justa del trabajo del cuidado.

Por otro lado, el CEEB asume que una brecha significativa del acceso de las mujeres a las oportunidades del desarrollo tiene relación con el acceso a la educación y la capacitación. Esto incluye el acceso y control de las tecnologías de información y comunicación como factor clave en el nuevo contexto. También un factor de éxito está vinculado a la generación de información y transparencia sobre la dinámica emprendedora desde los intereses de las mujeres.

Por último, pero muy importante, es todo lo que implica un cambio en las mentalidades de los sujetos económicos para que consideren a las mujeres en todo su potencial productivo. Por ello el CEEB se plantea visibilizar para fortalecer el liderazgo de mujeres en ámbitos económicos y políticos, la participación paritaria de mujeres en ámbitos de decisión y sobre todo contribuir a eliminar la discriminación y segregación ocupacional y brechas salariales de género.

Esta ambiciosa agenda durante todo septiembre será propuesta y discutida con los candidatos. Estaremos muy atentas a cada una de las respuestas que los actores políticos tengan frente a esta problemática puesto que, más allá de la polarización a la que la competencia electoral nos obliga, este es un problema que nos concierne a todas y todos.

El Comité de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Bolivia (CEEB) es un interesante ejemplo del avance de las organizaciones de mujeres y la enorme diversidad de sus agendas, y viene a traer un aire fresco a los gremios empresariales, muy vinculados a élites de poder patriarcales y rentistas. Por ello, seguiremos atentas para transmitirles sus ideas que buscan mejoras sistémicas para el desarrollo económico del país.

Lourdes Montero es cientista social.

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