Voces

lunes 19 oct 2020 | Actualizado a 11:45

Asuntos pendientes

/ 9 de octubre de 2020 / 04:31

En la presente gestión educativa y escolar debía desarrollarse la décima Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana; no obstante, por la coyuntura educativa actual, quedó en la incertidumbre el desarrollo de tan importante espacio competitivo científico en el subsistema de educación regular.

Hasta el año pasado, los estudiantes de este subsistema de todas las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio del Estado podían participar en las áreas de Matemática, Física, Química, Biología, Geografía y Astronomía-Astrofísica, de primero a sexto de secundaria; en Informática, de quinto de primaria a sexto de secundaria y en Robótica, de primero de primaria a sexto de secundaria. Asimismo, en la Feria Científica podían estar primero, segundo, quinto y sexto de secundaria.

El objetivo principal de la olimpiada fue promover el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, e identificar talentos científicos en estudiantes del referido subsistema, como aporte al desarrollo científico, productivo, económico y social del país. Esto se desarrollaba en cuatro etapas: la primera, a nivel de unidad educativa; la otra, a nivel distrital; la tercera, a nivel departamental y la cuarta, a nivel nacional. 

La novena versión de esta cita fue irregular por los conflictos sociales en el último trimestre de 2019. Por consiguiente, el 15 de marzo de la presente gestión debían desarrollarse las pruebas de la etapa nacional, pero por la suspensión intempestiva de las clases presenciales en todo el Sistema Educativo Plurinacional, a causa de la pandemia por el COVID-19, se suspendieron indefinidamente.

Obtener alguna medalla de oro, plata, bronce o una mención honorífica en la etapa nacional de la Olimpiada se constituye en la opción de postular a la modalidad de ingreso especial a alguna carrera universitaria pública.

Consiguientemente, los estudiantes clasificados a esta etapa de la novena olimpiada, que continúan en el Subsistema de Educación Regular, merecen que el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas les otorgue los premios e incentivos estipulados en la convocatoria, como justo reconocimiento al esfuerzo científico-tecnológico demostrado.

Por tanto, como justo homenaje a los estudiantes que continúan capacitándose en las áreas científicas y tecnológicas, el ministerio en cuestión, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, el Viceministerio de Educación Regular y las universidades bolivianas deberán planificar el desarrollo de la décima Olimpiada Científica Estudiantil Plurinacional Boliviana 2020, de acuerdo con las modalidades de atención educativa establecidas en el Decreto Supremo 4260 y su reglamento específico, vale decir, a distancia y virtual.

Luis Callapino López es magíster en Políticas de Formación Docente.

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Bachilleres virtuales

/ 21 de septiembre de 2020 / 07:52

Desde el 14 de septiembre, 158.950 bachilleres de toda Bolivia, pertenecientes a la gestión 2020, comienzan con el proceso formativo del curso preuniversitario, en la modalidad virtual asincrónica, organizado por el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas; el Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional, la Dirección General de Educación Universitaria, juntamente con las universidades privadas, indígenas y de régimen especial. La inscripción es directa y gratuita, y se puede participar ingresando al sitio web https://preuniversitario.minedu.gob.bo/login/index.ph, con el código de Registro Único de Estudiantes (RUDE), tanto para el usuario y como para la contraseña.

El curso se desarrollará en tres bloques, en los cuales se tendrán charlas profesionales y test vocacionales. El primero está constituido por ofimática y técnicas de estudio; el segundo, por razonamiento lógico y verbal, a la par de orientación vocacional, y en el tercero, los bachilleres podrán elegir los contenidos de diversas áreas, vale decir, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Financieras, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias Sociales y Humanísticas, Militar y Policial, Artes, Productiva, Ingeniería, Arquitectura y Diseño.

Sobre la duración del curso preuniversitario, los bloques 1 y 2 tendrán una extensión de tres semanas cada uno, y el tercero, de seis semanas. Prácticamente serán tres meses de formación virtual asincrónica. Consecuentemente, los participantes tendrán que dedicar 90 minutos de su tiempo diario, de lunes a viernes. La modalidad es 100% virtual, mediante la plataforma Moodle, por bloques, unidades temáticas y contenidos de la unidad, presentación, contenido obligatorio, actividades, contenido adicional y un cuestionario para acceder al certificado de participación.

El curso preuniversitario, desde todo punto de vista, rompe radicalmente el monopolio formativo de las mismas características, que son ofertadas por algunas empresas informales e institutos privados, comprometiendo fantasiosamente el ingreso seguro a las diferentes carreras de las universidades públicas, institutos superiores, escuelas de formación de maestros, la Academia Nacional de la Policía (Anapol), el Colegio Militar del Ejército, entre otros.

Los bachilleres virtuales deberán aprovechar toda oportunidad formativa para llegar en igual de condiciones a la Prueba de Suficiencia Académica (PSA). Si bien, el curso preuniversitario es mediante la modalidad virtual asincrónica, indudablemente no llegará a beneficiar en su totalidad, por la carencia de acceso a internet en algunos contextos educativos. Por tanto, es necesario que el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas gestione el mismo curso por medio de la modalidad a distancia, vale decir, distribución de materiales impresos y el proceso formativo a través de televisión abierta y radio.

Luis Callapino es magíster en Políticas de Formación Docente.

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Compulsas virtuales

/ 11 de septiembre de 2020 / 04:04

El 1 de septiembre, el Ministerio de Educación, Deportes y Culturas promulgó la Resolución Ministerial 0079/2020, que aprueba con carácter excepcional el Reglamento de Selección y Designación de Maestros, Personal Administrativo y de Servicio Vía Web, bajo los principios de equidad, transparencia y responsabilidad.

Los maestros podrán postularse a los cargos declarados en acefalía hasta octubre de la presente gestión, mediante las etapas del proceso de selección y designación, vale decir, convocatoria y difusión, inscripción de postulantes (http://sisep.minedu.gob.bo/planillas), presentación, verificación y calificación de documentos del postulante sobre la base del Registro Docente Administrativo (RDA) y, por último, la designación.

La comisión calificadora para las compulsas virtuales estará a cargo del director distrital de educación correspondiente, como presidente; el director de la unidad educativa, como secretario; un representante de la organización sindical de maestros urbano-rural  debidamente acreditado mediante nota escrita, según corresponda, como vocal; en caso de una unidad educativa de convenio, un representante de la obra o institución educativa acreditado, como vocal y el ente fiscalizador: la Subdirección de Educación Regular.

El proceso de selección y designación de maestros, personal administrativo y de servicio a los cargos en acefalía de manera virtual, fue esperado pacientemente desde hace meses, algo truncado por la crisis sanitaria del coronavirus, el rechazo al Decreto Supremo 4260 y la clausura de la gestión educativa y escolar 2020 a través de la Resolución Ministerial 0050/2020.

Los maestros vienen preparando minuciosamente su documentación (méritos) para participar del mencionado proceso sin precedentes en la historia de la educación regular de Bolivia, con la esperanza del fiel cumplimiento de los principios de equidad, transparencia y responsabilidad, esperando además la no injerencia política partidaria en la designación, aspecto que se fue repitiendo en años anteriores.

Por tanto, las compulsas virtuales se constituyen en una luz de esperanza, principalmente para los maestros nuevos que se encuentran sin cargo, pero que deberán enfrentarse en desigualdad de condiciones con relación a quienes se encuentran en ejercicio y fueron declarados reincorporados, porque cuentan con mayor documentación en concomitancia a los requisitos generales y específicos exigidos.

Luis Callapino López es magister en Políticas de Formación Docente.

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Caminos opuestos

Es urgente que el Ministerio de Educación promueva espacios de diálogo a nivel nacional para la presentación de propuesta.

/ 30 de junio de 2020 / 06:21

Mientras la tozudez del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, le obliga a no dialogar con miembros de las Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales sobre la implementación de políticas educativas consensuadas de alcance universal en lo que queda de la gestión escolar 2020, los demás actores (autoridades educativas, maestros, estudiantes y padres de familia) de la Educación Regular toman diferentes caminos, de acuerdo a sus necesidades y prioridades.

Los padres de familia que tienen hijos estudiando en el sector privado rechazaron rotundamente la escala de descuentos por pago de pensiones mensuales, que oscilan entre el 6% y el 23% si se tiene plataforma digital de acuerdo a las exigencias de la modalidad virtual y del 11% al 28% si no tiene. Pero la exigencia es clara, descuento del 50% a las mensualidades.

La Confederación de Maestros Rurales, desde el 17 de junio, se mantiene firme en la extrema medida de la huelga de hambre, exigiendo la abrogación del Decreto Supremo Nº 4260 y la renuncia del ministro de Educación, haciendo énfasis en la lucha indeclinable, sobre la defensa de la educación fiscal y gratuita. De igual manera, la Confederación de Maestros Urbanos anuncia radicalizar las medidas de presión para los próximos días.

Algunas juntas escolares, mediante manifiestos, exigen el inmediato reinicio de las clases en la modalidad presencial, llegando al extremo de lanzar ultimátum a los maestros para que se constituyan en las aulas, haciendo caso omiso a la emergencia sanitaria y los protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional y mundial.

Determinadas Federaciones de  Estudiantes de Secundaria (FES), con algunos miembros que ahora son universitarios, tienen diferentes criterios; unos exigen la clausura de la gestión escolar con aprobación automática, los otros solicitan el acceso universal al servicio de internet y dispositivos móviles (celular y tablet) para encarar la modalidad virtual, los restantes exigen un diálogo nacional entre todos los actores para solucionar la coyuntura educativa.

Un buen número de direcciones departamentales y distritales promueven la priorización de contenidos del Plan Anual. Asimismo los maestros vienen produciendo textos didácticos en las áreas de los campos y saberes de los diferentes niveles de años de escolaridad, de acuerdo a las características de cada contexto educativo, para que posteriormente sean distribuidos a los estudiantes, principalmente con limitaciones de accesibilidad a los medios tecnológicos.

El Ministerio de Educación, con el numeroso personal “profesional” que cuenta, hasta la fecha se limita al anuncio de promesas que no se concretizan, claro ejemplo; la aplicación educativa (www.digital.entel.bo) lanzada con mucha alharaca el 8 de mayo, que debía ser gratuita, con contenido bibliográfico para maestros y estudiantes, pero a la fecha, referida página web simplemente ya no existe. La tan anunciada  educación a distancia por Bolivia TV, y las radios dependientes del Estado quedó en el olvido, pero hace meses atrás, la actual viceministra de Comunicación, María Isabel Fernández Suárez, aseguró que sería una realidad. Ahora, el ministro de Educación, promete que la página web www.minedu.gob.bo será el repositorio  bibliográfico digital para afrontar los procesos educativos en las modalidades establecidas en el Decreto Supremo Nº 4260, asegurando nuevamente que será de acceso gratuito.

Es urgente que el Ministerio de Educación promueva espacios de diálogo a nivel nacional para la presentación de propuestas que fueron producidas por los actores de la Educación Regular, por consiguiente, elaborar de manera conjunta un verdadero Plan de Contingencia Educativa sin que nadie se sienta perdedor, al contrario, fortalecido para asumir con mucho compromiso lo que resta de la gestión escolar, en beneficio de los estudiantes de toda nuestra amada Bolivia; caso contrario, se avizoran más conflictos sociales. Los caminos opuestos demostrados hasta ahora deberán ser reencaminados para el bien común de una educación para todos, sin que nadie se sienta excluido.

Luis Alberto Callapino López es Magister en Políticas de Formación Docente

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Los beneficiarios económicos de la educación virtual

La plataforma de videoconferencias Zoom, fundada por el chino Eric Yuan, actualmente se constituye en la más utilizada a nivel mundial.

/ 26 de junio de 2020 / 07:00

Desde la suspensión de las actividades educativas presenciales (12 de marzo) por la pandemia del COVID–19, las clases caracterizadas por e-learning (enseñanza y aprendizaje online) fueron aplicadas sistemáticamente con algunos estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria del subsistema de Educación Regular. 

El Decreto Supremo Nº 4260, promulgado el pasado 6 de junio, refiere la supuesta legalidad de la modalidad virtual, rechazada rotundamente por las Confederaciones de Maestros Urbanos y Rurales, inclusive por la máxima representación nacional de los padres de familia, bajo el argumento principal de la carencia de computadoras, dispositivos móviles (celular y tablet) y principalmente del acceso universal y gratuito al servicio de internet. Por consiguiente, ante la ausencia de los medios tecnológicos imprescindibles para la educación mediante e-learning, se avizora un desenlace complejo de la gestión escolar 2020.

Mientras algunos maestros, estudiantes y padres de familia realizan esfuerzos para abonar el monto económico del servicio de internet, indudablemente las empresas telefónicas multiplican sus ganancias cada día, exigiendo el pago a través de políticas coercitivas como la reducción de la velocidad al 10% de Mbps (ancho de banda) a usuarios postpago que adeuden al menos dos facturas, amparados en el Decreto Supremo Nº 4250, bajo el patético eslogan “Mantengámonos Conectados”, obligando tácitamente a pagar lo adeudado. Lo sorprendente es que fue avalado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

De las empresas telefónicas que brindan servicio de internet prepago, solamente dos ofrecen paquetes relativamente accesibles para afrontar la teleducación (comunicación sincrónica entre múltiples participantes), por medio de Zoom, Cisco Webex y Google Meet; empero, los estudiantes y padres de familia continúan erogando recursos económicos, debiendo elegir en algunos casos, entre comer o comprar datos (megas).

La plataforma de videoconferencias Zoom, fundada por el chino Eric Yuan, actualmente se constituye en la más utilizada a nivel mundial, independientemente de la prohibición en algunos países, por la carencia de privacidad y seguridad cibernética. En consecuencia, según Forbes Millonies 2020, hasta el mes de mayo la compañía con sede en San José, California (Estados Unidos), tuvo una capitalización de mercado de 42.000 millones de dólares (mdd) y el empresario un patrimonio neto de 5.000 mdd.

Para que maestros y estudiantes cumplan la competencia tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión por e-learning, dinamizado a través  de las diferentes plataformas virtuales gratuitas y de pago como Claroline, Dokeos, Ilias, Dotlrn, Moodle, Sakai, Chamilo, Google ClassRoom, etc., necesitan imprescindiblemente de la señal de internet, que significa un consumo elevado de megas, naciendo la duda de si realmente las actividades curriculares procedimentales y evaluativas, por mencionados medios, tendrán validez en las calificaciones trimestrales.

Las demagógicas promesas de autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre el acceso gratuito a internet para estudiantes quedaron en discursos repetitivos. Pero más allá de las buenas acciones para lograr que la educación virtual sea universal, los beneficiarios económicos directos serán las empresas telefónicas que tienen el monopolio del servicio. Toda crisis sanitaria tiene tres elementos; una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. En el contexto educativo, la visión clara deberá ser, la universalización del acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en todo el territorio de nuestra amada Bolivia.

Luis Alberto Callapino López es Magister en Políticas de Formación Docente.

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Decreto Supremo Nº 4260, con sabor a poco

Este ordenamiento jurídico educativo se limita a considerandos completamente repetitivos

/ 9 de junio de 2020 / 05:17

El tan esperado “Reglamento General” de la educación a distancia y virtual se reduce en un escueto Decreto Supremo Nº 4260, presentado a media mañana del 6 de junio, en conferencia de prensa por el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, precisamente en el Día del Maestro Boliviano, pensando erráticamente que las ocho hojas del documento jurídico se constituirían en un obsequio para los maestros en su día.

El mencionado ordenamiento jurídico educativo, compuesto por 11 artículos, se limita a considerandos completamente repetitivos. En el objeto (artículo 1); hace referencia a normar la complementariedad de las modalidades; presencial, semipresencial, a distancia y virtuales, en los subsistemas de Educación: Regular, Alternativa, Especial, y Superior. En artículos posteriores define las características de cada una de ellas, asimismo, sobre el significado de Plataforma Educativa, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), además, de Tecnologías de Aprendizaje  y Conocimiento (TAC).

Respecto a los recursos educativos para todas las modalidades de Educación en tiempos de la COVID–19, hace suponer que hasta la fecha el Ministerio de Educación no coordinó con los actores educativos la producción de textos y materiales audiovisuales para que sean distribuidos en los contextos con limitaciones tecnológicas y acceso a internet, una total irresponsabilidad estando próximos a cumplir tres meses de suspensión de actividades curriculares. Por consiguiente, los estudiantes deberán continuar esperando el resultado de la producción intelectual de maestros e incluso de sus mismos compañeros, como lo señala  el artículo 8, del Decreto Supremo Nº 4260.

Con relación a las características que debe tener una plataforma educativa, para la modalidad virtual, sobresalen las exigencias mínimas: un servidor, software de gestión académica, agenda y cronograma virtual, tutoriales, planificación, estrategias de evaluación, foro de discusión y debates, videoconferencias, información del rendimiento, entre los más importantes. Nuevamente tiene carácter de exigencia, pero no de operatividad y concreción.

En razón a las propuestas curriculares, las instituciones educativas deberán presentar a las instancias correspondientes las sugerencias respectivas de acuerdo con las modalidades referidas en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 4260. En la elección y decisión de la complementariedad de modalidades se deberá promover el acceso a la educación de calidad e igualdad de oportunidades, pero astutamente el Ministerio de Educación deslinda toda responsabilidad, dejando la decisión a las autoridades educativas departamentales y distritales, asimismo, a las gobernaciones y alcaldías.

Lo más sorprendente es la manera irresponsable con la que se plantea la evaluación del funcionamiento de la complementariedad de modalidades de atención, porque se debe esperar una nueva reglamentación específica otra vez, ya que los maestros no tienen un sustento jurídico para evaluar las actividades de las clases a distancia y virtuales, que vienen desarrollándose en algunos contextos educativos.

Referente a la formación de docentes, aplican la misma receta que el Programa de Formación Complementaria para Maestros y Maestras (PROFOCOM), es decir, se quiere enquistar a los maestros para que opten a las capacitaciones promovidas y autorizadas únicamente por el Ministerio de Educación, de igual manera se prometen beneficios extras para los participantes.

Por último, demagógicamente se reitera la plena vigencia de los derechos y garantías del ejercicio profesional de la docencia, bajo las modalidades ya establecidas, obviando que ya se encuentra tipificado en el Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación, vigente desde 1957. Por tanto, la gran expectativa que se tenía del anunciado “Reglamento General”, tuvo sabor a poco, porque su contenido no determina acciones concretas para que las clases, principalmente a distancia y virtuales, tengan su legalidad plena.

Luis Alberto Callapino López es Magister en Políticas de Formación Docente.

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