Carl Schmitt consideraba que todo Estado de Excepción era en sí mismo una dictadura orientada hacia dos posibilidades mutuamente excluyentes: la preservación de un orden constitucional o su derribamiento. En Bolivia, la dictadura de Áñez apuntaba claramente a lo segundo, el fin del Estado Plurinacional, para lo cual era necesario, como primera condición, la eliminación física y legal del masismo, propósito en el cual ha fracasado hasta el momento.
El Estado Plurinacional nunca fue más que un proyecto, muchas veces contradictorio en esencia, pero innegablemente irritante para los sectores acomodados de nuestra sociedad. Desmontar sus bases no era posible, sin embargo, sin desplazar del poder al bloque formalmente popular que gobernaba desde 2006. El golpe de Estado lo reemplazó por otro de carácter empresarial y clasemediero, que rápidamente comenzó a emprender la construcción de un programa difuso en su forma, pero claro en sus contenidos:
Primero: restauración de una república oligárquica que se situaría en las antípodas del proyecto plurinacional: la desvalorización de la identidad indígena originario campesina y la revalorización de un capital étnico específico: los ojos verdes y la tez clara de cierto exministro. Un efecto rebote por todos los últimos años de empoderamiento popular.
Segundo: relanzamiento de un modelo económico fundamentado en la concentración privada de la riqueza a partir de la reducción del Estado en lo económico, a través de medios lícitos e ilícitos. En este esquema de cosas, la epidémica corrupción de este Gobierno sería en realidad una forma “a la boliviana” de acumulación originaria de capital donde ganarían determinadas élites de “caras conocidas”.
Tercero: reincorporación del país dentro de la órbita de países que giran alrededor de Washington en medio de un contexto geopolítico notablemente competitivo entre Estados Unidos, China y Rusia, y donde Latinoamérica juega un rol fundamental en la estrategia de la hasta ahora primera potencia mundial.
Ninguno de los ejes descritos es aplicable en democracia, donde el programa cuente con, por lo menos, la aquiescencia de la mayor parte de la ciudadanía y no se reprima una inevitable reacción popular. ¿Pueden imaginar un partido que proponga neoliberalismo y gane las elecciones? El Estado de Excepción es la condición de este proyecto gestado por la burguesía agroexportadora asentada hoy en el departamento de Santa Cruz, que por otra parte no cuenta con una opción electoral viable.
Alguna vez el orden anhelado por esta oligarquía fue posible sin mucha sangre, a finales de los años 80 del siglo pasado. En aquel entonces no existían, efectivamente, alternativas al modelo económico neoliberal ni posibilidad de resistencia al proyecto hegemónico estadounidense, dada la desaparición del polo soviético en el contexto mundial. Y lo más importante, la promoción de la democracia liberal era un componente sustantivo en la política exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica, desde los tiempos de Carter. Hoy, Trump no parece comprometido ni con la democracia en general ni con los derechos humanos en particular.
Esto no quiere decir que la refundación conservadora de Bolivia sea imposible. Todo lo contrario, es muy probable, si es que se logra suspender nuevamente la democracia, solo que esta vez de forma más decidida y radical que en noviembre pasado. Los próximos días lo dirán.
Carlos Moldiz es politólogo.