Los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado, vigente por voluntad popular expresada en las urnas en 2009, dice claramente que la sucesión constitucional en caso de impedimento o ausencia definitiva pasa del Presidente del Estado al Vicepresidente, de éste al Presidente del Senado y llega en última instancia al Presidente de la Cámara de Diputados, quien quedará obligado a convocar a nuevas elecciones generales en un plazo de 90 días. En la Constitución de 1967, la sucesión se extendía hasta el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y, por ello, en 2005, Eduardo Rodríguez Veltzé fue posesionado como Presidente de la República encargado de la transición hacia nuevas elecciones.
En el capítulo tercero del Reglamento General de la Cámara de Senadores, artículo 35, segundo parágrafo se lee el procedimiento con que se conforma la directiva: Por la bancada mayoritaria, Presidente, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaría; y por la bancada minoritaria, Segunda Vicepresidencia y Segunda Secretaría.
Cuando el 14 de agosto de 2018, José Alberto Gonzáles renunció a la presidencia del Senado, no asumió el cargo la Vicepresidenta (Lineth Guzmán), precisamente porque la norma señala que en situaciones excepcionales como ésta, correspondía elegir al remplazante que debía surgir de la bancada mayoritaria —la del MAS— y no de otra manera, y en consecuencia fue nombrado Milton Barón, que hasta ese momento no formaba parte de la directiva. Similar procedimiento debió haberse aplicado al día siguiente de la renuncia de Evo Morales, Álvaro García Linera y la también renunciante presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para que de esa nueva directiva surgiera la transición que debería encarar el llamamiento a nuevas elecciones, y en última instancia llegar hasta la Presidencia de la Cámara de Diputados.
La senadora Jeanine Áñez era segunda vicepresidenta del Senado como representante de la bancada minoritaria de la directiva, y ni siquiera buscando bajo las alfombras de la más sofisticada institucionalidad o buceando en las aguas más profundas encontraremos que en esa condición quedaba habilitada para asumir la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia: Los artículos 169 y 170 de la CPE son concluyentes en ese sentido. Los acontecimientos de movilización y violencia se desataron entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 de manera tan vertiginosa y burda, que la representante beniana del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), jefaturizado por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, juro como Presidenta sin el quórum correspondiente, investida con la banda presidencial por un oficial del Ejército con uniforme de camuflaje.
Los pragmáticos y quienes se pasan por el forro todo código de decencia y ética con observancia de las reglas de juego constitucionales, dirán que la política va por delante de las leyes, y que en la turbulencia que vivía el país en esas horas, había que buscarle una salida a la crisis fundamentalmente desatada por el imperdonable error cometido por Evo Morales al haber instruido a Adriana Salvatierra a renunciar a la presidencia del Senado. Dicen las malas lenguas que el cálculo estaba basado en el golpe asestado contra Hugo Chávez en Venezuela en 2002, que en cuestión de 72 horas logró recuperar el poder.
De ahí en más, lo que nos llegó no fue un gobierno provisional que se convirtiera en árbitro equidistante de quienes serían actores del nuevo proceso electoral previsto para 2020. La llegada del coronavirus, la fobia y la sed de revancha contra el Movimiento Al Socialismo (MAS), un fuerte acento en tareas represivas violatorias de los derechos humanos y en persecuciones político judiciales, más la decisión de convertir a la Presidenta en candidata y las varias trastadas relacionadas con actos de corrupción, condujeron al Gobierno, principalmente administrado por su Ministro de Gobierno, a acelerar su desgaste en tiempo récord, al extremo de haberse desplomado en las encuestas que dieron lugar a la determinación de bajar a la señora Añez de la candidatura presidencial.
Como para que no hayan dudas de la autodestrucción de la que fue capaz este gobierno espurio, su principal referente, candidato a la presidencia en 2019, Óscar Ortíz, decidió renunciar al Ministerio de Economía y Finanzas, por profundas diferencias con el que hasta entonces había sido su principal compañero de ruta, Arturo Murillo, que en 2018 dejó el partido de Samuel Doria Medina (Unidad Nacional) para abrazarse con los Demócratas cruceños.
Para cerrar este recuento hay que quedarse con la inolvidable frase del candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC) en enero de este año: “La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio, usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención: apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín.” (Una decisión equivocada, 26 de enero de 2020, carlosdmesa.com).
Julio Peñaloza Bretel es periodista.