Voces

miércoles 21 oct 2020 | Actualizado a 06:25

Volver a empezar

/ 10 de octubre de 2020 / 03:06

Me parece que no soy el único que siente que estamos viviendo uno de esos momentos en que las certezas se van desvaneciendo, en los que se va imponiendo una radical incertidumbre en múltiples aspectos de nuestras vidas y de la comunidad que nos acoge. Sentimos que muchas pautas, comportamientos e instituciones que nos permitían funcionar ya no responden más y sobre todo que no hay señales de que pueden restablecerse ni siquiera en el mediano plazo. Esa es la acepción más corriente de crisis.

Lo interesante es que los desajustes que enfrentamos no solamente se alimentan de las contradicciones y problemas nacionales no resueltos, sino también de las transformaciones planetarias que ha desencadenado la pandemia y la brusca mutación del ciclo globalizador que se inició hace ya más de 40 años. La crisis boliviana parece pues coincidir y, por tanto, debe ser también analizada en relación con las dislocaciones que están sufriendo la política, la economía y los comportamientos sociales en todo el mundo.

Así pues, no parece tan fácil intentar aplicar un liberalismo aperturista en este centro del continente, como respuesta a su estancamiento, cuando en el mundo se está imponiendo el nacionalismo económico y un agresivo mercantilismo tecnologizado. O pensar que se puede volver a la buena, conocida y vieja política corporativa, cuando las redes sociales y la fragmentación e individualización de la sociedad multiplican los actores a considerar, implosionan el campo mediático y obligan a repensar los instrumentos de la gobernabilidad.

Son tiempos en que tenemos, pues, que reinventarnos, no para estar a tono con alguna moda intelectual, sino para sobrevivir en medio de las tempestades que se perfilan en el horizonte. Entender esos cambios estructurales sobre los que casi no tenemos control, comprender cómo nos afectan concretamente en las decisiones sobre la reactivación económica, el manejo de conflictos sociales o la renovación de la democracia es la agenda que debería inspirarnos.

Desde hace varios meses, he llegado a la conclusión que la conjunción entre los profundos desequilibrios políticos e institucionales que se evidenciaron en noviembre de 2019 y la aceleración de la crisis económica y social en medio de una pandemia pésimamente manejada, nos han proyectado a un nuevo mundo, peligroso, pero a la vez fascinante si no morimos en el intento de adecuarnos a él. La crisis parece habernos movido la cancha, para empezar con sus impactos imprevisibles en el ámbito electoral, y será un dato de nuestra realidad por varios años más.

Podemos decir entonces, a días de la jornada electoral del 18 de octubre, que ya no hay retorno, ni a la Bolivia de la hegemonía masista, ni, aún más, al mundo jurásico de la democracia pactada del siglo pasado. Lo cual obviamente no implica que los representantes de esas fuerzas puedan gobernarnos, sino que no podrán hacerlo de la misma manera que antes. No solamente porque ya no hay muchas certidumbres ideológicas o políticas en medio de la crisis en que estamos viviendo, sino sobre todo porque los monstruos que debemos combatir y las fuerzas que nos ayudarán a recomponernos nacieron, mutaron y crecieron en estos últimos 10 o 15 años.

De eso y otras obsesiones tratará esta columna, de la política entrelazada íntimamente con la economía, de la conversación sobre ciertos cambios, varios imprevisibles, en el mundo local y global que nos obligarán a adaptarnos ya sea a palos o con inteligencia y de la necesidad de incentivar el dialogo sobre la manera de enfrentar esas turbulencias con mayor efectividad. En suma, de pensar cómo se van equilibrando la “fortuna” y la “virtud”, en términos de Maquiavelo, de manera que la política no sea esa cosa fea que nos disocia y nos impide resolver nuestros problemas, sino una construcción colectiva de capacidades para que el desorden que nos espera no dure mucho y para que el mundo que vamos a (re)construir sea mejor que el que estamos despidiendo. Gracias a La Razón por acogerme.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Descifrar la crisis

La tarea más compleja será política: reconstruir la confianza entre los diversos que cohabitamos el país

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/ 9 de septiembre de 2020 / 07:38

Hemos sido testigos de una serie de disfuncionamientos que están provocando un clima de pesimismo, desconfianza y angustia, tanto entre la población como en sus dirigencias. Justamente, se suele decir que estamos en “crisis” cuando ciertas normas, instituciones, prácticas o relaciones sociales a las que estábamos acostumbrados ya no funcionan ni parece que podrán hacerlo de la misma manera en el futuro. Esas irregularidades pueden ser de diverso tipo y magnitud y no se sabe con exactitud cuándo ni cómo se resolverán, sumiendo a la sociedad en la imprevisibilidad y la incertidumbre. Poco a poco, estos fenómenos van desordenando la vida de la gente y dificultando cualquier proyección sobre el futuro.

La política tiene el gran reto de comprender, manejar y resolver estas discontinuidades, pues sin certidumbres mínimas se hace difícil gobernar.

Pero esta tarea no suele ser fácil debido a que las crisis son el producto de múltiples factores, racionalidades y secuencias temporales. Es complicado distinguir entre sus síntomas y sus causas, algunas internas, otras externas, ni sirve de mucho buscar similitudes con otros momentos históricos pues las grandes crisis suelen estar enraizadas en las características particulares de cada coyuntura. Pero, aunque sean un tiempo de dudas e inquietudes, son también un momento de posibilidades para influir en el devenir de la sociedad sin necesidad de contar con gran poder ni esperar mucho tiempo.

Caracterizar la crisis

Por lo general, las crisis más graves suelen ser aquellas en las que se pone en cuestión aspectos críticos del modelo estatal y en particular las que están relacionadas con deficiencias profundas en la capacidad de las instituciones para gestionar los conflictos sociales o construir algún “interés común” que le aporte legitimidad a la acción estatal. Cuando algo de eso no funciona, se dice que se trata de una crisis de Estado.  

¿Cómo se puede entender la crisis que estamos viviendo?, ¿cuáles son sus rasgos determinantes?, ¿a qué procesos está asociada?, ¿cuán profunda es?, son pues preguntas relevantes. El conflicto político-electoral de fines del año pasado ha sido un primer y gran síntoma de nuestra entrada en tiempos turbulentos, ya que reveló la debilidad de instituciones democráticas clave, una gran desconfianza en el poder y la dificultad de los partidos para representar a la diversidad de intereses y expresiones que fueron emergiendo en esos días.

Todo eso desembocó en una elección muy cuestionada, la renuncia del presidente y el derrumbe de la estructura política que gobernó el país desde hace catorce años.

Pero las cosas no se quedaron ahí. Este año, la sensación de desorden se ha vuelto cada vez más presente por la lucha entre los poderes del Estado, la descoordinación entre el gobierno central y las autonomías subnacionales, las denuncias de vulneraciones de derechos humanos y la reaparición de una fuerte conflictividad social. Por si esto no fuera poco, la pandemia del COVID-19 ha revelado las deficiencias estructurales y coyunturales de un Estado que no ha logrado proteger adecuadamente a los ciudadanos y que ahora enfrenta una contracción económica inédita en la historia reciente.

Así pues, las irregularidades se están multiplicando, ya no solamente en el ámbito de la política, sino en la economía, en el desempeño del Estado o en la propia convivencia entre los diversos grupos que componen la nación. Si no estamos ya en una crisis de estado, al menos podemos, intuitivamente, decir que a este ritmo no estamos demasiado lejos de tal situación si no hacemos algo.

La tarea política

Por lo pronto, sabemos que el desarrollo de la crisis está asociado a la interacción cada vez más estrecha entre el conflicto y la polarización política que venimos cultivando desde hace varios años, las consecuencias institucionales y psicosociales no resueltas que nos dejó la crisis política del año pasado y los significativos impactos sociales y económicos de la pandemia. Cada uno de esos fenómenos tiene sus particularidades, pero aportan su lote de angustias e interrogantes, modificando la subjetividad de los ciudadanos y por tanto sus comportamientos y expectativas. Estamos bombardeados por múltiples inquietudes que se superponen entre sí, sin que sepamos con claridad cómo todo eso impactará en la gobernabilidad futura. Hay necesidad de reflexionar integralmente al respecto.

Aunque todos los países están enfrentando los impactos disruptivos de la pandemia, pocos experimentan al mismo tiempo graves problemas políticos. Esto es preocupante porque el Estado y la política se verán cada vez más solicitados para resolver esos problemas, contando siempre con recursos insuficientes para satisfacer todas las demandas. Se deberán, pues, gestionar complejos conflictos distributivos, dado que habrá que elegir a quién apoyar más o menos, apelando para eso a la paciencia y a alguna noción de interés general en los actores sociales; labor que se hace cuesta arriba sin un mínimo de confianza y legitimidad.

La otra paradoja de la coyuntura boliviana es que, pese a esa perspectiva, parecería que se insiste en apostar a la polarización más simplista como instrumento de corto plazo para conseguir el favor de las urnas, sin percatarse que las fuerzas y malestares que se están azuzando, en un lado y en el otro, serán las mismas que harán difícil gobernar y unir al país a cualquiera que sea electo el 18 de octubre.

En síntesis, descifrar la(s) crisis es urgente, para buscar salidas ordenadas. Parece que eso tendría que ver primero con una conclusión pacífica del actual proceso electoral que debería dotarnos de un gobierno con cierta legitimidad y un mandato temporal claro, y luego con una acción realista para mejorar aspectos prioritarios de la gestión institucional y de las políticas públicas. Pero eso no será suficiente para capear el temporal. La tarea más compleja e ineludible será política: reconstruir la confianza entre los diversos que coexistimos en el país y encontrar maneras pragmáticas de ponernos de acuerdo sobre ciertos objetivos comunes que fortalezcan al Estado y eviten la ingobernabilidad.

(*) Armando Ortuño es investigador social. Es economista. Trabaja temas de gobernabilidad, desarrollo humano, políticas públicas y análisis político y socioeconómico

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