¿Qué alcance tiene señalar y afirmar que una sociedad es justa o injusta? Los miembros de una colectividad, con actuaciones disímiles, pueden experimentar sensaciones de justicia o injusticia según innumerables posibilidades de contextos. Ello hace de la cuestión algo complejo y controversial tanto para analistas y filósofos políticos.
Gran parte de la filosofía política halla acuerdo respecto de que las dos publicaciones de John Rawls (1921-2002): Una teoría de la justicia (1971) y Liberalismo político (1993) señalan el inicio formal e intenso de la discusión respecto de cómo deberían ser las sociedades en las que vivimos. Mucho de lo debatido, pensado y escrito desde entonces referencia, ineludiblemente, a lo dicho por Rawls.
Hoy, la propuesta del carácter político de la justicia y la necesidad final, a momentos inexorable, de establecer consensos entrecruzados que definan las reglas que deben regular la buena convivencia de un grupo social se estudia, se revisa y se juzga. La pregunta de la crítica fue aguda: ¿es capaz el liberalismo de entender lo político, las relaciones de poder, el conflicto, y los antagonismos? Los elementos propios de la política real y la democracia plural ¿pueden ser resueltos y considerados en la lógica consensual?, ¿el elemento ideológico, presente con intensidad en el pluralismo de sociedades diversas, se comprende desde el conocimiento racional?, ¿los intereses de grupo pueden ser canalizados bajo modelos de consensos que no desordenen la sociedad?
El ciclo político actual de las democracias liberales ha incorporado un elemento que, sin ser absolutamente desconocido en la dinámica política, hoy muestra una fuerza inadvertida en los tiempos pretéritos. De la mano de los modelos agonista-pluralista, grupos de poder asociados a los movimientos sociales alcanzan el poder e implantan gobiernos democráticos-hegemónicos en el marco de las regulaciones propias de la democracia liberal. Avanzados en sus procesos de gestión del Estado y con la teoría política que los ha respaldado, se pueden asumir ciertas conclusiones: Las sociedades son entidades enteramente políticas, allí no es posible lograr entendimientos plenos y absolutos. El desacuerdo no puede ser eliminado como posibilidad fáctica y el factor moral evidencia, históricamente, una inevitable debilidad como elemento ordenador de las conductas políticas.
La lógica de los consensos entrecruzados y fundamentales puestos bajo el tamiz de la reflexión, deja en evidencia que las sociedades plurales deben, permanentemente, construir consentimientos mutuos, aunque no absolutos, sí mínimos que viabilicen procesos e instituciones. Es claro que, en la coyuntura político-democrática de hoy, se ha producido un acoplamiento a los factores de poder de grupos sociales antes marginales al poder político. Estas entidades sociopolíticas que son vistas como un “nosotros”, configuradas y articuladas contra un “ellos”, se conducen bajo preceptos hegemónicos de poder.
Bajo un criterio de inevitabilidad, Laclau y Chantal Mouffe fácticamente proponen, sobre lo históricamente evidente, la incorporación de nuevos factores y elementos que producen las sociedades. Los constructos sociales, que requirieron de un contrato social para convivir y mantener su igualdad y libertad, siempre se han mostrado hostiles y tensionados. La lucha por el poder tiene momentos de cierto orden y hegemonía exitosa, con periodos de estabilidad y caída de la tensión de los grupos antagónicos, pero ello no significa el logro del acuerdo racional propuesto por Rawls.
Las sociedades son plurales, ideologizadas, violentas, conflictivas y políticas, agrupadas por intereses comunes. Rawls es prioritariamente un forjador de una concepción que realza lo moral por encima de lo político. Mouffe y Laclau descreen de esa posibilidad. Paradójicamente ambos modelos y propuestas conviven sobre formatos variados de democracia, de ahí que sus relaciones estén caracterizadas por la tensión y la inestabilidad. La mirada liberal y su tradición está condenada a convivir con un populismo emergente que amplía la base democrática. El sino de una complementariedad social obligada.
Jorge Richter es politólogo.