Voces

viernes 30 oct 2020 | Actualizado a 21:34

Desastres humanos

/ 14 de octubre de 2020 / 02:56

Mientras el mundo conmemoró el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, Bolivia lo hizo en un contexto de desastre nacional a causa de los incendios forestales y la sequía que azotan a varias regiones del país. A la fecha, suman más de 2,8 millones de hectáreas afectadas por el fuego en siete departamentos. Santa Cruz fue el primer departamento en declararse en desastre, con 15 municipios en emergencia y más de un millón de hectáreas quemadas de bosques (33%), matorrales, pastizales y tierras agrícolas (67%), según datos reportados por la Fundación Amigos de la Naturaleza. Este año, además de los enormes daños a la biodiversidad y el medioambiente, los incendios han afectado a más de 40 comunidades, ocasionando pérdidas de cultivos y la evacuación de familias, situación que empeora sus condiciones de vulnerabilidad al poner en riesgo su seguridad alimentaria, acceso al agua y salud, aumentando su exposición al COVID 19.

Hace años que nos vienen advirtiendo del efecto cascada que presentan los riesgos, con amenazas cada vez más complejas e interconectadas. Existe evidencia contundente sobre las correlaciones entre deforestación, cambio climático, sequía e incendios forestales. No es casual que este septiembre haya sido el más caluroso registrado a nivel global, y el mes con mayor extensión afectada por los incendios en el país.

Este panorama nos obliga a una comprensión del riesgo mucho más amplia y sistémica, donde asumamos que nuestras decisiones y acciones determinan la ocurrencia de los desastres. Empecemos entonces por dejar de llamarlos desastres naturales, un término muy usado aún en nuestro medio para referirse a estos eventos. Las personas tenemos una influencia directa e indirecta sobre el origen y los impactos de los desastres, y podemos evitarlos o prevenirlos en muchos casos con una buena preparación y planificación.

Es por eso, que el tema central que promovieron las Naciones Unidas el 13 de octubre se enfocó en la buena gobernanza para la reducción del riesgo de desastres, con instituciones competentes que planifiquen y actúen en función de evidencia científica a favor del bien común y una visión a largo plazo. Atravesamos un momento crítico para la gobernanza en el país, que ha sido puesta a prueba y se ha visto rebasada por crisis de toda índole. Necesitamos contar con instituciones y políticas efectivas que garanticen la asignación de recursos apropiados e integren a los distintos niveles de gobierno, sectores y esfuerzos colectivos, con estrategias multisectoriales en torno al uso de la tierra, bosques, agricultura, agua, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.

En unos días nos toca asumir nuestra responsabilidad en la gestión de los riesgos de desastres a través del voto. Es hora de imaginar el legado que queremos dejar a las próximas generaciones y escoger el camino hacia un mundo más seguro y resiliente.

Verónica Ibarnegaray es directora de Proyectos de la Fundación Amigos de la Naturaleza.

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Fuego y desafíos transfronterizos

/ 19 de agosto de 2020 / 02:20

A la sucesión de crisis que vienen ocurriendo en Bolivia y que parecerían tener su pico en agosto, se suman otra vez los incendios forestales, como para cerrar un ciclo. Hoy estamos a un año de la declaratoria de desastre departamental en Santa Cruz a causa de los incendios que arrasaron más de 4 millones de hectáreas en este departamento en 2019.

Este año, los incendios se han propagado mayormente en la región del Pantanal, uno de los humedales más grandes y diversos del planeta, compartido por Bolivia, Brasil, y Paraguay. Esta región está sujeta a una dinámica de inundaciones periódicas e incendios recurrentes. El fuego, al igual que el paisaje del Pantanal, trasciende límites y fronteras políticas, ocasionando los llamados incendios transfronterizos.

Según un reporte reciente de la Fundación Amigos de la Naturaleza, entre enero y el 4 de agosto de 2020 se ha detectado una superficie quemada de alrededor de 768.000 hectáreas en todo el Pantanal, de las cuales 147.000 corresponden a Bolivia. Una vasta extensión que está por encima de la media y de lo ocurrido en 2019 en el mismo periodo, pero que se mantiene dentro del rango histórico para la región. Se han reportado tres incendios transfronterizos, de los cuales el de mayor proporción ocurrió en el Parque Nacional Otuquis. En cuestión de 10 días este incendio dejó una cicatriz de quema que abarca todo el triángulo fronterizo del sudeste del país, y parte de Brasil y Paraguay, con una extensión aproximada de 178.000 hectáreas quemadas, más de la mitad en territorio boliviano. Casi la totalidad del área afectada en Bolivia se quemó también en 2019 y más de una vez en años anteriores de acuerdo con este reporte, lo que pone en evidencia la alta recurrencia del fuego en el Pantanal.

Por lo pronto, las lluvias de los últimos días han ayudado a aplacar la sequía y el trabajo de los combatientes, bomberos, guardaparques y grupos de respuesta local que se han movilizado para sofocar el fuego. Tanto en Bolivia como Brasil se han prohibido las quemas durante los meses secos. Sin embargo, debemos reconocer que no podemos seguir poniendo parches y que tenemos un problema multidimensional que requiere de políticas que aborden el manejo del fuego y la gestión del territorio con un enfoque integral y una visión de paisaje, desde una buena comprensión del contexto ecológico y social y de los riesgos en que se desarrollan los incendios.

En las circunstancias actuales se vuelve imperativo disponer de mecanismos de coordinación y comunicación ágiles y efectivos entre los distintos niveles de gobierno y organizaciones involucradas en el manejo de incendios, y así también entre agencias focales de países para facilitar la ayuda mutua y cooperación transfronteriza. El acceso a información oportuna, la capacidad de primera respuesta local y la articulación de esfuerzos serán cruciales para enfrentar esta temporada de incendios por demás desafiante.

Verónica Ibarnegaray Sanabria es directora de Proyectos de la Fundación Amigos de la Naturaleza.

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Más leña al fuego

Esta es una oportunidad para cambiar a un enfoque socialmente más equitativo y responsable con el medioambiente.

/ 13 de mayo de 2020 / 06:11

Aún no hemos ingresado a la época crítica de incendios y ya se han levantado las alarmas por el aumento de las quemas registradas en los primeros meses de este año. Con más de 15.000 focos de calor detectados a nivel nacional entre enero y abril de 2020, el 80% de estos en Santa Cruz, estamos muy por encima de la media de los últimos años, superando peligrosamente a 2019 en un 35% respecto al mismo periodo, según el monitoreo realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). 

Pese a la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, que ha obligado a paralizar gran parte de las actividades productivas y económicas del país, las quemas en áreas de uso agropecuario representan el 94% del total registrado en el departamento de Santa Cruz a la fecha. Si bien los focos de calor en bosques son de menor proporción, se han vuelto a registrar incendios en áreas protegidas, que fueron severamente afectadas por el fuego en 2019, como el parque nacional Otuquis, el área natural de manejo integrado San Matías y Ñembi Guazu, poniendo en relieve la vulnerabilidad de estas áreas ante incendios que amenazan con volverse cada vez más frecuentes. 

Estamos ante un escenario complejo que nos plantea desafíos sin precedentes. Los incendios de 2019 nos mostraron una nueva dimensión del comportamiento del fuego, donde las quemas provocadas para la habilitación de tierras y las condiciones extremas atribuidas al cambio climático configuraron los ingredientes para el desastre, frente a lo cual todos los esfuerzos y medios de combate y extinción desplegados resultaron insuficientes. Hoy la pandemia se suma a este escenario y nos deja un sistema debilitado y con mayores limitaciones y retos para el manejo de emergencias, que implican adecuar los planes de respuesta con protocolos de seguridad sanitaria y bajo las condiciones más adversas.

Los desastres nos recuerdan la importancia de invertir más en la prevención y reducción de riesgos, pero esto no suele ser una prioridad en las agendas políticas. Las decisiones y propuestas actuales para responder a la crisis que atraviesa Bolivia y reactivar la economía y el aparato productivo, en un contexto de inseguridad alimentaria, amenazan con exacerbar aún más las presiones de desmontes y quemas para la expansión agrícola y los riesgos de incendios forestales. Lo que a su vez representa un peligro para la salud. Esta es una oportunidad para cambiar de enfoque y exigir políticas más efectivas, socialmente justas y responsables con el medioambiente. Y en esta materia, los esfuerzos conjuntos y coordinados entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad civil se tornan fundamentales para encarar la gestión de riesgos y el manejo integral del fuego en el país.

Verónica Ibarnegaray Sanabria

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