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sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 21:09

Casi un año, recuento de daños

/ 28 de octubre de 2020 / 04:25

En pocos días, el régimen transitorio de Jeanine Áñez terminará su casi un año de mandato, devenido de una crisis política provocada por varias circunstancias, entre ellas las fallidas elecciones de 2019, la rebelión del sector conservador del país, la injerencia extranjera, el boicot institucional y los errores políticos de Evo Morales y del MAS.

Pretender convencer con criterios personales sobre una versión de los hechos es complicado, no necesariamente por la polarización del país, sino por la imposición de una fuerte corriente discursiva desde el sistema político y las mediaciones.

A la hora del recuento de daños, siempre será posible rebatir posiciones sobre la realidad.

Partamos del principio. Morales y el MAS abusaron de la fe de los electores al pretender una cuarta postulación después del referéndum de 2016 que les dijo no a esa posibilidad y ampararse en una coartada ante el Tribunal Constitucional.

Luego, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) validó esa candidatura y, a pesar de observar los tiempos, permitió unas improvisadas primarias. Desacierto, no así descalificación.

Con esos antecedentes, la narrativa del “fraude” ya había tomado cuerpo desde mediados de año. Un embajador incluso hizo circular  en junio encuestas que señalaban que el “72% de los bolivianos cree que en las elecciones habrá fraude”. Y los políticos de oposición se sumaron al coro.

Para las elecciones, el TSE estaba demacrado; al mínimo error era vulnerable al descrédito y al boicot. La suspensión de la difusión de resultados preliminares (TREP), que no era vinculante, fue su acabose. Este año, con la anulación de cuajo del Direpre a horas de las elecciones no ocurrió lo mismo.

En esa circunstancia el candidato Carlos Mesa convoca a sus militantes movilizarse frente a los tribunales electorales (luego ocurren las quemas). No es sedición ni terrorismo. Y la misión de la OEA, oficiosa y tendenciosa, adelanta sus consideraciones y desata el descrédito del TSE, escamotea la institucionalidad de la democracia y origina el desastre.

Como ahora, pero más compactos, los detractores del MAS desconocen los resultados de la votación, y Mesa pasa de reclamar segunda vuelta a denunciar fraude, pero pierde soga y cabra.

Las pititas (cordones) copan las esquinas de las ciudades (¡vaya qué respeto y tolerancia democrática de sus oponentes que ni se atrevieron a romperlas!). Aparece Luis Fernando Camacho, invoca a las Fuerzas Armadas (dijo luego que su papá pagó a los militares) y pacta con la Policía un motín nacional: Mesa, como principal contendor electoral, guarda silencio y el Gobierno no se anima a denunciar “sedición”.

Las Fuerzas Armadas le piden a Morales la renuncia. Ni es insubordinación, ni menos sedición. “Es la rebelión del pueblo”, dirían Camacho y los movilizados.

Camacho cruza las calles de La Paz en andas, con seguridad policial, y toma el Palacio Quemado; planta la Biblia, y tampoco es sedición. Es la toma fáctica del poder.

Renuncia Morales rodeado de dirigentes y los militares ni caso le hacen; le siguen los de la eventual sucesión: Álvaro García, Adriana Salvatierra, Rubén Medinacelli y Víctor Borda. Se generan dos días de desgobierno en el país y aparece la senadora de oposición minoritaria Jeanine Áñez.

Áñez se autoproclama “ipso facto” en menos de 10 minutos luego de esperar un día lo que al final fue un simple comunicado del Tribunal Constitucional. Luego viene la “pacificación” con las masacres de Sacaba y Senkata, y sus aliados no dicen nada sobre la grave violación de derechos humanos. Pasa todo, y el MAS vuelve a ganar las elecciones, aunque hay extremistas que cuestionan su votación, el TSE no tiene los mismos detractores de 2019.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Patricia Hermosa revela que la encerraron ‘40 días con candado’

‘Yo tuve un aborto espontáneo’, develó la exjefa de gabinete de Evo Morales en el programa de La Razón. Habló por primera vez de las acusaciones en su contra y de su detención.

Foto: Álvaro Valero

/ 4 de diciembre de 2020 / 08:16

Se quiebra, apenas puede contarlo. Su vida de seis meses en la cárcel fue un suplicio: estuvo 40 días encerrada bajo candado y perdió a su bebé en gestación. Patricia Hermosa habló por primera vez de las acusaciones en su contra y de su detención.

Quien fuera jefa de gabinete del expresidente Evo Morales, y recientemente nombrada directora del Servicio General de Identificación Personal (Segip), conversó en el streaming de las plataformas digitales de La Razón y Extra, Piedra, Papel y Tinta.

Más allá de su detención, ocurrida el 31 de enero de este año, lo que llamó la atención de Hermosa fue su encarcelamiento a pesar de su estado de gravidez y la pérdida de su bebé en gestación, que hasta ayer era información solo ofrecida por terceros.

“Yo tuve un aborto espontáneo en la cárcel, que es un poco delicado para mí ese tema”, confesó ayer ante la pregunta de la periodistas Claudia Benavente, directora de La Razón y conductora del programa en línea.

No pudo continuar con más explicaciones. Se quebró en lágrimas, tomó agua y apenas reflexionó sobre el extremo que sufrió. “La violencia contra las mujeres se ejerce de distintas formas, y es la primera vez que hablo de este tema delicado”, afirmó Hermosa.

Diez años en el Ministerio de la Presidencia, la abogada fue detenida por cuatro agentes de Inteligencia, acusada de “sedición”, “terrorismo” y “financiamiento al terrorismo” a pocas cuadras de su casa en la zona del Cementerio de La Paz. “Yo les dije que no podían detenerme, que no tenían orden de aprehensión, que soy abogada. Y ellos me dicen que yo conozco que ellos pueden utilizar la fuerza en un caso de flagrancia”, relató.

“Me detienen en la calle como unos 15 a 20 minutos, yo no quería ir con ellos. Luego llega el coronel (Iván) Rojas y él ejerce más presión para subirme al vehículo”, afirmó en referencia al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ahora investigado por el delito de “legitimación de ganancias ilícitas”.

Luego fue llevada a la FELCC. Dijo que allí no consiguió siquiera convencer a los policías sobre su embarazo y su necesidad de ir a un baño.

“Les digo que quiero vomitar, me dicen que lo haga en el vehículo. Yo imagino que en esa hora (de detención) ellos estaban preguntando qué hacer con los documentos que tenía: la libreta de servicio militar, el certificado de nacimiento, la solvencia” del expresidente Morales, que pretendía postularse a una senaduría por Cochabamba, dijo Hermosa.

La abogada contó que la noche del 31 de enero durmió en las celdas de la FELCC. “Al otro día abren el sobre, y ya faltaba la libreta de servicio militar”, relató sobre los papeles que la incautaron.

El Ministerio Público investiga la ubicación del documento. Se informó que el exministro de Gobierno Arturo Murillo lo mandó a quemar, de acuerdo a una conversación entre Rojas y el exviceministro de Régimen Interior Javier Issa publicada en redes sociales.

Hermosa afirmó que su detención ocurrió, más que por un acto de violencia contra ella, por el “odio” a Morales. “La violencia era hacia Evo Morales Ayma; el odio era hacia el expresidente, un presidente indígena”, contó.

“He hecho un análisis; la violencia no era dirigida a mí; a Patricia Hermosa nadie la conocía. Patricia Hermosa era una persona que trabajaba en el Ministerio de la Presidencia en un ámbito tan administrativo”, insistió.

Consideró que su cercanía con Morales devino en su detención y su posterior procesamiento judicial, “por el solo hecho de haber hablado por teléfono con él”. “He estado seis meses en la cárcel y nunca se me han tomado la declaración”, denunció.

Contó otro extremo en su contra durante el último mes de su detención en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, en La Paz, debido a la campaña que propiciaron en redes sociales por su liberación.

Dijo que la directora capitana del centro penitenciario la aisló del resto de las internas en una sala de enfermería de la cárcel. “Yo le dije ‘cómo puedo hacer eso si no tengo teléfono, no tengo computadora, no tengo acceso a las redes sociales. Me decía: ‘No, tú estás impulsando eso’, y me encerró 40 días en un lugar, con candado, con el supuesto pretexto de que tenía COVID-19”.

Bajo detención domiciliaria desde el 29 de julio, Hermosa dijo que varias veces se presentó al Ministerio Público antes de su detención. “Yo sentí que me hacían seguimiento, vi personas de Inteligencia, pero nunca pensé entrar en la cárcel. No le di importancia”,  relató al programa de La Razón.

(04/12/2020)

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La Fiscalía observa la denuncia contra Camacho y abogado dice que la subsanará

La exdiputada Lidia Patty explicó que las observaciones están referidas a la individualización de los involucrados en la denuncia y la inclusión de las pruebas.

Lidia Patty, la denunciante del líder de Creemos, Luis Fernando Camacho. Foto: La Razón

/ 3 de diciembre de 2020 / 00:12

El Ministerio Público observó la denuncia de la exdiputada Lidia Patty contra el exdirigente cívico Luis Fernando Camacho, su padre y otros por presuntos delitos de conspiración, sedición y terrorismo.

La información fue difundida por el abogado de la exlegisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jorge Víctor Nina, quien, no obstante, afirmó que subsanará las irregularidades. “Muy respetuosos de la ley, conforme al debido proceso y no lesionar el derechos de los sindicados, se están subsanando estas observaciones”, dijo el jurista, según la red ATB.

En contacto con los medios de información, Patty explicó que las observaciones están referidas a la individualización de los involucrados en la denuncia y la inclusión de las pruebas. “Eso es lo que nos ha faltado, no hemos especificado las pruebas; eso es lo que vamos a complementar”, afirmó.

Aclaró que la Constitución permite a los ciudadanos denunciar ilícitos, “para no ser cómplices” en ellos. “MI demanda es personal, nada que ver lo que algunos dicen que estoy siendo utilizada”, aclaró.

El lunes, Patty presentó la denuncia por sedición y terrorismo contra Camacho, su padre y otros involucrados en la crisis de noviembre del año pasado, hecho que la exlegisladora calificó de “golpe de Estado”. En su defensa, Camacho dijo que no hizo nada irregular al liderar las protestas y consideró la denuncia como persecución política.

Patty tiene plazo hasta este jueves para radicar la denuncia y enmendar las observaciones.

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No es necesario presentar el certificado de sufragio para cobrar el Bono contra el Hambre

Los únicos requisitos para el cobro de los Bs 1.000 son carnet de identidad o pasaporte o licencia de conducir, según la norma dispuesta para el beneficio.

Este miércoles hubo largas filas en el banco para el cobro del bono de Bs 1.000. Foto: Rodwy Cazón

/ 2 de diciembre de 2020 / 19:24

A través de un comunicado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que quienes vayan a cobrar el Bono contra el Hambre en ventanillas de los bancos no deberán presentar su certificado de sufragio en las elecciones generales.

El TSE determinó que “los beneficiarios no necesitan presentar el certificado de sufragio de las elecciones generales 2020”, aclaró el organismo electoral.

El gobierno de Luis Arce dispuso el pago del bono de Bs 1.000 desde el 1 de diciembre, por 90 días. De acuerdo con la norma, los beneficiarios del bono deben presentar su carnet de identidad o pasaporte o licencia de conducir para cobrar el dinero.

Podrán cobrar el Bono contra el Hambre los ciudadanos mayores de 18 años cumplidos al 16 de septiembre de 2020 que no reciben sueldos ni públicos ni privados, los menores de 60 años cumplidos a marzo de 2021 que no reciben sueldos ni públicos ni privados, los beneficiarios del Bono Universal, las beneficiarias del Bono Juana Azurduy, las personas con discapacidad visual que reciben el Bono de Indigencia, las personas con discapacidad grave o muy grave registrados en el SIPRUNPCD y los asegurados independientes en el Sistema Integral de Pensiones.

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A pesar de haberlo impedido, Áñez dice que ella ‘trabajó’ el Bono contra el Hambre

El gobierno transitorio objetó la ley del Bono contra el Hambre debido a su financiamiento e interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar su vigencia.

La expresidenta de la Cámara de Senadores Eva Copa, al promulgar la ley del Bono contra el Hambre, el 16 de septiembre. Foto: Eva Copa

/ 2 de diciembre de 2020 / 17:15

Horas después de que comenzara en el país el pago del Bono contra el Hambre, de Bs 1.000, la expresidenta Jeanine Áñez se atribuyó el beneficio y afirmó que lo trabajó ella “con el nombre de Bono Salud”.

A través de sus redes sociales, la exmandataria manifestó su alegría y sugirió al gobierno de Luis Arce pagar el próximo año los otros bonos que la administración transitoria pagó durante la pandemia del COVID-19.

“Me alegra que se pague el ‘Bono contra el Hambre’. Un bono que trabajamos y gestionamos en mi gestión con el nombre de ‘Bono Salud’. Pido al gobierno actual que también mantenga para el 2021, el ‘Bono Canasta’, el ‘Familia’ y el ‘Universal’, tres bonos que hicimos entre todos”, escribió Áñez en sus redes sociales.

Luego de esperar por un mes la promulgación de la ley del Bono contra el Hambre por parte de Áñez, la entonces titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, firmó la norma el 16 de septiembre. El gobierno transitorio había objetado la ley en razón de una presunta falta de financiamiento.

La Asamblea Legislativa consideró infundadas las observaciones y viabilizó la vigencia de la ley. El bono es financiado con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial

Además, el gobierno de Áñez, a través de su entonces viceministros de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, interpuso un recursos abstracto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la ley del Bono contra el Hambre, al considerarla una norma “meramente política” y fruto de una presunta “usurpación de funciones”.

El Bono contra el Hambre consiste en un pago único de Bs 1.000 a quienes durante la pandemia recibieron el Bono Universal, de Bs 500. Comenzó a pagarse el martes, cobro que podrá extenderse por 90 días de acuerdo a edades de los beneficiarios y fechas.

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Áñez dice que al exjefe de la CIDH ‘le tienta la defensa del poder’ y no de las personas

Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo del organismo independiente de la OEA, develó que el gobierno transitorio puso frenos para la instalación del grupo de investigación.

Jeanine Áñez, en un acto de las fuerzas de seguridad. Foto: APG-archivo

/ 30 de noviembre de 2020 / 18:03

La expresidenta Jeanine Áñez se refirió al exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao como alguien al que “le tienta más la defensa del poder que de las personas”, en referencia a las conclusiones de éste sobre la violencia en 2019.

“En el mundo de los DDHH, hay gente seria que defiende los derechos de las personas frente al poder. Y hay los otros; los que defienden al poder frente a las personas. Al señor Abrao, le tienta más la defensa del poder que de las personas (sic)”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

En una entrevista con La Razón, el domingo, Abrao develó una serie de elementos —consignados en el informe preliminar de la CIDH sobre la violencia y las muertes de 2019— sobre la actuación del gobierno de Áñez sobre la represión de las Fuerzas Armadas y de la Policía a las protestas poselectorales, cuyo saldo fue una treintena de fallecidos.

“Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos”, dijo.

El activista brasileño —cuyo contrato al frente de la CIDH no fue extendido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro— dijo que el gobierno anterior frenó la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“El gobierno interino fue poniendo trabas y posponiendo la instalación del GIEI, originalmente prevista para febrero hasta después de las elecciones para que el último día renunciara oficialmente a su instalación. Fue necesario el nuevo gobierno para rescatar su continuidad”, dijo Abrao.

El gobierno de Áñez había calificado aquel informe —en el que la CIDH estableció que las muertes de Sacaba, Senkata y otros fueron resultado de una masacre— de sesgado e imparcial. Incluso, a decir de Abrao, condicionó a que el documento no sea base para una nueva instigación del organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Abrao también observó los antecedentes previos y posteriores de la llegada al poder de Áñez. “La injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, la vacante y controversial sucesión presidencial, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles, la emisión del Decreto 4078 para otorgar amnistía penal irrestricta a las fuerzas de seguridad fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de derechos humanos”, afirmó.

El GIEI ya está instalado en el país, buscará esclarecer los hechos violentos de 2019 en un plazo de seis meses. En los últimos días estuvo en el Chapare y Cochabamba, y este lunes se reunió con el fiscal general, Juan Lanchipa.

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