Nacionalización de las minas
Este 31 de octubre recordamos los 68 años de uno de los hitos históricos más significativos de la historia nacional, la nacionalización de las minas del control que hasta entonces ostentaban los Barones del Estaño. El Decreto de nacionalización 3223 de 31 de octubre de 1952 transfería ese control a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que había sido creada para tal efecto mediante el Decreto Supremo 3196 de 2 de octubre del mismo año. Más allá del hecho y sus consecuencias políticas, cabe destacar que el Estado heredaba una estructura grande y compleja, 34 centros nacionalizados entre empresas mineras, plantas metalúrgicas, hidroeléctricas, infraestructura ferroviaria y agencias; y una estructura de negocios donde en el circuito financiero Catavi estaba más cerca de Londres que de La Paz (detalles en mi artículo Comibol un sueño inconcluso, en ¿De vuelta al Estado minero? Fundación Vicente Pazos Kanki, 2013). Ese fue, en mi concepto y por mi vivencia de más de una década en la empresa minera estatal, el origen del todavía no resuelto entuerto de querer manejar una estructura de negocios corporativos de alcance internacional con lineamientos de una empresa social; no funcionó antes, no funciona ahora y no funcionará en el futuro si no se resuelve el entuerto.
Pese a los vaivenes entre posiciones políticas nacionalistas y liberales a través de su historia, Comibol no halló nunca la receta salvadora, se probaron reestructuraciones de todo tipo, hasta se llegó a probar nuevas estatizaciones en la década precedente; su situación hoy es en extremo delicada, todos pretenden acceder a su patrimonio con diferentes propuestas, éste es todavía muy grande y se incrementó substancialmente con los proyectos de exploración, las estatizaciones y la declaratoria de áreas exclusivas para la Comibol que manda el DS 1369 de 3 de octubre de 2012, que añadió a su patrimonio cerca de 40.000 cuadrículas mineras (1 cuadrícula=25 hectáreas) distribuidas en 26 zonas altamente prospectivas del territorio nacional y seleccionadas en base a los resultados del boom de exploraciones de los años 90 de varias empresas Junior de ultramar que llegaron al país en esa época de apertura al capital privado. Todo este patrimonio no se puede desarrollar por las limitaciones económicas, técnicas y tecnológicas de Comibol para hacerlo por cuenta propia, ni por empresas privadas nacionales y/o extranjeras por la camisa de fuerza que representan las regulaciones sectoriales contenidas en la Constitución Política y en la Ley Sectorial 535 de Minería y Metalurgia. Así las cosas volvemos a vivir aquella situación de principios del siglo anterior cuando se consideraba al país un mendigo sentado en una silla de oro.
Estrenando un nuevo gobierno que pretende no ser más de lo mismo, sería oportuno plantearse la necesidad de solucionar el entuerto que vive Comibol, atrapada entre un gran patrimonio y una adversa legislación; en la obra citada líneas arriba y en varias de mis columnas siempre defendí la tesis de que Comibol puede ser una corporación exitosa que fue el mandato de su creación; recetas hay muchas, algunas se describen en mis escritos, solo falta decisión política para definir el cambio que puede ser traumático en un país como el nuestro, pero que es el único camino posible en las circunstancias descritas. Sería el mejor regalo para honrar la gesta que creó la empresa minera estatal y para dar utilidad a sus recursos minerales que, soterrados en la corteza terrestre no tienen ningún valor; se viene una época de dura crisis pospandemia y no usar el potencial que se tiene suena a falta de compromiso con los intereses del país.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
