En medio de las turbulencias electorales, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) nos han estado mostrando lo que significa construir concretamente instituciones en medio del conflicto. Pero hay también una mala noticia: importantes segmentos de nuestra sociedad están revelando, casi pornográficamente, su contradictoria relación con el acatamiento de las normas.
Decir que los bolivianos tenemos un vínculo bastante laxo y traumático con la institucionalidad estatal no es ningún gran descubrimiento. Hay razones estructurales y coyunturales que explican y, para algunos, incluso justifican esas anomalías que invaden no únicamente los grandes eventos de la política nacional, sino también la manera como interactuamos con las diversas expresiones del Estado en nuestra vida cotidiana.
Debo incluso confesarles que siempre he sido escéptico sobre cierto “institucionalismo”, en boga entre círculos académicos, que se espanta ante cualquier intento de reforma profunda o adaptación de la arquitectura institucional en vigencia cuando se hace evidente que ya no les hace sentido a grandes segmentos de la población. Aún más, habiendo vivido varias crisis en los últimos decenios, me he ido convenciendo de que en ciertas situaciones hay que buscar ineludiblemente soluciones políticas imaginativas en función del bien común, a veces en las fronteras de la ley.
Pero, todo tiene sus límites, por supuesto. Incluso en los momentos más disruptivos, las soluciones a los conflictos precisan de un mínimo respeto a ciertas reglas o procedimientos, sin lo cual entraríamos de lleno en el mundo del “todo vale”, de la “ley de más fuerte”, a aquello que Hobbes denominaba como “estado de naturaleza”.
Concretamente, las decisiones de Salvador Romero y de los vocales del TSE de resistir a las presiones políticas y callejeras para mover “por algunos días” la fecha de las elecciones, hace unos meses, o para realizar ahora una “auditoría” o “anular” un proceso electoral validado por misiones externas profesionales y sin que previamente se hayan mostrado evidencias y pruebas concretas sobre irregularidades en su realización, son una muestra acerca del desafío que implica hacer respetar algunas normas en Bolivia sin morir en el intento.
Sospecho que esta actitud no solo tiene que ver con las inclinaciones éticas de estos personajes por una democracia republicana, sino también por razones absolutamente pragmáticas: El país aún tiene por delante una ruta tortuosa y peligrosa para estabilizarse, habrá nuevas controversias y seguiremos precisando instancias que las arbitren, por ejemplo, mediante el voto. Ceder en agosto o en estos agitados días a lo que la muchedumbre les reclama, con bases legales tan exiguas, implica que cualquiera podría, con mayor o menor legitimidad, torcerle el brazo al arbitro por la fuerza, abriendo de esa manera la caja de pandora del desorden.
Posiblemente, la popularidad de las autoridades electorales no saldrá fortalecida de estos eventos, sobre todo por la censurable y oportunista tendencia de muchos medios de comunicación y líderes que transforman “la voz” de las muchedumbres parcializadas en el alfa y el omega de la política, aunque eso implique darles poder a algunos que vulneran en ese trance los derechos de otros ciudadanos o que incluso andan arrodillados (esto es literal) rogando por un golpe de Estado. Todo eso, extrañamente, a nombre de la democracia y la “institucionalidad”.
Pero, eso no debería impedir que muchos ciudadanos agradezcamos a estas autoridades su entereza, sobriedad, paciencia y hasta sus parsimoniosas explicaciones, desesperantes a ratos, frente al torbellino de bulos, imposturas y operaciones políticas que pretenden deslegitimar un proceso que, desde mi punto de vista, ha sido más que razonable en su transparencia y eficacia. Habría que ir aprendiendo que quizás es así como se construyen las tan mentadas instituciones, con buena voluntad y persuasión, pero también ejerciendo autoridad y defensa intransigente de la norma cuando sea necesario.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.