Voces

lunes 30 nov 2020 | Actualizado a 13:09

Democracia Concomitante

/ 8 de noviembre de 2020 / 10:41

La tarea está ahora en la reconstrucción de la democracia. El intervalo oscuro producido por el hecho de noviembre deja expuesto el mayor desafío político del nuevo tiempo que se inaugura hoy: la necesidad de otro sentido común, innovador y transformador de las actuales formas que caracterizan las relaciones políticas en Bolivia. Un sentido común que debe, imprescindiblemente construir identidades democráticas abarcadoras de la equivalencia de intereses, conectando la suma de preocupaciones y tensiones de una sociedad plural que está intentando reacomodarse. Esto no se construye con una alianza declarativa ni la expresión de intencionalidades afables, precisa comprender de manera inequívoca que una comunidad no es un espacio constitutivo único de lo político donde el bien común es el factor unificador por antonomasia. La colectividad boliviana está signada por la multiplicidad de sujetos, contradictorios por supuesto, diversos, con temporalidades diferentes y miradas subjetivadas de lo nuestro y de lo prioritario; con estructuras organizativas que combinan tiempos prehispánicos e incipiente modernismo. Un espacio donde el sujeto individualizado precisa de una renovada filosofía política que haga posible la convivencia de la expresión plural y democrática.

Trabajar en una filosofía política posmoderna obliga rearmar la democracia, las institucionalidades y las miradas individuales en una perspectiva de respuestas diversas e inclusivas. Precisa a su vez trascender la idealización de la Ilustración y del sujeto unitario asentado sobre el mito exclusivo del bien común como hecho totalizador para, concentrarse, con mayor fuerza en la búsqueda de la democracia diversa y su coexistencia tácita con las formas tradicionales del institucionalismo liberal.  

Hoy Bolivia se ha fragmentado en espacios políticos radicalmente nuevos y contrapuestos, con intenciones no silenciosas de marginar la otredad molesta. Esto incide sobre las nociones e ideas de libertad e igualdad que deben estar presentes en este reinicio institucional. La “democracia concomitante”que debe construirse en Bolivia reclama derechos democráticos, que si bien suelen entenderse como individuales su ejercicio es colectivo pues se expresan en el derecho de todos. Las libertades y la igualdad deben tener hoy una dimensión que interseccione la esfera individual y política. Compartimentar de forma intemperante el individualismo liberal y el comunitarismo intercultural sin espacios intermedios de convivencia necesaria es una apuesta inviable.

Las relaciones político sociales del Gobierno que hoy asume deben ser esencialmente constructivas y dialógicas, asentadas sobre una matriz democrática de valores y prácticas que se extiendan progresivamente y que permitan reducir las disonancias de intolerancia. En sociedades diversas, las lógicas unipolares son conducentes a la construcción de figuras autoritarias y restrictivas del pensamiento y las libertades, la democracia plural es tarea del nuevo gobierno, pero ello se edifica sobre la necesaria existencia y aceptación de multiplicidades y conflictologías que se superan cuando los métodos que las resuelven son dialógicos.

La reconstrucción democrática no es posible cuando se substrae únicamente a la reedición de modelos pasados e insuficientes. Un nuevo tiempo que llega pide otros patrones democráticos. La Democracia Liberal de los años noventa y la Democracia Intercultural del Proceso de Cambio deben abrir espacio a la “Democracia Concomitante”, un espacio que en el mundo aymara se llama el espacio taypi, ese lugar/zona donde lo indígena y lo occidental se entretejan en su más profunda expresión de abigarramiento para ordenar las asimetrías hoy existentes.

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‘Venganza, impunidad y justicia’

/ 22 de noviembre de 2020 / 01:23

En el tiempo liberal de los años 90 la democracia daba sensaciones urbanas de buen funcionamiento. A ello se le llamó gobernabilidad e institucionalidad. Una democracia de corte y matices excluyentes y señoriales que prescindía de aquello que miraban como la vulgaridad democrática que acecha desde el otro lado de los suntuosos hoteles. Así fueron reconstruyendo una vez más, alejados de los años de la Revolución Nacional, una república que expresó la almibarada idea de democracia donde la simulada hostilidad afectuosa e ilusoria de inicios de los años 80 trastocó en el tiempo, en hostilidad real.

La movilización que los sectores urbanos y de clase media denominaron “La Revolución de las Pititas” buscaba un país republicano y liberal pleno, donde la alternancia sea la posibilidad de no estar marginados del proceso político del país. Sin embargo, quienes se posicionaron con el nuevo régimen —los noviembristas — abrigaban una idea contraria y una hoja de ruta reservada que no incorporaba la intención democrática. Algunos quedaron fuera del esquema de poder, pero claramente habían ayudado a construir el engendro autoritario. Podrían hoy negarlo de palabra, pero no de hecho, pues su presencia fue visible. El tiempo redujo la acción “Pitita”, la chatura y mediocridad de un régimen no democrático y decadente los terminó condenando a consumirse en un último esfuerzo antidemocrático de no reconocimiento de la realidad de un país que se construye de modo distinto a lo que sucedió en noviembre de 2019. Esto ocurrió de la mano de aquel hombre esquinado y despótico, hoy ya ausente, que se miraba satisfecho por el régimen de pesadumbre que cada día construía y que una avalancha de votos insurreccionales desde las urnas sepultó un 18 de octubre. Fueron 12 meses de gobierno no democrático, de paréntesis institucional que sintetizaron más de dos siglos de historia y vida pre y posrepublicana.

El fin del mal denominado “gobierno transitorio” deja múltiples conclusiones que se expresan en un mayor enfrentamiento. En lo social, un estamento de nuestra sociedad busca acallar a otro, intenta anularlo hasta lograr su invisibilización. Por otro lado, el enfrentamiento político persigue igual objetivo, incapacitar e invalidar al adversario/enemigo político, hecho que se instrumentaliza con la acción de los jueces en eventos infinitos de causas legales.

Después de un golpe de Estado, viene el momento de las revanchas y los intentos de impunidad. Las preguntas insoportables se mantienen: ¿Fue golpe? ¿Hubo fraude? ¿Participaron quienes después se habilitaron como candidatos a la presidencia del Estado? ¿La OEA estuvo comprometida? ¿Por qué la Policía se amotinó? ¿Las Fuerzas Armadas estuvieron implicadas? ¿Se traicionó? ¿Existieron los financiadores que menciona el señor Carlos Romero? ¿Se aportaron esas enormes sumas de dinero para romper el orden institucional en Bolivia? Un listado inacabable de interrogantes que exigen explicación y verdad y para el cual la Justicia boliviana carece de la altura y solvencia requeridas.

La construcción de Estado y Sociedad nos pide ser mejores que aquellos hombres y mujeres que articularon la ruptura institucional. No hay espacio para la venganza y el odio. Hoy se precisa de un elemento divisor que concluya aquel episodio infame de nuestra historia. Esto es posible con la creación de una Comisión por los Derechos Humanos y la Institucionalidad Democrática de Bolivia, una entidad que pueda ser avalada y auspiciada por organismos internacionales y gobiernos de conocida probidad. Allí la investigación de lo sucedido en noviembre y en los 12 meses de estadía del gobierno no electo, con distancia política, transparencia debida y fundamentalmente, imparcialidad. Es necesario un equilibrio de debida justicia y responsabilidades, que ahuyente las ansiedades de venganza y destierre las posibilidades de impunidad.

Jorge Richter es politólogo.

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‘Ni vencedores ni vencidos’

Tras la elección, el país 55/45 ¿no está diciendo más bien que Bolivia tiene que construirse en complementariedad?

/ 18 de noviembre de 2020 / 15:32

En septiembre de 1955, un golpe cívico militar, encabezado por el general Eduardo Lonardi, derrocaba en Argentina el gobierno democrático de Juan Domingo Perón. A consecuencia de aquellos hechos, nacía lo que después llamaron la Revolución Libertadora. Un evento que costó la vida de 156 argentinos. Desde aquel momento, Perón inició un peregrinaje por diferentes países, el exilio lo llevó inicialmente a Paraguay, donde Alfredo Stroessner ya había impuesto una rígida dictadura militar iniciada un 15 de agosto de 1954. La ruta del exilio siguió por Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, para instalarse finalmente en Madrid, España. Allí transcurrió diecisiete años de su vida, ese tiempo lo pasó mayormente en una quinta conocida como Puerta de Hierro. La política argentina, bien puede decirse, tuvo una sucursal de operaciones en aquella ciudad española. Desde su salida a consecuencia del golpe de Estado, Perón buscó incesantemente retornar a su país. En 1964 emprendió la vuelta, pero el gobierno radical de Arturo Illía le impidió llegar a suelo argentino. El entonces canciller, Miguel Ángel Zavala Ortiz, un ardiente anti peronista, solicitó y gestionó ante el gobierno brasileño del mariscal y dictador Humberto Castelo Branco que se retenga a Perón y se lo devuelva a España. El 17 de noviembre de 1972, después de innumerables vacilaciones e intensas y desordenadas negociaciones, Perón retorna brevemente a su país bajo un acuerdo con el gobierno militar de Alejandro Lanusse. Una abreviada estadía que concluiría el 14 de diciembre del mismo año y a la que seguiría una nueva prohibición de ingreso a su país. Ya con el peronista Héctor José Cámpora en el poder, Perón retorna definitivamente a Argentina el 20 de junio de 1973. El recibimiento al máximo líder social de los argentinos congregó a más de un millón de personas, paralizó la conocida autopista Richieri y conmocionó los días vividos por toda Argentina. Era el retorno del hombre más influyente del siglo XX. Unos meses después, producto de la renuncia de Cámpora, Juan Domingo Perón se habilita como candidato, ganando las elecciones con 60%.

A la tierra de Perón llegó por aquel entonces otro hombre que la historia recogería en sus páginas como uno de los políticos más determinantes que su país tuviera. Ocurrió en 1946, después de pasar varios meses como refugiado político en la Embajada de Paraguay, Víctor Paz Estenssoro salió rumbo a Argentina para vivir el primero de sus tres exilios. Allí transcurrieron los seis años que duró aquel destierro, interrumpido brevemente por un intento de retorno a Bolivia por la zona fronteriza de La Quiaca para ingresar a Villazón; buscaba iniciar un proceso de resistencia al gobierno de Mamerto Urriolagoitia. Esta acción lo llevó a radicarse brevemente en Uruguay para retornar nuevamente a Buenos Aires en 1951. Su domicilio de la calle Charcas 3821, donde pasó la mayor parte del tiempo en aquella ciudad porteña, fue el centro de estudios, análisis y escritos en forma de Manifiestos con los que Paz cercó opositoramente a los gobiernos de Enrique Hertzog y Urriolagoitia. Las ideas de resistencia a la rosca minera, el pensamiento de nacionalización de las minas y la reforma agraria eran los argumentos que acorralaban el último momento liberal que encarnaba Urriolagoitia. Las elecciones de 1951 fueron el fin del liberalismo conservador, cuando una primera insurrección, esta vez en las urnas, confiere la victoria del MNR por encima incluso de las miradas marxistas. Después, el Mamertazo; después, los militares con Ballivián; después, la indignación de un pueblo; y el resultado de todo aquello, mientras Paz Estenssoro permanecía en el exilio, fue una movilización violenta en interminables setenta horas de combates que condujeron al país hacia uno de sus momentos más sublimes: la Revolución Nacional.

Concluidas aquellas jornadas de abril, Paz Estenssoro retorna al país. El avión que fue a buscarlo estaba a cargo del comandante Wálter Lehm, el segundo a bordo era René Barrientos Ortuño. Cinco horas de vuelo tortuoso en un avión transportador de carne. Afuera del aeropuerto, las calles abarrotadas hasta el extremo, miles de campesinos, obreros, mineros y sectores de clase media fueron a recibir al hombre que transformaría Bolivia.  Una  mancha  de gente —en la más pura expresión de la frase acuñada por Zavaleta— profundamente abigarrada acompañó al líder movimientista desde el aeropuerto hasta la plaza Murillo. El movimiento popular, expresión de la Alianza de Clases que propugnaba el MNR, ya en acción política decidida le ofreció el mayor recibimiento que presidente alguno haya conocido.

En noviembre de 2019, otro líder político de histórico protagonismo se encaminaba al exilio. Evo Morales partía hacia México, primer destino de un impensado destierro. En una extraña coincidencia de la historia, Morales se radica en Argentina, también bajo la protección personalizada del presidente Alberto Fernández, quien públicamente expresa su ayuda y respaldo al líder indígena. Lo que de pronto hubiese sido imaginado como un proceso de larga ausencia se configura en un retorno de exactitudes asombrosas: un año después de marchar forzadamente, Evo Morales retorna al país abrigado por el movimiento popular que ha dejado sentada una realidad inextinguible: el movimiento popular en unidad señala los itinerarios históricos de manera irrebatible.

Los golpes de Estado, allá como acá, en Argentina o en Bolivia o en muchos otros países, tienen un contrapeso rotundo, el poder de la movilización popular. El 11 de abril de 2002, el entonces presidente Hugo Chávez fue retenido y cesado en sus funciones presidenciales. Una multitudinaria movilización lo devolvió al poder unos días después. Desde entonces, la acción movilizadora de las corporaciones sociales se constituye en un elemento de protagonismo estratégico, que articula diversas realidades y composiciones sociales, étnicas y culturales en lógicas de visibilización inclusiva de tejidos societales profundamente enmarañados.

La Bolivia del 18 de octubre, la del arribo de Evo Morales, esa de las multitudes infinitas y movilizadas, verbaliza un mensaje que se anota en el sustrato de las necesidades históricas y angustiantes, donde ni tres millones de partidarios, ni dos millones de opositores pueden pulverizar el camino de la complementariedad social de todo un pueblo que reclama una mirada y acción de gobierno que comprenda que la sociedad y el Estado nuestro se construye mejor bajo la lógica de “ni vencedores ni vencidos”.

(*) Jorge Richter Ramírez es politólogo

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Lo popular corporativo

¿Qué pasó entre noviembre de 2019 y octubre de 2020? Se formó un nuevo sujeto, propone el autor

/ 4 de noviembre de 2020 / 12:31

Cómo enfocarse epistemológica e históricamente en la comprensión de lo sucedido en el periodo noviembre 2019/octubre 2020? Donde la centralidad es la cuestión democrática/organizativa del Estado con su distribución de poder político y la autonomía de los movimientos sociales. Buscar respuestas conduce también a plantearse un estudio que debe revisar la incidencia determinante del momento auto superador de los principios únicamente organizativos de lo popular corporativo e indagar en su trascendencia hacia la homogeneidad equivalencial de la acción política.

El reacomodo de poder conclusivo al hecho electoral pasado exige revelaciones investigativas antes que un despliegue de subjetividades solo referenciales. Esto es, formas explicativas de comprender la movilidad electoral como un hecho objetivo formativo del sujeto social popular inserto en la historia reciente del país.

Lo popular corporativo es una mirada socio política, metodológica e investigativa sobre el principio trascendente de las capacidades naturales de las organizaciones estamentales y societales instaladas en el sustrato cotidiano de la vida nacional. Exige revisar también el proceso de acumulación social del bloque popular/histórico y sus formas actuales para dilucidar el camino hacia una explicación mayor del movimiento popular nacional.

Lo popular corporativo es la emergencia estructurada de una nueva identidad de características complejas, establecidas sobre la base de una conformación lenta y gradual de conciencia de bloque, hoy con perspectivas históricas y ordenamientos propios de cadenas equivalenciales, esto es, una escalonada construcción de solidaridades espontáneas y articuladas políticamente también, donde las diversas identidades populares confluyen en un actuar de lucha contra un enemigo, colectivamente identificado como opresor político, que ha negado de forma sistemática los espacios requeridos de igualdad. Lógicas equivalenciales que han trascendido las lógicas universalizadas de lo inalcanzable e irrealizable, de los mitos imposibles de un momento societal pensado en términos de racionalidad inclusiva de sus factores constitutivos. Empero, es sustancialmente importante comprender que, para la conformación política de una identidad general (de pueblo popular y movilizado) se tiene que producir una conexión hegemónica entre la cadena equivalencial y la universalidad, pues la ausencia de esta relación reduce lo equivalencial a una pluralidad desordenada y desperdigada que imposibilita el constructo identitario con caracterizaciones hegemónicas no buscadas expresamente, sino como una consecuencia contingente e irregular.

Un factor sedimentado

Dos momentos históricos, constitutivos y continuos: 2005 y 2020 dirimen electoralmente la confrontación entre una casta política/social prevaleciente y una élite dirigencial que aglutina el movimiento social devenido ya en movimiento político. Dos estamentos sociales también, uno de ellos compuesto por lógicas de clases dominantes y actividades económicas capitalistas; el otro, por un grupo social reducido a actividades comerciales, extractivistas y agrarias de subsistencia y no articulado en presencia visible con el Estado.

En el tiempo de la Guerra Federal, los liberales pactaron, inicialmente, un esquema de unidad con los grupos aymaras liderados por Pablo Zárate “Willca”, sin embargo, pronto sintieron que la movilización indígena empezaba a amenazar la hegemonía de su sector social dominante y buscaron, quienes eran enemigos, aliarse en un pacto que permitiese extinguir el peligro mayor: la presencia articulada y empoderada del indio. En 2020, la cuestión irresuelta nuevamente radicaliza las miradas despreciativas hacia lo popular, lo indígena y el pensamiento que refiere a ello como una idea inclusiva e ineludible. Todo esto articula un movimiento originado en la corporatividad social y popular que electoralmente se manifiesta con una potencia inimaginada y no percibida por quienes encomian la máxima negacionista y excluyente de lo popular indígena.

Noviembre de 2019 reconstituye en escena los factores de criticidad pendientes históricamente, esto es, la polaridad social en la perspectiva de la democratización social y las formas estatales inclusivas no con cluidas. La resolución fue electoral y se expresó en una nueva compulsa de movilización institucional, incluyente y hoy resistida desde los sectores radicalizados de la casta dominante. La exclusión de lo popular no es posible hoy y, tampoco razonable.

La Guerra Federal, la Guerra del Chaco y la Revolución Nacional son momentos que expresan la criticidad de una intersubjetividad que la clase dominante, el Estado y la sociedad civil no habían articulado previamente pero que, generaron la emergencia de nuevos movimientos en la sociedad originados desde el sustrato base. Hoy, terminado el ciclo liberal y diluidas las partidocracias tradicionales, el impulso constitutivo vuelve a reinstalarse con la presencia de la corporatividad popular y social organizada que encuentra cauce posible en la articulación de dos entidades distintas pero complementarias: la organización social establecida en el territorio nacional (formas sindicales, comerciales, comunitarias, deportivas, económicas, culturales y muchas otras) y la estructura político partidaria expresada en el MAS-IPSP. La diversidad representada en lo popular corporativo va sedimentando en el proceso construido una identidad novel enraizada en la evidente e ineludible realidad de la institucionalidad intercultural, una complejidad que no es únicamente histórica, sino que, en su entramado social, de difícil comprensión, expresa el camino irreversible de la presencia popular en la acción política visible como proceso de reconstitución de la sociedad en términos pacíficos.

Las sociedades diversas y plurales en lo étnico y social están signadas por continuas crisis, caracterizadas ellas por lógicas circulares en los intentos de sustitución de élites anexadas a los poderes estatales. Estos espacios de crisis son los propicios para el análisis y la investigación de las lógicas de incidencia que determinan su movilidad. Bolivia cierra un ciclo donde lo nacional popular da paso a una nueva forma de constitución y rearticulación de lo social a partir de lo popular corporativo, acción y espacio de visibilización, inclusión social y construcción política y estatal complementaria desde el abigarramiento societal. La “determinación difusa de la masa” recogiendo palabras de Zavaleta, ha mutado en determinación específica, superadora de las contradicciones y contravenciones domésticas para devenir en objetivo político inmediato: articulación de sectores populares, originarios, campesinos —históricamente no tradicionales como castas dominantes— para el ejercicio directo del poder político estatal.

(*) Jorge Richter es politólogo

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‘Pienso en Bolivia y en su democracia’

/ 25 de octubre de 2020 / 07:08

Lo obligaron a renunciar y con él buscaron que todos renunciemos. Era una acción humillante y desdeñosa hacia nuestra democracia. A partir de ese instante, todo fue unidireccional con calificaciones cargadas de resentimiento y advertencias de detenciones y judicialización.

La historia de nuestra región está signada por un enorme listado de momentos políticos de quiebres en el poder civil. El 29 de junio de 1954 Jacobo Árbenz, hasta entonces presidente de Guatemala, era obligado a renunciar en una acción donde las Fuerzas Armadas de aquel país, confabuladas con la CIA, terminaron con la revolución que se había iniciado en 1944. Escribió Luis Cardoza y Aragón: “Pienso en Árbenz, nos habían derrotado, lo habían vejado en el aeropuerto de Guatemala, en él nos habían vejado a todos los guatemaltecos”.

 El 16 de septiembre de 1955, cuando la tarde recién comenzaba en aquel infausto día para la democracia y el movimiento obrero argentino, las fuerzas del general Eduardo Lonardi iniciaron el ataque militar que intimaría al general Perón a renunciar a la presidencia tras una década en el gobierno. El líder argentino no ofreció resistencia y tampoco quiso acudir a los trabajadores para instalar una defensa que podía terminar en un “baño de sangre”. Horas después admitía que ya no había nada que hacer.

Unas décadas más tarde, en septiembre de 1973, otro líder emblemático de una Latinoamérica siempre agobiada era emplazado a renunciar. El entonces comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, general Augusto Pinochet, otorgaba un plazo perentorio al presidente Salvador Allende para que haga dejación de su investidura. La respuesta del mandatario fue la que solo hombres de una trascendencia histórica como la de Allende pueden tener: “Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente… Trabajadores de mi Patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia”. El día 11 de aquel mes, rechazando cualquier posibilidad de renunciar al mandato que el voto popular le confirió, ofrendó su vida ante las fuerzas de Pinochet.

En el tiempo, las formas mutaron a “insinuaciones” menos presenciales, pero no por ello faltas de efectividad. El Neogolpismo que ya había actuado bajo formas militaristas y eventos de judicialización en la región, se pronunció en Bolivia el 10 de noviembre de 2019, cuando el general Kaliman en conferencia de prensa leyó un comunicado del conjunto de las Fuerzas Armadas de Bolivia:  “Ante la escalada de conflictos que atraviesa el país y velando por la vida, la seguridad y la garantía del imperio de la CPE, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las FFAA y luego de analizar la situación conflictiva, sugerimos al presidente del Estado que renuncie”. Las alternativas para el poder civil de entonces se redujeron a dos caminos únicamente: la vía Perón o la decisión de Allende. Consumaron un golpe porque tenían intereses de clase dominante y otros notoriamente económicos, pero un hecho mayor los inquietó siempre, quienes gobernaban, distintos en color de piel y apellidos, les eran antipáticos por su contenido popular. Para validar socialmente el golpe precisaban de la indignación colectiva, la narrativa del fraude electoral fue el argumento. Nunca lo probaron, pero les sirvió para despedazar la institucionalidad electoral y la vida de miles de bolivianos.

Pienso en Bolivia y en el valor formidable de 3.393.801 mujeres y hombres que le dijeron al país y al mundo que en Bolivia hubo un grito pacífico y democrático, de una enorme voz popular que dijo no al fraude, no al golpe, no al odio y no a la intolerancia.

Jorge Richter es politólogo.

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¿Consensos o hegemonía?

/ 11 de octubre de 2020 / 07:05

¿Qué alcance tiene señalar y afirmar que una sociedad es justa o injusta? Los miembros de una colectividad, con actuaciones disímiles, pueden experimentar sensaciones de justicia o injusticia según innumerables posibilidades de contextos. Ello hace de la cuestión algo complejo y controversial tanto para analistas y filósofos políticos.  

Gran parte de la filosofía política halla acuerdo respecto de que las dos publicaciones de John Rawls (1921-2002): Una teoría de la justicia (1971) y Liberalismo político (1993) señalan el inicio formal e intenso de la discusión respecto de cómo deberían ser las sociedades en las que vivimos. Mucho de lo debatido, pensado y escrito desde entonces referencia, ineludiblemente, a lo dicho por Rawls.

Hoy, la propuesta del carácter político de la justicia y la necesidad final, a momentos inexorable, de establecer consensos entrecruzados que definan las reglas que deben regular la buena convivencia de un grupo social se estudia, se revisa y se juzga. La pregunta de la crítica fue aguda: ¿es capaz el liberalismo de entender lo político, las relaciones de poder, el conflicto, y los antagonismos? Los elementos propios de la política real y la democracia plural ¿pueden ser resueltos y considerados en la lógica consensual?, ¿el elemento ideológico, presente con intensidad en el pluralismo de sociedades diversas, se comprende desde el conocimiento racional?, ¿los intereses de grupo pueden ser canalizados bajo modelos de consensos que no desordenen la sociedad?

El ciclo político actual de las democracias liberales ha incorporado un elemento que, sin ser absolutamente desconocido en la dinámica política, hoy muestra una fuerza inadvertida en los tiempos pretéritos. De la mano de los modelos agonista-pluralista, grupos de poder asociados a los movimientos sociales alcanzan el poder e implantan gobiernos democráticos-hegemónicos en el marco de las regulaciones propias de la democracia liberal. Avanzados en sus procesos de gestión del Estado y con la teoría política que los ha respaldado, se pueden asumir ciertas conclusiones: Las sociedades son entidades enteramente políticas, allí no es posible lograr entendimientos plenos y absolutos. El desacuerdo no puede ser eliminado como posibilidad fáctica y el factor moral evidencia, históricamente, una inevitable debilidad como elemento ordenador de las conductas políticas.

La lógica de los consensos entrecruzados y fundamentales puestos bajo el tamiz de la reflexión, deja en evidencia que las sociedades plurales deben, permanentemente, construir consentimientos mutuos, aunque no absolutos, sí mínimos que viabilicen procesos e instituciones. Es claro que, en la coyuntura político-democrática de hoy, se ha producido un acoplamiento a los factores de poder de grupos sociales antes marginales al poder político. Estas entidades sociopolíticas que son vistas como un “nosotros”, configuradas y articuladas contra un “ellos”, se conducen bajo preceptos hegemónicos de poder.

Bajo un criterio de inevitabilidad, Laclau y Chantal Mouffe fácticamente proponen, sobre lo históricamente evidente, la incorporación de nuevos factores y elementos que producen las sociedades. Los constructos sociales, que requirieron de un contrato social para convivir y mantener su igualdad y libertad, siempre se han mostrado hostiles y tensionados. La lucha por el poder tiene momentos de cierto orden y hegemonía exitosa, con periodos de estabilidad y caída de la tensión de los grupos antagónicos, pero ello no significa el logro del acuerdo racional propuesto por Rawls.

Las sociedades son plurales, ideologizadas, violentas, conflictivas y políticas, agrupadas por intereses comunes. Rawls es prioritariamente un forjador de una concepción que realza lo moral por encima de lo político. Mouffe y Laclau descreen de esa posibilidad. Paradójicamente ambos modelos y propuestas conviven sobre formatos variados de democracia, de ahí que sus relaciones estén caracterizadas por la tensión y la inestabilidad. La mirada liberal y su tradición está condenada a convivir con un populismo emergente que amplía la base democrática. El sino de una complementariedad social obligada.

Jorge Richter es politólogo.

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