La posesión de las autoridades electas el 18 de octubre en los órganos Legislativo y Ejecutivo tendría que ser el primer paso de una larga trayectoria de renovación democrática; reconstrucción de la arquitectura institucional en sus diferentes ámbitos y niveles, y concertación de políticas idóneas para enfrentar las múltiples crisis que agobian al país. Parece, sin embargo, que antes de emprender la gestión de su programa de gobierno, las nuevas autoridades tendrán que resolver los diversos conflictos que se han instalado en varios lugares del país, en forma de movilizaciones, paros y bloqueos con demandas legítimas algunos, pruebas de fuerza otros y expresión de frustraciones incontroladas los más.
La manera en que se lleven a cabo las negociaciones correspondientes pondrá de manifiesto el estilo de gobierno que se pretende adoptar, habida cuenta de las importantes restricciones fiscales e institucionales que caracterizan a la presente coyuntura, tan diferente de la holgura económica imperante en la experiencia anterior de gobierno de ambos mandatarios.
Entre las tareas impostergables se encuentra sin duda la preparación de las elecciones municipales y departamentales en el primer trimestre del próximo año, de cuyos resultados depende en gran medida el cauce que se imprima en el futuro a la descentralización política acompañada del pacto fiscal correspondiente.
Así completada la arquitectura gubernamental básica habrá que concertar una estrategia de desarrollo a mediano plazo, tomando en cuenta que la crisis sanitaria del COVID-19 constituye una oportunidad para adoptar un modelo económico capaz de alcanzar un alto nivel de crecimiento impulsado por incrementos sostenidos de productividad, reducción de la informalidad y uso sostenible de los recursos naturales. A tal efecto, es preciso tomar en cuenta que en el ámbito internacional se han abandonado los enfoques económicos más ortodoxos y ahora se propugna un nuevo rol activo para el Estado, la tolerancia de mayores niveles de déficit fiscal, la mayor flexibilidad en la reprogramación de la deuda pública interna y externa, así como la adopción explícita de políticas industriales y tecnológicas.
Todo esto requiere sin duda de capacidades institucionales que no están disponibles a priori. Por principio de cuentas se necesita un alto nivel de calificaciones en las cúpulas primordiales del aparato de gobierno, así como espacios institucionalizados de concertación vinculante con los agentes económicos estratégicos, a fin de adoptar un programa realista de inversiones a mediano plazo. En paralelo, habría que pensar en la creación de un consejo económico y social para atender de manera tripartita la gestión de las relaciones laborales.
La cuarentena y las restricciones al funcionamiento del aparato productivo han dejado lesiones significativas en el tejido empresarial y en los mercados laborales. Las iniciativas espontáneas de respuesta provisional ejercitadas, en particular, por los estratos de las pequeñas y medianas empresas requieren de recursos y políticas para volverse sostenibles a mediano plazo. Se trata de un estrato empresarial que puede generar empleo masivo si cuenta con los apoyos necesarios, entre los que se tiene que contemplar el acceso expedito al crédito y normas laborales equitativas. Pero este segmento de actividades no tiene condiciones de ejercer una función motriz dinámica. Para dicha tarea es preciso armar un catálogo de inversiones públicas y privadas destinadas al abastecimiento del mercado interno y eventualmente también para la exportación de manufacturas terminadas, así como componentes susceptibles de incorporarse a cadenas regionales de valor.
Por último, resulta imprescindible que las políticas económicas y sociales generen sinergias internas que contrarresten las tensiones centrífugas imperantes.
Horst Grebe es economista.