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lunes 30 nov 2020 | Actualizado a 13:46

De vuelta Al-Azar, su censura fue censurable

/ 11 de noviembre de 2020 / 02:12

Unos días después de que algunos de sus compañeros lo habían censurado, Alejandro Salazar estaba destrozado, con el grave miedo de que a los suyos les pase lo peor. No creía que quienes debieran, al contrario, defenderlo ante eventuales circunstancias no fueran los periodistas del mismo diario, que, por su experiencia y conocimiento de los códigos deontológicos —se entiende— saben cómo se actúa ante riesgos posibles para la libertad de expresión.

Un tanque militar apuntando su cañón al pueblo fue el motivo. Era la caricatura alusiva a la ruptura institucional y el temor que entonces sufría el país tras la renuncia de Evo Morales y la autoproclamación de Jeanine Áñez, un motín policial, unas insubordinadas Fuerzas Armadas que habían pedido la renuncia del mandatario… con militares en las calles y después, como se sabe, las masacres de Sacaba y Senkata.

Esa mañana, muy temprano, un colega editor —que luego se justificó con un post en Facebook con el título de Yo, el censurador— hizo lo imposible por “bajar” la caricatura. Habló en el grupo de WhatsApp de “su preocupación” y contó que afuera, en las redes sociales, estaban haciéndole añicos al periódico. Sugirió a uno y a otro jefe retirar de las redes esa opinión gráfica de Al-Azar, como firma el tres veces Premio Nacional de Periodismo. No logró su objetivo, pero sí movilizar a otros compañeros.

Otro colega le hizo saber que lo que sugería no estaba bien, aunque aclaró que Salazar no era santo de su devoción, mucho más porque en los últimos días había descontextualizado los hechos. Algo así.

La petición resultó en un manifiesto  sindical que no todos firmaron, pero que fue publicado para comidilla de las redes sociales, los detractores del diario y la competencia desleal.

Resultó el extremo ser un ejemplo de qué es lo que un periodista no debe hacer. ¿Se imaginan a Carlos Soria Galvarro, Coco Manto y muchos que sufrieron persecución y torturas durante las dictaduras de los 70 y 80 pedir a sus jefes o debatir con sus compañeros la posibilidad de censurar su trabajo?

Al-Azar quedó proscrito por casi un año por pensar diferente que sus compañeros, con su familia amenazada en redes sociales de linchamiento, con el acoso de políticos detractores y servido a la mesa para la acusación como muchos en los últimos meses. No había sufrido antes una experiencia así.

Estaba dolido e indignado. Protestó en silencio, publicó su espacio en blanco en La Razón, con solo su firma. No eran los de afuera quienes lograron su muerte civil.

Conocedor de la historia y las miserias de la política, Al-Azar es consciente de lo que puede un político hacer en su contra, pero nunca un periodista. Una vez nos contó que solo Marita Siles criticó su caricatura. Para los políticos, “no importa que les critiques, son como una tortuga, no tienen piel, sino caparazón”, decía.

“Los dibujos son mi opinión. Como artista, soy totalmente sesgado y no soy imparcial. De eso se trata cuando uno opina”, nos dijo también. Así es, directo y honesto.

Pero qué bien pegó su caricatura de un TIPNIS partido en dos por una carretera y con los animales también partidos. O el mismo TIPNIS cuyo territorio era en forma de hoja de coca. Fueron un símbolo de lucha contra el gobierno de Evo Morales.

Quienes lo conocen, saben que un día puede incomodar a Morales, Carlos Mesa, Jorge Quiroga o Gonzalo Sánchez de Lozada. Por más de izquierdas, no tiene preferencia ni compasión con ninguno.

Al-Azar había dicho que volvería a dibujar, no necesariamente en La Razón, cuando haya un gobierno electo. Y así fue, el domingo volvió a las páginas del diario. ¡Cuánto lo estábamos extrañando!

Lo habían linchado como a La Razón, con mentiras, con falsos argumentos y con una saña innombrable.

Ahora es parte de la resiliencia que experimenta este periódico, que fue blanco de ataques internos, externos (periodistas y medios) y políticos. Que se vaya sabiendo, dijo una vez sobre La Razón un periodista detractor. Y lo único que se sabe es que este diario responde al pensamiento particular de sus periodistas, a la transparencia de sus capitales y a su independencia económica.

Que se vaya sabiendo. No eran casuales los ataques especialmente desde afuera. Ya lo verán en adelante.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Impuesto a las fortunas: ‘No se preocupen, compañeros de la prensa, a ustedes no les alcanza’

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respondió a los periodistas con un “no se preocupen” respecto del impuesto a las “grandes fortunas” que prepara el Órgano Ejecutivo.

El ministro Eduardo del Castillo estuvo el sábado en Santa Cruz. Foto: Ministerio de Gobierno

/ 29 de noviembre de 2020 / 18:37

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, evitó el sábado más preguntas sobre sobre el inminente “impuesto a las fortunas” con una frase dirigida a los periodistas: “No se preocupen, mis compañeros de la prensa, a ustedes no les alcanza”.

El ministro, que el viernes fue el encargado de anunciar las siete medidas contra la crisis económica y la violencia contra la mujer, explica en los últimos días los alcances de la propuesta electoral del presidente Luis Arce sobre el tributo a las “grandes fortunas”.

Del Castillo explicó el sábado que el Gobierno todavía hace estudios sobre la medida, aprobará la modificación de un decreto e impulsará una ley para ese propósito. “No tienen por qué preocuparse, solo van a pagar las personas que tenga un patrimonio superior a los Bs 30 millones”, dijo a los periodistas.  

Antes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, había dicho que el impueso afectará a solo «150 personas».

El Gobierno preé aplicar alícuotas progresivas de entre el 1,4% al 2,4% al impuestos a las “grandes fortunas” de manera anual. En una entrevista con La Razón, el presidente Arce había dicho que la recaudación por ese impuesto alcanzaría a Bs 800 millones anuales.

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La ONU desplaza al país a un funcionario para la consolidación de la paz

Este domingo arribó a La Paz el subsecretario del Departamento de Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz de las Naciones Unidas (DPPA), Miroslav Jenča.

Miroslav Jenča es visto en el ingreso al aeropuerto de El Alto, este domingo. Foto: ONU Bolivia

/ 29 de noviembre de 2020 / 16:51

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) desplazó a Bolivia un equipo con el objetivo de consolidar la paz en el país a través de distintas tareas de apoyo, informó la oficina a través de sus redes sociales.

Para ese cometido, este domingo arribó a La Paz el subsecretario del Departamento de Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz de las Naciones Unidas (DPPA), Miroslav Jenča.

La iniciativa busca “reafirmar el compromiso de la ONU con la Iniciativa de Consolidación de la Paz en Bolivia a través de asistencia electoral, monitoreo de derechos humanos con enfoque de género y apoyo a los esfuerzos de diálogo”, señala el mensaje.

Bolivia comenzó este domingo su cuarta semana al mando del nuevo gobierno liderado por el presidente Luis Arce, quien, con la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), ganó las elecciones del 18 de octubre con el 55,1% de los votos.

La visita de Jenča, antes embajador eslovaco en México, coincide con el inicio de investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las muertes ocurridas entre octubre y noviembre de 2019.

El GIEI trabajará seis meses en el país para esclarecer los hechos luctuosos ocurridos luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que generó una grave crisis política en el país entre octubre y noviembre del año pasado con un saldo de al menos 37 personas fallecidas por conflictos entre grupos civiles y la represión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.

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Áñez pide a la CIDH dar la ‘talla’ en la investigación de las muertes de 2019

La exmandataria reclamó al grupo de expertos de la CIDH que su investigación sea imparcial y que “actúe con seriedad y profesionalismo”.

La expresidenta Jeanine Áñez en una fotografía personal última.

/ 29 de noviembre de 2020 / 12:09

En un mensaje a través de sus redes sociales, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez reclamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dar la talla en las investigaciones de las muertes ocurridas luego de las elecciones fallidas de 2019.

“Es muy importante que la CIDH de talla. Y al ayudar en la investigación de esos hechos, sea imparcial, actúe con seriedad y profesionalismo. En Bolivia y en el mundo miramos con atencion su trabajo (sic)”, escribió.

El lunes, el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (CIDH) comenzó su trabajo por seis meses para intentar esclarecer los luctuosos hechos de octubre y noviembre del año pasado que terminaron con la vida de al menos 37 personas, entre ellos las muertes de Sacaba y Senkata.

Áñez, que de manera insistente dijo que no se irá del país, fue involucrada en los casos por la Asamblea Legislativa y otras investigaciones al haber sido la mandataria en los momentos más complicados de la crisis política poselectoral.

La comisión legislativa que indagó los sucesos sugirió un juicio de responsabilidades contra ella por, entre otros, los delitos de genocidio, asesinato y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución. Áñez y sus ministros de entonces firmaron el Decreto Supremo 4078, que declaraba inmunidad penal a los elementos de seguridad, con el que actuaron las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en los conflictos.

Los expertos del GIEI se encuentran en Cochabamba. Ayer conversaron con familiares de las víctimas de Sacaba del 15 de noviembre de 2019, quienes les entregaron documentos para la investigación y ratificaron que en las movilizaciones de entonces no usaron armas, como denunció antes el exministro e Gobierno Arturo Murillo.

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La injerencia de las FFAA en el proceso político de 2019 alertó a la CIDH, devela Paulo Abrao

“Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos”, dijo a La Razón el exjefe de la CIDH Paulo Abrao.

La conferencia de prensa en la que el general William Kaliman, a nombre de las FFAA, sugirió la renuncia de Evo Morales. Foto: APG-archivo

/ 29 de noviembre de 2020 / 11:15

En una entrevista con La Razón, quien fuera secretario ejecutivo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, develó que la “injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político” de 2019 y otros hechos alertaron a organismos de derechos humanos.

“La injerencia de las Fuerzas Armadas en el proceso político, la vacante y controversial sucesión presidencial, los motines policiales, los grupos privados armados controlando las calles, la emisión del Decreto 4078 para otorgar amnistía penal irrestricta a las fuerzas de seguridad fueron agravantes que dispararon la alarma del monitoreo de derechos humanos”, dijo el activista brasileño.

Luego de las fallidas elecciones del 20 de octubre del año pasado, cuestionadas por presuntas irregularidades develadas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el país se desató una crisis política que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la sucesión “ipso facto” de la otrora senadora Jeanine Áñez.

Movilizaciones cívicas, un motín policial y la sugerencia de “renuncia” de Morales planteada por las Fuerzas Armadas precipitaron los hechos, que luego se complicaron con protestas a favor del mandatario derrocado más tarde intervenidas de manera conjunta las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana al amparo del Decreto Supremo 4078, que otorgaba inmunidad penal a los efectivos.

Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19 de noviembre fueron los hechos luctuosos emblemáticos que la CIDH, organismo independiente de la OEA, consideró que fueron masacres. Inicialmente, en cada uno de los operativos hubo nueve fallecidos, cifra que al final fue mayor.

“Hubo evidencia de posibles ejecuciones extrajudiciales, masacres y homicidios. Se identificó al menos 36 muertos. Se registró vulneración a los derechos a la integridad física y la salud de un elevado número, de 804 personas heridas. Se verificó cientos de detenciones arbitrarias. Los testimonios recabados denunciaron el uso de torturas, malos tratos y otras formas de abuso”, resumió Abrao en entrevista con La Razón.

El exjefe de la CIDH, no ratificado por diferencias por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, consideró que la oportuna intervención de la CIDH en la crisis evitó más muertes a causa de la “violencia autoritaria”.

Abrao, además defendió la postura preliminar de la CIDH en sentido de que las muertes en Sacaba y Senkata fueron resultado de sendas masacres. Y denunció que el gobierno de Áñez frenó la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ya investiga los sucesos luctuosos de 2019.

Lea la entrevista completa en nuestra edición impresa.

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El presidente Arce afirma que desde diciembre se dinamizará la economía

El mandatario adelantó que con las siete medidas anunciadas el viernes su gobierno pretende optimizar los gastos y reactivar la inversión pública para la generación de empleos.

El presidente Luis Arce junto a su equipo económico, este jueves. Foto: Luis Arce

/ 28 de noviembre de 2020 / 17:22

El gobierno de Luis Arce afirmó que con las siete medidas anunciadas el viernes la economía del país se dinamizará a partir de diciembre y anunció la optimización de los gastos y la reactivación de la inversión pública.

El propio presidente se encargó de informar de esas acciones en un tuit, horas después de su reunión con su equipo económico. “Definimos las nuevas medidas que dinamizarán la economía desde el próximo mes de diciembre. Optimizaremos los gastos y reactivaremos la inversión pública para generar empleos”, escribió el mandatario.

A través del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la administración Arce anunció el viernes siete medidas destinadas a resolver la crisis económica y luchar contra la violencia a la mujer: 1) el pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000, 2) la anulación del decreto que habilitaba importación de vehículos usados y 3) los “permisos especiales” a los funcionarios para la reactivación del turismo.

Además, 4) la creación del impuesto a las “grandes fortunas”, 5) la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, 6) la creación del Régimen de Reintegro en efectivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 7) la incorporación en la currícula escolar materias relacionadas a la prevención de la violencia contra la mujer.

Además, Arce anunció la aprobación de medidas complementarias para la lucha contra el COVID-19. “Con el esfuerzo y responsabilidad de la población en su conjunto, podemos evitar un posible rebrote”, afirmó.

(28/11/2020)

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