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domingo 1 ago 2021 | Actualizado a 11:31

De vuelta Al-Azar, su censura fue censurable

/ 11 de noviembre de 2020 / 02:12

Unos días después de que algunos de sus compañeros lo habían censurado, Alejandro Salazar estaba destrozado, con el grave miedo de que a los suyos les pase lo peor. No creía que quienes debieran, al contrario, defenderlo ante eventuales circunstancias no fueran los periodistas del mismo diario, que, por su experiencia y conocimiento de los códigos deontológicos —se entiende— saben cómo se actúa ante riesgos posibles para la libertad de expresión.

Un tanque militar apuntando su cañón al pueblo fue el motivo. Era la caricatura alusiva a la ruptura institucional y el temor que entonces sufría el país tras la renuncia de Evo Morales y la autoproclamación de Jeanine Áñez, un motín policial, unas insubordinadas Fuerzas Armadas que habían pedido la renuncia del mandatario… con militares en las calles y después, como se sabe, las masacres de Sacaba y Senkata.

Esa mañana, muy temprano, un colega editor —que luego se justificó con un post en Facebook con el título de Yo, el censurador— hizo lo imposible por “bajar” la caricatura. Habló en el grupo de WhatsApp de “su preocupación” y contó que afuera, en las redes sociales, estaban haciéndole añicos al periódico. Sugirió a uno y a otro jefe retirar de las redes esa opinión gráfica de Al-Azar, como firma el tres veces Premio Nacional de Periodismo. No logró su objetivo, pero sí movilizar a otros compañeros.

Otro colega le hizo saber que lo que sugería no estaba bien, aunque aclaró que Salazar no era santo de su devoción, mucho más porque en los últimos días había descontextualizado los hechos. Algo así.

La petición resultó en un manifiesto  sindical que no todos firmaron, pero que fue publicado para comidilla de las redes sociales, los detractores del diario y la competencia desleal.

Resultó el extremo ser un ejemplo de qué es lo que un periodista no debe hacer. ¿Se imaginan a Carlos Soria Galvarro, Coco Manto y muchos que sufrieron persecución y torturas durante las dictaduras de los 70 y 80 pedir a sus jefes o debatir con sus compañeros la posibilidad de censurar su trabajo?

Al-Azar quedó proscrito por casi un año por pensar diferente que sus compañeros, con su familia amenazada en redes sociales de linchamiento, con el acoso de políticos detractores y servido a la mesa para la acusación como muchos en los últimos meses. No había sufrido antes una experiencia así.

Estaba dolido e indignado. Protestó en silencio, publicó su espacio en blanco en La Razón, con solo su firma. No eran los de afuera quienes lograron su muerte civil.

Conocedor de la historia y las miserias de la política, Al-Azar es consciente de lo que puede un político hacer en su contra, pero nunca un periodista. Una vez nos contó que solo Marita Siles criticó su caricatura. Para los políticos, “no importa que les critiques, son como una tortuga, no tienen piel, sino caparazón”, decía.

“Los dibujos son mi opinión. Como artista, soy totalmente sesgado y no soy imparcial. De eso se trata cuando uno opina”, nos dijo también. Así es, directo y honesto.

Pero qué bien pegó su caricatura de un TIPNIS partido en dos por una carretera y con los animales también partidos. O el mismo TIPNIS cuyo territorio era en forma de hoja de coca. Fueron un símbolo de lucha contra el gobierno de Evo Morales.

Quienes lo conocen, saben que un día puede incomodar a Morales, Carlos Mesa, Jorge Quiroga o Gonzalo Sánchez de Lozada. Por más de izquierdas, no tiene preferencia ni compasión con ninguno.

Al-Azar había dicho que volvería a dibujar, no necesariamente en La Razón, cuando haya un gobierno electo. Y así fue, el domingo volvió a las páginas del diario. ¡Cuánto lo estábamos extrañando!

Lo habían linchado como a La Razón, con mentiras, con falsos argumentos y con una saña innombrable.

Ahora es parte de la resiliencia que experimenta este periódico, que fue blanco de ataques internos, externos (periodistas y medios) y políticos. Que se vaya sabiendo, dijo una vez sobre La Razón un periodista detractor. Y lo único que se sabe es que este diario responde al pensamiento particular de sus periodistas, a la transparencia de sus capitales y a su independencia económica.

Que se vaya sabiendo. No eran casuales los ataques especialmente desde afuera. Ya lo verán en adelante.

Rubén Atahuichi es periodista.

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Arce recuerda que entre 2006 y 2017, las alcaldías recibieron Bs 117.029 millones, 660% más

El mandatario afirmó que entre 1994 y 2005, las alcaldías del país recibieron Bs 15.402 millones, cifra que, de acuerdo a la información que publicó, se incrementó en 660% hasta 2017.

El presidente Luis Arce, en el congreso de la FAM-Bolivia, el sábado. Foto: Luis Arce

/ 1 de agosto de 2021 / 01:07

El presidente Luis Arce recordó que entre 2006, año en que comenzó a gobernar Evo Morales, y 2017, las alcaldías del país recibieron Bs 117.029 millones, un incremento del 660% respecto de lo que llamó el periodo neoliberal.

“Entre los años 1994-2005, las alcaldías del país recibieron Bs 15.402 millones, mientras que a partir de la nacionalización y de otras medidas tomadas en nuestro primer gobierno, recibieron entre 2006-2017 Bs 117.029 millones, un incremento del 660% respecto al periodo neoliberal”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El mandatario participó ayer del Congreso de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), en el que dijo que la situación del país, respecto del año pasado, es diferente. “Hemos reactivado la inversión pública y nuestro gobierno está realizando programas de ayuda a las alcaldías para sus obras urgentes”, afirmó.

En ese marco, de trabajo con los gobiernos municipales, Arce también se refirió a la actual crisis sanitaria derivada de la irrupción de la pandemia del COVID-19 en el país y el mundo.

Dijo que el país necesita apurar la vacunación para aminorar los efectos de la enfermedad en país. La noche del domingo fueron reportados 693 nuevos casos de contagio en el país y 15 fallecidos, Desde marzo de 2020, cuando aparecieron los dos primeros casos, en Santa Cruz y Oruro, el país reporta 473.506 enfermos y 17.821 fallecidos.

La vacunación con las primeras dosis alcanzó 2,8 millones de personas y con las segundas dosis, 1,6 millones.

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Corchado ratifica que en las elecciones de 2019 no hubo manipulación de datos

En entrevista con La Razón, el especialista de la Universidad de Salamanca contó que el análisis consignó los informes de la OEA, Neotec y Ethical Hacking.

Juan Manuel Corchado, de blanco, en una campaña electoral en la universidad. Foto: BISITE

/ 30 de julio de 2021 / 13:00

El informe de la Universidad de Salamanca sobre los resultados de las elecciones de 2019 consignó el que emitió entonces la OEA. Incluso encontró más anomalías, que, sin embargo, no tuvieron como consecuencia la manipulación de datos.

Dichas conclusiones fueron ratificadas vía Zoom a La Razón por el director del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), Juan Manuel Corchado.

Doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland, Corchado explicó ayer los hallazgos de la pericia que la Fiscalía General de Bolivia encargó a dicho equipo.

“Nosotros nos hemos centrado solo y exclusivamente en ver qué pasó con los datos; se hicieron datos íntegros y consistentes. Te puedo garantizar que después del estudio que nos ha llevado muchísimo tiempo y un esfuerzo ingente de búsqueda del delito, hemos identificado muchas cosas que se hacían mal, pero en sí todos esos errores no podemos decir que hayan implicado una manipulación de datos”, insistió.

En los últimos días, el informe sobre los resultados electorales de 2019 encargado a la Universidad de Salamanca ha generado controversia política en el país y decisiones como el sobreseimiento de seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y otros seis funcionarios dispuesto por el Ministerio Público, que a su vez derivó en el cierre del caso Fraude electoral, sobre las presuntas irregularidades “dolosas” halladas por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones del 20 de octubre de 2019.

En esos comicios hubo “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos”, concluyó el informe conocido el martes en el país.

Dichas pericias fueron apoyadas también por Manuel López Pérez y Pablo Plaza, analistas de ciberseguridad en el grupo BISITE e investigadores de la Universidad de Salamanca.

Corchado afirmó que el estudio consignó los informes de la OEA; de Neotec, la gestora del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y de Ethical Hacking, la empresa auditora, provisto en un tera (archivo de 1.000 gigas).

“Cuando nos hicimos cargo de la pericia, lo primero que hicimos fue estudiar en detalle el informe, un informe muy amplio y extenso con el que compartimos muchos puntos. Nos sirvió para que desde un principio constatáramos, no solamente con el informe de la OEA sino de Ethical Hackhing, que había habido muchas irregularidades”, dijo Corchado.

Afirmó que, a diferencia de la OEA, su estudio no consideró las observaciones a las actas en seis departamentos ni a la cadena de custodia. “Hemos hecho un estudio exhaustivo de toda la información almacenada en los servidores”, aclaró Corchado.

Consultado sobre si pudo hacer un trabajo in situ, respondió: “No sé si lo de la OEA fue in situ;  lo que puedo decir es que el trabajo ha sido sobre los datos que nos proporcionó la Fiscalía, sobre los datos que quedaron después de todo el proceso electoral”.

El especialista reconoció que lo que estuvo claro en el estudio de la OEA es que en algunos ámbitos encontró que “hubo una imprudencia al permitir el uso, por ejemplo, de un servidor como el B01, que no estaba inicialmente identificado en la infraestructura (conexión)”. “Nosotros también decimos efectivamente —igual lo dice Ethical Hacking— que ese servidor no tiene que estar ahí”.

Dijo que el análisis de su equipo fue “más allá”. Y “hemos trabajado en las consecuencias de la introducción de ese servidor, y una vez analizada la respuesta que nos da Neotec, sobre por qué se paró el TREP y cómo se solucionó incorporando el B020 en los sistemas de cómputo oficial para solventar el trabajo del B01, nosotros vimos que no hubo manipulación de los datos”, señaló Corchado.

El analista contó que el estudio encontró especialmente problemas en el acceso a los datos del TREP, que es un sistema de conteo rápido de votos no definitivo ni oficial, y del cómputo oficial. “Hemos identificado hasta 14 incidentes, 11 de ellos calificados como graves”, precisó.

Corchado dijo que no se sabe quién accedió a los datos. “No sé sin han entrado en el sistema con el permiso de un superadministrador; éste puede borrar todo”.

“¿Qué hicimos? Hemos identificado que alguien ha entrado al sistema y no sabemos quién. Hemos visto qué ha pasado en ese momento en el sistema, y hemos visto que no ha pasado nada. Por eso decimos: alguien entró posiblemente por algún motivo relacionado con la gestión del sistema, pero, realmente, no hizo nada: no cambió actas, no borró actas, no transformó actas, no hizo copias indebidas, no eliminó partes de actas ni manipuló la base de datos”, contó.

La noche del domingo 20 de octubre de 2019, un parón del TREP, a las 19.40 y al 83,7%, generó susceptibilidades, alertado inicialmente por la misión de observadores de la OEA. El incidente desembocó luego en la denuncia del entonces candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que al día siguiente llamó a vigilias frente a los tribunales electorales.

El entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideró protestas que luego coincidieron con un motín policial, la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas, la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez, el 12.

El contrato fue firmado por el director de la fundación de la universidad

El investigador Juan Manuel Corchado develó en la entrevista con La Razón que el contrato para la pericia de los resultados de elecciones en Bolivia de 2019 fue firmado por la Fiscalía General del Estado y el mismo director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Óscar González Benito.

“La Fiscalía lanzó una licitación internacional. A nosotros nos llegan informes sobre licitaciones internacionales sobre posibles proyectos a los que nos podemos enfrentar a diario, de numerosas agencias, y cuando lo vi, me interesé por presentarnos”, dijo el especialista, que confirmó que la Fiscalía de Bolivia pagó por esos servicios Bs 216.193,05, unos 26.000 euros.

“Como soy funcionario de la Universidad de Salamanca, yo tengo siempre la obligación de gestionar contratos a través de la Universidad de Salamanca y, obviamente, éste tiene que aprobarlos”, comento Corchado.

En Bolivia, conocido el informe el martes, hubo repercusiones contrarias al documento e incluso a la seriedad de la institución que la propició. Corchado reivindicó la capacidad de su equipo y el resultado de sus pericias. “Habrá equipos igual de buenos, pero no equipos más solventes que dan la experiencia que se necesita para llevar a cabo una pericia de este tipo como el que ofrece la Universidad Salamanca, en este caso al servicio de la Fiscalía de Bolivia y el pueblo de Bolivia”, dijo.

Consultado sobre sus consideraciones respecto del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que generó una crisis política y obligó la anulación de las elecciones generales de 2019 en Bolivia, respondió: “Sinceramente, no puedo mezclar en este proceso mis consideraciones y mis acciones; me tengo que limitar a hacer un trabajo técnico”.

Sin embargo, reivindicó el trabajo de su equipo. “Nuestro trabajo lo hemos hecho siempre desde la honestidad, la imparcialidad, la independencia, y pensando en las dificultades que está pasando Bolivia. Solo la verdad puede ayudar”, dijo.

Agradeció la oportunidad de informar la posición de su equipo y se disculpó de otro medio de información de Bolivia que lo contactó el martes. “Disculpas a la redactora del diario Urgente de Bolivia, ya que me llamó a altas hora de la noche”, justificó.

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Corchado: Estudiamos en detalle el informe de la OEA y ‘compartimos muchos puntos’

En una entrevista exclusiva con La Razón, Juan Manuel Corchado, de la Universidad de Salamanca, develó que la Fiscalía de Bolivia y esa entidad firmaron el contrato.

Juan Manuel Corchado, en un evento del Grupo BISITE. Foto: Juan Manuel Corchado

/ 29 de julio de 2021 / 19:03

El director de las pericias sobre los datos de las elecciones generales de 2019, Juan Manuel Corchado, contó a La Razón que el trabajo que comandó abordó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el que —dijo— coincidió en varios puntos.

En los últimos días, las investigaciones sobre los resultados electorales de 2019 encargadas por la Fiscalía General del Estado al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), ha generado controversia política en el país.

En las elecciones de 2019 hubo “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos”, concluyó el informe dirigido por Corchado y conocido el martes en el país.

En la entrevista exclusiva con La Razón, el especialista —doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland— explicó que la Universidad de Salamanca, que firmó un contrato con la Fiscalía General del Estado de Bolivia, le encomendó la tarea.

Contó que cuando se hizo cargo de las investigaciones junto a otros dos especialistas—Manuel López Pérez, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación BISITE. Investigador de la Universidad de Salamanca, y Pablo Plaza, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación BISITE y también investigador de la universidad— lo primero que le ocupó fue el informe de la OEA, que halló “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar resultados” de los comicios del 20 de octubre de 2019.

“Cuando nos hicimos cargo de la pericia, lo primero que hicimos fue estudiar en detalle el informe, un informe muy amplio y extenso con el que compartimos muchos puntos. Nos sirvió para que desde un principio constatáramos, no solamente con el informe de la OEA sino de Ethical Hackhing, para (convencernos) de que había habido muchas irregularidades”, dijo Corchado.

Sin embargo, ratificó que dichas irregularidades y “errores” no tuvieron consecuencia ni afectaron la integridad de los resultados tanto del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ni del cómputo de votos.

“En principio trabajamos en la búsqueda de irregularidades, con la intención siempre de identificar si estas irregularidades habían generado algún tipo de inconsistencia en los datos de manipulación”, dijo Corchado.

Explicó el trabajo del equipo de investigaciones consistió en la recopilación de datos y la verificación de evidencias informáticas. “Trabajamos con un tera (1.000 gigas) de datos que nos ha proporcionado la Fiscalía; hemos empleado herramientas automáticas para el tratamiento y el análisis de los datos, y finalmente hicimos una evaluación manual complementaria para gestionar y analizar las evidencias, de forma exhaustiva”, explicó.

Corchado dijo que incluso el equipo halló más anomalías que la OEA, aunque consideró que éstas no afectaron los datos.

La noche del domingo 20 de octubre de 2019, un parón del TREP, a las 19.40 y al 83,7%, generó graves irregularidades, alertadas inicialmente por la misión de observadores de la OEA. El incidente desembocó luego en la denuncia del entonces candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que al día siguiente llamó a vigilias frente a los tribunales electorales.

El entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideró protestas que luego coincidieron con un motín policial, la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas, la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez, el 12.

Más información en La Razón impresa de este viernes.

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La Fiscalía cierra el caso Fraude con una pericia internacional que no halló manipulación en 2019

Hubo “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos”.

El fiscal Juan Lanchipa, en conferencia de prensa este martes. Foto: Roberto Guzmán

/ 27 de julio de 2021 / 14:39

Con base en las conclusiones de una pericia internacional, la Fiscalía General del Estado reafirmó su requerimiento de sobreseimiento de los otrora acusados en el caso Fraude y consideró que en las elecciones generales de 2019 no hubo manipulación de datos.

En conferencia de prensa la tarde de este martes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, leyó las principales conclusiones del informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), que hizo las pericias sobre los resultados de las elecciones anuladas de 2019.

Informó que, con base a esas conclusiones, la comisión de fiscales “emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento, al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el art. 323.3 del Código de Procedimiento Penal, determinación puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”.

Lanchipa consideró que la pericia “fue elaborada por un equipo de primer nivel compuesto por expertos internacionales, con una amplia experiencia respaldada por prestigiosas universidades extranjeras que solventan su trabajo, otorgando certeza al contenido del informe”.

Destacó que las investigaciones sobre la seguridad electoral en 2019 encontraron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.

El informe de la Universidad de Salamanca al que accedió La Razón, Análisis de integridad electoral, elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019, fue emitido el 28 de junio de 2021 y notificado luego a las autoridades jurisdiccionales por la fiscal de materia Ingrid Rocío Feraudi Guerra.

El documento consigna análisis sobre el sistema informático que operó en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, tanto del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el cómputo final.

“El análisis pericial del proceso electoral ha determinado que se produjeron varias negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP. Sin embargo, no se ha demostrado la existencia de manipulación en los datos ya que no existen diferencias significativas entre todas las bases de datos utilizadas durante el proceso electoral”, señala una de las conclusiones.

A las 19.40 del domingo 20 de octubre de 2019, horas después del cierre de la votación, el TREP fue paralizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando los resultados del conteo rápido señalaban una victoria parcial del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el 45,8% de los votos, seguido de Comunidad Ciudadana (CC), con el 38,1%.

Frenado intempestivamente al 83,7% el TREP, motivó inmediatamente el reclamo de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que exigió explicaciones sobre el incidente al TSE. Carlos Mesa, entonces candidato de CC, también cuestionó el percance.

El incidente fue el motivo principal de las protestas de la oposición del MAS para cuestionar las elecciones y considerar que hubo “un monumental fraude”, como llamó Mesa luego.

El informe del del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE —firmado por Pablo Plaza Martínez, Juan Manuel Corchado Ramírez y Manuel López Pérez— señala que en la gestión del caso hubo “usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático”. “Sin embargo, la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas se considera desde el punto de vista técnico altamente improbable debido a que para llevarlo a cabo sería necesario un equipo coordinado con acceso a todos los sistemas informáticos (tanto TREP como cómputo oficial) utilizados durante el proceso electoral”, dice el informe.

Entonces, la OEA concluyó que “la interrupción del TREP y el posterior redireccionamiento del flujo de datos a un servidor externo tornó absolutamente manipulable el sistema”.

“En efecto, el análisis pericial revela que, de manera deliberada, se construyó una estructura informática oculta, con capacidad de modificar resultados electorales, así como borrar cualquier rastro de esta actividad”, continuó el informe final de la OEA.

Los cuestionamientos al proceso electoral motivaron las protestas de Mesa y otras fuerzas de oposición. El 21 de octubre, el candidato de CC llamó a hacer vigilias frente a los tribunales electorales, que desató luego un conflicto al que se sumó el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Las movilizaciones desembocaron en un motín policial, la sugerencia de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas y la renuncia del Morales, el 10 de noviembre. En cuestionada sucesión, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta el 12 de noviembre de 2019.

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Universidad de Salamanca concluye que no hubo manipulación del TREP ni del cómputo electoral en 2019

Es “altamente improbable” la “manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada”, dice un informe de la universidad española.

La observación de la OEA en pleno cómputo de votos en las elecciones de 2019. Foto: La Razón-archivo

/ 27 de julio de 2021 / 13:09

Un estudio de la Universidad de Salamanca (España) concluye que en las elecciones de 2019 no hubo manipulación de datos del cómputo oficial ni de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuyo incidente fue el principal factor de cuestionamiento al proceso electoral de entonces y que desató la crisis poselectoral de entonces.

“El análisis pericial del proceso electoral ha determinado que se produjeron varias negligencias por parte de la empresa Neotec, encargada del sistema TREP. Sin embargo, no se ha demostrado la existencia de manipulación en los datos ya que no existen diferencias significativas entre todas las bases de datos utilizadas durante el proceso electoral” señala parte del documento difundido este martes por radio Fides.

A las 19.40 del domingo 20 de octubre de 2019, horas después del cierre de la votación, el TREP fue paralizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando los resultados del conteo rápido señalaban una victoria parcial del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el 45,8% de los votos, seguido de Comunidad Ciudadana (CC), con el 38,1%.

Frenado intempestivamente al 83,7% el TREP, motivó inmediatamente el reclamo de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que exigió explicaciones sobre el incidente al TSE. Carlos Mesa, entonces candidato de CC, también cuestionó el percance.

El incidente fue el motivo principal de las protestas de la oposición del MAS para cuestionar las elecciones y considerar que hubo “un monumental fraude”, como llamó Mesa luego.

El informe de la Universidad de Salamanca, cuyo membretado consigna el sello de la Fiscalía General del Estado, titula: Análisis de integridad electoral, elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia 20 de octubre de 2019.

Señala que en la gestión del caso hubo “usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático”. “Sin embargo, la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas se considera desde el punto de vista técnico altamente improbable debido a que para llevarlo a cabo sería necesario un equipo coordinado con acceso a todos los sistemas informáticos (tanto TREP como cómputo oficial) utilizados durante el proceso electoral”, dice el informe.

Entonces, la OEA concluyó que “la interrupción del TREP y el posterior redireccionamiento del flujo de datos a un servidor externo tornó absolutamente manipulable el sistema”.

“En efecto, el análisis pericial revela que, de manera deliberada, se construyó una estructura informática oculta, con capacidad de modificar resultados electorales, así como borrar cualquier rastro de esta actividad”, continuó el informe final de la OEA.

La misión de la OEA también observó actas y la cadena de custodia. Consideró que hubo una manipulación “dolosa” de los resultados electorales.

Los cuestionamientos al proceso electoral motivaron las protestas de Mesa y otras fuerzas de oposición. El 21 de octubre, el candidato de CC llamó a hacer vigilias frente a los tribunales electorales, que desató luego un conflicto al que se sumó el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Las movilizaciones desembocaron en un motín policial, la sugerencia de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas y la renuncia del Morales, el 10 de noviembre. En cuestionada sucesión, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta el 12 de noviembre de 2019. El 25 de octubre, el TSE publicó el cómputo final: 47,08% de los votos para el MAS de Morales y 36,51% para CC de Mesa. Con el informe de la OEA, que denunciaba “graves irregularidades” en el sistema informático, los comicios de aquel 20 de octubre fueron anulados.

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