En un comunicado oficial leído, nada menos, por el comandante en jefe, las Fuerzas Armadas declararon su desconcierto por la aprehensión (ahora arresto domiciliario) del comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, en el marco de las investigaciones por la masacre de Sacaba. A tiempo de defender las acciones de los mandos militares, el comunicado subrayó que ellos “cumplen órdenes”.
Uno de los legados más nefastos de la crisis político-institucional derivada del derrocamiento del expresidente Morales y la proclamación de un gobierno provisorio, fueron las masacres de Sacaba y Senkata (así calificadas en un informe preliminar de la CIDH). La pérdida de vidas en ambos casos se produjo en el marco de operativos de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional (que se había declarado “rebasada”). Tales actos estuvieron amparados en un Decreto Supremo firmado por Áñez y su gabinete.
Los hechos de Sacaba y Senkata, junto con otros episodios de violencia y muerte producidos el último cuatrimestre de 2019, están siendo indagados, como corresponde, por la justicia boliviana. Es de alta relevancia también el arribo al país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que durante seis meses investigará todos estos actos conforme a estándares internacionales de derechos humanos. El Gobierno ha garantizado su independencia y el acceso a información.
Sin duda, uno de los aspectos centrales de la investigación tiene que ver con el uso de la fuerza pública. ¿Cuál es la responsabilidad, si acaso, de los altos mandos policiales y militares que comandaron los operativos de Sacaba y Senkata? ¿El mencionado Decreto Supremo, que los eximía de responsabilidad penal, es suficiente para justificar más de dos decenas de muertes y centenares de heridos por armas de fuego a título de “pacificación”? ¿Pueden alegar que solo “cumplieron órdenes”? Preguntas.
A reserva de cómo avance la investigación por parte de fiscales y jueces, así como del grupo de expertos internacionales, una primera acción judicial fue la imputación de un general por las muertes en el puente Huayllani (Sacaba). Hay en ello dos señales inequívocas: que el proceso, en el caso de uniformados, se realizará por la vía ordinaria (no en un tribunal militar); y que “obedecer órdenes” (o ampararse en un decreto) no exime de responsabilidad. El hecho fue “desconcertante” para las Fuerzas Armadas.
Más allá de los hechos específicos y de quienes resultaren responsables —sea por decretar y ordenar operativos, sea por ejecutarlos o administrarlos—, la cuestión de fondo es la certeza incontestable de que en democracia nada justifica una masacre. Los principios de “necesidad y proporcionalidad” (sic) alegados para la acción de la fuerza pública no pueden ser incompatibles con el respeto pleno a los derechos humanos. La “obediencia debida” solo opera en dictaduras. Que haya justicia para el Nunca más.