La bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa ha lanzado un virulento ataque en contra de la Defensora del Pueblo por su iniciativa de elaborar un Informe acerca de la Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como Derecho Humano de las Mujeres. Esta controversia coincide, además, con el debate sobre una iniciativa de legalización del aborto en Argentina.
Ya sea por consciencia, presiones, cálculo, religión o puro miedo, en Bolivia se definió por ley que los seres humanos son sujetos de derecho desde la concepción. Ese extraño remiendo genera una situación legal sui generis: la existencia de un sujeto de derecho que reside en el interior del cuerpo de otro sujeto de derecho. Puesto que uno de esos sujetos aún no ha desarrollado un cerebro que le permita facultades mentales, las decisiones, acciones u omisiones del sujeto pensante podrían resultar en daños a la salud, la integridad o la vida del otro. El embarazo genera así una responsabilidad legal y hasta penal en las mujeres, por lo cual la ley debería garantizarnos el derecho absoluto y exclusivo a decidir si queremos o no asumir esa responsabilidad y sus consecuencias.
Y, ya que estamos en eso, las mujeres demandamos también la educación sexual obligatoria, la distribución gratuita de anticonceptivos y de pastillas del día después, la liberalización total de la decisión de ligarse las trompas —pues en los hospitales aún le piden a las mujeres el consentimiento del marido para realizar este procedimiento. Es más: la vasectomía masculina debería ser también promovida y realizada de forma gratuita en los hospitales públicos.
Si la bancada de Creemos realmente se tomara en serio el discurso de proteger la vida, no sería solamente la vida del no nacido la que defendería —sino la de todas las mujeres y niñas que ya están fuera de la placenta y necesitan ser protegidas de la violación, la exclusión, la violencia y los feminicidios. Si la bancada de Creemos realmente quiere proteger los derechos de los niños, debería empezar por defender su primer y más esencial derecho: el derecho de nacer deseado.
Pero no: la bancada de Creemos solo busca una excusa para defenestrar a la Defensora del Pueblo, a quien no perdonan su actitud valiente durante el golpe de Estado (que, por otro lado, niegan vehementemente).
Además de amenazar a la Defensora por cumplir con su labor, los diputados de Creemos han presentado ante Naciones Unidas y la Unión Europea una denuncia por “la persecución y cacería” en contra de su líder. Hasta este momento, que yo sepa, el señor Camacho no ha sido detenido por la Policía, ni secuestrado por paramilitares; su casa no ha sido saqueada ni quemada; sus familiares no han sido agredidos ni torturados en vía pública; el señor Camacho no ha sido obligado a renunciar a sus funciones, no lo han humillado, no le han echado pintura roja, ni lo han obligado a caminar descalzo entre insultos y escupitajos. ¿De qué persecución política y qué cacería hablan, entonces, los diputados de su bancada?
Los diputados de Creemos acusan a Nadia Cruz de ser “defensora de la muerte”, pero son ellos quienes defienden la muerte al pretender dejar en la impunidad a militares y policías que incumplieron su rol constitucional, se amotinaron, conspiraron y dispararon contra bolivianos desarmados. Si estas imperdonables violaciones quedan impunes, nada nos protege de que se repitan en el futuro.
La única forma de que haya reconciliación, es que haya justicia. Y aunque los diputados de Creemos no sepan lo que esa palabra significa, la justicia llegará tanto para las mujeres como para todas las víctimas de la dictadura.
Verónica Córdova es cineasta.