La buena noticia es que en estos días ya empezó la primera vacunación contra el COVID-19 en el mundo.
En efecto, el Reino Unido y Rusia han iniciado como primeros la vacunación antes que Estados Unidos y la Unión Europea, impulsados por el prestigio que proporciona a sus líderes políticos dicho anuncio, en la carrera que involucra a gobiernos con gran poder adquisitivo y una decena de laboratorios que han recibido financiamiento anticipado para entregarles de manera prioritaria las respectivas vacunas, cuando existan las autorizaciones de confiabilidad.
Dicho esto, conviene señalar que no se trata en todos los casos del mismo prototipo de vacuna, sino de productos que difieren en los procedimientos de su obtención, así como en cuanto a calidad, precio y condiciones de entrega.
En primer lugar, en lo que atañe a la cuestión de los precios, se anticipa que el precio por dosis puesto fábrica de Moderna está en el rango de $us 24; el de BioNtech-Pfizer alrededor de $us 17; el de Sputnik V está por debajo de $us 10, y el de AstraZeneca-Oxford estará en el entorno de $us 3. Todas estas vacunas se aplican en dos dosis con una diferencia de 21 días, y proporcionan un periodo de aproximadamente 12 meses de inmunización.
En segundo lugar, la vacuna tiene que distribuirse a una temperatura de 75° bajo cero, y en los centros sanitarios de almacenamiento, la vacuna deberá conservarse en congeladores de temperatura sumamente baja, todo lo cual constituye un gran problema logístico y genera costos adicionales al precio puesto fábrica.
En tercer lugar, es preciso considerar el tema de la distribución de la vacuna entre los diferentes grupos poblacionales de cada país. Se trata de un problema complejo, que no tiene un modelo único. Cada país está adoptando una línea de prioridades diferente, aunque en general en la mayor parte de los casos las primeras vacunas se aplican a personas en situación de mayor riesgo, a saber los trabajadores de la salud, los adultos mayores en asilos y residencias permanentes, el personal que los atiende y personas con discapacidad. En una siguiente etapa, se contempla a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave o mortalidad, mayor transmisibilidad o mayor impacto socioeconómico.
En cuarto lugar, una de las preocupaciones mayores se refiere a la distribución justa de la vacuna entre toda la población del mundo, buscando contrarrestar la posibilidad de que los países desarrollados acaparen toda la producción disponible en los próximos dos a tres años, que es el tiempo que tomará producir vacunas suficientes para la mitad de la población del mundo.
En ese contexto, hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud y otras grandes instituciones multilaterales han creado el Mecanismo de Acceso Mundial a la Vacuna (COVAX), cuyo objetivo es asegurar el acceso equitativo de los países a las vacunas adecuadas, seguras y eficaces contra el COVID-19, en términos establecidos de manera diferenciada por cada país.
También hay otras iniciativas para el suministro gratuito de la vacuna a los países más pobres del mundo. Todo hace pensar, sin embargo, que Bolivia no está incluida en esa categoría, de manera que corresponde negociar en los próximos meses los términos y plazos de acceso a la vacuna mediante el COVAX.
En todo caso, lo seguro es que la disponibilidad en Bolivia de la vacuna contra el COVID-19 recién ocurrirá en el mejor de los casos en el segundo trimestre del próximo año. En consecuencia, las personas deberían mantener hasta entonces todas las medidas conocidas de prevención. El Gobierno, por su parte, tendría que asegurar los eslabones de la cadena logística, de almacenamiento y aplicación planificada de la vacuna, proporcionando la información oportuna y transparente sobre cada etapa de los preparativos previstos.
Horst Grebe es economista.