La definición y concepción de “golpe de Estado” actualmente varía de acuerdo con el humor de aparentes golpistas y golpeados. Atrás quedaron las reflexiones de Curzio Malaparte y el debate suma y sigue en Bolivia, y últimamente en Perú.
En los últimos cinco años en el Perú, se cambiaron cuatro presidentes, los más juzgados y sentenciados por el Congreso bajo cargos de corrupción: Ollanta Humala (28.07.2011 – 28.07.2016); Pedro Pablo Kuczynski (28.07.2016- 23.03.2018); Martín Vizcarra (23.03.2018 – 09.11.2020); Manuel Merino (10.11.20 -15.11.20).
Por las mismas razones están sometidos a prisión o fugitivos los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (1985 y 1990), quien prefirió suicidarse (17.04.2019) antes que entrar a la cárcel. El ritual en todos los casos es el mismo: acumulación de evidencias por supuestos sobornos recibidos antes o durante sus mandatos presidenciales, acusación formal y defensa del implicado en sesión formal del Congreso. Finalmente adviene el voto de los congresistas, que declaran vacancia del cargo y consiguiente proclamación del nuevo mandatario, con arreglo al orden de sucesión constitucional.
El reciente cambio de mando ocurrió el 16 de noviembre de 2020, cuando el expresidente Manuel Merino fue acusado de aplacar con uso excesivo de la fuerza a las pobladas que se manifestaban en su contra, durante las cuales perecieron dos jóvenes estudiantes.
Esta vez no hubo debate parlamentario porque Merino (“el breve”) formuló renuncia a su puesto, análogamente a lo sucedido en Bolivia, cuando el 10 de noviembre de 2019, dimitió Evo Morales. En consecuencia, producida la vacancia en el cargo, esta fue inmediatamente llenada por Francisco Sagasti, elegido previamente presidente del Congreso. La misma modalidad aconteció en Bolivia, habiendo sido ungida en el solio presidencial la senadora Jeanine Áñez, también con la venia constitucional.
En ambos casos los perjudicados apodan al procedimiento como “golpe de Estado”, privándose de cotejar ese acto con la tradicional modalidad en la que golpistas militares asumían el mando, clausuraban el parlamento y restringían las libertades fundamentales. Nada de esto pasó en ninguno de los dos ejemplos citados. Los uniformados quedaron en sus cuarteles y los legisladores en sus curules. La principal función de esos gobiernos transitorios, pero constitucionales, es llamar a elecciones para restituir la normalidad republicana. En Bolivia esa tarea se cumplió impecablemente el 18 de octubre y el Gobierno surgido del voto popular está operando regularmente. Esperemos que, en Perú, se pueda alcanzar el mismo grado de civismo cuando el 11 de abril de 2021 se elija al mandatario para el próximo quinquenio.
Sin embargo, tanto en Perú como en Bolivia los eventos que evocamos han desembocado en la aparición de un poder hipertrofiado en el Legislativo vis a vis del Ejecutivo disminuido y un Judicial sumiso, tanto que en Bolivia ese órgano del Estado obedece ciertas instrucciones paraestatales con domesticidad victoriana.
Como colofón se constata que las manifestaciones callejeras, ese monstruo de mil cabezas estridente e incontrolable, causa explicable temor en los mandatarios interpelados, cuyo coraje se apaga y finalizan renunciando a sus responsabilidades, para salvar el pellejo.
Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.