El 11 de diciembre fue un día histórico para el avance de los derechos de las mujeres en Argentina y América Latina. Luego de 22 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la atención posaborto. El proyecto, presentado por el Ejecutivo, obtuvo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. El bloque del Frente de Todos fue el que aportó la mayor cantidad de votos para conseguir la sanción. De los 119 diputados que participaron de la sesión, 82 votaron de manera afirmativa. El proyecto ahora debe ser sancionado en la Cámara de Senadores, donde se confía en llegar a una ajustada votación a favor.
El proyecto de ley ha estado acompañado de dos medidas que han allanado su aprobación: la concesión de ayudas económicas durante dos años para las mujeres sin recursos que quieran llevar adelante el embarazo (denominado el Plan de los 1.000 días) y la inclusión de la objeción de conciencia.
Esta vez los argumentos en contra —los mismos que se esgrimieron en el debate de 2018— no alcanzaron para frenar la marea verde de mujeres dentro y fuera del Congreso que celebraron con lágrimas la media sanción. Y es que nuevamente, como en 2018, las calles cercanas al Congreso se inundaron de mujeres (sobre todo jóvenes) y organizaciones diversas que utilizan el pañuelo verde como símbolo de su lucha por la despenalización y comparten la convicción de que los derechos se ganan en la calle.
Será el noveno intento de despenalizar el aborto en Argentina. En la discusión, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito logró convencer que no se trata de defender ni de promover el aborto, sino de habilitar la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo no deseado puesto que, como se ha demostrado con investigaciones en torno al tema, en los países con legislación prohibicionista, la penalización del aborto no impide la interrupción de los embarazos no deseados, y lo único que hace es obligar a las mujeres con menos recursos a abortar en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo su vida.
Esperemos que estos avances contagien a los partidos políticos progresistas de Bolivia, donde se estima que se realizan 180 abortos cada día y las complicaciones por interrupciones mal practicadas son la tercera causa de mortalidad materna. Ya sufrimos una arremetida conservadora en 2018 cuando las iglesias, los grupos corporativos de los médicos y organizaciones “pro vida” lograron frenar la ampliación de causales de aborto impune en el Código Penal.
Pero la marea verde boliviana ya tiene algunas señales. Hace unos días, uno de los voceros de estas organizaciones ultraconservadoras denunció a un activista y a la Defensoría del Pueblo por “promover el aborto”. Como respuesta se virilizó la campaña #YoAcompaño donde, desde diversas voces, se testimonió la amorosa complicidad de muchas personas con las mujeres de su entorno frente a la decisión de interrumpir el embarazo.
Después del largo proceso en Argentina, en toda la región siguen días de activismo y esperanza. El aborto es un problema de salud pública que incide en las altas tasas de morbimortalidad materna. No se trata de legislar sobre una cuestión moral, que puede ser ejercida de manera individual según su particular sistema de creencias. También es un derecho humano que involucra la libertad, autonomía y dignidad de las mujeres sobre sus cuerpos, quienes pueden decidir por sí mismas y no bajo la tutela del Estado. En Bolivia, no puede haber mujeres en riesgo de perder la vida, la salud o la libertad por restricciones a nuestra capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos.