Actualmente el debate público está siendo sistemáticamente influido y modificado por las discusiones autodeterminativas. Las agendas legislativas y las políticas públicas se están discutiendo en clave feminista a escala global. Bolivia no ha sido la excepción. Sin embargo, no es posible afirmar que las posiciones progresistas estén ganando las pulsetas o al menos no la totalidad de éstas. Claramente el conservadurismo individualizante está jugando también sus mejores naipes. Un ejemplo de lo anterior es la disputa por el parto humanizado o respetado.
UNICEF define al parto respetado o humanizado como el respeto a los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento. Refiere al respeto a las particularidades de cada familia sin distinción por etnia, religión o nacionalidad, centrando su accionar en la toma de decisiones seguras e informadas. Básicamente, la diferencia trascendental con respecto de los nacimientos convencionales de la actualidad es que en el parto humanizado el protagonismo es de la madre y la o el recién nacido y debe desarrollarse de la forma más natural posible. Del otro lado, en el parto convencional actual el protagonismo pertenece al médico ginecólogo y el nacimiento es propiamente un acto medicalizado. Con esta diferencia marcada, cabe preguntarse si es posible pensar en la práctica del parto respetado en Bolivia.
A priori, la respuesta a la pregunta es que sí. El portal web miraquetemito.org ha realizado una evaluación a los Estados en materia de parto respetado. Dicho estudio asigna un 75% de garantía a Bolivia. Este porcentaje, muy elevado respecto de los otorgados a otros Estados también juzgados, responde a una serie de parámetros tales como la normativa vigente, la existencia de plataformas de denuncia y la capacitación del personal de salud.
El marco legal boliviano en esta materia recibe la puntuación máxima que asigna este estudio. Igualmente, la no existencia de barreras normativas para la práctica del parto respetado recibe excelencia en la valoración; esto refiere, por ejemplo a la no criminalización del trabajo de las parteras. En lo referido al marco operacional la calificación recibida desciende a 83% y a 67% en sistema de evaluación y denuncias. Finalmente, el parámetro verdaderamente preocupante es el de capacitación al personal de salud, pues en esta materia, la calificación es cero.
Es a posteriori donde la respuesta a la pregunta planteada anteriormente cambia. Están dadas las condiciones legales y el diseño de la política pública, pero el personal médico no está capacitado para la práctica, ergo, no la realiza.
Lamentablemente los partos en Bolivia se realizan al margen de la idea del parto humanizado. Por ejemplo, las posiciones adoptadas para dar a luz suelen ser las impuestas por el médico, en función de su comodidad y no así a la de la parturienta. O los altos índices de cesárea actuales responden a una cuestión tan irrelevante en el nacimiento como lo es la agenda de los médicos. En resumen, es muy inusual que alguien conozca a una mujer madre que haya dado a luz de forma natural.
Está dado el marco legal, la política pública está planteada y, sobre todo, el conocimiento y los saberes de las parteras bolivianas están muy vigentes. De existir voluntad política será posible pensar en la práctica de parto humanizado en Bolivia. Los sistemas de seguridad social, los servicios de salud públicos y privados y el personal médico deben darle a cualquier mujer embarazada la posibilidad de decidir cómo vivir y desarrollar su embarazo.
Valeria Silva es analista política feminista. Twitter: @Valeqinaya