Algunos sectores del magisterio — urbano y rural— tienden a priorizar sus demandas laborales, se muestran poco inclinados a cambiar sus rutinas y responder con esfuerzo y creatividad a los nuevos y complicados contextos que el país y el mundo presentan en estos momentos para el trabajo educativo. En ciertos casos, condicionan su participación a que primero se les dote de recursos, herramientas e infraestructura, que pueden ser muy necesarios, pero no siempre se los encuentra a mano y de inmediato. Como siempre, apuntalando la línea del menor esfuerzo, los directivos sindicales del magisterio paceño, no obstante su radicalismo izquierdista verbal, han vuelto a mostrarse como los campeones de las posiciones conservadoras, con el añadido de una tenaz oposición al rol que los municipios pueden y deben jugar en el proceso educativo, lo mismo que las organizaciones sociales locales y específicamente padres y madres de familia.
En el reciente Encuentro Pedagógico, como es natural, se escucharon esas voces negativas, pero a nuestro juicio predominaron los aspectos positivos. El hecho mismo de la realización del evento puso en evidencia una firme voluntad de diálogo de parte de las nuevas autoridades del Gobierno democrático, coincidente en lo fundamental, con la mayoría del magisterio sindicalmente organizado que ha decidido romper la modorra de estos meses de inactividad, ponerse las pilas y entrar a la batalla educativa que en 2021 tendrá que ser de recuperación, pese a las nuevas dificultades que ya se aprecian en el horizonte (COVID-19 otra vez en ascenso).
Otros aspectos alentadores del evento son, sin duda, el torrente de iniciativas innovadoras justamente para enfrentar los obstáculos y la convicción generalizada de que la educación es asunto de todos, de la sociedad y sus organizaciones, y de las instancias del Estado en todos sus niveles. Y es en eso precisamente en lo que hacemos hincapié: para el despliegue de ese conjunto de iniciativas es muy importante la utilización de medios de difusión, tradicionales como la Radio y la Televisión, y nuevos y de mayor potencial como Internet, la red de redes. Condición básica para que esta última funcione es la conectividad.
En 2010, mediante el Ministerio de Obras Públicas y de hecho en sustitución de la Estrategia de Tecnologías de Información y Comunicación (ETIC), el gobierno de Evo Morales aprobó el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis), que contaba con fuertes financiamientos y en el que debieran converger los esfuerzos de una gran diversidad de instituciones, tanto privadas como públicas, entre ellas Entel.
Sin ganas de fastidiar a nadie, bajo la mira de utilizar para la educación la capacidad instalada que haya podido construirse, transcurrida una década, los bolivianos necesitamos saber qué se hizo en esta materia. Las autoridades, actuales y anteriores, tienen la responsabilidad ineludible de hacérnoslo saber.
Entel, una vez recuperada y en franco proceso de recuperación, anunció en 2015 que en el marco del Prontis ya tenía instalados más de 1.500 telecentros integrales en los más apartados rincones del país. Datos posteriores elevan la cifra a más de 2.000 gracias, sobre todo, a la ampliación de su red de fibra óptica y a la señal del satélite Túpac Katari.
Insistimos: ¿Cuántos de estos telecentros funcionan y cuántos son nada más que hierros retorcidos diseminados por nuestro territorio? ¿Cuáles y cuántos municipios cumplieron su parte de cuidarlos y hacerlos sostenibles? ¿Qué dicen al respecto la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), las confederaciones magisteriles y las representaciones parlamentarias? ¿Por qué los medios, especialmente los escritos, no desarrollamos investigaciones serias sobre esta temática? Lo peor que podría ocurrir es que todos sigan pidiéndole al Gobierno más y más recursos y hagan borrón y cuenta nueva sobre lo que hasta aquí se avanzó. Deseos para 2021: ¡Que cunda el ejemplo de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, de la nada ellos levantaron una escuela inolvidable!
Carlos Soria Galvarro es periodista.