Voces

sábado 23 ene 2021 | Actualizado a 00:28

Renovación

/ 2 de enero de 2021 / 06:01

Vértigo, es la palabra que mejor puede calificar al año que se nos va. Parecía, en algún momento, que el país no iba a poder evitar la confrontación social ni la exacerbación de la crisis múltiple. Pero, al final, las urnas y algunas capacidades políticas que teníamos por ahí escondidas nos han abierto un escenario de renovación de la gobernabilidad.

La principal tarea de la política es construir certidumbres para los ciudadanos. Marcos de estabilidad y previsibilidad que permitan a los ciudadanos planificar su economía, su vida personal y proyectarse en el futuro. Por supuesto, ese orden tiene que contar con algún grado de legitimidad y autoridad para que pueda sostenerse.

Eso era lo que estuvo en juego en este año agitado y lo que se había resquebrajado severamente desde la crisis electoral de 2019. Contexto agravado por la aparición posterior de la pandemia y de la brutal contracción económica que la acompañó.

Son momentos en que se precisa de mucha autoridad y legitimidad política para mantener el barco a flote. Cualidades que el gobierno transitorio de Áñez no pudo desarrollar y que tampoco se perfilaban en el horizonte posterior a unas elecciones que muchos consideraban que solo iban a reproducir los bloqueos y conflictos que estaban paralizando al país desde el año pasado.

Frente a ese panorama patético, me parece que evitamos lo peor. Hoy contamos con un gobierno elegido democráticamente con una mayoría suficiente que le permite desarrollar su programa y un sistema político que contiene nuevos elementos que han introducido dosis interesantes de pluralismo y complejidad en su funcionamiento.

El triunfo del MAS ha ratificado que hay ciertas orientaciones que no están agotadas y que siguen estructurando el funcionamiento de gran parte de la sociedad, dato no menor que las oposiciones deberían reflexionar. Pero, al mismo tiempo, se ha hecho evidente que no hay retorno al tiempo de la hegemonía azul: hay nuevas fuerzas en la cancha política y el propio MAS parece condenado a manejar su propia diversidad interna con mayor cuidado. No son pocos ni intrascendentes cambios.

Hay pues necesidades y sobre todo posibilidades para un aggiornamento del modelo político y socioeconómico que hemos desarrollado desde el gran quiebre de inicios de siglo. Hemos aprendido que las rupturas desordenadas y el “borrón y cuenta nueva” no solo son inviables, sino que son peligrosas para la estabilidad social, al igual que la fosilización y el conservadurismo de los que le tienen miedo a cualquier innovación o cuestionamiento del poder establecido.

Por supuesto, esta potencial renovación estará acompañada de tensiones, conflictos, incomprensiones, retrocesos y hasta sonados fracasos en algunas de sus dimensiones. También, sus alcances y desenlaces transitorios son aún incógnitas que recién se irán develando más adelante. Lo importante es que estamos ya transitando ese camino y que quizás estamos abandonando poco a poco la parte más espesa y oscura de la niebla que cayó sobre el país y todos nosotros en este extraño 2020. 

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Terra incógnita

/ 16 de enero de 2021 / 02:11

El rápido retorno a la “normalidad” está resultando un espejismo, el virus circula entre nosotros, la economía y la paciencia social se están agotando y las opciones para enfrentar las crisis son inciertas. La política aparece empantanada en un escenario plagado de premisas contradictorias y sin soluciones definitivas. En esas aguas desconocidas tendremos que navegar.

A fines de 2020, pasada la primera ola de la pandemia, parecía que lo peor había pasado y que, tomando previsiones sanitarias, la humanidad transitaría hacia una etapa de reactivación de la economía y de paulatino retorno a la normalidad. La aparición de varias vacunas contribuyó a esa expectativa. Sin embargo, la realidad es tozuda, el rebrote virulento de la enfermedad, con sus segundas e incluso terceras olas desestructurando otra vez las actividades humanas, obliga a un recálculo de expectativas y a replantear sustantivamente los escenarios de la gestión política.

Si bien la vacunación aporta una luz en el horizonte, no hay que engañarse, su despliegue será lento y logísticamente complicado. Para una inmunidad colectiva se precisa vacunar al menos al 60% de la población, meta que no se logrará en pocos meses. Mientras tanto, la enfermedad seguirá circulando y matando al ritmo de las intensificaciones o restricciones de las interacciones sociales, las cuales, por otra parte, no pueden cancelarse indefinidamente.

Así pues, la política, en todo el mundo, seguirá enfrentando su escenario más temido: la gestión de una incertidumbre casi estructural y de largo plazo, frente a la cual sus posibilidades de resolución definitiva son limitadas, una batalla tortuosa sin victoria clara.

No hay “mejor opción” en este universo, las disponibles son todas imperfectas y tienen costos altos. La relación es, por ejemplo, casi proporcional entre intensidad de interacciones sociales, fundamento de la economía y de la estabilidad social, y la difusión de la enfermedad. ¿Qué privilegiar? ¿Hay realmente posibilidad de elegir?

Parecería que la tarea del liderazgo político es, por tanto, seleccionar las acciones menos disruptivas o con un mínimo de viabilidad social, sabiendo de antemano que haga lo que haga será criticado y que la efectividad de esas medidas podría variar por la aparición de nuevas cepas o porque la gente no puede o decide no acatarlas. No hay soluciones milagrosas, es prueba y error permanente. Fregada la cuestión.

Llegados a este punto, no pretendo concluir con un llamado a la resignación o con un listado de “lo que hay que hacer”, porque estoy igual o más perplejo y con poca información que los decisores. Me animo apenas a reflexionar en voz alta sobre ciertos aspectos a considerar.

El primero de ellos es sobre la necesidad de superar las premisas y suposiciones que sostienen el espejismo de que hay soluciones rápidas, consensuales y a la mano para el problema. Una de ellas es la idea de “retorno a la normalidad”. Estamos, creo, condenados a vivir un largo “periodo especial” que exigirá ser muy realistas sobre lo que se puede hacer con lo que tenemos y en el cual lo crítico es entender y adaptarse a restricciones que no podemos remover. Momento excepcional que exige medidas de similar calibre enfocadas en lo urgente y nada más, las cuales paradójicamente deberían combinar una lectura prudente y sin ilusiones del contexto con una heterodoxia y pragmatismo en los instrumentos de política económica y social que se utilicen. No son tiempos de encerrarse rígidamente en ideologías o certidumbres coyunturales.

Pero eso no es suficiente, no basta con actuar sabiendo que el camino al final del túnel estará plagado de “sangre, sudor y lágrimas”, parafraseando al Churchill de inicios de la guerra, sino también de conversar, acompañar y persuadir a la población al respecto, compartiendo sus angustias, diciéndole la verdad sobre lo difícil que es el panorama, dándole información sobre a dónde vamos y haciéndole entender que será cuesta arriba pero que se puede salir del pozo con algo de esfuerzo, paciencia y esperanza colectivas. Ese es el rol central de la política.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Renovación

Son momentos en que se precisa de mucha autoridad y legitimidad política para mantener el barco a flote.

/ 2 de enero de 2021 / 04:21

Vértigo, es la palabra que mejor puede calificar al año que se nos va. Parecía, en algún momento, que el país no iba a poder evitar la confrontación social ni la exacerbación de la crisis múltiple. Pero, al final, las urnas y algunas capacidades políticas que teníamos por ahí escondidas nos han abierto un escenario de renovación de la gobernabilidad.

La principal tarea de la política es construir certidumbres para los ciudadanos. Marcos de estabilidad y previsibilidad que permitan a los ciudadanos planificar su economía, su vida personal y proyectarse en el futuro. Por supuesto, ese orden tiene que contar con algún grado de legitimidad y autoridad para que pueda sostenerse.

Eso era lo que estuvo en juego en este año agitado y lo que se había resquebrajado severamente desde la crisis electoral de 2019. Contexto agravado por la aparición posterior de la pandemia y de la brutal contracción económica que la acompañó.

Son momentos en que se precisa de mucha autoridad y legitimidad política para mantener el barco a flote. Cualidades que el gobierno transitorio de Áñez no pudo desarrollar y que tampoco se perfilaban en el horizonte posterior a unas elecciones que muchos consideraban que solo iban a reproducir los bloqueos y conflictos que estaban paralizando al país desde el año pasado.

Frente a ese panorama patético, me parece que evitamos lo peor. Hoy contamos con un gobierno elegido democráticamente con una mayoría suficiente que le permite desarrollar su programa y un sistema político que contiene nuevos elementos que han introducido dosis interesantes de pluralismo y complejidad en su funcionamiento.

El triunfo del MAS ha ratificado que hay ciertas orientaciones que no están agotadas y que siguen estructurando el funcionamiento de gran parte de la sociedad, dato no menor que las oposiciones deberían reflexionar. Pero, al mismo tiempo, se ha hecho evidente que no hay retorno al tiempo de la hegemonía azul: hay nuevas fuerzas en la cancha política y el propio MAS parece condenado a manejar su propia diversidad interna con mayor cuidado. No son pocos ni intrascendentes cambios.

Hay pues necesidades y sobre todo posibilidades para un aggiornamento del modelo político y socioeconómico que hemos desarrollado desde el gran quiebre de inicios de siglo. Hemos aprendido que las rupturas desordenadas y el “borrón y cuenta nueva” no solo son inviables, sino que son peligrosas para la estabilidad social, al igual que la fosilización y el conservadurismo de los que le tienen miedo a cualquier innovación o cuestionamiento del poder establecido.

Por supuesto, esta potencial renovación estará acompañada de tensiones, conflictos, incomprensiones, retrocesos y hasta sonados fracasos en algunas de sus dimensiones. También, sus alcances y desenlaces transitorios son aún incógnitas que recién se irán develando más adelante. Lo importante es que estamos ya transitando ese camino y que quizás estamos abandonando poco a poco la parte más espesa y oscura de la niebla que cayó sobre el país y todos nosotros en este extraño 2020.

   Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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La silla y las mil flores

/ 19 de diciembre de 2020 / 01:51

Ser una amplia y flexible coalición nacional de organizaciones sociales, personalidades y liderazgos que comparten algunos valores y objetivos políticos es una de las grandes fortalezas del MAS. Sin embargo, esa estructura parece tener dificultades para adaptarse a unos comicios subnacionales en los que hay mayor competencia dirigencial, intereses locales divergentes y orientaciones programáticas diversas.

A una semana de la inscripción de candidaturas para las elecciones departamentales y municipales, se apresuran las decisiones en todos los partidos y se exacerban las tensiones internas. Esto es particularmente visible en el oficialismo, habiéndose producido incluso situaciones tragicómicas como el ya famoso “sillazo” de Lauca Ñ.

Esto se habría generado, en buena medida, por el intento del líder masista de conseguir candidaturas unitarias, mientras que en las oposiciones parecería que se ha perdido desde hace ya un tiempo cualquier esperanza de buscar algún consenso o estrategia común.

En el caso del MAS, estos conflictos no necesariamente reflejan la mayor o menor satisfacción con el liderazgo de Evo Morales, sino que son un reflejo de los límites estructurales de las formas organizativas y decisionales que caracterizan a ese partido. Cuestiones que están bastante naturalizadas en su interior y con las que han aprendido a convivir.

El nodo de la cuestión está en que el MAS no es y no fue nunca un partido con una estructura clásica, sino una coalición de organizaciones sociales, personalidades, activistas y líderes locales que coinciden en algunos principios de la izquierda nacionalista y en una forma populista de hacer política. Red potente que se activa en las elecciones nacionales y que no suele tener una organización demasiado formalizada ni exigir adhesiones ideológicas rígidas.

La virtud de esa arquitectura radica en la posibilidad que ofrece a los ciudadanos de “ser masista” de muchas maneras, pudiendo coincidir colectivamente en ciertas cosas, las más trascendentales, sin necesidad de sacrificar sus puntos de vista o intereses en varias otras. Por supuesto, la contracara de esta flexibilidad es la debilidad de sus estructuras partidarias formales y cierta sobrevaloración del peso de las organizaciones corporativas en sus decisiones. Fragilidad que se expresa en dirigencias departamentales y nacionales poco efectivas, que deberían fortalecerse si se desease construir una mayor organicidad.

Los problemas se producen cuando este artefacto tiene que resolver cuestiones en las que los factores de cohesión son menos relevantes y en los que prima más bien la diversidad de intereses, ambiciones y espacios de poder que se desea ocupar. Es lo que suele pasar en las elecciones subnacionales, de ahí los conflictos internos, la aparición de listas disidentes “cuasi-masistas” en muchos municipios o la selección controvertida de candidatos poco competitivos en algunas contiendas debido al sectarismo de grupos corporativos que solo piensan en sí mismos.

Hay que aclarar que, en la gran mayoría de municipios rurales, en los que la articulación entre la organización social y el instrumento político es casi consustancial, las cosas se resuelven razonablemente, los líos más grandes suceden en espacios de mayor agregación y diversidad: gobernaciones y grandes municipalidades.

Por tanto, quizás la principal equivocación de Evo ha sido su intento, medio frustrado, de construir una cohesión artificial de sus adherentes en todos los espacios, como la que se esperaría en un partido tradicional, cuando lo mejor era “dejar que florezcan mil flores”, en palabras de Mao. Es decir, no complicarse ante la multiplicación de candidatos y corrientes, que deberían poder competir entre sí, internamente en primer lugar e incluso dejando que sean los propios votantes los que certifiquen su real representatividad si no hay acuerdo posible. Total, al día siguiente de los comicios, la mayoría de ellos se reencontrarán en el mismo bloque nacional-popular, al cual seguirán perteneciendo en la ausencia de otras alternativas.  

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Judiciales: El juego de la interpretación

Este análisis plantea dudas sobre el éxito del proceso y se concentra en las lecturas que podrían darse a la luz de los resultados.

Judiciales: El juego de la interpretación.

/ 17 de septiembre de 2017 / 04:00

Los resultados de las elecciones judiciales serán el objeto de un desenfrenado juego de interpretaciones que tendrán solo en parte que ver con las reales motivaciones de muchos de los electores. Se suponía que la elección por voto popular de autoridades judiciales debía reforzar la legitimidad y la autonomía del Órgano Judicial. Para garantizar eso había que aislarlas de las interferencias políticas del momento. Sin embargo, el intento está resultando poco concluyente. Ese fracaso tiene que ver principalmente con los dilemas que implica organizar una elección particularmente compleja y exigente en una democracia de masas.

En Estados Unidos, el único lugar donde hay experiencias regulares de elección de jueces, se han identificado algunos de los problemas: un nivel de participación entre bajo y mediocre, escasa información y poco conocimiento de los candidatos y mucha influencia de las afinidades partidarias en el direccionamiento de los electores. De hecho, los lugares donde hay más participación son aquellos en los que los candidatos pueden presentarse en listas partidarias.

La experiencia de 2011 nos ha dejado también ciertas enseñanzas. La primera es el gran reto que implica informar en Bolivia: a un mes de las elecciones, el 70% de ciudadanos decía tener poca o nula información del proceso. Por otra parte, fue evidente que la distribución del voto válido y del nulo correspondía grosso modo con la geografía y sociología del electorado oficialista en el primer caso y del opositor en el segundo. También se confirmó que el voto blanco y el ausentismo fueron más elevados en las zonas rurales y en los barrios pobres de las ciudades. En síntesis, el comportamiento de los electores parece haber estado influido por dos clivajes: polarización oficialismo-oposición y el grado de conocimiento del proceso.

En ese año, las elecciones se realizaron en un entorno marcado por el conflicto del TIPNIS, las acusaciones sobre el supuesto control oficialista de la preselección de candidatos, una campaña opositora en favor del voto nulo y un Presidente con una aprobación del 35% en el área urbana. El panorama actual parece un deja vu de esa experiencia, aunque el malestar con el oficialismo no parece tan intenso: el Presidente tiene una aprobación que ronda el 50%. Pero, ahora hay un clima de mayor escepticismo ante la política y todos los políticos.

No sabemos cuánto afectará este clima social a las decisiones de los electores, pues la situación no está exenta de complejidades: en 2011 en encuestas previas aparecía que casi un 50% consideraba que la preselección había sido controlada por el MAS, pero solo el 37% estaba de acuerdo con que la oposición haga una campaña por el voto nulo. Los resultados finales mostraron que ambos sectores habían logrado movilizar a sus adherentes más leales en favor del nulo en un caso y del válido en el otro, pero que también existió un porcentaje apreciable de ciudadanos que eligieron candidatos por sus cualidades o que anularon su voto, lo dejaron en blanco o se ausentaron debido a la complejidad del proceso.

Fueron notorios los problemas que muchas personas tuvieron para comparar y seleccionar en una lista tan larga de opciones. El diseño de este tipo de elecciones supone un elector bien informado, racional y que vive en entornos relativamente homogéneos, perfil minoritario incluso en democracias maduras. Más bien, lo más corriente es que el votante recurra a “atajos cognitivos” que le facilitan la tarea de elegir: la adhesión a un partido, la confianza en un líder o las orientaciones de su entorno social. Sin esos referentes y con información insuficiente, el ausentismo suele ser elevado allá donde el voto es voluntario, o los votos nulos y sobre todo blancos se incrementan cuando hay más bien obligación de participar. En todo caso, es igualmente muy racional dejar en blanco la papeleta si se enfrenta una lista de personas a las que no se conoce o no se tiene manera de diferenciar.

En resumen, parecería que los próximos comicios judiciales reproducirán las mismas pasiones polarizadas de hace seis años, aunque no hay que perder la esperanza de que ahora sí se desarrolle una campaña de información inteligente, simple y masiva que aporte pautas a los ciudadanos para que realmente elijan libremente alguna opción, eso podría reducir obviamente el voto blanco y los errores. Es igualmente probable que moros y cristianos se dediquen entusiastamente, al día siguiente de las elecciones, a interpretar a gusto los resultados pese a sus ambigüedades. Todos tienen ese derecho pero cometerían un grosero error si se creen sus propias simplificaciones y peor aún en proyectarlas a otros tipos de elecciones.

  • Armando Ortuño Yáñez es investigador social

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Judiciales: El juego de la interpretación

Este análisis plantea dudas sobre el éxito del proceso y se concentra en las lecturas que podrían darse a la luz de los resultados.

/ 17 de septiembre de 2017 / 04:00

Los resultados de las elecciones judiciales serán el objeto de un desenfrenado juego de interpretaciones que tendrán solo en parte que ver con las reales motivaciones de muchos de los electores. Se suponía que la elección por voto popular de autoridades judiciales debía reforzar la legitimidad y la autonomía del Órgano Judicial. Para garantizar eso había que aislarlas de las interferencias políticas del momento. Sin embargo, el intento está resultando poco concluyente. Ese fracaso tiene que ver principalmente con los dilemas que implica organizar una elección particularmente compleja y exigente en una democracia de masas.

En Estados Unidos, el único lugar donde hay experiencias regulares de elección de jueces, se han identificado algunos de los problemas: un nivel de participación entre bajo y mediocre, escasa información y poco conocimiento de los candidatos y mucha influencia de las afinidades partidarias en el direccionamiento de los electores. De hecho, los lugares donde hay más participación son aquellos en los que los candidatos pueden presentarse en listas partidarias.

La experiencia de 2011 nos ha dejado también ciertas enseñanzas. La primera es el gran reto que implica informar en Bolivia: a un mes de las elecciones, el 70% de ciudadanos decía tener poca o nula información del proceso. Por otra parte, fue evidente que la distribución del voto válido y del nulo correspondía grosso modo con la geografía y sociología del electorado oficialista en el primer caso y del opositor en el segundo. También se confirmó que el voto blanco y el ausentismo fueron más elevados en las zonas rurales y en los barrios pobres de las ciudades. En síntesis, el comportamiento de los electores parece haber estado influido por dos clivajes: polarización oficialismo-oposición y el grado de conocimiento del proceso.

En ese año, las elecciones se realizaron en un entorno marcado por el conflicto del TIPNIS, las acusaciones sobre el supuesto control oficialista de la preselección de candidatos, una campaña opositora en favor del voto nulo y un Presidente con una aprobación del 35% en el área urbana. El panorama actual parece un deja vu de esa experiencia, aunque el malestar con el oficialismo no parece tan intenso: el Presidente tiene una aprobación que ronda el 50%. Pero, ahora hay un clima de mayor escepticismo ante la política y todos los políticos.

No sabemos cuánto afectará este clima social a las decisiones de los electores, pues la situación no está exenta de complejidades: en 2011 en encuestas previas aparecía que casi un 50% consideraba que la preselección había sido controlada por el MAS, pero solo el 37% estaba de acuerdo con que la oposición haga una campaña por el voto nulo. Los resultados finales mostraron que ambos sectores habían logrado movilizar a sus adherentes más leales en favor del nulo en un caso y del válido en el otro, pero que también existió un porcentaje apreciable de ciudadanos que eligieron candidatos por sus cualidades o que anularon su voto, lo dejaron en blanco o se ausentaron debido a la complejidad del proceso.

Fueron notorios los problemas que muchas personas tuvieron para comparar y seleccionar en una lista tan larga de opciones. El diseño de este tipo de elecciones supone un elector bien informado, racional y que vive en entornos relativamente homogéneos, perfil minoritario incluso en democracias maduras. Más bien, lo más corriente es que el votante recurra a “atajos cognitivos” que le facilitan la tarea de elegir: la adhesión a un partido, la confianza en un líder o las orientaciones de su entorno social. Sin esos referentes y con información insuficiente, el ausentismo suele ser elevado allá donde el voto es voluntario, o los votos nulos y sobre todo blancos se incrementan cuando hay más bien obligación de participar. En todo caso, es igualmente muy racional dejar en blanco la papeleta si se enfrenta una lista de personas a las que no se conoce o no se tiene manera de diferenciar.

En resumen, parecería que los próximos comicios judiciales reproducirán las mismas pasiones polarizadas de hace seis años, aunque no hay que perder la esperanza de que ahora sí se desarrolle una campaña de información inteligente, simple y masiva que aporte pautas a los ciudadanos para que realmente elijan libremente alguna opción, eso podría reducir obviamente el voto blanco y los errores. Es igualmente probable que moros y cristianos se dediquen entusiastamente, al día siguiente de las elecciones, a interpretar a gusto los resultados pese a sus ambigüedades. Todos tienen ese derecho pero cometerían un grosero error si se creen sus propias simplificaciones y peor aún en proyectarlas a otros tipos de elecciones.

  • Armando Ortuño Yáñez es investigador social

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