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A 10 años de la Ley de Pensiones

/ 5 de enero de 2021 / 23:58

Entre 1996 y 2010 estuvo vigente durante 14 años la Ley 1732 (1996-2010), que puso en vigencia el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO), una norma denominada por los trabajadores en su momento como “ley maldita” (por tener un carácter neoliberal, capitalizador y privatizador), debido a que no tuvo la incidencia esperada que beneficiaría al trabajador. Dicha norma estableció principalmente el incremento en la edad de acceso a una jubilación y el financiamiento solo con el monto ahorrado de cada trabajador, teniendo como resultado pensiones demasiado bajas, para nada acordes a la realidad de ese entonces, existiendo muchas protestas y resignación de la clase trabajadora que optaba por postergar su jubilación.

Sin embargo, en 2010 se produjo una reforma al Sistema de Pensiones en el país, promulgándose la Ley de Pensiones 065, la cual ha cumplido 10 años de vigencia y tuvo como principal objetivo otorgar mayores beneficios a los trabajadores que aportan regularmente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para que en un futuro reciban un ingreso mensual.

Resulta conveniente para el análisis de una década, conocer algunos indicadores que nos permitan ver el impacto de la aplicación de esta norma. Durante la vigencia de la Ley 065, se jubilaron 132.000 personas, más de cuatro veces la cantidad que con la Ley 1732, que solo alcanzó a 29.000; a agosto de 2020, según datos oficiales, existen 161.000 jubilados. La Ley 065 creó un Fondo Solidario, que establece la Pensión Solidaria de Vejez para mejorar el monto de pensión; hasta agosto, 106.000 personas fueron beneficiadas con este tipo de pensión. La recaudación por las AFP en 2010 fue de $us 522 millones y comparada con la gestión 2019, alcanzó los $us 1.752 millones, efecto de ello es que los fondos que componen el Sistema de Pensiones (que a diciembre de 2010 eran de $us 5.468 millones) hasta octubre de 2020 alcanzaron los $us 20.618 millones, lo que significa un crecimiento de tres veces más la administración de los recursos de los trabajadores.

Bajo estos criterios, que son absolutamente estadísticos, se observa que el paso de la Ley 1732 a la Ley 065 se duplicó, y hasta triplicó, en sus indicadores, por lo que financieramente tuvo un impacto positivo dentro de la economía nacional. Pero muy aparte de lo que es la estadística, se debe conocer a fondo los cambios estructurales que presentó la Ley 065, siendo los principales los siguientes:

Se establece la edad de jubilación a los 58 años, a diferencia de los 65 años que instituía la Ley 1732, mejorando el acceso a una pensión de vejez en beneficio del trabajador. A partir de los 58 años de edad, el trabajador que tenga ingresos bajos podrá acceder a una Pensión Solidaria de Vejez, siempre que cuente con al menos 10 años aportados, mejorando la pensión que la antigua ley le hubiera otorgado, a través del Fondo Solidario.

Además, como medida de protección de género, existe un tratamiento especial para la edad de jubilación de las mujeres, que se aplica reduciendo la edad por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de tres hijos, pudiendo acceder a la jubilación a partir de los 55 años. En caso de que una trabajadora no haya recibido el anterior beneficio y tuviera cumplidos los 58 años de edad, podrá adicionar un año de trabajo por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de tres hijos, es decir que puede incrementar la cantidad de aportes hasta tres años más

Asimismo, los asegurados que logren cumplir los requisitos para acceder a una Pensión de Vejez o Solidaria de Vejez y que también tengan una Pensión de Invalidez, podrán percibir de forma simultánea ambas (concurrencia de pensiones). A partir de los 65 años se suspende el pago de la Pensión por Invalidez.

En resumen, la Ley 065 de Pensiones tiene un carácter social y solidario que permite que más trabajadores accedan a las pensiones, por su flexibilidad en cuanto a los requisitos y la aplicación de políticas de acceso a sus beneficios. Sumado a ello, el crecimiento significativo de los jubilados y los recursos administrados permiten ver que en 10 años se consolidó una reforma en beneficio para todos los que aportamos al Sistema Integral de Pensiones.

Iván Quisbert Soria es analista en pensiones.

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Fondo Solidario

/ 16 de febrero de 2019 / 03:50

La Ley 1732, vigente entre 1997 y 2010 (14 años), era un sistema cien por ciento particular y egoísta, debido a que un asegurado solo aportaba para sí mismo, sin importar qué sucediese con los demás trabajadores. A partir de la Ley 065, desde 2011, se rompe con esa lógica y se incluye el principio de solidaridad, que se refiere a la protección a los asegurados menos favorecidos con la participación de todos los aportantes al Sistema Integral de Pensiones (SIP), creándose bajo este concepto el Fondo Solidario.

Los componentes más importantes para el financiamiento de dicho fondo son el aporte de los trabajadores (0,5% sobre el total ganado) de manera solidaria, desde el que gana Bs 2.060 (Salario Mínimo Nacional) hasta aquél que gana por encima de Bs 6.000, Bs 15.000, Bs 20.000, etc. y el aporte del 3% del empleador sobre el total ganado de sus dependientes, aclarando que el Estado es el mayor aportante con casi el 50% de contribución a dicho fondo.

Actualmente, según datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia entre el 70% y el 80% de los trabajadores tiene un promedio salarial de unos Bs 6.000, como por ejemplo los sectores de magisterio, fabriles, salud, etc., y por los aportes realizados durante su historia laboral solo alcanzan a financiar una pensión baja. Es este grupo que se beneficiará con el Fondo Solidario, a través de la Pensión Solidaria de Vejez (PSV), que tiene un límite máximo de Bs 4.200 para 35 años de trabajo.

Los empleados que perciben un sueldo de Bs 10.000, Bs 15.000, Bs 20.000 o más realizan un mayor aporte para su jubilación y por ende el capital acumulado que ellos tienen en las AFP será superior en comparación con los que ganan Bs 2.060, Bs 3.000, etc., y no se les restará nada de sus aportes al momento de su jubilación.

Al contrario, estos aportes más los intereses que se generan al transcurrir el tiempo le podrían otorgar una pensión superior a los Bs 4.200, por lo que ellos no requerirán de un componente adicional, como la Fracción Solidaria.

Sin embargo, en caso de que algún trabajador que gana por encima de los Bs 6.000 no cuente con un capital acumulado que le financie un 70% de su promedio salarial, a pesar de haber realizado aportes por 30 años o más, el Fondo Solidario también mejorará su pensión de jubilación con la PSV de acuerdo con la Escala de los Límites Solidarios, beneficio al que puede acceder un asegurado al SIP desde la vigencia de la Ley 065 de Pensiones.

* Analista en pensiones

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Beneficios del sistema de pensiones

Todas estas mejoras se pueden ver reflejadas en la cantidad de jubilados.

/ 4 de febrero de 2019 / 04:08

La pasada semana, a raíz de las declaraciones vertidas por el Presidente del Estado respecto a una probable jubilación obligatoria, con el objetivo de reducir el nivel de desempleo, diversos “opinadores” emitieron criterios sin razón sobre el actual sistema de pensiones en Bolivia, entre ellos Alberto Bonadona, sin conocer los actuales beneficios que se dieron desde la promulgación de la Ley 065 de Pensiones.

En el año 1997, la Ley 1732 puso en vigencia el Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO), una norma neoliberal que contemplaba el acceso a una jubilación solo con el monto ahorrado por cada asegurado más sus respectivos intereses, obteniendo pensiones demasiado bajas e impensables para la realidad de ese entonces, existiendo muchas protestas y resignación de la clase trabajadora misma que optaba por postergar su jubilación.

Irónicamente, personas quienes fueron parte de la administración de las pensiones con dicha ley, hoy salen a difundir opiniones en defensa de los jubilados, siendo que en su momento no pudieron generar políticas ni propuestas sobre la Seguridad Social de Largo Plazo, en beneficio de los asegurados activos y pasivos.

En 2010, con base en un trabajo de consenso con la Central Obrera Boliviana (COB), entidad que aglutina a la clase trabajadora del país (fabriles, mineros, magisterio, jubilados, etc.), se promulgó la nueva Ley de Pensiones de manera histórica, en la sede de la COB, en la cual los principales y nuevos beneficios que surgieron a partir de la promulgación de la Ley 065 se resumen a continuación:

La creación de un Fondo Solidario, que establece la Pensión Solidaria de Vejez a través de los límites solidarios, mínimos y máximos, que mejora el monto de pensión de las personas que tienen poco capital acumulado resultado de sus aportes y sus rendimientos.

El Fondo Solidario mencionado es financiado por: el aporte laboral de todo asegurado al Sistema Integral de Pensiones (SIP) (0,5% sobre el total ganado), el aporte solidario de los trabajadores que tienen ingresos altos (1%, 5% y 10% sobre el total ganado) y se incluye nuevamente al empleador, con un aporte patronal sobre el total ganado de sus trabajadores del 3%.

Se establece la edad de jubilación a los cincuenta y ocho (58) años, a diferencia de los 65 años que instituía la Ley 1732, mejorando el acceso a una pensión de vejez en beneficio del trabajador.

A partir de los 58 años de edad, el jubilado que tenga ingresos bajos y que no logre financiar una Pensión de Vejez podrá acceder a una Pensión Solidaria de Vejez, siempre que cuente con al menos ciento veinte (120) periodos (10 años), mejorando la pensión que la antigua ley le hubiera otorgado a través del Fondo Solidario mencionado anteriormente.

Como medida de protección de género, existe un tratamiento especial para la edad de jubilación de las mujeres, mismo que se aplica reduciendo la edad por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de tres hijos, pudiendo la asegurada acceder a la jubilación a partir de los cincuenta y cinco años (55).

En caso de que una asegurada no haya recibido el anterior beneficio y tuviera cumplido los 58 años de edad, podrá adicionar doce (12) periodos, como si hubiesen sido aportados por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de tres hijos, es decir que puede incrementar la cantidad de aportes hasta tres (3) años más.

Debido a que la Ley 1732 era un sistema particular y egoísta, por no existir un factor solidario en el Sistema de Pensiones, los ingresos de los jubilados no alcanzaban ni el 20%-30% del promedio salarial del trabajador. Esto cambia claramente, a partir de 2010, ya que con el aporte solidario de los trabajadores y del empleador se puede alcanzar hasta un 70% del promedio salarial con el componente solidario creado con la Ley 065.

Todas estas mejoras se pueden ver reflejadas en la cantidad de jubilados, ya que hasta el año 2010 en el SSO solo se alcanzó a 29.745 en trece (13) años de vigencia; al contrario, se prevé que hasta 2018 la cantidad de jubilados llegue a más de 137.000, de los cuales alrededor de 107.000 tramitaron su jubilación entre 2011 y 2018, con la Ley de Pensiones en vigencia, y de este grupo cerca de 86.000 personas se beneficiarán con la Pensión Solidaria de Vejez.

* Analista en Pensiones.

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