El IGF, ¿por qué implementarlo ahora?
Los efectos de la pandemia en el mundo, así como en la economía boliviana, tuvieron el mismo resultado adverso, provocando una crisis social y económica. Ante este escenario, las medidas asumidas por la mayoría de los países han sido la compra de insumos médicos, bonos para los trabajadores desocupados, subsidios para las actividades económicas (traducidas en medidas tributarias) y el diferimiento del pago de intereses bancarios; el común denominador de estas medidas se puede traducir en una simple palabra: “gastos”.
En una situación en la que prácticamente la actividad económica disminuyó por el confinamiento, la ausencia de circulación de dinero y el cierre de fronteras, los ingresos tributarios por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas obviamente tendieron a la baja; ahora bien, sabiendo que la principal fuente de ingresos de un Estado son los tributos, la pregunta es: ¿cómo incrementar la recaudación impositiva sin dañar a la población que sufrió el shock de la pandemia directamente en sus bolsillos?
Recordemos que durante el confinamiento se escucharon noticias de personas que ponían banderas blancas en su domicilio como señal de que ya no tenían recursos, ni para comer. En cambio, en redes sociales no faltaron videos “virales”, de gente acomodada que hacía alarde de un refrigerador lleno y que enseñaban a cocinar platos especiales con una receta no muy realista, mientras que para la mayor parte de la población el consumo se reducía a la compra de los alimentos más económicos. Ese es el punto, se visibilizó que existen individuos que sin necesidad de trabajar, pueden darse dichos lujos; y como dijo el Presidente de El Salvador, existen personas con riquezas para 10 o 20 vidas.
En ese contexto internacional y nacional, a través de la Ley 1357 y el Decreto Supremo 4436, en Bolivia se implementa el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), cuyo fin es gravar a personas naturales con un patrimonio neto de más de Bs 30 millones, riqueza que puede estar compuesta por dinero en efectivo o en cuentas bancarias, valores, inmuebles, vehículos, obras de arte y antigüedades, entre otros, incluyendo activos en el exterior. Entonces, la población en general no se encuentra afectada, pues ya se mencionó que alcanza a un universo aproximado de 150 personas. Este impuesto, por sus características de gravar a personas con alto grado de capacidad económica, y por cómo está diseñado con alícuotas diferenciadas, además de ser proporcional, es progresivo y directo.
Las críticas apuntan a que los informales estarían fuera de este impuesto, lo cual dista de ser cierto, pues se alcanza a bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, valores, seguros de diversas formas, entre los más importantes, que cuentan con registros públicos o privados por sus transacciones, información accesible para el Estado. En fin, no podemos decir que el impuesto logrará por si solo la reactivación económica que propone el Gobierno, pero sin duda es un gran paso para sufragar los gastos estatales sin afectar los bolsillos de la población con escasos recursos, que ya sufrió los embates de la pandemia, ya que su implementación acompaña a un paquete de medidas dirigidas a lograr este fin.
Wilson Atahuichi es economista.