Voces

viernes 15 ene 2021 | Actualizado a 22:41

John Le Carré: novelista, diplomático y espía

/ 9 de enero de 2021 / 04:11

Ninguna pluma como la suya para describir el fascinante mundo de la Guerra Fría, que, con tanto ímpetu, crueldad y entusiasmo, enfrentó a las dos superpotencias: los Estados Unidos y la Unión Soviética, durante más de cuatro décadas. Quienes vivimos y trabajamos en la diplomacia en esa época, nos sentíamos como émulos de George Smiley, el héroe epónimo en los relatos escritos en una veintena de obras por el británico David Cornwell, más conocido por su pseudónimo de John Le Carré. Su muerte acaecida el 12 de diciembre pasado, a sus 89 años, deja un legado copioso de anécdotas, modalidades y astucias en el entretenido universo del espionaje. No escribió sus memorias, porque la creación de sus personajes de ficción era el reflejo autobiográfico de situaciones y gentes que cruzó en su vida personal y profesional. El resto correspondía a su fértil imaginación nacida desde el momento en que su madre desapareció misteriosamente cuando él no había cumplido aún cinco años. Entonces comenzó a admirar a su padre, a quien describe como un magnifico bandido que de todas sus estafas salía siempre inmune.

Su primera juventud transcurre en Berna, donde emprende estudios de Cultura Alemana. Es allí en 1949 donde los servicios secretos británicos lo reclutan como novicio operador, para implantarlo en Oxford, donde la KGB se nutría de futuros agentes. De 1959 a 1964 se desempeña como Segundo Secretario de la embajada en Bonn, una máscara para laborar simultáneamente en el MI5, al servicio de Su Graciosa Majestad. Por coincidencia, yo también cumplía en ese tiempo idéntico rango diplomático en la misión boliviana en Londres y más tarde en 1964, ya de diputado, viajé a Berlín y crucé el famoso puente que conducía a la parte oriental de la ciudad, separada por el infame muro, para acceder al “Checkpoint Charlie” evocado en su opus magna El espía que vino del frío, publicada en 1963. Eran tiempos en que se vivía la vida de peligrosa aventura, casi cinematográfica, donde pululaban los espías, los agentes dobles y las hermosas mujeres como cebo para atrapar adversarios y sus valiosos secretos. La violencia no estaba ausente y el fin justificaba los medios empleados sin escrúpulo alguno. Por ello John Le Carré, en reflexiones posteriores dirá 50 años más tarde que sigue vigente la vieja pregunta: ¿hasta dónde somos capaces de ir en nombre de la legítima defensa de los valores occidentales? El comunismo soviético fue enterrado en 1989, pero hoy en día surgen otros enemigos para batirlos, llámense estos terroristas del islamismo radical o narcotraficantes. Y nuestro autor recorre el mundo con temas recurrentes que dan ocupación a los espías, sea en América Central con El Director nocturno (1994) o El sastre de Panamá (1997) y El canto de la misión (2007) en el África. En otro nivel, las maquinaciones de las multinacionales farmacéuticas son fustigadas en La constancia del Jardinero (2001).

Premonitoriamente, John Le Carré dijo alguna vez “Yo desearía que me recuerden como un buen narrador que vivió con las pasiones de su tiempo”. Así sea.

   Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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El club de los autócratas

/ 26 de diciembre de 2020 / 02:53

El próximo 20 de enero se aleja de la Casa Blanca el más conspicuo miembro del club de los autócratas, que entre los derechos humanos y la real politik prefirió esta última opción para frecuentar por ejemplo al mariscal egipcio Abdel Fattah Al-Sissi, a quien llamaba su “dictador preferido” sin importarle los 60.000 prisioneros políticos o las 57 ejecuciones sumarias tan solo durante octubre y noviembre pasados. Ese romance nos recuerda que cuando a Teodoro Roosevelt sus acólitos le advertían que el sátrapa nicaragüense Anastasio Somoza era un hijo de puta, el viejo mandatario replicaba: “Sí, pero es nuestro hijo de puta”. En Medio Oriente, Trump también mantenía estrecho vínculo con el príncipe heredero saudí Mohamed ben Salman (MBS), quien mandó despedazar —en 2018— al periodista Jamal Khashoggi tendiéndole una trampa en el consulado de Arabia saudita de Estambul, mientras más al Norte, se jactaba que el tirano Kim Jongun le escribía love-letters, luego de sus melosos abrazos en Singapur. En tanto que el zar ruso Vladimir Putin merecía sus elogios por ejercer “un modelo de liderazgo”, soslayando el férreo control político de su sistema unilateral. Esas ligazones peligrosas llegaron a Turquía, donde el incombustible presidente Recep Tayyip Erdogan gozaba de su tolerancia frente a su insaciable expansionismo neo-otomano que hoy se extiende desde el Cáucaso hasta el Mediterráneo Oriental.

Evidentemente, los tradicionales cuadros diplomáticos americanos insistían —vanamente— que en las relaciones bilaterales se observe la vigencia de ciertos valores en el marco de su política externa, pero el esfuerzo se estrelló contra la lógica trumpista que en 2016 razonaba que “Estados Unidos no puede dar lecciones de moral, porque también ha matado mucha gente en el mundo”, rememorando —quizá— los crímenes de guerra cometidos en Vietnam y en las inúmeras incursiones militares durante la Guerra Fría, y más recientemente en la lucha contra el islamismo radical. Fuera de ese círculo de autocracias, por razones geopolíticas y comerciales queda la China imperial de Xi Jinping y la teocracia totalitaria de Irán que han sido blanco de la furia y el fuego de Trump. Por motivos de nivel y relevancia geográfica tampoco figuran las dictaduras bananeras del África o las del Caribe como Nicaragua, Venezuela o Cuba, ni los extravagantes gobernantes europeos de Bielorrusia y Hungría. No obstante, en la periferia del mentado círculo tienen elevada apariencia los emiratos y sultanatos del Golfo Pérsico, por su peso hidrocarburífero en la economía mundial.

Irónicamente aquellos amigos de Donald tienen mucho en común no solo en su voraz apetito de sangre, sino porque en sus respectivos países la pena de muerte se aplica regularmente, tarea a la que se está consagrando Trump en su propio territorio, hasta el último día de su mandato.

El tándem Biden-Harris se presume que priorizará la vigencia de ciertos valores fundamentales sobre el pragmatismo mercantilista de su antecesor, aunque para ello tendrá que inventar un enfoque fresco en sus relaciones con el emperador pekinés o con la corte de los ayatolas.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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Perú o el estado de golpe

/ 12 de diciembre de 2020 / 01:41

La definición y concepción de “golpe de Estado” actualmente varía de acuerdo con el humor de aparentes golpistas y golpeados. Atrás quedaron las reflexiones de Curzio Malaparte y el debate suma y sigue en Bolivia, y últimamente en Perú.

En los últimos cinco años en el Perú, se cambiaron cuatro presidentes, los más juzgados y sentenciados por el Congreso bajo cargos de corrupción: Ollanta Humala (28.07.2011 – 28.07.2016); Pedro Pablo Kuczynski (28.07.2016- 23.03.2018); Martín Vizcarra (23.03.2018 – 09.11.2020); Manuel Merino (10.11.20 -15.11.20).

Por las mismas razones están sometidos a prisión o fugitivos los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000) Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (1985 y 1990), quien prefirió suicidarse (17.04.2019) antes que entrar a la cárcel. El ritual en todos los casos es el mismo: acumulación de evidencias por supuestos sobornos recibidos antes o durante sus mandatos presidenciales, acusación formal y defensa del implicado en sesión formal del Congreso. Finalmente adviene el voto de los congresistas, que declaran vacancia del cargo y consiguiente proclamación del nuevo mandatario, con arreglo al orden de sucesión constitucional.

El reciente cambio de mando ocurrió el 16 de noviembre de 2020, cuando el expresidente Manuel Merino fue acusado de aplacar con uso excesivo de la fuerza a las pobladas que se manifestaban en su contra, durante las cuales perecieron dos jóvenes estudiantes.

Esta vez no hubo debate parlamentario porque Merino (“el breve”) formuló renuncia a su puesto, análogamente a lo sucedido en Bolivia, cuando el 10 de noviembre de 2019, dimitió Evo Morales. En consecuencia, producida la vacancia en el cargo, esta fue inmediatamente llenada por Francisco Sagasti, elegido previamente presidente del Congreso. La misma modalidad aconteció en Bolivia, habiendo sido ungida en el solio presidencial la senadora Jeanine Áñez, también con la venia constitucional.

En ambos casos los perjudicados apodan al procedimiento como “golpe de Estado”, privándose de cotejar ese acto con la tradicional modalidad en la que golpistas militares asumían el mando, clausuraban el parlamento y restringían las libertades fundamentales. Nada de esto pasó en ninguno de los dos ejemplos citados. Los uniformados quedaron en sus cuarteles y los legisladores en sus curules. La principal función de esos gobiernos transitorios, pero constitucionales, es llamar a elecciones para restituir la normalidad republicana. En Bolivia esa tarea se cumplió impecablemente el 18 de octubre y el Gobierno surgido del voto popular está operando regularmente. Esperemos que, en Perú, se pueda alcanzar el mismo grado de civismo cuando el 11 de abril de 2021 se elija al mandatario para el próximo quinquenio.

Sin embargo, tanto en Perú como en Bolivia los eventos que evocamos han desembocado en la aparición de un poder hipertrofiado en el Legislativo vis a vis del Ejecutivo disminuido y un Judicial sumiso, tanto que en Bolivia ese órgano del Estado obedece ciertas instrucciones paraestatales con domesticidad victoriana.

Como colofón se constata que las manifestaciones callejeras, ese monstruo de mil cabezas estridente e incontrolable, causa explicable temor en los mandatarios interpelados, cuyo coraje se apaga y finalizan renunciando a sus responsabilidades, para salvar el pellejo.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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El narcogeneral afortunado

/ 28 de noviembre de 2020 / 01:33

Cuando el 15 de octubre pasado el general mexicano Salvador Cienfuegos (72) aterrizó en el aeropuerto de Los Ángeles, lo esperaban agentes de la DEA para arrestarlo, acusado de ser “el padrino” del narcotráfico y lavado de dinero entre 2015 y 2017, en connivencia con el cártel H-2, sucedáneo de la mafia de los hermanos Beltrán Leiva. Los cargos están sustentados con meticuloso detalle en un expediente de 743 páginas, condimentadas de audios telefónicos, fotografías, mensajes y otras pruebas incriminantes contra quien fuera ministro de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Hasta entonces todo hacía pensar que el otrora poderoso personaje seguiría el triste destino de otros militares descubiertos por la DEA, como el general panameño Manuel Antonio Noriega, condenado en 1992 a 40 años de cárcel; el coronel boliviano Luis Arce Gómez, a 30 años (1992); o el exzar antidroga de Bolivia general René Sanabria, a 14 años (2011), todos ellos sentenciados por la inflexible justicia americana. Sin embargo, en el tema Cienfuegos, un mes después de su captura, el 18 de noviembre, invocando “consideraciones sensibles e importantes de política exterior”, una jueza neoyorkina cerró inesperadamente el caso y levantó los cargos que pesaban sobre él, posibilitando su inmediato retorno a territorio mexicano, donde airoso recuperó su calidad de hombre libre, toda vez que allí no hay causa abierta en su contra. Esa misteriosa exculpación, primera en la Historia, tiene origen en la gestión diplomática del Gobierno mexicano que protestó sigilosamente el arresto, aduciendo acuerdos bilaterales de cooperación con Washington en materia de la lucha contra el tráfico de drogas, argumento básico para reclamar no haber sido informado de las investigaciones llevadas a cabo por la DEA contra el mentado general. No obstante, ese trámite poco transparente parece ocultar un chantaje en ciernes: la amenaza de expulsión de una cincuentena de agentes de la DEA estacionados en México, lo cual obviamente perjudicaría letalmente la cooperación en ese rubro. Pero más allá de esa hipótesis también se especula sobre un desesperado pedido directo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Donald Trump, quien aprecia que su homólogo sea el único que hasta hoy no hubiese reconocido el triunfo de su rival Joe Biden, en las recientes elecciones.

En el nivel interno, este hecho confirma el notorio sometimiento del poder civil al estamento militar, que más allá de sus específicas funciones constitucionales ha sumado otras tales como la construcción de aeropuertos, el control sanitario por el COVID-19 o la lucha contra el narcotráfico. Entonces, podría haber existido una fuerte presión castrense a AMLO para exigir apoyo al general en desgracia, porque sin sostén militar, AMLO correría el riesgo de tambalear. Ahora se viene un gran reto para el sistema judicial mexicano, donde la Fiscalía enfrentará su habitual corrupta artesanía contra las sofisticadas pruebas acopiadas por la DEA. En tanto, aún es difícil prever si la nueva administración Biden cohonestará el gesto de Trump o, por el contrario, demandará la extradición del fugitivo general.

Por último es pertinente comentar la ambigua moralidad de AMLO, que ignorando el grito revolucionario “sufragio libre, no reelección”, apoya a Trump, a Ortega, a Maduro y a Morales, rememorando aquel adagio muy mexicano: “a los amigos, todo; a los enemigos, nada y a los indiferentes, la ley”.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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Fraude electoral es un drama universal

/ 14 de noviembre de 2020 / 01:23

Un fantasma recorre el mundo: el fraude en las elecciones realizadas el último mes, denunciado por las facciones derrotadas. Todas las latitudes terrestres están contaminadas por ese virus más letal para la democracia que los perjuicios sufridos por la aparición simultánea del COVID-19. En efecto, los comicios realizados en Bielorrusia, donde el dictador recogió 80% de los votos, están siendo impugnados semanalmente por los opositores. Parecida resistencia, como dominó, ocurre en Georgia, en Moldavia, en Tanzania, en Costa de Marfil y finalmente en Bolivia. Sin embargo, asombra que la ola llegue a los Estados Unidos, cuyo sistema democrático parecía sólidamente consolidado en más de dos siglos de regular práctica. En todos los casos citados, con ciertas variaciones, los sistemas electorales se ajustan a algunas normas básicas: un ciudadano=un voto, que debe ser universal y secreto, controlado por jueces de reputación impecable y delegados de los partidos en pugna que pueden verificar todas las etapas del proceso.

Hoy en día, el avance de los medios electrónicos ha contribuido grandemente en la difícil tarea del conteo de los votos, pero también al surgimiento de dudas, a veces razonables. Empero, el grado de educación o sofisticación del electorado no garantiza la integridad de los resultados, como demuestra la reciente jornada electoral americana por cuanto la querella es la misma que en Costa de Marfil o en Moldavia. La excepción parece estar en el Caribe, pues Saint Vincent y Grenadines (población 110.000 habitantes) eligió a Ralph Gonzalvez por quinta vez, sin protesta alguna. Ese fenómeno confirma la tesis que sostengo en mi libro No hay democracia sin alternancia (Amazon, 2019) donde recapitulo la situación electoral en 195 países del mundo, entre los cuales en el 40% de estos se elige y reelige a los mandatarios de turno, siempre proclives a instaurar modalidades sospechosas para mantenerse en el poder. La tozudez de Trump, en no admitir su derrota, ratifica mis reflexiones. Mientras los autócratas tropicales reforman con remiendos cripto-legales las Constituciones para legitimar sus prórrogas, en la superpotencia americana, Trump apeló a las cortes para interrumpir el conteo, en la vana esperanza que su queja llegue a la Corte Suprema de Justicia que como en 2000 (caso Bush-Al Gore) podría concederle la victoria. Aquí y acullá la obsesión de retener el poder es una morbosa pulsión fatalmente irresistible.

¿Qué hacer? Quienes denuncian los fraudes reales o imaginarios, también objetan la neutralidad de los jueces locales llamados a dirimir los pleitos y en ciertos casos desconfían hasta de los informes externos de organismos regionales (caso Bolivia vs OEA, octubre 2019), susceptibles a inclinaciones ideológicas o geopolíticas de conveniencia coyuntural. Ante semejante panorama desolador, me permito adelantar la iniciativa (invocando un estudio más profundo) de impulsar una Convención Internacional de Arbitraje Electoral, sujeta (como la Corte Penal Internacional) a la adhesión voluntaria de los Estados miembros que así lo deseen, instrumento jurídico que posteriormente podría dar origen a una Corte Internacional de Justicia Electoral, bajo la égida de las Naciones Unidas, cuyos fallos serían definitivos e inapelables. Obviamente, la estructura de un órgano semejante tendría un brazo técnico, con modernos servicios informáticos que sirva de apoyo para el veredicto de los jueces. Evidentemente, como en otras instituciones de alcance universal, los países adherentes tendrán que ceder parte de su soberanía, en pro del beneficio de clarificar los entuertos y dar legitimidad a la decisión de su mandante: el soberano pueblo.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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Casta y feminicidio en la India

/ 31 de octubre de 2020 / 02:55

Las frecuentes violaciones colectivas que conmueven hoy a la India me traen a la memoria las reflexiones contenidas en mi libro Pueblos sin voz, publicado en 1994, que abogaba por los derechos de aquellas comunidades postergadas a lo largo y ancho del Planeta: kurdos, palestinos, uirgurs, tibetanos, catalanes, vascos y otros, a los que añadí las naciones quechua y aymara (antes de la invención del Estado Plurinacional). El común denominador entre todas ellas era la carencia de su respectivo Estado que las represente en el tinglado internacional. Esa fue la razón de bautizar mi obra como “pueblos sin voz”.

Aunque la lucha continúa, en la actualidad subsiste en la India, la más grande democracia del mundo, aquella odiosa estratificación social de las castas, instaurada desde hace 2.500 años. Si bien todos son étnicamente indios, la tonalidad de la piel y otras consideraciones propias de la religión hindú continúan dividiendo a la sociedad, de acuerdo con la anatomía del dios Brahma, que ubica en el nivel más alto a Brahmanes (sacerdotes y maestros), luego a Chatrias (políticos y soldados), seguidos por los Vaishias (comerciantes y artesanos) y los Shudras (obreros y campesinos). La base está conformada por los Dalit, los intocables, que son considerados impuros, cuyo Kharma (destino) solo podrá ser superado en repetidas reencarnaciones.

A ese enjambre de creencias, se añade la legendaria enemistad entre hindúes y musulmanes, mayorías religiosas que despiertan incontrolables pasiones. En ese marco, el 14 de septiembre pasado una joven dalit de 19 años en el Estado de Uttar Pradesh fue salvajemente violada y masacrada por cuatro hombres de la subcasta superior de los thakur, muy influyente en la región. Ello explica que el cadáver de la víctima hubiese sido cremado de inmediato para encubrir la violación. Semejante atropello está fuera de la letra muerta de la Constitución que teóricamente afirma la igualdad entre los ciudadanos y prohíbe la discriminación basada en la religión, la casta, el sexo o el lugar de nacimiento. Lamentablemente, en la práctica, los cerca de 200 millones de dalits siguen siendo parias en la India (1.300 millones de habitantes). Curiosamente muy pocos de ellos pueden abrirse paso hacia los retos de la modernidad, siendo excepción notable el dalit Ram Nath Kovind, actual presidente de la Republica. No es el caso de la inmensa mayoría de “intocables” a quienes únicamente se les reserva las ocupaciones laborales más despreciables como la limpieza de baños públicos, el recojo de basura, o el cuidado de las bestias. La percepción que esa gente continúa siendo impura hace que personas de castas superiores no los toquen, no les hablen y menos compartan comida con aquellos. Inútil añadir que el matrimonio con un dalit está proscrito y que la supuesta relación carnal inter-casta acarrea frecuentemente los “crímenes de honor”.

Como sucede en buena parte del mundo no-occidental, las tradiciones sobrepasan a las legislaciones modernizadoras.

Por otro lado, preocupa que la división de castas se traslade a la numerosa diáspora de migrantes indios, incluyendo en los Estados Unidos, ahora de moda con la posible ascensión a la vicepresidencia de Kamala Harris, cuya madre, brahmán, es oriunda de Madras.

Eso demuestra que aun fuera de la madre patria, la casta sigue primando, recordando aquel adagio orwelliano “todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que los otros”.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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