Una de las grandes hazañas de Evo Morales en la conducción fue su capacidad de amplia convocatoria al pensamiento crítico para formar gobierno. A la refundación de Bolivia liderada por un indígena acudieron militantes de partidos de izquierda tradicionales, dirigentes obreros y campesinos, intelectuales, trabajadores de base y guerrilleros, entre otros. Claro está que esta formación tuvo distintas características en función de los tiempos marcados por la transformación del Estado y no fue, por tanto, una constante ni rítmica ni monocromática.

A propósito, Itxaso Arias, filósofa española, ha presentado el jueves en La Paz una obra en tres volúmenes sobre la genética del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). Este estudio es, además, una propuesta de historia política de las décadas comprendidas entre 1960 y el fin del siglo pasado desde la perspectiva del marxismo katarista del EGTK. La autora sostiene que el EGTK —al igual que otras experiencias guerrilleras en Bolivia— ha sido poco estudiado entre otras cosas, por la enorme incidencia e impacto de la guerrilla de Ernesto Guevara en Bolivia y su posterior asesinato. Pero ciertamente el EGTK posee hoy relevancia histórica añadida porque en sus filas estuvo activamente Álvaro García Linera, el segundo al mando durante los 14 años de gobierno de Evo Morales.

Precisamente García Linera fue uno de los comentaristas en la presentación de esta obra y, fue ahí donde se encargó de dejar en claro varios aspectos del EGTK. Uno de los más importantes, estudiados a profundidad en la obra de Arias, es el hecho de que la dimensión militar de esta organización fue solo una parte, importante por supuesto, del proyecto político emancipador que planteaban sus miembros, mujeres y hombres: la guerra comunitaria de ayllus.

La prensa y el poder en 1991 optaron por insistir en la etiqueta sangrienta y casi demoníaca para hacer conocer las detenciones y procesos abiertos contra miembros del EGTK. Deliberadamente, se dejó en el archivo la información respecto al trabajo político de entramado revolucionario de tres componentes esenciales: el mundo obrero, minero principalmente, el mundo indígena-campesino aymara y quechua y el mundo urbano-estudiantil con fuerte influencia de los proyectos emancipadores de Centroamérica. Ciertamente, la izquierda tradicional boliviana que parcialmente estaba formando parte del gobierno del MIR, ejecutor de las detenciones y procesos contra los egetekos, decidió participar de la estrategia de eliminación de la experiencia rebelde de la memoria popular. Cinco años de encarcelamiento a varios miembros del EGTK concluyeron con acusaciones imposibles de sustentar, pero con torturas y violaciones a los derechos humanos propias de regímenes autoritarios y de terror, tiempos de democracia neoliberal.

El EGTK era una amenaza para el poder por su fuerza emancipatoria. Esta amenaza estaba dada por la alianza interétnica y la potencia de la voluntad política marcada por la alteridad entre el marxismo leninista, el indianismo katarista detractor del multiculturalismo folklorista, el anarquismo y hasta el cristianismo de la teología de la liberación. De hecho, Itxaso establece una continuidad en el desarme del EGTK y la reforma constitucional que da paso a la Ley de Participación Popular, norma con la que se abre paso al multiculturalismo estatal, en detrimento del autogobierno plurinacional indio.

García Linera sostiene que algunos de los objetivos políticos, en tanto planteamientos programáticos del EGTK, fueron alcanzados y otros aún no. Por ejemplo, con el naciente siglo XXI lo que el EGTK denominaba “la guerra comunitaria de ayllus” logró dimensiones nacionales y el autogobierno indígena se hizo finalmente una realidad en tiempo y espacio bolivianos. Del lado de los pendientes queda la cuestión de la propiedad y manejo de los medios de producción, entre otras cosas. Además, Álvaro rememoró a sus compañeros ya no presentes como Eugenio Rojas, exministro de Estado y expresidente del Senado, quien falleciera en 2020 y fue uno de los aymaras que luego de formar parte de las filas del EGTK en los años 90, pasaría a militar en el MAS para la transformación del Estado; y como él varios otros cuadros que fueron asambleístas constituyentes, diputados o senadores.

El proceso de cambio boliviano gobernado por el MAS contiene la acumulación histórica de muchas batallas, de muchas guerrillas y es, por tanto, un bien colectivo de inconmensurable valor. La capacidad creativa de los movimientos emancipatorios como el EGTK y muchos otros se proyectó en el diseño de Estado Plurinacional conquistado en Bolivia, con sus límites y sus errores. Queda claro que en tiempos de incertidumbre la historia es una lumbre y agregar contenido completo a los debates es una obligación. Por eso es importante el aporte investigativo de Itxaso Arias Arana.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista.Twitter: @ValeQinaya

Durante 2019, Luis Fernando Camacho fue uno de los políticos más influyentes del país, tanto es así que fue uno de los protagonistas de la historia del golpe de Estado. Esto fue en su momento una confesión y, por supuesto, una pública constatación. La fortuna de su familia y el financiamiento externo le permitieron liderar a nivel nacional el movimiento antidemocrático que derivó en la renuncia forzada de Evo Morales y en las masacres de noviembre de ese año que se llevaron decenas de vidas. Hoy, tres años después, es un político intentando sobrevivir, colgándose de lo que pueda para mantenerse vigente.

En 2019, el exdirigente cívico de Santa Cruz pasó muy rápidamente a ocupar titulares en la prensa nacional. Pero claramente ese paso no fue producto de su madera de político, pues con una simple observación a sus apariciones y discursos políticos de ese año, salta a la vista su flaco talante y su búsqueda nula por proyectar ímpetu. Basta con hacer el ejercicio de compararlo con Branko Marinkovic que ocupó la misma cartera que él varios años atrás, Luis Fernando parecía un chiste mal contado. Por Camacho, bajo la estética hegemónica cruceña, ¿quién iba a apostar?.

Resultó que sí apostaron por él. Se abrieron agendas mediáticas con auspiciador. Se alinearon a su estrategia varios políticos de otras regiones. Sus detractores conservadores en Santa Cruz decidieron hacer silencio, para no perjudicarlo. De hecho, Carlos Mesa, el representante de la política conservadora paceña con mayor influencia de ese año, decidió dirigirse al aeropuerto de El Alto para rendirle pleitesía; dicho sea de paso, Mesa recordará para siempre el desaire que se permitió hacerle Camacho, quien ni siquiera le brindó un apretón de manos o una gentil mirada a su arribo a la sede de gobierno.

En fin, lo que se sabe de la estrategia y el entramado político que derivó en la mayor crisis política de Bolivia de los tiempos presentes, es que uno de los principales responsables es Luis Fernando Camacho. Además, aún impune. Pero toda esa parafernalia erigida en torno a él se revela montada y falsa en las últimas elecciones presidenciales, cuyos resultados le recordaron que los pies solo se estiran hasta donde alcanza la sábana. Se evidenció, entonces, que no era Camacho por sí mismo el que tenía un peso específico. Así, la oligarquía cruceña tendría que aceptar a regañadientes, una vez más, que por la vía democrática no se haría del poder público. Les tocaba entonces conformarse con la administración de un gobierno departamental.

De ahí para adelante su caída fue estrepitosa. La gestión de Camacho al mando de la Gobernación de Santa Cruz está marcada por la ineficiencia. Ha sobresalido por la bajísima ejecución presupuestaria, lo cual se traduce en nula inversión pública. Y por si fuera poco, la escandalosa corrupción dentro de su administración ha salido a la luz a pesar del compromiso militante de muchos medios hegemónicos para con él. De tanto en tanto el comiteísmo cruceño ha venido tomando lo que puede de la agenda pública para mantener vigencia y legitimidad, ejecutando su estrategia de inmovilizar Santa Cruz, en desmedro de su propia ciudad. Obligar a parar al precio que sea, incluyendo la represión a los ciudadanos por parte de grupos parapoliciales, es el mecanismo que ha establecido Camacho para sobrevivir en su departamento. Quien en 2019 ciertamente llegó a poseer por unos días la sede de gobierno, hoy solo se mantiene en pie en su departamento a punta de paros que afectan primordialmente a la gente que habita el departamento que gobierna.

Hoy el pretexto es el Censo. Es el pretexto y eso no quiere decir que el Censo no sea importante, pues claro está que debe ser una prioridad de la gestión pública. Es el pretexto porque la consigna del Censo está vaciada de contenido técnico. Es el pretexto porque la única forma de llegar a un censo bien hecho es con la participación de los gobiernos subnacionales. Es el pretexto porque de llegarse a concretar su paro, una vez más Santa Cruz y sus habitantes estarán secuestrados por quienes no quieren nada que tenga que ver con el bien común y de hecho, sueñan con una Bolivia por siempre desigual, machista y segregada.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista.Twitter: @ValeQinaya.

Es evidente que el mundo está viviendo una arremetida conservadora y fascista muy potente. La homofobia, el racismo y el clasismo son algunos de los principales rasgos que caracterizan esta impronta. Eventualmente hay la sensación de que los derechos y el progresismo van ganando la batalla, esto por los logros puntuales alcanzados en diversas latitudes referidos, por ejemplo, al matrimonio igualitario, a la despenalización del aborto o a la dominante presencia de mujeres en los gabinetes presidenciales. No tengo claro, en términos globales, cuál de estos dos polos es el dominante para esta época. El tira y afloja es constante y controvertido. Pero en ese escenario global hay lugares que se han convertido en trincheras de cada polo. Así, Santa Cruz de la Sierra representa hoy para Bolivia el poder y la vigencia del conservadurismo.

Pasan por tendencias en redes sociales, pero en lo profundo son signos fundamentales del estado de la sociedad cruceña. En un breve punteo se puede señalar los casos de Susana Figueroa, la mujer que hirió en el ojo al cajero de una hamburguesería; o de Paola Cronembold, quien fue filmada en estado de ebriedad agrediendo y amedrentando a policías; o de Andros Cochamanidis, el hombre que golpeó brutalmente en vía pública a un joven repartidor de pedidos. El último caso en los últimos días desató manifestaciones de cientos de trabajadores repartidores autoconvocados, luego de que el agresor haya sido puesto en libertad. Los dos primeros casos, aparentemente fueron olvidados pues no se han viralizado los puertos a los que habrían llegado las respectivas denuncias.

De otro lado, hace unos días fue noticia la destrucción de una exposición de arte en un museo municipal —público— a manos de grupos ultraconservadores. La exposición, ahora respuesta en el mismo museo, es parte de los eventos culturales a propósito del mes del orgullo LGBTTTI. Está claro que la homofobia no es patrimonio de ninguna ciudad, pero también está claro que no es normal ni cotidiano que grupos de personas rompan protocolos en exposiciones museísticas para desterrarlas, bajo discursos de odio. Felizmente, el nivel organizativo de los colectivos que impulsaron dicha exposición, más las adherencias progresistas luego del ataque a la exposición, lograron la reposición completa de las obras; y, de hecho, lo acontecido potenció la visita del público al museo.

No hay parangón ni se trata de cosas que puedan equipararse, pero en este contexto, es necesario pensar el doloroso asesinato de dos sargentos de policía y un voluntario GACIP. Las pericias policiales evidenciaron que los tres hombres fueron heridos de múltiples balas y que, de hecho, murieron estando de rodillas. Además, se hizo público que los asesinos usaron armas de alta tecnología. Este crimen tiene bemoles muy alarmantes. No es fortuito que Misael Nállar sea millonario y no sepa explicar el origen de su fortuna. No es fortuito que un hombre vaya escoltado por personas altamente armadas. Este crimen es otro signo del estado actual de la sociedad en la capital cruceña.

Mientras el mundo alternativo y progresista lucha por sobrevivir, el mundo conservador y fascista despliega sus tentáculos de manera apabullante. Mientras las familias trabajadoras luchan por sobrevivir, las logias cruceñas y las familias “de siempre” abusan, golpean, hieren y matan. ¿Qué está sucediendo en Santa Cruz?

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya.

Varios países del mundo y algunos de la región han empezado a medir el porcentaje del PIB que ocupa la economía del cuidado. Esto básicamente es contabilizar, a partir del uso del tiempo, cuánto aportan las mujeres desde los hogares a la economía nacional. En Bolivia todavía no sabemos cuánto significa en números fríos el trabajo del cuidado para el PIB.

La reproducción de la vida tiene en los hogares a uno de sus sitios privilegiados. Se gesta, se nace, se piensa, se alimenta, se sanan enfermedades y se soportan emociones al interior de los hogares. Pero todo esto que parece muy obvio casi nunca se lo piensa en el marco de la economía. A cambio, la preferencia generalizada de la sociedad es a hablar de la abnegación de las madres, sobre quienes recae todo el trabajo que implica lo anteriormente mencionado. Deliberadamente el sistema encubre el trabajo de las mujeres en los hogares, mismo que suele ser de doble jornada: trabajo en casa no remunerado y trabajo fuera de casa injustamente remunerado.

Así, se celebró un 27 de mayo más con horas cívicas, tarjetas, flores y chocolates. Tampoco se han dejado extrañar las salutaciones de las autoridades y de las empresas privadas. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna mejora a la normativa o a las políticas públicas que protegen los derechos de las madres bolivianas.

Existen muchos pendientes, muchas insuficiencias y muchos otros vacíos en lo que respecta a la garantía de los derechos de las mujeres madres. La mortalidad materna, que indudablemente ha sido combatida con éxito en los últimos años, sigue registrando números alarmantes. La falta de seguridad social para las mujeres madres que laboran en el ámbito informal es apabullante, a pesar de que el Sistema Único de Salud (SUS) ha llenado algunos vacíos. El incumplimiento casi absoluto de la Ley de Fomento a Lactancia Materna deviene en una serie de problemas tanto de salud como económicos para las mujeres madres. Estos son solo algunos de los varios puntos críticos.

Los permisos de maternidad y de paternidad que rigen en Bolivia hoy mismo corresponden a paradigmas añejos ya superados por caducidad. El hecho de que la norma indique que el padre goza de un permiso de tres días posnacimiento de su descendiente, mientras que la madre obtenga 45, demuestra que el esquema es inequitativo. Es más, demuestra que el patrón social todavía ordena que la crianza es un asunto de las madres.

Maternar es el trabajo que exige mayor dedicación y, tristemente, ni siquiera es reconocido como un trabajo por la sociedad. Las condiciones para conciliar el trabajo materno con los proyectos personales son ciertamente precarias por no decir inexistentes. La sociedad boliviana no es solidaria ni soporta a las mujeres madres. Cuando los empresarios reclaman mejores condiciones para sus inversiones, el Estado las garantiza. Cuando los trabajadores reclaman mejores condiciones para ellos, el Estado las garantiza. Cuando un bosque clama auxilio por un incendio, el Estado actúa. ¿Si las madres reclamamos mejores condiciones para maternar, actuará el Estado?

Ojalá estemos cada vez más cerca del tiempo en el que caminar por las calles con un bebé de brazos provoque que la gente ceda el paso en lugar del empujón. Ojalá el transporte público aprenda a priorizar el cuidado y la seguridad de las madres que viajan con sus hijos, determinando la cesión de asientos o las paradas tolerantes y cautelosas. Ojalá la sociedad boliviana caiga pronto en cuenta del valor real y no solo simbólico de las mujeres madres.

Valeria Silva Guzmán es mamá feminista. Twitter: @ValeQinaya.

Si los hombres tuviéramos la regla esa baja hubiera llegado hace décadas. Ese es el problema. Literalmente versaba así un tuit el jueves pasado de Íñigo Errejón. No es la opinión de alguien que suele pasar desapercibido, es la de uno de los políticos españoles con mayor reconocimiento internacional por su nivel de ilustración y por su inteligente elocuencia. Sin tornasoles ni matices, sentó una posición clara respecto de una de las medidas más interesantes que a este día ha alcanzado un acuerdo positivo, liderado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, en el gobierno de Pedro Sánchez.

La discusión se dio en el marco del proyecto de Ley de Aborto escrito por el Ministerio de Igualdad. Obviamente las reacciones abarcaron todas las posiciones políticas en lo que respecta a ampliación de derechos, incluso al interior del gobierno. De hecho, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, del Partido Socialista, se mostró más de una vez públicamente reacio a otorgar permisos laborales a las mujeres por menstruaciones dolorosas, arguyendo variopintos discursos, desde la subjetividad del dolor hasta el efecto discriminador sobre las mujeres, que a su decir provocaría esta medida. Al frente del debate, junto a Montero se encontraba entre otras, Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, quien con una precisión indiscutible elevó la discusión filosófica que algunos pretendían en torno al tema, afirmando que desde ningún punto de vista el derecho laboral puede ser neutro al género.

Finalmente, el proyecto determina que el Estado español, por medio de la seguridad social, se hará cargo de los costes que significan las bajas médicas para mujeres por dolores menstruales. Y por si fuera poco, la ley no prevé un límite de jornadas de baja, pues ésta debe estar determinada por las condiciones particulares de cada mujer. Hoy esta propuesta posiciona a España como el primer país de la Unión Europea que avanza en la materia con tanta contundencia. Mientras, en países como Alemania existe la posibilidad de baja por menstruación, mediada por el criterio médico.

En este lado del mundo, al otro lado del océano, el diputado argentino Lucas Godoy, apoyado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de ese país, presentó el año pasado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en torno a esta necesidad. En este caso, la propuesta estaba dirigida para estudiantes y buscaba un día mensual de baja permitida. El objetivo era garantizar las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia de las mujeres en los establecimientos educativos.

Todavía en Bolivia, lamentablemente, no se ha discutido ni someramente el tema. Sin embargo, queda claro que el Estado a través de estas acciones tiene la plena capacidad performativa de cambiar el esquema laboral inequitativo en el que se rige la población, inequitativo enfáticamente con las mujeres. Es preciso insistir en que el Año de la Despatriarcalización decretado por el Gobierno pueda anotar en sus logros más acciones puntuales como ésta.

Por todo esto la claridad del tuit de Errejón es una joya. Claro que la política feminista requiere de posiciones públicas contundentes que no vengan solo de las feministas, que no vengan incluso solo de las mujeres. Mientras más hombres sean capaces de ver hacia el futuro, mirando de frente los privilegios de género que la sociedad les confiere, más posibilidades habrá de fortalecer los derechos; o en términos más sencillos, más cerca estaremos de mejorar el mundo.

Valeria Silva Guzmán es analista política feminista. Twitter: @ValeQinaya