En tiempo de crisis
Las áreas protegidas están ampliamente reconocidas como la piedra angular de protección y conservación de la biodiversidad, ya que no solo aseguran su conservación, sino también el bienestar humano. En el ámbito mundial, las áreas protegidas cubren más del 15% de la superficie terrestre del mundo. No son solo biodiversidad, por importante que sea. Cuando se gestionan de manera eficaz, también apoyan la salud y el bienestar humano, contribuyendo a la seguridad alimentaria y el abastecimiento de agua, la reducción del riesgo de desastres, la mitigación y adaptación al cambio climático y el sustento de los medios de vida locales. Sin embargo, estas contribuciones a menudo se subestiman o se ignoran cuando se trata de prácticas políticas o decisiones vinculadas al desarrollo.
Las presiones sobre estos espacios se están incrementando por parte de una serie de actores políticos, sociales y económicos. Y lo que también es evidente es que muchas de las amenazas que enfrentan la biodiversidad y las áreas protegidas se agravarán por el brote de COVID-19. La pandemia está creando desafíos adicionales para las áreas protegidas, como la recesión económica, pérdida de empleos, reasignación de los presupuestos gubernamentales a prioridades como salud y atención social, restricciones para los viajes y el turismo, entre otros. Y es muy probable que en el ámbito mundial las políticas de reactivación asignen aún menos recursos a la conservación de estos espacios y, más aún, contemplen una regulación ambiental reducida pro-intereses económicos de otros sectores como el de hidrocarburos, minería, infraestructura y agroindustrial.
En Bolivia, nuestra Constitución Política del Estado (CPE) reconoce que éstas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país, ya que cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. Todo parecería estar bien. Sin embargo, la viabilidad y permanencia de estos espacios hace mucho tiempo que están en riesgo debido al aumento de las presiones como asentamientos no controlados, tala ilegal, comercio ilegal de fauna silvestre, narcotráfico, los devastadores incendios forestales y el cambio climático, además del evidente y continuo debilitamiento de su gestión.
La pandemia de COVID-19 ha desviado la atención de otras crisis globales como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pero estos desafíos aún requieren atención urgente. Las áreas protegidas pueden brindar sus beneficios solamente si están bien gestionadas. Nunca antes ha sido tan grande la necesidad de mejorar la capacidad de gestión de nuestras áreas protegidas. La salud de los seres humanos, los animales y los ecosistemas están interconectados. Hoy demandamos a los diferentes niveles de gobierno que comprendan e inviertan en el importante papel de estos espacios bien gestionados y conectados como soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la degradación de la tierra y la salud humana. Necesitamos que se garantice la gestión eficaz de estas áreas con presupuesto y recursos humanos adecuados.
Natalia Calderón es directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Naturaleza.