Es ineludible aceptar que el impacto del COVID-19 se ha expandido en el ámbito mundial, con efectos sanitarios y económicos extraordinarios. Ante esta situación, la necesidad de los Estados para contar con mayores fondos que permitan hacer frente a los gastos derivados de la contención del coronavirus y la asistencia a las personas y empresas afectadas, hace que en varios países surjan iniciativas orientadas a generar recursos adicionales.

Nuestro país no ha quedado al margen de todos los efectos que ha traído consigo esta pandemia, que se han agudizado como consecuencia de las desacertadas decisiones de la anterior gestión de gobierno. En ese sentido, actualmente se ha llevado adelante un conjunto de medidas dirigidas a la reconstrucción y la reactivación de la economía. Precisamente en esa línea, hace poco se promulgaron dos medidas con el objetivo de volver a dinamizar el mercado interno y de esa manera generar mayores recursos que contribuyan a brindar una mejor asistencia a los sectores menos favorecidos de la sociedad.

Estas dos medidas, tanto el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) que alcanza a una ínfima parte de la población y el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), están orientadas básicamente a brindar un carácter progresivo a nuestro sistema tributario, lo que equivale a decir que los contribuyentes sean parte de un sistema en el que lleguen a tributar en mayor cuantía los que más recursos tienen, y lo hagan en menor medida los que perciben menores ingresos.

Sin duda alguna, para salir de esta crisis sin precedentes, se necesitará del concurso de todos, aunque claro está que no todos se encuentran en igualdad de condiciones para llevar adelante este propósito, motivo por el cual en varias partes del mundo surgieron pronunciamientos de personalidades que figuran en las listas de las personas más ricas del mundo, brindándose a pagar montos excepcionales por concepto de impuestos, iniciativa que no es compartida por una pequeña fracción de los potenciales alcanzados por este impuesto en nuestro país.

Muchas críticas surgieron a raíz de las medidas implementadas, varias de ellas apuntan al IGF, y hacen referencia a que representa un desincentivo para la inversión, y en consecuencia esto afectaría al empleo de nuestro país. Esto no es cierto, dado que una gran parte de las grandes fortunas se acumulan básicamente en activos de uso personal y bienes suntuarios (mansiones, tierras, yates, aviones, helicópteros, y paraísos fiscales) que en la mayoría de los casos se constituyen en ahorros improductivos para el resto de la sociedad. En ese entendido, el IGF generaría desincentivos al super consumo o ahorros en paraísos fiscales, más que a ahorros que puedan generar beneficios para la mayoría de la sociedad.

Por otro lado, es importante hacer referencia a la teoría de la solidaridad que ha cobrado relevancia en los últimos años, complementando de mejor manera el concepto del Estado de Bienestar, donde el bienestar en sí es un bien común y debe ser promovido en mayor medida para las poblaciones más pobres a través de un proceso redistributivo del ingreso.

En ese sentido, el IGF contribuirá a reducir las brechas de desigualdad en nuestro país, tomando en cuenta el coeficiente de Gini, que indica el grado de desigualdad de los ingresos de la población medida en una escala entre 1 y 0, donde 1 representa la mayor desigualdad, y mientras más cercano a 0 sea este coeficiente, menor es la desigualdad de los ingresos y, por tanto, menor es la desigualdad económica. En Bolivia, este indicador ha presentado una disminución del 28% en los últimos 14 años, pasando de 0,59 en 2006 a 0,42 en 2019. Es evidente que resulta necesario mantener y fortalecer esa tendencia, dado que una sociedad desigual se asocia con una sociedad con poco bienestar económico y, en consecuencia, con un deficiente Estado de Bienestar.

           Álvaro Nina es economista.