La aprobación del marco normativo que regula la subasta electrónica en las contrataciones estatales ha marcado un hito para la modernización de la compra pública en nuestro país y no es para menos. Este importante mecanismo, que dentro de la Contratación Pública Electrónica (e-GP) se constituye en una funcionalidad avanzada del sistema de compras, permitirá obtener importantes resultados en materia fiscal para una eficiente administración de los recursos públicos, aspecto que en el actual contexto de crisis mundial se hace más que oportuno y necesario.

La crisis de las compras públicas, no solo en Bolivia sino en el mundo, nos ha demostrado la importancia de implementar herramientas como la subasta para mejorar la eficiencia, la eficacia y la economía. La yuxtaposición de altos volúmenes de gastos, discrecionalidad excesiva de los funcionarios públicos y la presencia de contratistas dispuestos a pagar por adjudicaciones ha creado en el plano mundial un caldo de cultivo para la corrupción y el malgasto en las compras públicas. Según un estudio realizado en 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las compras públicas representaron el 29,8% del gasto del gobierno general en los países de América Latina y el Caribe (8,6% del PIB). En el caso de Bolivia, representan el 48% del gasto del Gobierno y con relación al PIB, aproximadamente 33%, presumiéndose, según dicho estudio, una ineficiencia del 2,5% perteneciente al malgasto en compras públicas.

Como respuesta inmediata a esta crisis en la compra pública, se ha dado un paso importante para una mejor administración de los recursos públicos. Con la implementación de la subasta electrónica no solo se incrementará la competencia en la compra pública, facilitando la participación de oferentes, también se generará un importante ahorro de recursos para su utilización en la satisfacción de las múltiples necesidades que debe atender el Estado. Países que han implementado esta subasta, como Ecuador, reportan un ahorro de casi 7% del presupuesto de gasto del sector público, porcentaje que se traduciría en millones de bolivianos que deberían ser destinados a salud, educación, desarrollo productivo y otros aspectos que deben ser priorizados por la actual gestión gubernamental.

Adicionalmente a los resultados en materia fiscal, se debe destacar que el uso de medios electrónicos en la gestión de la compra pública busca alcanzar tres objetivos de todo buen gobierno, con la finalidad de generar confianza en el administrado. Gobernanza, eficiencia y desarrollo equilibrado son la tónica que busca dar sonoridad a una gestión de integridad y transparencia que permita monitorear procesos de contratación en tiempo real, reducir costos de transacción tanto al sector público como al privado, y generar incentivos comerciales incrementando la competencia y reduciendo las barreras de acceso al mercado de compras públicas, todo ello con el fin de generar cambios radicales desde un enfoque positivo en la forma de administrar la cosa pública.

Steve Mendoza es abogado especialista en contrataciones públicas.