Considero que para realizar un análisis serio respecto al tema de los deudores y acreedores, incluido el transporte sindicalizado, es necesario remitirnos a la cuarentena rígida (más de cinco meses), el origen del mal, ya que dicha medida prácticamente paralizó la economía nacional; los únicos sectores beneficiados con ello fueron clínicas privadas, farmacias, laboratorios, telecomunicaciones y extrañamente las grandes cadenas de supermercados; los sectores del autotransporte, comercio informal, restaurantes, actividades turísticas y recreativas, entre otros, prácticamente no tuvieron actividad económica, es decir, tuvieron ingresos muy cercanos a cero.
Esa cuarentena rígida que solo tomo en cuenta la opinión médica para su aplicación, sin considerar opiniones económicas, sociológicas, culturales ni de ningún otro tipo, trajo consigo una debacle económica con consecuencias severas para muchos sectores de la sociedad, ya que las personas no podían dejar de comer y mucho menos dejar de adquirir medicamentos tanto de prevención como de curación. Por tanto, recurrieron a utilizar sus ahorros en el mejor de los casos, y en otros, recurrir a préstamos no bancarios ( familiares, amigos y otros). Pero ahí no acaba el perjuicio, luego vino la flexibilización, pero los transportistas solo podían usar el 50% de la capacidad de sus motorizados, el comercio estaba sujeto a la terminación de los carnets, y actividades como el turismo y los restaurantes seguían restringidos.
Con todos estos antecedentes, la pretensión de los banqueros de que los prestatarios cumplan el pago de sus créditos tal y como estaban programados resulta (económicamente hablando) irracional. En este sentido el acuerdo firmado pareciera ser el más adecuado, ya que dar un periodo de gracia de seis meses a los prestatarios (sin pagar capital ni intereses) es lo recomendable para reactivar la economía, más aún cuando el Gobierno viene implementando medidas económicas que dinamizarán el mercado interno.
Sin embargo, debemos censurar la posición de los transportistas sindicalizados, los cuales no están de acuerdo con el convenio alcanzado, ya que ellos solicitan prácticamente una condonación de los intereses, vale decir, pretenden dejar a los bancos sin sus ingresos. Esta posición extrema no tiene sentido, ya que debilitaría seriamente la actividad y la reactivación económica y financiera.
El sistema financiero fue un pilar fundamental en el crecimiento económico del país, que por cinco años consecutivos fue la primera economía latinoamericana en crecimiento (según datos del FMI, BM, CEPAL y otros organismos internacionales), y con una mora menor al 3% reflejaba la solidez de la economía nacional. Ahora este sector también sacrificará una parte de sus ganancias para que sus clientes deudores puedan recuperar y reactivar sus actividades económicas y, de esta manera, cumplir sus obligaciones crediticias.
Posiciones extremas como la de los choferes sindicalizados no tienen cabida en este tiempo de pandemia, cuando la economía está dando las primeras luces para reencaminar el liderazgo de la economía boliviana en el ámbito internacional, más aún con la perspectiva de volver a una normalidad con la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, que dará un fuerte espaldarazo para retomar todas las actividades económicas, culturales, deportivas, turísticas.
Miguel Marañón es economista.