La crisis múltiple que se despliega en esta coyuntura comprende varias dimensiones, pero las más evidentes son la crisis sanitaria y la crisis del empleo y los ingresos. Ambas mal administradas pueden convertirse en una verdadera calamidad nacional que polarice aún más a la sociedad o, por el contrario, una administración adecuada de ambas podría desencadenar respuestas colectivas que fortalezcan las instituciones democráticas y el tejido social, y culminen eventualmente en un nuevo pacto social.

La segunda ola del COVID-19 se propaga de una manera más rápida y letal que la primera ola. En los 10 meses pasados, los equipos médicos han acumulado una comprensible fatiga que debe tomarse en cuenta y, por otra parte, en amplios sectores de la población ya no se cumplen las medidas sanitarias, sea por la necesidad de conseguir algún ingreso o por simple indisciplina. Un tercer aspecto consiste en la ausencia de una estrategia comunicacional capaz de suscitar la confianza necesaria de la población. Es preciso contrarrestar la información falsa o insuficiente que circula por las redes sociales y algunos medios de comunicación.

Desde comienzos de este año, la situación de la pandemia del COVID-19 está estrechamente vinculada con la disponibilidad de vacunas a nivel mundial. Existe por de pronto un gran desorden en la entrega de las cantidades comprometidas mediante anticipos de enormes sumas de dinero por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, a los diferentes laboratorios. En tal contexto, se hace evidente la desigual capacidad de los países para asegurarse el suministro de las vacunas que necesitan, motivo por el cual se ha creado, por iniciativa de la OMS y el respaldo de muchos organismos multilaterales, el mecanismo denominado COVAX, con el propósito de asegurar un acceso equitativo global a las vacunas.

La necesidad de vacunas a nivel mundial es gigantesca y requiere de esfuerzo logísticos superlativos. Para aplicar la prescripción de dos dosis de la vacuna a la mitad de la población del mundo, se necesitan fabricar 8.000 millones de dosis durante los próximos tres a cuatro años, así como transportarlas y almacenarlas en condiciones especiales hasta los lugares de su aplicación.

En consecuencia, es un error pensar que la crisis sanitaria en el país podría superarse en un horizonte de unos cuantos meses. Lo que se necesita en cambio es una robusta estrategia de larga duración, equitativa y consensuada. Por principio de cuentas se requiere un sinceramiento de la información sobre la evolución del COVID-19 a lo largo y ancho del país. Las cifras de decesos, contagios y personas recuperadas de la infección tienen que ser acompañadas con información periódica sobre la capacidad hospitalaria real disponible en las diferentes localidades, así como en cuanto a los equipamientos, insumos y personal sanitario disponible. Es imprescindible establecer un sistema de rotación de todo el personal del sistema de salud, y a tales efectos se podría reclutar a universitarios de las carreras de medicina y enfermería para organizar las dos trayectorias paralelas de tratamiento hospitalario a las personas afectadas por el virus, por un lado, y a los establecimientos donde se realiza la vacunación, por otro.

En vista de la enorme diferencia de los municipios en cuanto a sus capacidades de atención sanitaria, se podría adoptar un plan maestro que sirva de guía de referencia obligatoria para las autoridades territoriales.

El diseño y la gestión de la pandemia del COVID-19 en las dos trayectorias mencionadas, requiere sin duda de un gran diseño logístico y de una compleja organización en niveles diferenciados de responsabilidad. Para lograr tales requisitos son necesarios acuerdos políticos y consensos sociales, que podrían facilitar un gran pacto social subsecuente.

    Horst Grebe es economista.