Voces

Tuesday 31 Jan 2023 | Actualizado a 10:41 AM

El reto de la educación en la pandemia

/ 10 de febrero de 2021 / 00:25

En la historia de Bolivia, la educación tuvo un camino muy difícil en su afán de consolidarse como factor de desarrollo del país. Las leyes y normas que marcaron línea en el proceso de enseñanza y aprendizaje siempre tuvieron la impronta de los gobernantes, desde la reforma educativa posterior a la revolución de 1952, que amplió la educación hacia el conjunto de la población (1955), hasta la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez (2010), que definió a la educación como un derecho humano para la diversidad sociocultural y lingüística.

Bajo esa naturaleza, no siempre abarcó al conjunto de la población, algunos de sus representantes, especialmente políticos y vinculados a la gestión de la educación, plantearon sistemáticamente sus reparos. Con muchos matices políticos.

Con el paso del tiempo, la sociedad fue testigo de todos estos acontecimientos, con apreciaciones desde la experiencia propia, sea como estudiantes al principio o padres de familia después, y con su criterio en sentido de que el pilar de nuestro desarrollo, a pesar de las diferencias políticas, está señalado en el parágrafo 5 del artículo 9 de la Constitución Política del Estado.

Así, las reformas siempre son una necesidad, más allá de los cambios de la tecnología, los comportamientos sociológicos o el mismo avance de la educación en el mundo.

Y las situaciones excepcionales, como la que, por ejemplo, desde marzo de 2020 azota al país: la pandemia del COVID-19, que intempestivamente obligó la suspensión y posterior clausura de la gestión escolar. Esta situación de catástrofe sanitaria ha puesto a la educación en Bolivia al descubierto, especialmente en relación a una nueva metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje en casos inusuales, obligada por la necesidad de clases de distancia para preservar la salud de los estudiantes y docentes, y la gestión misma de la educación en tiempos adversos.

Aquí hay que plantearnos una censura a la gestión del gobierno transitorio, que luego de intentos fallidos por administrar la educación vio como única salida o alternativa la clausura del año escolar. Tres meses después de los primeros casos de contagio, el 6 de junio presentó el Decreto Supremo 4260, que definió cuatro modalidades de enseñanza, y un mes luego, un reglamento sin consenso ni socialización.

Vencido más de medio año de una gestión escolar truncada, sin posibilidad de reacción, en agosto el gobierno de Jeanine Áñez clausuró las clases. Una población disconforme se dividió entre cuestionar la decisión, porque entendió que coartaba al derecho a la educación de sus hijos, y resignarse por ella, como alivio debido al gasto que implicaba la modalidad de enseñanza virtual.

A una semana de comenzado el año escolar 2021, el panorama no cambió. Hay modificaciones de forma respecto de las modalidades de enseñanza alternas a las clases presenciales, pero no de fondo. Aunque hay un intento de enseñanza vía textos, plataforma virtual, radio y televisión.

Sin embargo, la realidad parece ser la misma: la educación a su suerte en manos de maestras y maestros, y padres de familia, que asumen mayor responsabilidad para llegar a los estudiantes; los diferentes gestores políticos solo dan órdenes para que las normas tengan estricto cumplimiento, sin los medios necesarios para afrontar una nueva forma de enseñanza- aprendizaje ante al rebrote del coronavirus. No hay empatía con los padres de familia que, por ejemplo, hacen sacrificios enormes para comprar una tarjeta de teléfono móvil o pagar una conexión de internet para sus hijos, esto por las plataformas virtuales.

Ante esa deficiencia, será importante la iniciativa de los maestros y maestras por avanzar más allá de las modalidades definidas, con el apoyo de padres de familia y la comunidad educativa. Esta situación de excepción nos está obligando a sobrellevar el riesgo de decesos a causa del virus y la misma educación de nuestros hijos, garantizando su derecho.

Es de esperar un trabajo óptimo y la toma de decisiones correctos de parte de nuestras autoridades, que deben acompañar eficientemente las iniciativas para este duro desafío de una educación mejor en tiempos de pandemia.

       Willy Vega Muñoz es maestro rural.

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La sustitución de importaciones, sueño o realidad

/ 31 de enero de 2023 / 01:48

El Estado boliviano tiene la potestad tributaria, que implica la facultad de imponer sobre la generalidad de la población, tributos con finalidades y condiciones específicas; así como la facultad de eximir de determinados tributos a definidos contribuyentes, en circunstancias expresamente delimitadas mediante ley.

La profesora Catalina García, en su obra Manual de derecho tributario, señala que las exenciones y los beneficios (en sentido de desgravaciones) tributarias consisten en circunstancias objetivas y subjetivas que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible, de suerte de que, aunque este se halle configurado, no nace la obligación tributaria o nace por un importe menor o son otorgadas ciertas facilidades para su pago.

Estas exenciones, que se constituyen en un beneficio directo o indirecto para determinados contribuyentes en condiciones específicas, responden a políticas fiscales y sociales, acordes a las necesidades de la población. En ese sentido, el Gobierno, en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), continúa profundizando los preceptos propugnados que permitan la expansión del mercado interno, a través de la sustitución de las importaciones, apresurando mercados internacionales e incentivando la producción de mercancías con valor agregado.

Mediante la Ley 1391, de 31 de agosto de 2021, se establecen incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y vehículos de alta capacidad en volumen y tonelaje de los sectores agropecuario e industrial, que coadyuven a la reactivación económica y el fomento de la política de sustitución de importaciones, a fin de que los diversos sectores productivos puedan implementar bienes de capital a sus procesos productivos, beneficiándose con la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la importación y comercialización en el mercado interno.

Como efecto de la aplicación del citado incentivo tributario a los bienes de capital y plantas industriales, se pudo observar que el sector productivo nacional fue beneficiado con cerca de Bs 348 millones durante su primer periodo de vigencia, los cuales, mediante la inserción de tecnología en el proceso productivo, generaron mayor producción nacional y fortalecieron las exportaciones, lo cual se refleja en los datos de la industria manufacturera: de septiembre 2020 a agosto 2021 se exportó mercancías con un valor de $us 4.760 millones, y de septiembre 2021 a agosto 2022, se tiene exportado un total de $us 6.953 millones, determinándose un incremento del 32%.

Del mismo modo, respecto a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, se tiene que, de septiembre 2020 a agosto 2021, se exportó mercancías con un valor de $us 422 millones, y de septiembre 2021 a agosto 2022, un total de $us 735 millones, demostrándose un notable aumento para la exportación de estos productos, de al menos 42%. Como se puede observar, la política implementada por el Gobierno es bastante clara y beneficiosa. Adicionalmente, esta medida permite al país obtener un ascenso en las divisas que ingresan y que aportan en nuestra balanza comercial, demostrando que Bolivia sí puede competir en mercados internacionales y con productos que aplican tecnología para producir bienes con calidad.

Por estos resultados, esta política fiscal fue acogida de manera favorable por varios sectores productivos, y el Gobierno, que trabaja escuchando al pueblo, mediante la Ley 1462, de modificaciones al Presupuesto General del Estado de la gestión 2022, determinó la ampliación de la vigencia de la Ley 1391 hasta el 29 de septiembre de 2023; pero eso no es todo, los beneficios fueron ampliados a través de la citada ley y su reglamento mediante el Decreto Supremo 4795, el cual prevé la ampliación del límite de valor de importaciones de menor cuantía hasta $us 35.000, medida que tiene por objeto motivar al sector productivo la aplicación de tecnología en sus procesos de producción, que permita mayor exportación de productos nacionales, con calidad, ingresando a la era de la industrialización, y así expandir la actividad productiva nacional.

Conforme el análisis realizado, contrastado con los datos descritos, se puede afirmar que la sustitución de importaciones en Bolivia ya es una realidad, dejando de lado la dependencia de satisfacer necesidades con mercancías importadas, ahora la producción nacional se robustece y va avanzando a paso firme, consolidando nuestra marca “hecho en Bolivia” en mercados internacionales, demostrando que el MESCP muestra resultados de Bolivia al mundo.

Leidy Tórrez Quispe es abogada y licenciada en Comercio Internacional.

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Vándalos, holgazanes y borrachos

/ 31 de enero de 2023 / 01:43

Es usual que los medios de comunicación pertenecientes a las clases dominantes de esta parte de nuestro continente se refieran a las protestas populares como muchedumbres compuestas por vándalos, holgazanes y borrachos, como viene sucediendo en el Perú, últimamente. Con aquella estigmatización de la lucha social, se añade violencia simbólica a la brutalidad ejercida desde el Estado, deshumanizando a millones de hombres y mujeres que no solo deben resistir golpes y disparos, sino, por si fuera poco, también insultos, en su irrenunciable lucha por el reconocimiento de su dignidad.

No obstante, la experiencia latinoamericana ha demostrado sobradamente la relación entre el paramilitarismo de derecha y el crimen organizado, de la cual se valen las oligarquías locales para sostener el status quo, cuando campesinos, indígenas y trabajadores deciden organizarse para enfrentar la explotación laboral o la exclusión social. Dicho paramilitarismo no tiene por qué ser muy sofisticado, por otro lado, y puede constituirse de pandillas de jóvenes deseosos de conseguir rápido ascenso social a costa de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Esto es justamente el caso de muchos integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista, carne de cañón movilizada recurrentemente por las clases empresariales radicalizadas de aquel departamento, la mayoría con antecedentes penales de todo tipo, e inclinados a cometer otro tipo de crímenes cuando toman el control de las calles, como sucedió con los asaltos, extorsiones y hasta violación grupal cometidos durante el fracasado paro de 36 días que sostuvieron sobre todo mediante la intimidación y la violencia.

Es también el caso de las guarimbas venezolanas, los grupos de autodefensa colombianos, las pandillas que controlan las calles haitianas y los paramilitares que extorsionan a los habitantes de las favelas en Brasil. Las oligarquías latinoamericanas tienen poca capacidad para construir consenso político en sus países, por lo que deben recurrir casi siempre a la violencia como principal forma de sostenimiento de su dominación. Las mentiras de sus periodistas pagados no alcanzan para garantizar la obediencia de la gente, y no siempre es posible hacer un uso descaradamente clasista del Ejército y la Policía como sucede hoy en Puno, por lo que es imprescindible contar con músculo barato en las calles, casi siempre proveniente del mundo del hampa.

Por otra parte, es lógico que estas estructuras de dominación paramilitar no podrían organizarse solo por el ingenio de nuestras oligarquías criollas, que son parte de un esquema de poder global en cuyo centro se encuentra el imperialismo estadounidense, que opera a través de sus agencias de inteligencia en todo el mundo, estableciendo lazos directos entre los sectores más reaccionarios y el crimen organizado, como sucedió en Nicaragua durante los años 80. La relación es, entonces, así: aparatos de inteligencia estadounidenses —grupos paramilitares—, organizaciones criminales.

Existe, pues, una diferencia cualitativa entre el campesino y la campesina que hoy están peleando en aquella otra parte del mundo andino y los jovenzuelos que tomaron las rotondas cruceñas durante más de un mes. A los primeros, los mueven tradiciones organizativas sindicales construidas con mucho esfuerzo durante casi un siglo, o simplemente el impulso moral de reivindicarse como sujetos con derechos; mientras que los segundos no son más que pequeños engranajes de una maquinaria aceitada con dinero y alcohol.

Y lo último no es una exageración. Piensen: ¿Hubieran resistido tanto las rotondas de la UJC sin el lubricante de parrilla y cerveza? Ya lo advertía el barbudo de Tréveris en su 18 Brumario: la base social del pequeño bufón que acaudillaba a las clases dominantes de la Francia del siglo XIX no hubiera podido movilizar ni siquiera a un vagabundo sin las interminables provisiones de aguardiente y salchichón donadas por sus patrocinadores. Los drogadictos, malvivientes y borrachos están al otro lado de la trinchera, como el triste émulo de Pablo Escobar que hoy reside en Chonchocoro. La próxima que decidan ir al paro, deberíamos simplemente cortarles la cerveza. A ver cuánto duran.

Carlos Moldiz Castillo es politólogo.

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¿Un brillo labial?

/ 31 de enero de 2023 / 01:34

Últimamente, he estado pensando en el brillo de labios. En el olor empalagoso del brillo Vanilla Birthday Cake que definió mis últimos años de adolescencia, embadurnado en una capa tan gruesa que había que estar lista para a) cubrirte la boca cuando caminabas al aire libre, no fuera a ser que el viento hiciera que se pegaran residuos a tus labios pegajosos y b) estarte despegando el pelo de los labios todo el tiempo.

En cómo nos prestábamos estas cosas entre amigas, a las que cada una le aplicaba sus gérmenes, sin que el mundo aún estuviera preocupado por la pandemia de COVID. He estado pensando en el brillo de labios y su sutil participación en las complejas relaciones entre adolescentes, a la luz de la reciente revelación del gran desaire real con el brillo labial: Meghan Markle le pide a Kate Middleton que le preste su brillo, y Kate lo hace con reticencia. Al parecer, en algún momento de 2018, Meg y Kate estaban en un evento juntas y Meg olvidó su brillo. Pensando que su futura cuñada estaría feliz de prestarle el suyo, Meghan le preguntó si podía tomar un poco, a lo que Kate accedió a regañadientes. Como lo describe el príncipe Enrique, en un pasaje de su reveladora biografía, Spare: En la sombra: “Meg apachurró el brillo y se puso un poco sobre el dedo, para luego esparcirlo sobre los labios. Kate hizo una mueca”. Esto, según el duque de Sussex, fue “algo estadounidense”.

La lingüista Deborah Tannen, quien ha estudiado los patrones de comunicación de las chicas (pero que nunca ha compartido brillo labial con sus amigas), señala que es común entre las adolescentes comunicarse y crear vínculos mediante estos rituales de cercanía que no necesitan explicarse. La lingüista compara compartir brillo labial con compartir secretos; es una manera de demostrar vulnerabilidad y confianza mutuas. Lo cual me remite al tema de Kate y Meghan.

Ahora ya somos adultas y tal vez tengamos más consideración con la higiene que antes; tal vez las niñas británicas tenían maneras más higiénicas de vincularse. Pero para aquellas que crecimos prestándonos Lip Smackers o Juicy Tubes, ese momento tenía algo de conmovedor. Puede que Meghan necesitara un poco de hidratación en los labios. O puede que solo fuera una chica acercándose a otra, tanteando con delicadeza los límites de su relación con una simple pregunta: ¿Me prestas tu brillo de labios?

O quizá solo me estoy proyectando. Hace unos años, me topé con un brillo de labios Vanilla Birthday Cake mugriento, escondido en un cajón en casa de mis padres, junto a un Softlips, que había conseguido sobrevivir dos décadas y una mudanza. Aquel olor dulzón y almibarado, como un glaseado pasado —si sabes de esto, lo sabes— me llevó en un santiamén de vuelta a la secundaria y a las chicas que colorearon aquella experiencia. Daba algo de náuseas. Pero también olía a amistad.

Jessica Bennett es columnista de The New York Times.

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‘Huelga de natalidad’

/ 31 de enero de 2023 / 01:26

Después de llevar más de un año intentando persuadir a las mujeres surcoreanas de tener hijos, Chung Hyun-back dice que hay una razón que destaca de su fracaso: “Nuestra cultura patriarcal”. Chung, a quien el gobierno anterior encomendó la tarea de revertir la caída en picada de la tasa de natalidad del país, sabe de primera mano lo duro que es ser mujer en Corea del Sur. Ella, en lugar de casarse y tener hijos, optó por su carrera profesional. Como Chung, millones de mujeres jóvenes han rechazado colectivamente la maternidad con la llamada “huelga de natalidad”. En 2022, una encuesta reveló que hay más mujeres que hombres —el 65% frente al 48%— que no quieren tener hijos. Están redoblando su apuesta al evitar directamente el matrimonio (y sus consabidas presiones). El otro término con el que se conoce en Corea del Sur la huelga de natalidad es “huelga matrimonial”.

Esta tendencia está matando a Corea del Sur. Durante tres años consecutivos, el país ha registrado la tasa de fertilidad más baja del mundo: las mujeres en edad reproductiva tienen menos de un hijo de media. Alcanzó el “cruce de la muerte” cuando las muertes superaron a los nacimientos en 2020, casi una década antes de lo esperado. Las generaciones de coreanos jóvenes tienen razones bien documentadas para no formar una familia, como los abrumadores costos de criar a los hijos, los precios prohibitivos de las viviendas, las pésimas perspectivas laborales y unos horarios de trabajo extenuantes. Pero son las mujeres las que, en especial, se han cansado de las expectativas imposibles que esta sociedad tradicionalista tiene puestas en las madres. Así que están renunciando.

El presidente Yoon Suk-yeol, elegido el año pasado, ha dicho que el feminismo tiene la culpa de impedir las “relaciones sanas” entre los hombres y las mujeres. Pero lo ha entendido al revés: la igualdad de género es la solución al descenso de las tasas de natalidad. Muchas de las coreanas que rehúyen las citas, el matrimonio y el parto están hartas del sexismo generalizado, y furiosas por una cultura de chovinismo violento. Su reticencia a ser “máquinas de hacer bebés”, como leí en una de las pancartas de protesta, es una forma de represalia. Hacer la vida más justa y segura para las mujeres haría mucho por reducir la amenaza existencial del país. Sin embargo, este sueño feminista parece cada vez más improbable, ya que el gobierno conservador de Yoon defiende medidas regresivas que no hacen sino agravar el problema.

El gobierno de Yoon está eliminando el término “igualdad de género” de los manuales escolares del próximo año, y ha cancelado la financiación de los programas que combaten el sexismo cotidiano. El Gobierno también está trabajando para desmantelar su propia sede para el empoderamiento de las mujeres: el Ministerio de Igualdad de Género. Creado en 2001, ha sido transformador para normalizar la baja por paternidad y para ayudar a las mujeres a alcanzar la antigüedad laboral. Hasta ahora, ninguna de las medidas aplicadas por los sucesivos gobiernos ha invertido las tendencias respecto al matrimonio y la maternidad. Peor aún, el actual gobierno parece estar socavando activamente los esfuerzos que dieron esperanzas a las mujeres.

Motivar a las coreanas para que vuelvan a considerar casarse y tener hijos conlleva infundir capacidad de acción e igualdad en cada aspecto de sus vidas. Un enfoque feminista eliminaría los obstáculos a la maternidad simplemente al aplicar las leyes vigentes contra la discriminación en el lugar de trabajo. Desestigmatizaría los nacimientos fuera del matrimonio y haría que las tareas domésticas fueran responsabilidad de todos. Condenaría la violencia de género como algo reprobable. Un enfoque feminista admitiría que existe un problema sistémico.

Las Naciones Unidas prevé que la población de Corea del Sur, de 51 millones de habitantes, se habrá reducido a la mitad antes de que acabe el siglo. Lo que está en juego es la supervivencia de la nación.

Hawon Jung es escritora y columnista de The New York Times.

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Mitos y realidades sobre la deuda pública

/ 30 de enero de 2023 / 01:48

La deuda es una obligación adquirida que se debe cumplir pagando el monto prestado según las condiciones pactadas. Su creación es un proceso natural de la actividad económica que permite financiar e impulsar el crecimiento económico.

Así como una persona que tiene un salario se presta dinero para comprar o construir una vivienda, o un empresario que acude a un crédito para ampliar su negocio, un país se endeuda para crecer, ampliando su capacidad productiva e infraestructura, crear nuevas empresas que le permitan generar nuevos recursos para el Estado.

Durante las últimas semanas, analistas, economistas ortodoxos y hasta políticos, señalaron erróneamente que la deuda pública del país crece en forma descontrolada y se dedican a aterrorizar a la población, con mitos y predicciones apocalípticas irresponsables, sin haber realizado un cálculo y análisis correctos de la deuda pública total, obviándose aspectos metodológicos relevantes, como el “neteo o consolidación” de las cifras, que consiste en reducir la deuda intrasector entre entidades públicas, a fin de evitar el “error de doble contabilización”, según recomienda el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI.

En efecto, de las interpretaciones incorrectas sobre deuda en artículos de opinión y declaraciones, me he permitido identificar y describir algunos mitos y verdades sobre la deuda pública del país, que describo a continuación: Mito:

“La deuda pública del país supera el 80% del PIB”.

Realidad: Según cifras oficiales de las entidades encargadas de administrar la deuda del país (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia), la deuda del sector público en 2021 fue de 46% del Producto Interno Bruto (PIB) y actualmente, a octubre de 2022, se encuentra en un nivel similar (45,6% del PIB).

Mito: “La deuda pública de Bolivia se encuentra entre las más elevadas de la región”.

Realidad: A octubre de 2022, la deuda pública total de Bolivia representó 45,6% del PIB y se ubica entre las más bajas de América Latina y el Caribe, inferior a economías como Brasil (88,2%), Argentina (76%), Costa Rica (67,6%), Uruguay (61,2%), Colombia (61,1%), México (56,8%), entre otras.

Mito: “Si la deuda pública supera el 90% del PIB será insostenible a futuro”.

Realidad: Japón, desde hace muchos años, tiene una deuda pública superior al 200% de su PIB y no ha tenido dificultades. En los últimos 250 años, Inglaterra ha tenido una deuda pública promedio del 100% del PIB, con muchísimos años llegando al 200% y tampoco presentó problemas.

Mito: “La implementación de una verdadera austeridad permitirá acelerar la reducción de la deuda”.

Realidad: Para aminorar la deuda pública, se requiere contar con superávit público, situación deseable pero irreal en el contexto actual, mismo que empeoró con la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Países de la Zona Euro, como España, Alemania y Gran Bretaña solo han tenido superávit público y muy pequeño, en tres de los últimos 22 años. Francia, Italia y Estados Unidos, casi nunca. Por tanto, el camino más rápido para reducir la deuda en porcentaje del PIB debería ser aumentando el denominador, es decir aumentando el PIB.

Mito: “El Gobierno solo habla de deuda externa y se olvide incluir la deuda interna”.

Realidad: Si observamos las cifras oficiales del BCB publicadas en su página web, se tiene que la deuda externa llegó a 30% del PIB a octubre de 2022 y si a éste añadimos la deuda interna con el sector privado que representa 16% del PIB en el mismo periodo ( fuente MEFP) —es decir, la emitida en el mecanismo de subasta y en donde las AFP voluntariamente y por libre decisión invierten—, la deuda del sector público totaliza 46% del PIB. Por tanto, la deuda pública oficial incluye todo lo que debe contabilizarse, tal cual establece el proceso de “neteo o consolidación” de cifras fiscales.

En síntesis, Bolivia, al contar con una deuda pública de 46% del PIB, todavía tiene un margen de endeudamiento público, si se lo quiere comparar con los límites referenciales de organismos internacionales, como la Comunidad Andina (50%) y el Tratado de Maastricht UE (60%), aunque muchos países, como se señaló anteriormente, dejaron de cumplir esos límites. La sostenibilidad de la deuda dependerá de para qué se usen los recursos: si para fomentar la producción y el empleo, o para costear gastos de funcionamiento.

Elio Alberto Colque es economista.  

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