En la historia de Bolivia, la educación tuvo un camino muy difícil en su afán de consolidarse como factor de desarrollo del país. Las leyes y normas que marcaron línea en el proceso de enseñanza y aprendizaje siempre tuvieron la impronta de los gobernantes, desde la reforma educativa posterior a la revolución de 1952, que amplió la educación hacia el conjunto de la población (1955), hasta la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez (2010), que definió a la educación como un derecho humano para la diversidad sociocultural y lingüística.
Bajo esa naturaleza, no siempre abarcó al conjunto de la población, algunos de sus representantes, especialmente políticos y vinculados a la gestión de la educación, plantearon sistemáticamente sus reparos. Con muchos matices políticos.
Con el paso del tiempo, la sociedad fue testigo de todos estos acontecimientos, con apreciaciones desde la experiencia propia, sea como estudiantes al principio o padres de familia después, y con su criterio en sentido de que el pilar de nuestro desarrollo, a pesar de las diferencias políticas, está señalado en el parágrafo 5 del artículo 9 de la Constitución Política del Estado.
Así, las reformas siempre son una necesidad, más allá de los cambios de la tecnología, los comportamientos sociológicos o el mismo avance de la educación en el mundo.
Y las situaciones excepcionales, como la que, por ejemplo, desde marzo de 2020 azota al país: la pandemia del COVID-19, que intempestivamente obligó la suspensión y posterior clausura de la gestión escolar. Esta situación de catástrofe sanitaria ha puesto a la educación en Bolivia al descubierto, especialmente en relación a una nueva metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje en casos inusuales, obligada por la necesidad de clases de distancia para preservar la salud de los estudiantes y docentes, y la gestión misma de la educación en tiempos adversos.
Aquí hay que plantearnos una censura a la gestión del gobierno transitorio, que luego de intentos fallidos por administrar la educación vio como única salida o alternativa la clausura del año escolar. Tres meses después de los primeros casos de contagio, el 6 de junio presentó el Decreto Supremo 4260, que definió cuatro modalidades de enseñanza, y un mes luego, un reglamento sin consenso ni socialización.
Vencido más de medio año de una gestión escolar truncada, sin posibilidad de reacción, en agosto el gobierno de Jeanine Áñez clausuró las clases. Una población disconforme se dividió entre cuestionar la decisión, porque entendió que coartaba al derecho a la educación de sus hijos, y resignarse por ella, como alivio debido al gasto que implicaba la modalidad de enseñanza virtual.
A una semana de comenzado el año escolar 2021, el panorama no cambió. Hay modificaciones de forma respecto de las modalidades de enseñanza alternas a las clases presenciales, pero no de fondo. Aunque hay un intento de enseñanza vía textos, plataforma virtual, radio y televisión.
Sin embargo, la realidad parece ser la misma: la educación a su suerte en manos de maestras y maestros, y padres de familia, que asumen mayor responsabilidad para llegar a los estudiantes; los diferentes gestores políticos solo dan órdenes para que las normas tengan estricto cumplimiento, sin los medios necesarios para afrontar una nueva forma de enseñanza- aprendizaje ante al rebrote del coronavirus. No hay empatía con los padres de familia que, por ejemplo, hacen sacrificios enormes para comprar una tarjeta de teléfono móvil o pagar una conexión de internet para sus hijos, esto por las plataformas virtuales.
Ante esa deficiencia, será importante la iniciativa de los maestros y maestras por avanzar más allá de las modalidades definidas, con el apoyo de padres de familia y la comunidad educativa. Esta situación de excepción nos está obligando a sobrellevar el riesgo de decesos a causa del virus y la misma educación de nuestros hijos, garantizando su derecho.
Es de esperar un trabajo óptimo y la toma de decisiones correctos de parte de nuestras autoridades, que deben acompañar eficientemente las iniciativas para este duro desafío de una educación mejor en tiempos de pandemia.
Willy Vega Muñoz es maestro rural.