Pasando actualmente por una segunda ola de coronavirus, es inevitable no escuchar las críticas que recibe el golpeado sistema sanitario boliviano. El problema es que generalmente no son más que comentarios con un claro sesgo político, intentando analizar de manera simplista algo tan complicado como una crisis sanitaria, de esta manera no llegan a aportar críticas constructivas o soluciones reales, ya que suelen enfocarse en la falta de construcción de hospitales y argumentar que es la causante de la crisis.
En todo sistema de salud encontramos hospitales de primer nivel (postas médicas) donde la atención de los pacientes se enmarca a lo esencial, desde curaciones hasta patologías leves que pueden ser tratadas por médicos generales. Cuando la enfermedad o patología reviste mayor complejidad, los pacientes tienen que recurrir a los hospitales de segundo nivel, en los que existen especialidades médicas, tales como pediatría, ginecología, traumatología, entre otros, es decir, los médicos ya deben tener una especialidad.
En los hospitales de tercer nivel las enfermedades tratadas son de mucha especialidad, ahí tenemos que en un hospital de niños habrá un cardiólogo pediátrico, un oncólogo pediátrico, o en un hospital de ojos las cirugías oculares serán de mucha especialidad. En este aspecto, organismos y especialistas internacionales de salud recomiendan construir estas infraestructuras de acuerdo con una cantidad de población: edificar un nosocomio de tercer nivel para cada 75.000 habitantes.
La construcción de hospitales es un tema que conlleva una extensa planificación, en la que se debe observar un lugar óptimo de edificación, la cantidad de población colindante, de equipo necesaria y de especialistas disponibles, siendo este último uno de los puntos más importantes a analizar, ya que la pandemia dejó en evidencia la carencia de éstos, habiendo un estándar dictado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que por cada 100.000 habitantes debería existir 10 Unidades de Terapias Intensivas (UTI). O sea, la cantidad óptima de UTI en el país debería ser aproximadamente de 1.100, pero en 2018 había 430, sin contar las de clínicas privadas ni del sistema de seguridad social. Sin embargo, así se hubiera tenido las 1.100, no podrían funcionar porque solo existían entonces 190 intensivistas. Esta situación no es exclusiva del área de terapia intensiva, sino que se extiende a la mayoría de especialidades médicas e incluso a la medicina general.
Pensar que la solución a las falencias del sistema sanitario es la construcción de hospitales solo porque sí, es algo erróneo, debe existir una planificación integral de la edificación de nosocomios acompañada por programas de especialización del personal médico y la dotación de equipos a hospitales ya existentes. Por la situación que atravesamos hoy, las críticas y propuestas reales son más necesarias que nunca, la simplificación de la crisis sanitaria por actores políticos con el objetivo de obtener votos en las elecciones subnacionales debe ser dejada de lado.
Wálter Marañón Quiñones es economista.