La novedad de esta crisis bancaria radica en que la política económica convencional está restringida por el peligro de una crisis financiera sistémica; por esto, el nuevo dilema de los EEUU es ¿inflación o quiebras bancarias?

La crisis financiera de 2008 se produjo por los préstamos de alto riesgo vinculados a las hipotecas que realizaron los bancos, generando una burbuja que, eclosionando, no solo determinó una crisis financiera sino, también, una recesión profunda en los EEUU y el mercado mundial. La respuesta de la autoridad monetaria de los EEUU fue implementar una política monetaria expansiva para sortear la crisis, es decir, redujeron la tasa de interés e inyectaron grandes cantidades de dinero. La pandemia COVID-19 recrudeció la recesión de los EEUU, procurando la intensificación de las políticas monetaria y fiscal expansivas.

En consecuencia, sin haber superado del todo esta larga recesión, se sumó un problema más para los EEUU: la inflación. El conflicto entre Rusia y Ucrania (y sus aliados de la OTAN) precipitó la inflación de EEUU y de la mayoría de las economías del mundo, principalmente por la súbita escasez de energía y de granos a raíz de las sanciones económicas que impusieron los bandos.

En este contexto, la autoridad monetaria de EEUU desempolvó el manual de economía de los años 90, y decidió mitigar la inflación con una política monetaria contractiva; subiendo las tasas de interés de 0,9% en junio de 2022 a 4,65% en febrero de 2023. Pero, la autoridad monetaria no tomó en cuenta que después de la crisis financiera de 2008, se impulsó a los bancos a invertir en la compra de bonos del tesoro. El incremento de la tasa de interés produjo la caída del valor de los bonos de tesoro porque, antes de esta política, se vendían a bajas tasas de interés y eran rentables solo a ese nivel.

Como resultado, el Silicon Valley Bank (SVB) presentó problemas de liquidez que quiso mitigar con la venta de sus bonos del tesoro, pero generando con una pérdida de $us 1.800 millones. Esta situación desató el pánico de sus ahorristas generando una corrida bancaria de $us 42.000 millones el 9 de marzo. El mayor colapso de un banco después de la crisis financiera de 2008. A la crisis de SVB, le siguieron Signature Bank, First Republic Bank (rescatado) y Credit Suisse (rescatado); número que podría aumentar en los siguientes días.

Por tanto, la tasa de interés como instrumento de política económica en los EEUU se ha agotado. En efecto, la revista The Economist sugiere no solo la inamovilidad, sino un recorte de la tasa de interés para disipar el miedo que ha desatado la crisis bancaria.

Finalmente, tomando las palabras del profesor Krugman: “SVB no es Lehman, y 2023 no es 2008”, existe una nueva disyuntiva en los EEUU entre inflación o crisis financiera; disyuntiva que supera por mucho el clásico manual de la economía ortodoxa. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos no convencionales o heterodoxos para el control de la inflación? ¿Es posible una política económica no recesiva con una inflación controlada? En un interesante giro del tiempo histórico, Bolivia está adelantada a estos debates. El modelo económico implementado hace más de una década ha desarrollado instrumentos de política económica no convencional que tiene a nuestro país con una de las inflaciones más bajas del mundo con crecimiento económico y reducción de la pobreza.

Bolivia es la potencia de un nuevo paradigma.

Ariel Ibáñez Choque es economista.

Apropósito de los dinosaurios en el sistema universitario público de Bolivia que han generado un debate nacional sobre la caducidad de la legislación universitaria, quiero advertir que existen, también, dinosaurios neoliberales cuyas ideas caducas están en periodo de extinción, es decir, en el cretácico.

Estos personajes no hacen sino recitar las viejas consignas del siglo pasado: “reglas fiscales”, “austeridad”, “privatización”, “liberalización”, “inversión extranjera directa”, etc. La única variable que no encaja en su credo es la inflación porque, actualmente, los precios no solo son estables, sino, además, esto ha sido reconocido y valorado por distintos medios y organismos internacionales.

Quizá uno de los representantes más icónicos de esta banda en extinción es el señor Gonzalo Chávez, que no desaprovecha la oportunidad para aferrarse a sus creencias anacrónicas. Reclama que no lo pueden rebatir con datos. Refresquemos un poco la memoria de su pasado como director de Política Económica y Social del ministro de la “privatización” de las empresas públicas Samuel Doria Medina —político de derecha y aliado del gobierno de facto de Áñez—. Aquel periodo, entre 1989 y 1993, estuvo marcado por constantes y crecientes déficits fiscales; ¿será que estos déficits atormentan tanto a Chávez, como pecado para el purgatorio, que no puede sino repetir ad infinitumque los déficits son malos? Sin embargo, eso no fue lo peor, durante ese periodo la desigualdad medida por el índice de Gini pasó de 0,49 en 1989 a 0,52 en 1993. No hay secreto ni subjetividad en estos datos, por esos resultados el modelo neoliberal fracasó; lo realmente alarmante es que exista una miopía histórica —en Chávez y otros— que quiere negar la realidad y se aferra a las viejas y añejas recetas.

A su vez, los neoliberales insisten en su ataque irracional a las empresas públicas, su argumento dice que “el Estado es ineficiente”; el mismo argumento lo utilizaron Samuel Doria Medina y el caudillo de los neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada para privatizar las empresas públicas estratégicas en los años 90. La realidad es una bofetada a este fundamentalismo de mercado. Las empresas públicas estratégicas, incluyendo las nacionalizadas, generaron utilidades desde 2006; en 2021 las utilidades ascienden a Bs 2.800 millones, recursos que garantizan los bonos sociales para las familias y la reinversión para la industrialización. En 2020, durante el gobierno de facto, se registraron los primeros números negativos, no solo por la pandemia sino, también, por la ideología neoliberal que solo enfocó la política económica en las empresas privadas y el mercado externo. Además, este credo saboteó la gestión de las empresas públicas para forzar una ineficiencia que daría argumento a la privatización; esto sucedió, particularmente, con la planta de urea de YPFB y con la aerolínea BoA.

Por cierto, en 2020 el señor Chávez decía a viva voz que estas medidas económicas del gobierno de facto iban por la “línea correcta”, enfatizando que el déficit en balanza de pagos era una señal, junto al déficit fiscal, de un manejo inadecuado de la economía en la gestión del expresidente Evo Morales. Si esto es cierto, retomando el periodo 1989-1993, efectivamente el señor Chávez se aplazó como director de Política Económica y Social porque cerró el periodo con un déficit en balanza de pagos de $us 368 millones que, sumados a los constantes y crecientes déficits fiscales, no son sino un autogol.

La realidad es que un modelo económico tiene vitalidad cuando responde a las energías colectivas de una sociedad, por eso el modelo neoliberal pensado para otras realidades fracasó. En efecto, el modelo económico boliviano que tanto atacan se ha adelantado a este tiempo demandante de justicia social y de alternativas al neoliberalismo desde la realidad y las necesidades de la población boliviana; este modelo permitió salir de la pobreza a más de 4 millones de personas entre 2006 y 2019. Pero, en el provinciano cretácico los dinosaurios neoliberales aún no se han enterado del meteorito que ha hecho que incluso los países del G7 e instituciones como el FMI hayan abandonado las viejas recetas del Consenso de Washington.

Ariel Ibáñez Choque es economista, crítico de la economía y la sociedad capitalista.

“La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”, escribió Cortázar como contraargumento al pesimismo existencial de Oliveira —protagonista de La Rayuela— frente a la vida. En efecto, la esperanza es la fuerza que hoy moviliza a la humanidad en defensa de la vida. La esperanza colectiva no es una emergencia espontánea o un maná divino, es el horizonte que resulta de la movilización social. Efectivamente, ante la crisis general y la pandemia, la defensa de la vida está inmersa en los movimientos globales de lucha contra la desigualdad y la pobreza, el racismo y la discriminación, la privatización de los bienes públicos y comunes, el deterioro de los ecosistemas y el calentamiento global, la explotación, el patriarcado, etc.

La esperanza ha vuelto a ser patrimonio de las bolivianas y los bolivianos. Tras grandes movilizaciones sociales en 2020 para la recuperación de la democracia, las energías colectivas están enfocadas en la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica. La tasa de crecimiento económico estimada para Bolivia en 2021 asciende a al menos 5%, lo que expresa la energía colectiva y la movilización social que alimentan un horizonte esperanzador. La sociedad boliviana ha reencontrado el entusiasmo por el futuro con justicia social.

Hoy, la esperanza colectiva en Bolivia es resultado de políticas económicas en defensa de la vida mediante vacunas gratuitas de acceso universal contra el COVID- 19, el apoyo a la reconstrucción productiva como fuente de trabajo y sustento de las familias, y la asistencia con bonos sociales de las personas más vulnerables. La esperanza ha vuelto con la reconstitución del modelo económico de crecimiento y redistribución de la riqueza que, además, en su segunda fase está orientado a la Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI). La ISI ofrece la tasa de interés más baja de la historia —0,5% anual— para que pequeños, medianos y grandes productores industriales y agropecuarios reactiven sus actividades industrializando Bolivia.

La justicia social es otra dimensión importante de la esperanza colectiva. La política económica en 2021 no ha descuidado esta dimensión. De hecho, Bolivia ha reforzado la progresividad del sistema tributario con la devolución de impuestos a los ingresos bajos y la aplicación de impuestos a las grandes fortunas. Ante la crisis actual, el viejo mundo está discutiendo profundamente la desigualdad y, por ejemplo, el impuesto a los megamillonarios; en ese sentido, Bolivia se ha adelantado a los debates mundiales, y hoy es paradigma del cambio. Así, la esperanza colectiva de las bolivianas y bolivianos es que la recuperación económica será justa y los beneficios serán redistribuidos progresivamente.

El 2022 es una gestión de muchos retos para la humanidad, aún está pendiente el acceso masivo a las vacunas contra el COVID-19 en los países más pobres. Asimismo, el mercado mundial no es más el espacio de certidumbre institucional de las sociedades, es decir, es un momento liminal de búsqueda de alternativas críticas y heterodoxas, locales y/o nacionales. Por lo mismo, 2022 continuará movilizando las energías colectivas de los movimientos globales por la defensa de la vida. Bolivia ha hecho una lectura correcta de la situación, y ha encaminado una política económica enfocada a enfrentar ambos problemas cruciales. Por tanto, este año presenta un panorama positivo para Bolivia en la construcción de una “nueva normalidad” de recuperación, crecimiento y justicia social.

Ariel Ibáñez Choque es economista.

El Presupuesto General del Estado 2022 (PGE) está orientado hacia los retos pospandemia de todas las economías del mundo: la reconstrucción económica y el combate a la desigualdad en la distribución del ingreso. En efecto, la pandemia COVID-19 ha contraído las economías y ha profundizado los problemas de desigualdad y pobreza en el mundo.

El modelo económico boliviano se adelantó a la crisis actual porque, desde hace más de una década, se ha propuesto el crecimiento económico con justicia social. Asimismo, el modelo reconoce la necesidad de la redistribución de los excedentes generados por la explotación de materias primas enfocados a la industrialización para el crecimiento sostenible. Simultáneamente, para corregir la injusticia social, busca la redistribución de excedentes enfocados a la atención de la población vulnerable e históricamente marginada. Este modelo procuró un proceso inédito de más de una década de crecimiento económico con reducción de la pobreza y desigualdad en Bolivia.

De hecho, las distintas dimensiones del modelo económico boliviano se discuten en la actualidad entre los principales economistas del mundo. Por ejemplo, el economista francés Piketty que, habiendo estudiado los determinantes históricos de la desigualdad, propone un nuevo modelo económico con justicia social. Sin embargo, es de lamentar que existen economistas en Bolivia como Gonzalo Chávez que no han terminado de entender la novedad del modelo boliviano. Su novedad es que ha roto el circuito de fuga de excedentes hacia el capital transnacional que caracterizaba al modelo neoliberal primario-exportador.

El PGE es resultado del modelo económico boliviano, y busca retomar la senda del crecimiento sostenible con justicia social. Además, ante la crisis del mercado mundial como factor de estabilidad que ocasionó la pandemia, el PGE propone una nueva dimensión al modelo: “la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)”. La ISI busca atender al mercado interno para dinamizar la demanda efectiva, el empleo y la producción mediante el cambio estructural. En ese sentido, el PGE prevé $us 5.015 millones para inversión pública; 42,5% para el sector productivo y 29,9% para infraestructura. Entre estos proyectos se encuentran, por ejemplo, la implementación de las industrias farmacéuticas y de química básica, y las plantas de biodiésel. Asimismo, esta inversión pública alienta a la inversión e iniciativa privadas creando un círculo virtuoso de crecimiento, efecto que los economistas denominan crowding in.

La dimensión social es, quizá, la de mayor relevancia del PGE en el contexto de pospandemia. Los bienes comunes representan una cuarta parte del presupuesto total, y salud y educación representan el 80% de estos recursos; esta participación garantiza la igualdad de oportunidades para toda la población. Además, para sostener y profundizar la redistribución de ingresos, el PGE garantiza Bs 6.739 millones para el pago de los bonos a la población más vulnerable e históricamente marginada. Asimismo, el PGE garantiza la subvención de servicios básicos, alimentos e hidrocarburos, velando el acceso de las familias bolivianas a estos bienes de primera necesidad.

Por tanto, el PGE busca el crecimiento económico con justicia social, enmarcado en el modelo económico boliviano que, en el contexto de pospandemia, se ha vuelto en un paradigma adelantado a la crisis mundial y los debates actuales.

Ariel Ibáñez Choque es economista.