El 17 de febrero, el Banco Central de Bolivia (BCB), en representación del Gobierno, tomó la soberana y sabia decisión de devolver el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), contraído de manera irregular y onerosa por la administración del gobierno de facto.
Días después, comentaristas y medios de comunicación se pronunciaron en relación a la devolución del crédito tratando de instaurar un falso debate en la opinión pública sobre los beneficios de dicho préstamo con el fin de desinformar a la población. En este artículo se desmonta los falaces argumentos a favor de dicho préstamo.
En primer lugar se debe aclarar que más allá del costo financiero, la decisión fundamental que motivó su devolución fue su carácter ilegal con el que se pretendió acceder a dichos recursos al no cumplir con lo establecido por los artículos 158 y 322 de la Constitución Política del Estado, que manifiestan expresamente que entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional está la autorización de los créditos que comprometan las rentas generales del Estado. En este sentido, el Estado boliviano a través de su agente financiero, el BCB, tomó la decisión soberana de la devolución de recursos al FMI.
Por otra parte, se debe tener presente que, para una correcta evaluación financiera de los costos de los créditos contraídos en moneda foránea, se debe incluir además de los intereses y comisiones, la variación cambiaria que resulta de la diferencia entre el costo del capital contratado en un momento del tiempo a un tipo de cambio y el que finalmente se devuelve a otro tipo de cambio, consecuencia de las fluctuaciones de las divisas a nivel internacional. Con estas consideraciones, el costo financiero para el Estado boliviano representó 7,03% del capital contratado.
La razón se halla en que los Derechos Especiales de Giro (DEG), unidad de cuenta que utiliza el FMI para sus operaciones de préstamo, se situaba en $us 1.366 en el momento del desembolso al país en abril de 2020, siendo que su valor respecto del dólar se fue incrementando a lo largo del año llegando a $us 1.442 en los primeros meses de 2021, representando un aumento de cerca de 6%. De no haberse realizado la devolución de estos recursos, el costo financiero anualizado se habría incrementado hasta 8,5%, considerando el alto riesgo cambiario que tiene este préstamo expresado en DEG y dado que se espera una mayor valorización de éste en los próximos años.
Esta valoración del riesgo por el incremento abrupto de las DEG no fue analizada por el equipo técnico del gobierno de facto, incumpliendo nuevamente la Constitución Política del Estado, que señala en su artículo 322 que los créditos se deben justificar técnicamente en las condiciones más ventajosas en cuanto a tasas, plazos, montos y otras circunstancias, y estar acorde a los lineamientos del Consejo Interministerial de Deuda Pública (COIDEP), según los cuales los créditos externos deben ser contratados a tasas de interés fijas y plazos largos.
Asimismo, se debe tener presente que el dinero más caro es aquel que no se utiliza. El crédito con el FMI no solo implicó un costo en términos de intereses y comisiones por un préstamo que no fue ejecutado por la anterior administración, sino que además hubieran conllevado mayores erogaciones al Tesoro General de la Nación de no haberse devuelto.
Este costo financiero total del crédito del FMI es muy superior al costo promedio de los créditos adquiridos en similar periodo por el país con organismos internacionales para similares fines. Por ejemplo, si se compara con los créditos del BID y BIRF que fueron negociados en 2020 para financiar la emergencia del COVID-19, alcanzaron un costo de entre 1,7% y 2%, es decir, muy por debajo del crédito exorbitante del FMI de 7,03%.
Por tanto, la acción de la devolución del crédito oneroso al FMI fue una decisión soberana ante la ilegalidad del préstamo y además por atentar a los intereses económicos del Estado boliviano.
Omar Velasco Portillo es economista.